BRUSELAS (apro).- Como parte de su política de austeridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cerrar, a más tardar el 31 de octubre, seis de sus ocho representaciones comerciales en el extranjero, que dependen de la Secretaría de Economía.

Son las de Japón, China, Canadá, Uruguay, y en Europa, Bélgica y Francia. Sólo mantendrá en servicio las de Washington y Ginebra, sede de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por conducto de sus voceros, la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asentadas en Bruselas y París, respectivamente, aseguraron a este columnista que su relación con México no se verá afectada por los recortes y seguirán trabajando “con normalidad”.

La UE dispone de una “sección económica y comercial” en su delegación en México, mientras que la OCDE tiene una oficina regional para Latinoamérica en la capital mexicana.

Tal medida de austeridad del gobierno lopezobradorista ha sido muy cuestionada por empresarios y expertos en el ámbito del comercio mundial.

El pasado 29 de agosto, por ejemplo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, opinó en un tuit que el cierre de las oficinas comerciales en el exterior “debilita la posición competitiva de las empresas mexicanas”.

El experto en litigios comerciales internacionales y exconsultor jurídico de negociaciones dentro de la Secretaría de Economía, Ricardo Ramírez, ha estimado que México “perderá experiencia, presencia y liderazgo” y “se generarán problemas en la operación del comercio internacional”.

Las representaciones comerciales que cerrarán en Europa son de carácter bilateral, pero también internacionales y conectadas a redes globales con poder de decisión.

La agregaduría de la Secretaría de Economía en Bruselas se ocupa de las relaciones comerciales con Bélgica y Luxemburgo, pero principalmente con la UE. Con este bloque de 28 Estados, nuestro país tiene desde 2000 un tratado de libre mercado, cuya modernización está en su etapa final y viene acompañada de un apartado político y otro de cooperación.

La Comisión Europea, y en concreto su Dirección General de Comercio, es la institución encargada de gestionar el cumplimiento de tal acuerdo, por mandato del conjunto de los países asociados a la UE, que es el tercer socio comercial de México y su segunda fuente de inversión extranjera directa. El cerebro administrador del comercio con Europa está en Bruselas.

Desde 2008, además, México y la UE tienen una “asociación estratégica”, un estatus diplomático de valor político, pero igualmente de alianza comercial, cuya existencia, por cierto, acaban de “celebrar” el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la saliente Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, durante un encuentro que tuvieron en la Ciudad de México, el pasado miércoles 11.

La representación de la Secretaría de Economía está o estaba compuesta por cinco personas, de acuerdo con el directorio oficial de la embajada. Aparece como su titular el ministro César Guerra Guerrero, un cuadro técnico especializado.

En 1994 Guerra ingresó a la Secretaría de Economía en el área de negociaciones comerciales internacionales. Fue consejero económico en la representación ante la OMC en Ginebra entre 2002 y 2007. Después se desempeñó, hasta 2016, como director general de comercio internacional de bienes, periodo en el que fue jefe negociador de acceso a mercados del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, la Alianza del Pacífico y de otros tratados, entre ellos con Japón, Uruguay y los países centroamericanos.

Guerra fue el jefe negociador en el proceso de modernización del tratado comercial con la UE y del acuerdo con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Elena Curzio, jefa de prensa de la embajada mexicana, explica que la representación de la Secretaría de Economía en Bruselas “manejaba temas sensibles” con la UE, como la mencionada renegociación del tratado de libre comercio, la imposición estadunidense de aranceles al acero o la obtención del reconocimiento de la denominación de origen del tequila en los mercados europeos.

Quedará abierta una sección de “asuntos económicos” y “promoción comercial” que atienden dos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una traductora local.

La medida del gobierno mexicano supone una anomalía diplomática en Bruselas: las embajadas ante la UE de otros países latinoamericanos, como Argentina, Brasil o Colombia, acogen secciones comerciales.

Para esos países, la UE es su segundo socio comercial.

Consultada, una diplomática colombiana comentó que hasta ahora su gobierno no se ha planteado eliminar esa oficina.

Chile, como México, tiene un acuerdo comercial bilateral con la UE, que también es su tercer socio comercial.

Chile cuenta en la capital belga con una agregaduría económica que da seguimiento a los “compromisos” del acuerdo con los europeos en materia de acceso a mercados, propiedad intelectual o barreras no arancelarias. Pero también hay en su embajada una representación comercial de ProChile, una importante agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores “encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir al desarrollo del país, mediante la internacionalización de las empresas chilenas, la promoción de la imagen país, de la inversión extranjera y del turismo”.

El gobierno de López Obrador eliminará igualmente los dos puestos que quedan en la agregaduría de la Secretaría de Economía en la embajada mexicana en París. Durante su gobierno ya fueron cesados otros dos empleados.

Contrario a lo que algunos medios han publicado, una funcionaria mexicana informó que no se reducirá el personal de la Misión permanente ante la OCDE, cuya titular, Helena Sybel Galván Gómez, fue nombrada por la nueva administración.

No obstante, la misma fuente explicó a este columnista que la representación comercial de la embajada bilateral trabajaba “coordinadamente” con la Misión, e incluso compartían oficinas en el mismo edificio parisino de la Rue de Barri.

Señaló que tal representación “llevaba todos los temas de economía, comercio e inversión, así como los temas principales con la OCDE, que es un organismo económico donde se llega a acuerdos importantes en términos de principios y convenciones que son muy significativos para México”.

Desde 2006, el secretario general de la OCDE es el mexicano José Ángel Gurría, un rival ideológico de López Obrador.

Durante una visita a México, el 2 de mayo pasado, Gurría opinó negativamente sobre el plan financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y declaró que los megaproyectos programados ponen en riesgo los compromisos mexicanos contra el cambio climático. AMLO le contestó que no tenía autoridad moral para criticar a su gobierno, y lo acusó de haber llevado a la bancarrota al país, al aprobar el Fobaproa cuando fue secretario de Economía con el presidente Ernesto Zedillo.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, México ingresó a la OCDE, que es un organismo de cooperación internacional que promueve políticas públicas “que mejoren el bienestar económico y social” en sus actuales 36 Estados miembros.

Esa institución apoyó el paquete de las llamadas “reformas estructurales” (educativa, energética o laboral) emprendidas por Enrique Peña Nieto, al considerar que prometía “cambios profundos” que “habían esperado décadas”. En diciembre de 2017, la OCDE dijo “estar lista para seguir acompañando a México en ese camino”.

López Obrador decretó el fin del neoliberalismo en México; es probable que también por esa razón su gobierno haya dejado de cuidar ciertas formas o prácticas diplomáticas que, por lo visto, resultan útiles a otros países.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 17 de septiembre de 2019 en el portal de la revista PROCESO.Aquí puedes leer el texto original.