Bruselas.- La Unión Europea (UE) ha sido fuertemente cuestionada por el acuerdo (plan de acción conjunto) al que llegó con el gobierno turco el pasado 18 de marzo en Bruselas para intentar frenar la crisis migratoria. Básicamente el plan permite expulsar a Turquía a los cientos de miles de inmigrantes irregulares que llegan a las islas griegas, y después recibir de vuelta a la UE sólo a 72 mil este año.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 23 de marzo de 2016 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.

Las críticas de las organizaciones internacionales van en dos sentidos: en primer lugar se afirma que con esa decisión la UE está violando las leyes internacionales, como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados o el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, ya que expulsa migrantes de manera masiva y sin respetar sus derechos como demandantes de asilo.

En segundo lugar se cuestiona que tales deportaciones tengan como destino Turquía, que no reconoce íntegramente la Convención de Ginebra y que cuenta con un triste historial en materia de derechos humanos; un país que, precisamente en estos momentos, muestra una preocupante regresión autoritaria que incluye medidas represivas contra opositores al gobierno de Recep Tayyip Erdogan y el cierre de medios de comunicación independientes.

El pasado 9 de marzo el Parlamento Europeo se enfrascó en un intenso debate sobre el tema. La intervención del eurodiputado liberal belga Guy Verhofstadt resume las preocupaciones latentes con respecto al acuerdo euroturco, y por eso vale la pena reproducir una parte. Hay que recordar que Verhofstadt fue primer ministro de Bélgica entre 1999 y 2008:

“Necesitamos un acuerdo con Turquía como parte de una solución global, pero éste (el plan de acción conjunto) no es un acuerdo práctico o técnico. Es uno en el cual nosotros (la UE) ‘externalizamos’ (la palabra que usó fue outsource) nuestros problemas; es uno en el que estamos dejando las llaves de las puertas de entrada a Europa en manos de Turquía, de Erdogan. El compromiso es que nosotros bloqueamos colectivamente la entrada a la UE a sirios y otros migrantes, y será Turquía el que decida, caso por caso, quién entra como refugiado a la UE”.

Verhofstadt continúa: “Quizás algunos sirios entren, pero por ejemplo otros, como los afganos, aquellos que huyen del Estado Islámico, o los iraquíes y algunos más, ciertamente no. Encontramos muy problemático este acuerdo. Lo que estamos haciendo es un refoulement colectivo (enviar masivamente a las víctimas a sus persecutores), prohibido, desde mi punto de vista, por la Convención de Ginebra”.

El político belga cerró así su razonamiento: “Turquía es un miembro muy cuestionable de la Convención de Ginebra, que no ha ratificado varios protocolos. No ofrece el asilo político a los sirios, sólo lo ofrece a ciudadanos provenientes de países del Consejo de Europa. Tampoco da asilo a víctimas de conflictos internos, como el que reina en este momento en el sureste de Turquía. Es muy problemático decirle precisamente al país que no acepta completamente los protocolos de la convención que ahora son ellos quienes se van a ocupar del problema: Es como si los estadunidenses le dijeran a los mexicanos: ‘ahora ustedes gestionarán las fronteras en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros”.

¿Por qué los gobiernos de la UE aceptaron ofrecer ese plan a los turcos?
Cuando se conoció el plan auspiciado por la presidencia holandesa de la UE a principios de este año, los primeros en expresar su aprobación fueron los gobiernos de Alemania, Austria y Suecia, afectados por el flujo migratorio de la llamada ruta de Los Balcanes. Después la situación cambió y el escepticismo frente al plan se fue extendiendo: Austria, Bulgaria, Alemania, Francia, España… que al final cedieron.

En el caso de España, el gobierno conservador de Mariano Rajoy comenzó a cuestionar la legalidad del acuerdo cuando así lo hicieron los partidos de izquierda. Otros gobiernos de la UE están enfrentados a fuertes presiones electorales de partidos de extrema derecha. En Francia, por ejemplo, el gobierno socialista de Francois Hollande está confrontado al aumento de los votos del Frente Nacional, lo mismo que en Alemania, donde resurge de manera sorprendente un partido ultraderechista. En Austria el Partido Socialdemócrata del primer ministro Werner Faymann y su aliado, el Partido Popular, aparecen ambos en las encuestas debajo de los extremistas de derecha del Partido de la Libertad, que se oponen al plan, entre otras razones porque la UE prometió quitar la necesidad de visado de acceso a los turcos.

En casos como el de Hungría o Polonia han sido sus gobiernos los que han canalizado los discursos antiinmigrantes y xenófobos. Esos y algunos otros países se han negado a participar en las iniciativas comunes de septiembre del año pasado para distribuir en cuotas por país a 160 mil refugiados de Grecia e Italia. En diciembre pasado, el primer ministro socialdemócrata de Eslovaquia, Robert Fico, incluso apeló tales cuotas ante la Corte de Justicia de la UE al considerar que son medidas ilegales que atentan contra su soberanía nacional.

Para no ir más lejos, a finales de 2014 el ministro de Inmigración y Asilo de Bélgica, Theo Francken, del partido nacionalista flamenco NVA, apareció fotografiado en una reunión por el cumpleaños número 90 de Bob Maes, el fundador de la organización de extrema derecha belga VMO y quien fue condenado después de la Segunda Guerra Mundial por haber colaborado con los nazis.

También se supo que en 2011, en su cuenta de Facebook el futuro ministro de inmigración cuestionó el “valor añadido” a la economía belga de los migrantes provenientes de Marruecos, Congo y Argelia.

El plan euroturco se encuentra actualmente sobre los reflectores políticos y mediáticos. Por cuánto tiempo será así, no sabemos, pero hay un antecedente que ofrece una posible respuesta: la Directiva del Retorno de 2008, mejor conocida como la Directiva de la Vergüenza, que permitió a los países de la UE detener en campos cerrados hasta por un año y medio a inmigrantes en situación irregular. Esa normativa –que fue aprobada y defendida por el entonces gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero– levantó en aquella época el repudio de países sudamericanos al que se sumaron algunos africanos.

Sin embargo, la directiva se aplicó y con el tiempo la indignación quedó atrás. En 2014 un informe elaborado por las organizaciones Migreurop, SOS Racismo Mugak y Acoge reveló que al menos en España, Italia y Chipre la aplicación de esa directiva era todavía más dura de lo establecido.

Esos Estados de la UE, afirmó el documento, incumplían algunas de las supuestas garantías que otorgaba la directiva en el proceso de expulsión, tales como el régimen de visitas, la atención sanitaria, la detención de menores o la frecuencia del recurso a las expulsiones.

Su conclusión: España, Chipre e Italia, los Estados evaluados, incumplen con la directiva y, por tanto, con la Convención Europea de Derechos Humanos. Y ahí quedó todo.

PETIT BISCUIT. Ciudad Juárez es un sitio “sensacional” donde los turistas extranjeros que buscan aventura, cultura o cuidados médicos de primer mundo pueden quedar complacidos. Eso presume el anuncio que publicó el gobierno mexicano en la revista Traveller que circuló durante febrero en los aviones de la aerolínea europea de bajo costo EasyJet. El pretexto: la visita del Papa Francisco, quien aparece muy sonriente en tal anuncio. El mundo maravilloso del gobierno peñanietista no conoce la mínima modestia.