BRUSELAS (apro).– El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert, presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con sede en Holanda, información acusatoria sobre los hechos de represión acontecidos en 2006 y 2007 en la ciudad de Oaxaca, en el marco de las protestas del magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El expediente del caso acusa a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como al entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, por delitos que incluyen desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias, los cuales, afirma Peimbert, podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad que recaen bajo la competencia de la corte.

“En México se agotaron las instancias legales”, señala el defensor del pueblo de Oaxaca en entrevista telefónica con Apro desde La Haya. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –añade– se pronunció asegurando que hubo violaciones graves a derechos humanos, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca constituyeron la Comisión de la Verdad para investigar los hechos”, llegando a la misma conclusión y sin que en ningún caso hubiera castigo para los culpables.

La información proporcionada por Peimbert –conocida como “comunicación” en el argot de la CPI–, está compuesta por el informe de la Comisión de la Verdad, la resolución de la SCJN, las recomendaciones de la CNDH y “otros datos actualizados que pueden servir a la corte en este caso”, dando en total una carpeta de mil 600 hojas.

Peimbert menciona que es la primera comunicación mexicana en la CPI que proviene de instituciones del Estado, y revela que está en conversaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Congreso mexicano para que oficialmente “acompañen” la solicitud para que La Haya intervenga en el caso y “ayude a resolver el rezago que existe en la impartición de justicia en el país”.

La comunicación será ahora revisada por la unidad de información y evidencia de la Fiscalía de la CPI, que responde al “demandante” con un “acuse de recibo”, cuyo envío puede tomarse meses y que de ninguna manera puede interpretarse como un avance o la apertura de un proceso.

Desde que en 2011 el abogado Netzaí Sandoval –hermano de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval– presentó la primera comunicación pública sobre crímenes de lesa humanidad en México, la CPI ha recibido al menos otras seis presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales sobre casos en Chihuahua o Coahuila, y algunas menos serias de políticos mexicanos.

A pesar de la documentación y los testimonios de víctimas que se han aportado, la Fiscalía de la CPI no ha procedido a abrir un examen preliminar en México, y en octubre de 2015 incluso rechazó una comunicación –presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos con ONG mexicanas– sobre hechos violentos cometidos por militares y policías en Baja California durante el sexenio de Felipe Calderón.

En un polémico argumento legal, la fiscalía consideró que en México ocurren violaciones a los derechos humanos, que no equivalen en derecho internacional a crímenes de lesa humanidad.

En una carta cuyo contenido dio a conocer Apro, la fiscalía manifestó que en México “existen elementos de contexto más amplios, tales como la debilidad estructural de la administración de justicia, un alto nivel de impunidad y el aumento del crimen organizado que pueden haber contribuido a las violaciones generalizadas a los derechos humanos reportadas durante los últimos años”, y “las extensas violaciones a los derechos humanos no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la Corte”.

*Esta nota fue publicada el 2 de mayo de 2019 en la agencia de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.