BRUSELAS (apro).- El eurodiputado portugués Francisco Assis presentó por escrito en septiembre pasado una pregunta sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Dirigiéndose a la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini, Assis preguntó cómo presionaría el organismo para conseguir dos objetivos: uno, que sea liberado Erick Sandoval, ‘La Rana’, maestro de educación física y padre de dos hijos, quien fue encarcelado injustamente en marzo de 2018 al haber sido confundido por la Procuraduría General de la República (PGR) con uno de los criminales implicados en el caso Ayotzinapa.

Y dos, conseguir que las autoridades mexicanas “lleven a cabo una investigación correcta” de la “masacre de Ayotzinapa”, de tal forma que “la verdad pueda salir a la luz, que los culpables sean castigados y que la justicia sea aplicada”.

La respuesta de Mogherini está fechada el 5 de diciembre, pero fue redactada antes de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre.

En esa respuesta –que es pública en los archivos del Parlamento Europeo–, la jefa diplomática de la UE repite, como en muchas otras ocasiones, que “el asunto (de Ayotzinapa) ha sido regularmente tocado con las contrapartes mexicanas en todos los niveles (de la relación bilateral), tanto en la Ciudad de México como en Bruselas, pidiéndoles una investigación a fondo y la cooperación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como dar seguimiento al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Insiste en que el caso ha sido igualmente discutido entre ambas partes en el Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos, el último de ellos celebrado el pasado 26 de octubre en la capital belga.

En lo que respecta al proceso de Sandoval, Mogherini responde que el Servicio Europeo de Acción Exterior (el cuerpo diplomático de la UE), por conducto de su delegación en México, había estado siguiéndolo.

En su respuesta, Mogherini no hace referencia a la liberación –el 22 de octubre– de Sandoval. Sí expone, en cambio, que el gobierno mexicano estaba en la etapa de transición, y recuerda lo prometido por López Obrador en campaña: crear una comisión de la verdad que investigue “todas las pistas del caso Iguala” una vez que llegara a la presidencia.

Mogherini termina asegurando que con el nuevo gobierno la UE “continuará siguiendo el caso y presionando para que tenga lugar una investigación a profundidad, que garantice que haya justicia y que los perpetradores del crimen sean llevados a cuentas”.

La preocupación de Assis por el caso Ayotzinapa llama la atención porque su grupo político en el Parlamento Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (Apsyd), no ha sido de los que más presión diplomática ha ejercido para su esclarecimiento durante la legislatura que está por terminar (en mayo entrante hay elecciones europeas).

El 23 de octubre de 2014, casi un mes después de la desaparición de los estudiantes mexicanos, el pleno del Parlamento Europeo votó una resolución “de urgencia” en la que pidió a las autoridades mexicanas “adoptar todas las medidas necesarias para actuar con rapidez y de modo transparente e imparcial a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores de los crímenes”.

Sin embargo, esa resolución omitió cuestionar la responsabilidad del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto en los hechos.

Ese documento, determinante en su momento, incluso acogió “con satisfacción la determinación” de Peña Nieto “para investigar y aclarar estos sucesos y para poner fin a la violencia relacionada con las bandas (del crimen organizado) en México”.

Assis votó a favor de esa resolución, según el sitio Votewatch consultado por este columnista. De los 191 integrantes que votaron de su grupo político, 19 se abstuvieron y sólo uno, el eurodiputado checo Miroslav Poche, votó en contra.

Para sacar esa resolución, la Apsyd decidió alinearse con los grupos de la derecha: el Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos, y el de los Conservadores y Reformistas Europeos. Juntos la aprobaron con 78% de los votos.

Como consideraron muy condescendiente con el gobierno peñista su contenido, los grupos del Partido Verde Europeo y el Confederal de la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica no suscribieron tal resolución conjunta y optaron por presentar por separado sus propias resoluciones. En ellas exigían a la UE decretar un embargo de armas para México y suspender el proceso de modernización del tratado bilateral, además de que pedían a la Corte Penal Internacional de La Haya que interviniera en el país.

La resolución que votaron Assis y la gran mayoría de los eurodiputados socialistas fue tan poco incómoda para Los Pinos que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el mismo día de su aprobación un comunicado de prensa en el que destacó el “reconocimiento” del Parlamento Europeo a los esfuerzos del gobierno federal por resolver el caso.

En otra curiosa maniobra política, los socialistas europeos fueron acusados por los verdes de haber apoyado al grupo del PPE para bloquear durante medio año –por recomendación del embajador mexicano Juan José Gómez Camacho– la presentación ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el reporte del GIEI sobre Ayotzinapa, que finalmente se concretó el 3 de marzo de 2016.

En ese reporte, el GIEI sepultó la llamada “verdad histórica” del gobierno mexicano, según la cual los normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.

Pero hay más: durante la presentación de los integrantes del GIEI en el Parlamento Europeo, los eurodiputados socialistas Ramón Jáuregui y José Blanco consideraron que el gobierno mexicano había actuado de manera adecuada en las investigaciones y que “no había permanecido impasible” frente “a una barbarie de tal dimensión”.

El 5 de febrero de 2015, Jáuregui y Blanco ya habían defendido la actuación del gobierno mexicano en el caso, mientras que otra eurodiputada socialista, Elena Valenciano, se había expresado con dureza frente a dos padres de normalistas desaparecidos invitados a hablar en el subcomité de derechos humanos.

Luego de que Hilda Leguideño y Bernabé Abraján Gaspar denunciaran las inconsistencias de la investigación de la PGR y la inacción del gobierno de Peña Nieto para aclarar el caso, Valenciano, en su papel de presidenta del mencionado subcomité, les advirtió que no esperaran que ese organismo condenara al gobierno mexicano.

Por todo lo anterior, si Assis estima que la UE debe tomar medidas de presión para que las autoridades mexicanas esclarezcan lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, la numerosa bancada socialista en el Parlamento Europeo dispone de importantes instrumentos diplomáticos que puede utilizar con ese propósito y que en el pasado ha soslayado.

El propio Assis, en la justificación de su pregunta a Mogherini, comienza dando por válida la versión de la “verdad histórica” del gobierno peñista, aunque más adelante reconoce que ésta fue desacreditada por las conclusiones del GIEI.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 2 de enero de 2019 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.