BRUSELAS, Bélgica (apro).- La mañana del pasado 13 de septiembre, policías antidisturbios del estado alemán de Renania del Norte ingresaron al bosque de Hambach, ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Colonia.

El dispositivo fue impresionante: 3 mil 500 policías, incluyendo fuerzas especiales y a caballo, con el apoyo de camiones de agua antimotines y helicópteros. Su misión: expulsar del área a alrededor de 150 militantes ecologistas que se oponen a la deforestación del bosque.

Los cuerpos de seguridad destruyeron sus barricadas y sus precarias instalaciones; como pudieron, evacuaron a aquellos que se habían refugiado en unas 50 pequeñas cabañas montadas entre las ramas de los árboles.

Mientras abajo algunos manifestantes se resistían a evacuar dócilmente la zona, arriba los más audaces dificultaban el operativo policiaco quedándose colgados, a varios metros de altura, de los cables con poleas a través de los cuales pasaban los activistas de una cabaña a otra.

Luego de 6 años de que los activistas ocuparon el bosque, el argumento que presentó la policía para justificar la evacuación del sitio fue inverosímil: las cabañas, reclamaron, no cumplían las normas contra incendios; no había extintores y, por lo tanto, existía una “zona de peligro” que debía desalojarse.

La tensión, que con el transcurso de los días fue creciendo, dio paso a la tragedia el 19 de septiembre, cuando Steffen Meyn, un periodista de 27 años que cubría el desalojo, cayó de una cabaña desde 14 metros de altura. Al querer cruzar un frágil puente colgante intentando alejarse de la policía que quería detenerlo, una tabla de madera se quebró y Meyn cayó al vacío. Fue llevado al hospital, donde murió.

La versión de la policía, sin embargo, es otra: Meyn se habría precipitado al suelo cuando intentaba recuperar con una cuerda una carta de memoria que un gendarme le estaba ayudando a amarrar desde el pie del árbol.

“Pedimos a la policía y a RWE que abandonen el bosque inmediatamente y detengan esta peligrosa operación. No hay que poner en peligro más vidas humanas”, advirtió en un comunicado Hambi Bleibt!, la organización ciudadana que defiende la preservación del bosque de Hambach (llamado con afecto como Hambi).

La operación dio por resultado 34 activistas arrestados, de los cuales al menos uno fue aislado durante tres días sin que pudiera ejercer su derecho a contactar un abogado. Nueve más salieron heridos.

Los hechos fueron desencadenados tras la decisión de RWE, la segunda compañía energética de Alemania, de extender sus actividades de extracción de carbón en dicho bosque, condenándolo prácticamente a la desaparición.

Los operativos policiacos para desalojar a los activistas que se oponen a la destrucción de Hambach se detuvieron temporalmente tras la muerte de Meyn, pero continuaron durante octubre, explica a este columnista vía telefónica un miembro del servicio de prensa de Hambi Bleibt!, quien pidió el anonimato por ser parte, dijo, de un movimiento sin liderazgos.

Durante una entrevista realizada por este corresponsal el pasado 8 de agosto, el activista comentó que todo parecía indicar que tendría lugar una nueva operación policiaca “los próximos días” para desocupar todas las estructuras de tierra y las cabañas que quedan en los árboles.

La ofensiva policiaca –que es considerada por los ecologistas la más amplia que ha sido desplegada en ese estado alemán— incluyó el desalojo de un campamento que sirve de cuartel al movimiento. Ese campamento dispone de una cocina comunal, un espacio para asambleas, una librería, un museo y un dormitorio y lugar para tiendas de campaña. Está ubicado en una pradera aledaña al bosque, y ahí se reúnen los activistas desde el principio de la ocupación del Hambach.

El dueño del terreno, Kurt Classen, presentó un recurso contra la orden de desalojo de esa “base de ocupación”, ya que, argumentó, “viola el derecho fundamental a la libertad de reunión de los habitantes, quienes luchan pacíficamente por la preservación del bosque”.

El problema para los activistas es que tan sólo los gastos judiciales en primera instancia ascendieron a 20 mil euros, por lo que solicitaron donaciones para poder cubrir las facturas posteriores que seguramente llegarán si la RWE continúa con el proceso.

La compañía energética –que emplea a 60 mil personas en Europa y Estados Unidos–, es propietaria desde 1978 de esos terrenos boscosos, donde ya explota cinco centrales eléctricas y tres minas a cielo abierto de carbón tipo lignito, uno de los más contaminantes del planeta.

Hambi Bleibt! acusa la desaparición masiva del bosque, cuya extensión llegó a ser de 5 mil 500 hectáreas. El diario francés Libération y el sitio Reporterre.net exponen que, con la entrada de la minería, el Hambach se ha reducido a únicamente 200 hectáreas, y que sólo quedarán 100 cuando RWE abra su nueva mina de lignito.

Según los activistas, RWE ha establecido en Hambach el área minera a cielo abierto más grande de Europa, y es la principal fuente emisora de dióxido de carbono del país, aún más que el generado por todo el tráfico de vehículos en Alemania.

El valor del bosque es incalculable, ya que además es “originario” o “primigenio” con más de 12 mil años de existencia.

Hambach es una de las más antiguas Zonas a Defender o ZAD de Europa, un concepto anarquista de origen francés que se refiere al bloqueo físico de una zona ocupada contra un proyecto de desarrollo. Otro conocido ZAD fue el que se implantó desde 2009 en los terrenos donde se debía construir en Francia el aeropuerto de Notre-Dame-Des-Landes, proyecto que fue cancelado en enero de este año, tras lo cual comenzaron las operaciones policiacas de desalojo.

La toma del bosque de Hambach comenzó el 14 de abril de 2012. En noviembre de ese mismo año, 600 policías evacuaron una parte.

Los activistas no han parado de lanzar acciones de protesta paralelas: bloquean regularmente las excavadoras de las minas y organizan cada fin de semana paseos ciudadanos dentro del bosque. El pasado 30 de septiembre, “ocuparon” un árbol frente al parlamento federal en Berlín. “¡Hambi se queda!”, “¡El carbón se va ahora!”, gritan los manifestantes o se lee en pancartas en cada oportunidad.

Activistas jóvenes o de la vieja guardia, anticapitalistas, punks, ambientalistas, jipis o anarquistas, han convertido la defensa territorial de Hambach en la lucha ecologista más impetuosa de Europa, que ha llegado a reunir hasta 5 mil ciudadanos para manifestarse contra la evacuación del lugar.

Anne-Kathrin Schneider, experta en energía y cambio climático de la Federación Alemana para el Medio Ambiente y la Protección de la Naturaleza (BUND, por sus siglas en alemán), precisó a Libération que “esa gente no ha respondido a la convocatoria de las asociaciones de defensa del medio ambiente”, sino que “han venido a protestar espontáneamente y pacíficamente”. Comentó que “se siente un auténtico y nuevo movimiento de defensa de la naturaleza en Alemania”.

Ante ello, el gobierno de la canciller Angela Merkel –conformado por su partido, la Unión Demócrata Cristiana, en alianza con la Unión Social Cristiana de Baviera, y ambas en coalición con el Partido Socialdemócrata–, ha mantenido el silencio.

Lo anterior a pesar de que el estado federado donde se ubica el bosque de Hambach está gobernado por el partido de Merkel, y de que los activistas culpan directamente al ministro del Interior de ese estado, Herbert Reul, de poner la policía al servicio de los intereses económicos de RWE.

“Están paralizados –opina Schneider–. Es tan vergonzoso evacuar militantes pacifistas para que una empresa pueda producir carbón sucio, que (las autoridades) no saben qué decir”.

Lo que está sucediendo en Hambach pone al desnudo las contradicciones de la política energética alemana y cuestiona la imagen “verde” de Alemania.

Y es que en 2011, el gobierno de Merkel anunció que el país dejaría de producir energía nuclear. La decisión fue aplaudida por un gran segmento de la población. Sin embargo, la consecuencia fue que, para generar su electricidad, Alemania recurrió al carbón de lignito.

El calendario para abandonar el uso de esa fuente de energía se está debatiendo. Mientras que los ecologistas exigen que deje de utilizarse en 2030, la industria minera –apoyada por los gobiernos de los estados con intereses en el sector y los sindicatos— no quiere que sea antes de 2040.

Se estima que 40% de la electricidad aún la producen centrales de carbón, cuya extracción emplea a 50 mil personas en las regiones mineras.

La cuestión es que, en tanto no se detenga la explotación del carbón, Alemania no podrá respetar los compromisos que asumió en el Acuerdo de París contra el cambio climático, el cual firmó en 2015: en 2050 debe recortar sus emisiones de dióxido de carbono de 80% a 95%.

*Este reportaje fue publicado el 13 de noviembre de 2018 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.