La captura de Amaya Coppens, una muchacha belga-nicaragüense, estudiante de medicina y opositora al régimen de Daniel Ortega que ha sido amenazada y acosada, ha tenido eco internacional por las anomalías que rodean su caso. Mientras el gobierno centroamericano se empecina en desconocer su doble nacionalidad y acusarla de terrorista, el padre de la universitaria denuncia que se trata de una presa política a la que le han inventado delitos para mantenerla en la cárcel. “No hay que engañarnos, la salida tendrá que ser eminentemente política”, dice el sociólogo Frédéric Coppens.

BRUSELAS (Proceso).- Eran las cuatro de la mañana en Bélgica cuando Frédéric Coppens recibió una llamada desde Nicaragua. Era su esposa, Tamara, quien le comunicaba que su hija Amaya, de 23 años y estudiante de quinto año de medicina, había sido detenida y llevada a la sede departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la ciudad de León.

El pasado 10 de septiembre, sin orden de arresto, cerca de 20 encapuchados capturaron a Amaya Eva Coppens Zamora, identificada como integrante de la dirigencia estudiantil en las protestas contra el régimen del presidente Daniel Ortega Saavedra. La familia de la joven sospecha que paramilitares ejecutaron su aprehensión.

“Amaya fue golpeada e inmediatamente trasladada a El Chipote, un centro de detención preventiva de la policía en Managua”, denuncia el padre de la joven, el sociólogo belga Frédéric Coppens, en una entrevista con Proceso el jueves 4.

Entidades internacionales, como la ONU, la Unión Europea, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado al mandatario nicaragüense que termine con las violaciones de los derechos humanos de sus opositores, principalmente universitarios que exigen su renuncia y que se manifiestan en las calles desde el 18 de abril.

Sin embargo, Ortega no sólo mantiene su régimen de terror –la ONG nicaragüense llamada Comisión Permanente de Derechos Humanos ha registrado 300 muertos, 3 mil heridos y unas mil 500 detenciones ilegales durante el periodo abril-septiembre–, también parece estar dispuesto a provocar un conflicto diplomático con el gobierno de Bélgica y con la Unión Europea por la detención de Amaya Coppens y las presuntas irregularidades que rodean su caso.

La captura

La joven activista del Movimiento 19 de Abril tiene las nacionalidades nicaragüense y belga. Fue presentada públicamente el 12 de septiembre; apareció sujetada de los brazos por dos agentes encapuchados y armados.

“La presentaron con todo un arsenal pero fue puro montaje”, dice su padre y asegura que el armamento exhibido –tres escopetas, una pistola y un cargador con ocho proyectiles– fue sembrado por las autoridades.

Entrevistado por separado, Diego, hermano mayor de Amaya, explica lo que también él considera una farsa de la autoridad contra su hermana: “A ella la presentaron junto a otras tres personas, como si se tratara de una célula terrorista que la policía logró desmantelar. Pero mi hermana sólo conocía a uno de los tres. Los otros dos jóvenes fueron detenidos en otro tiempo y lugar”.

Contrario a lo que ordena la ley en Nicaragua, Amaya no fue presentada ante un juez durante las 48 horas posteriores a su arresto; tampoco en ese lapso pudo contactar a su familia. Seis días después de su presentación, el 18 de septiembre, en una audiencia preliminar, le fue permitido hablar sólo con su padre y durante cinco minutos. Como estuvo bajo reserva el horario de su audiencia, la joven tampoco pudo contactar a su abogado y su caso fue asumido por un defensor que estaba disponible.

La fiscalía nicaragüense acusó a la universitaria de terrorismo, secuestro, lesiones psicológicas, portación ilegal de armas y por entorpecer los servicios públicos.

El acta de acusación también señala que Amaya y Sergio Midence, el joven de 28 años con el que fue detenida, reclutaron a unas 200 personas para bloquear la carretera León-Managua, del 20 de abril hasta el 8 de junio, día en que la policía antimotines y paramilitares encapuchados y armados los desalojaron violentamente.

El gobierno de Ortega basa su acusación de terrorismo en una ley que los sandinistas crearon en julio pasado al calor de las protestas estudiantiles. En su momento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la nueva legislación, pues consideró que el régimen puede utilizarla de manera abusiva contra la oposición.

La familia de la joven y organizaciones como Amnistía Internacional y Front Line Defenders acusan que Amaya fue detenida arbitraria e ilegalmente por ejercer su derecho constitucional a la protesta.

Conflicto internacional

Tras su audiencia preliminar Amaya fue trasladada a La Esperanza, un centro penitenciario de mujeres que está a las afueras de Managua, donde permanece hasta el cierre de esta edición.

El día de su ingreso sus padres tuvieron derecho a una “visita especial” que duró sólo 20 minutos.

–¿Cómo vio a su hija?

–Estuvimos rodeados por tres guardias que filmaron toda nuestra conversación, al igual que ocurrió en la primera visita que le hicimos en El Chipote. En la primera visita la vi fuerte de carácter y decidida. Ya en la cárcel Amaya se dio cuenta que su detención sería larga. Estaba más abatida aunque conserva la moral. Psicológicamente fue muy duro para nosotros verla con su uniforme de presa, con esposas y rodeada de policías –lamenta Frédéric Coppens.

La captura de Amaya ocurrió cuando Frédéric Coppens estaba en Bélgica con sus hijos Diego y Santiago, de 26 y 15 años, respectivamente, a quienes convenció de dejar Nicaragua para refugiarse en Europa. Diego estudió agrobiología, pero perdió su empleo en una finca turística a causa de la inestabilidad política del país centroamericano.

El padre de la activista estableció de inmediato contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica y con los medios de comunicación, que desde entonces siguen con particular atención el caso de su hija. Se han organizado dos concentraciones ciudadanas en Bruselas en favor de la liberación de la joven. La más reciente ocurrió el lunes 8.

Como Bélgica no dispone de representación diplomática en Nicaragua, el gobierno europeo envió a su cónsul en Panamá, Valerie Hausser, pero sólo ha podido ver en dos ocasiones a Amaya mediante un permiso “humanitario” y no “consular”. El régimen de Ortega desconoce la nacionalidad belga de la detenida.

Así, el representante del gobierno de Bélgica podrá estar presente en las audiencias pero como “testigo”, privando a Amaya del apoyo consular que requiere.

El caso de la joven ha activado las alarmas en otros gobiernos europeos cuyos ciudadanos podrían estar en peligro en Nicaragua. La embajada de Luxemburgo, por ejemplo, ha ofrecido su apoyo en favor de Amaya.

A finales de septiembre el canciller belga, Didier Reynders, conversó con Paul Oquist, asesor nicaragüense de políticas nacionales. Al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el funcionario europeo solicitó acceso al expediente de la activista para “verificar que su arresto esté bien fundado”.

El viernes 5 Reynders declaró a la AFP que Bélgica esperaba la liberación de la líder universitaria “lo antes posible”. Sin embargo, el gobierno de Ortega insiste en que Amaya será juzgada como ciudadana nicaragüense.

Frédéric Coppens dice estar “bastante satisfecho” con los esfuerzos de la diplomacia de su país. Pero su hijo Diego considera que las autoridades han sido prudentes. “(Los diplomáticos belgas) no quieren atacar directamente a Ortega. No están teniendo una postura contundente”.

Contactado por este corresponsal, el portavoz de la cancillería belga, Karl Lagatie, se limitó a responder que el gobierno “comprende” a la familia Coppens y que “sigue de cerca” el caso de la estudiante.

Solidaria

El padre de Amaya coordina los programas que la organización suiza de cooperación para el desarrollo CoMundo tiene en Nicaragua. En este país conoció a su esposa, Tamara Zamora, también socióloga, durante el servicio social que realizó en 1987 en plena ebullición del sandinismo.

Si bien los padres de Amaya se consideran sandinistas, el señor Coppens aclara: “El sistema que creó Daniel Ortega ya no tiene nada que ver con el sandinismo. Actualmente hay cerca de 400 prisioneros políticos en Nicaragua, entre ellos está nuestra hija”.

La universitaria presa creció en Estelí (a 150 kilómetros de Managua), en una familia muy comprometida con las causas sociales. La gente que la conoce la describe como una estudiante ejemplar, compañera solidaria, muy activa, extrovertida y sincera que ama participar en obras de utilidad colectiva.

Dos episodios pueden reflejar el carácter de la joven: el primero, cuando pudo desarrollar una carrera universitaria en Estados Unidos, después de ganarse una beca que le permitió estudiar dos años en Hong Kong, y regresó a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la ciudad de León.

El segundo, cuando recibió la propuesta de ser una de las delegadas estudiantiles en las mesas de diálogo nacional, suspendidas porque el gobierno continuó con la violencia; ella dijo que prefería seguir con un trabajo de base en León, en lugar de irse a Managua a cumplir un encargo más político y en hoteles de la capital. “Siempre acompañó las marchas y manifestaciones”, agrega su padre.

Amaya participó el 19 de abril en la primera protesta que hubo en León contra el gobierno de Ortega. Frédéric Coppens recuerda que esa ocasión la acompañó a comprar material de curación para atender a los jóvenes heridos luego de que la policía cargó contra la manifestación.

Sobre el papel de su hija en la organización contra el presidente, Coppens aclara: “A los medios les gusta simplificar y presentarla como la líder. Una característica del movimiento es que éste estalló por todos lados simultáneamente, con un sinnúmero de corrientes: estudiantes, jubilados, mujeres. El liderazgo, entonces, es muy colectivo”.

Amenazada

Amaya ha sido intimidada por su activismo. En una ocasión el muro de su casa apareció con pintas que decían “Plomo, plomo”. Después una persona roció gasolina en la entrada de su domicilio y en redes sociales fue amenazada de muerte.

“Pecamos de ingenuidad”, dice el sociólogo belga. “Pensamos que todo pasaría muy rápido. Hubo una primera fase de protestas masivas en la calle. La gente no escondía su identidad. Siguió una fase de bloqueos en las carreteras, muy importantes porque el transporte funciona por carreteras. Esa fase fue reprimida de manera muy violenta. La represión creció y nos dimos cuenta de que había que tomar precauciones y esconderse”.

Amaya comenzó a ocultarse en casas de seguridad a mediados de junio y mantenía comunicación con sus padres mediante aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Signal.

“Desde hace años”, agrega Coppens, “el sistema judicial nicaragüense está sometido a la Presidencia. El de mi hija es un juicio eminentemente político. Es ilusorio pensar que por la vía judicial vamos a obtener justicia. Lo que debemos hacer es documentar paso a paso las fallas del procedimiento para que, más adelante, tengamos constancia para defendernos en el proceso de apelación a nivel local e internacional”.

–Está claro que usted no tiene ninguna confianza en que su hija tendrá un juicio justo mientras Ortega esté en el poder.

–Ninguna. Tratándose de juicios políticos la salida tendrá que ser política. No hay que engañarnos.

*Este reportaje se publicó el 14 de octubre de 2018 en la edición 2189 de la revista Proceso.Aquí puedes leer el texto original.