BRUSELAS (apro).-Las cámaras de televisión muestran lo que podría ser un bonito departamento en el centro de cualquier ciudad europea.

El lugar es pequeño, pero está amueblado con cierto gusto y ofrece comodidades para una familia modesta. Caben entre seis y ocho personas y forma parte de un conjunto de cuatro departamentos unifamiliares de un solo nivel.

En la pequeña sala hay una televisión de alta definición. Las literas de los niños, los sillones y el comedor son de diseño moderno.

Una mujer enseña con aire de satisfacción una flamante lavadora. Un área de juegos infantiles con una resbaladilla y dos columpios completan lo que se presenta como un agradable cuadro familiar.

Pero el enrejado de unos cuatro metros de altura y las cámaras de vigilancia revelan la verdadera naturaleza del lugar: se trata del nuevo centro cerrado para migrantes en situación irregular, localizado a un costado de la pista de despegue del aeropuerto de Bruselas, en Steenokkerzeel, un municipio de 11 mil habitantes a las afueras de Bruselas.

La mujer que pasea a la prensa es la directora del centro, Brenda Melis, quien efectúa una operación de relaciones públicas con el propósito de ponerle buena cara a la decisión más criticada del gobierno del liberal Charles Michel: detener en lugares cerrados a familias inmigrantes con niños, mientras esperan ser expulsados del país.

El 14 de agosto último, tres días después de entrar en vigor la nueva legislación en la materia, una pareja serbia con cuatro niños entre uno y seis años de edad, nacidos en Bélgica, fue la primera en ser llevada al “centro cerrado 127 bis” de Steenokkerzeel.

Según la Oficina de Extranjería, la familia residía ilegalmente en el país desde 2012 o 2013, y en dos ocasiones huyó de “casas abiertas” donde habían sido instalados. El padre, de 37 años, está actualmente detenido tras haber sido condenado a tres años de prisión por robo con violencia y amenazas.

Indignación

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo de Europa, el Centro Federal para la Migración y cientos de asociaciones se han expresado públicamente contra la apertura de ese tipo de centros cerrados y para que sea prohibido el confinamiento de niños.

Al amplio repudio en redes sociales le han seguido una serie de movilizaciones ciudadanas.

Una de ellas fue la del colectivo “No en mi nombre”, que logró reunir a 600 personas alrededor de la famosa estatua del Manneken-pis (el niño que hace pipí), en el centro de Bruselas, para denunciar “el paso atrás de Bélgica en materia de derechos fundamentales”.

El 19 de agosto dos integrantes del colectivo feminista Femen irrumpieron semidesnudas sobre el tapete mexicano de flores que se exhibía en la Gran Plaza de Bruselas. Portaban una pancarta que decía: “Esto no es un escándalo, encerrar niños sí lo es”. Varias acciones de protesta están anunciadas próximamente en la capital y a la entrada del 127 bis en Steenokkerzeel.

La organización Amnistía Internacional recordó, durante una protesta frente a la sede del gobierno, que la ONU ha considerado la detención de niños a causa del estado migratorio de sus padres un acto contrario a sus derechos, el cual provoca en ellos “un daño irreparable y comparable a la tortura y los malos tratos”.

Esa atmósfera condenatoria no ha frenado al gobierno de coalición de derecha, que ha anunciado la inminente expulsión de la familia serbia –cuyo recurso de apelación fue rechazado–, así como un nuevo encierro: el de una madre y sus cinco hijos originarios de Azerbaiyán, a quienes el Estado belga les negó el asilo y ordenó varias veces abandonar el territorio nacional.

El más beligerante ha sido el secretario de Estado para la migración y el asilo, Theo Francken, del partido nacionalista de derecha Nueva Alianza Flamenca. Su marcada agenda contra los refugiados y los inmigrantes ha generado varios escándalos con acusaciones de racismo y xenofobia en su contra desde que en 2014 comenzó a ejercer el cargo.

“Después de muchos años de tolerancia, las familias que residen ilegalmente sobre nuestro territorio serán reenviadas a sus países. Voluntariamente si es posible, a fuerza si es necesario”, tuiteó Francken, amenazador, el pasado 21 de agosto.

Condenas

La indignación de una parte de la población está igualmente ligada al hecho de que Bélgica ha sido en el pasado condenada por la Corte Europea de Derechos Humanos por retener niños en centros cerrados, que vulnera el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (prohibición absoluta de la tortura y los tratamientos inhumanos).

La primera vez fue condenada en octubre de 2006, a raíz de la detención de una pequeña congolesa de cinco años en el aeropuerto de Bruselas cuando estaba de tránsito hacia Canadá, donde había encontrado asilo político su madre y con quien iba a reunirse. La niña, de nombre Tabitha, viajaba con su tío, de quien la separaron. Estuvo detenida durante dos meses, sin ninguna protección especial, y luego fue repatriada sola a Congo.

La segunda condena data de enero de 2010 y concierne a una mujer originaria de Grozni, en Chechenia, que fue encarcelada en 2006 durante un mes con sus cuatro hijos de entre siete meses y siete años de edad.

Un especialista de Médicos Sin Fronteras constató que uno de los menores presentaba trastornos psicológicos y psíquicos graves debido al encierro, y que por lo tanto era necesario liberar a la familia, lo que no ocurrió porque fue expulsada a Polonia.

El tercer fallo condenatorio tuvo lugar en 2011. Una mujer de Sri-Lanka fue encerrada con sus tres hijos de 8, 11 y 13 años, después de que el gobierno belga rechazó concederles el asilo, que solicitó en la zona de tránsito del aeropuerto de Bruselas.

La Corte Europea de Derechos Humanos dictó medidas cautelares que impidieron su deportación a la República Democrática del Congo, de donde provenían, pero no que continuaran bajo custodia. En un segundo intento obtuvieron el refugio, aunque permanecieron cuatro meses sin libertad, tiempo durante el cual los niños estuvieron expuestos a “sentimientos de angustia e inferioridad”, acusó la corte.

Ya que tales condenas se referían a las condiciones “inhumanas y degradantes” en que habían sido detenidos los niños, y no a su retención en sí, la respuesta de Bélgica fue establecer como alternativa “casas abiertas de retorno”. Así los menores de edad podían ir a la escuela y seguir una vida “normal” mientras llegaba el momento de su deportación.

Situación “deplorable”

La práctica del encierro cambió desde 2009, pero no la ley, que continuó permitiendo encerrar a familias con niños como “último recurso”, si el centro estaba adaptado a las necesidades del infante y si era por poco tiempo.

En 2016, el secretario Francken confirmó que el gobierno reactivaría las unidades de detención. Desde su punto de vista, las casas abiertas no resultaban eficaces en su propósito, ya que “sólo” 37% de las familias encerradas son finalmente expulsadas. El resto huye o sale libre.

Organizaciones de apoyo a los refugiados opinan que ese enfoque, “puramente aritmético”, es incorrecto, y lo mejor sería reforzar el funcionamiento de las casas de retorno con más medios materiales y humanos.

Más aún si, como lo explica el Centro Federal de Migración, ese dispositivo permite que las familias acepten realizar el difícil “duelo migratorio”, al asumir gradualmente su circunstancia.

“Seamos claros: las condiciones de encierro en 2018 no tienen nada que ver con las que Bélgica osaba proponer hace 10 años”, señaló la periodista del diario belga Le Soir, Lorraine Kihl, el 16 de agosto pasado.

Continúa: “Las habitaciones prefabricadas, dignas de un departamento de catálogo de la tienda sueca de muebles y decoración Ikea, deberán preservar la unidad y, en cierta medida, la vida privada de la familia. Incluso hay un profesor a disposición de los niños”.

Sin embargo, observa Kihl, “en este caso estamos hablando de niños, quienes no tienen que pagar por las decisiones o el comportamiento de sus padres”. Refiere que es una cuestión de sentido común y sobre todo un principio formulado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

“La cuestión que se plantea ahora toca los valores de nuestra sociedad. ¿Qué pesa más en la balanza?: ¿ganar una relativa eficacia en la aplicación de una política migratoria o la protección de la infancia?”, termina preguntándose la periodista.

A pesar del mejoramiento del entorno, a principios de septiembre los dos comisarios belgas por los derechos del niño alzaron la voz, tras visitar a la familia serbia. Bruno Vanobbergen advirtió que los niños sufren problemas psicológicos, en particular la pequeña de 6 años, que es “presa de crisis de angustia al evocar su arresto por la policía”.

Su colega, Bernard Devos, asegura que los niños muestran un “estado deplorable” y requieren de “un apoyo urgente”, después de más de 20 días de estar encerrados. Ambos comisarios exigen su liberación inmediata y la suspensión del proceso para expulsarlos, ya que ninguno de los niños conoce Serbia e incluso ignoran el idioma local, pero saben que son parte de una minoría expuesta en ese país a la violencia.

Narra Devos que, al estar platicando sobre Serbia con el niño de tres años, éste hizo el gesto de un cuchillo que le cortaba la garganta mientras decía: “Serbia”.

Para Devos, el uso de centros cerrados es una manera de ocultar la realidad a la población: “Es una forma de decir que olvidamos toda solidaridad posible, negamos la solidaridad y decimos: ‘vamos a hacer nuestras cosas entre nosotros tranquilamente. Vamos a pedir a Serbia que haga rápidamente los pasaportes de los niños, los vamos a ocultar y eso va a desanimar toda voluntad de apoyarlos’”.

Pero Francken no cede y expone que, para el gobierno, no hay otra solución.

*Este reportaje fue publicado el 7 de septiembre de 2018 en la sección Prisma Internacional del portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.