Bruselas (apro).- El pasado 13 de agosto la activista ucraniana por los derechos humanos Lyudmyla Kozlovska tomó un vuelo en su país con dirección al aeropuerto internacional de Bruselas.

Kozlovska es fundadora y presidenta de la Open Dialog Foundation, una organización con base en Varsovia, Polonia, y con oficinas de enlace en Kiev, Ucrania, y en la capital belga, donde están hospedadas las instituciones de la Unión Europea (UE).

Ya de noche, la activista fue uno de los primeros pasajeros en salir del avión y dirigirse a la zona de control de pasaportes.

El policía fronterizo belga que revisó su documento le preguntó qué delito había cometido. “Ninguno”, respondió desconcertada Kozlovska, a lo que volvió a cuestionar el agente: “¿Entonces por qué Polonia la persigue?”.

De inmediato adivinó de qué se trataba. Explicó que su esposo, Bartosz Kramer, de nacionalidad polaca, era un activista muy crítico –como ella misma– del gobierno ultraconservador y nacionalista del partido Ley y Justicia (PiS por sus siglas en el idioma local), en el poder desde octubre de 2015.

Kozlovska se enteró entonces que el Departamento para Extranjeros del Ministerio polaco del Interior la había fichado en el Sistema de Información Schengen (SIS).

Tal registro informático sirve para intercambiar datos de individuos buscados por los servicios de seguridad de 27 países europeos del llamado Espacio Schengen de libre circulación de personas (24 de la UE más Islandia, Noruega y Suiza), e incluye el nombre de sujetos “indeseables” o sospechosos de haber cometido delitos graves y sometidos a vigilancia.

Considerada un peligro para la seguridad nacional de Polonia, Kozlovska fue fichada en el SIS con el más alto nivel de alerta, de modo tal que la activista tiene prohibido ingresar no sólo a Polonia, sino también a los demás Estados miembros del Espacio Schengen.

De manera extraña, las autoridades polacas no explicaron el motivo del fichaje, por lo que la activista no pudo apelar en Bélgica su deportación.

La policía belga se comunicó con las autoridades polacas para confirmar su decisión sobre Kozlovska. La respuesta, que en esos casos toma normalmente 12 horas, llegó dos horas después: la defensora de derechos humanos fue deportada en un vuelo a Kiev.

Represalias

Kozlovska ha hecho su vida en Polonia a lado de Kramer. Junto con él, en 2009 fundó en la capital polaca la Open Dialog Foundation, cuya misión es promover la democracia y los derechos humanos en países de la antigua esfera soviética: Polonia, Ucrania, Moldavia, Kazajistán y, por supuesto, Rusia.

La activista comentó al portal Politico.eu que en esa época Polonia era una “tierra de oportunidades”.

“Pude establecer una fundación incluso sin hablar el idioma –dijo al sitio–. Era posible venir al Parlamento Europeo y hablar con los europarlamentarios. Pero perdí a mi Polonia, a la que considero mi segundo hogar”.

Ella ubica el momento en que empeoró su confrontación con el actual gobierno polaco.

El 21 de julio de 2017 –durante el mandato de la primera ministra Beata Szydlo–, Kramer subió a su página personal de Facebook una especie de manifiesto en el que criticó el retroceso democrático de Polonia y llamó a tomar medidas pacíficas de desobediencia civil, como la organización de huelgas generales o el rechazo temporal a pagar impuestos.

Kramer se refirió al levantamiento ciudadano en Ucrania en 2013 y 2014 –la llamada Revolución Euromaidan– contra el gobierno pro ruso de Viktor Yanukóvich, quien fue finalmente destituido por el Parlamento.

Durante ese periodo del conflicto en Ucrania también estallaron enfrentamientos que dejaron decenas de muertos y cientos de manifestantes heridos, principalmente en Kiev.

El mensaje de Kramer se volvió viral. A los pocos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia exigió a la fundación que explicara la razón de su “llamado a actividades ilegales”, a lo cual Kramer respondió que Open Dialog no consideraba haberlas incitado.

El hostigamiento gubernamental continuó. En octubre, la cancillería intentó tomar el control del Consejo de Dirección de Open Dialog, pero el fallo de una corte lo impidió. La fundación fue sometida también a estrictos controles fiscales, en tanto que grupos de extrema derecha cercanos al PiS lanzaron una campaña de difamación contra Open Dialog.

Kozlovska, además, ha participado en las protestas masivas que en Polonia se han realizado en contra de las políticas autoritarias del gobierno, las cuales han merecido sanciones diplomáticas de la Comisión Europea, que amenaza con quitarle al país su derecho de voto en la UE si continúa violando las leyes comunitarias de respeto a los principios democráticos.

Como resultado de todo lo anterior, sectores ultraderechistas y antisemitas han tachado a la activista de ser una aliada del “izquierdista liberal” George Soros, el millonario estadunidense de origen húngaro a quien ella asegura haber visto sólo en una ocasión.

Otros de sus enemigos afirman que es una espía al servicio del presidente ruso Vladimir Putin, acusación que no se sostiene a juzgar por el trabajo que efectúa su fundación en materia de derechos humanos en Rusia. Kozlovska se ha destacado por ser una opositora a la anexión rusa del territorio ucraniano de Crimea, de donde es originaria, y por su lucha para que la policía internacional, Interpol, deje de perseguir a petición del Kremlin a disidentes políticos rusos.

Rehén político

A finales de mayo pasado –ya con el gobierno de Mateusz Morawiecki–, dos eurodiputados de Ley y Justicia, Kosma Slotowski y Ryszard Antoni Legutko, solicitaron a la Comisión Europea que le retirara a Kozlovska y a su fundación el permiso para entrar a cabildear en el Parlamento Europeo en vista de sus supuestas conexiones con el gobierno ruso, en particular con la Marina.

La Comisión Europea contestó a ambos diputados que transmitieran las pruebas de sus alegaciones al órgano correspondiente del Parlamento Europeo para así poder darle seguimiento.

Diez días antes de su expulsión desde el aeropuerto de Bruselas, Kozlovska recibió una carta del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en donde le confirma que no se encontró ningún problema con su fundación.

En todo caso, organizaciones europeas de derechos humanos han expresado su preocupación. Consideran que lo sucedido con la activista viola el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la vida familiar.

La medida también agrava la ya deteriorada salud democrática de Polonia. El 16 de agosto último, una reconocida organización de derechos humanos de Ucrania, Kharkiv Human Rights Protection Group, emitió un comunicado en el que advierte que el caso es de “particular inquietud”.

Explica: “Polonia ha usado su pertenencia a la UE para extender (a otras naciones) una acción que muchos ven como una represalia vinculada con las protestas públicas de su marido”.

añade: “En este caso, el gobierno polaco ha podido, sin proporcionar ningún fundamento, obtener la ayuda de la UE para separar de su familia a una activista civil ucraniana que ha vivido y trabajado en Polonia durante 10 años, y efectivamente impedirle continuar su trabajo y el de la Open Dialog Foundation”.

En la entrevista con Politico.eu, Kozlovska expone que el SIS no fue creado para que los Estados lo usaran como “un instrumento político de castigo”.

“Ya que no existe la posibilidad de que alguno de los otros países del sistema desconozca la deportación (ordenada por el gobierno de Varsovia), mi posición es la de un rehén”, sostuvo la activista, quien también ha dicho sentirse una “refugiada política”.

Aun así, el gobierno polaco no cede. El lunes 20 de agosto, uno de sus portavoces anunció que la agencia de seguridad interior tomó la decisión de negarle a Kozlovska el permiso de residencia de larga duración en la UE que ella había solicitado.

Los motivos, dijo el portavoz, son secretos.

*Este reportaje fue publicado el 28 de agosto de 2018 en la sección Prisma Internacional del portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.