Bruselas (apro).- Al tiempo que las medidas contra la migración se endurecen cada vez más en Europa, el gobierno de Portugal decidió regularizar a los inmigrantes sin papeles que lleven más de un año trabajando y pagando sus impuestos en el país.

La medida no tuvo el alto impacto mediático que causó la condenable negativa del nuevo gobierno ultraderechista italiano al desembarco de más de 600 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por el Aquarius, y posteriormente al de otros barcos de salvamento de organizaciones no gubernamentales humanitarias.

La decisión de Portugal también se dio en paralelo a la crisis política del gobierno alemán, que obligó a la canciller Angela Merkel aceptar un mayor control de la migración a través de un acuerdo con sus socios bávaros para el establecimiento en la frontera con Austria de “zonas de tránsito”, donde tendrían que esperar a ser expulsados quienes solicitaron asilo en otro país europeo. Ese proyecto aún debe ser aprobado por los aliados socialdemócratas de Merkel, que en el pasado ya lo rechazaron.

Para empeorar el panorama, el gobierno austriaco del conservador Sebastian Kurz, coaligado a la extrema derecha, ya advirtió que, de operar el acuerdo alemán, su país cerraría a la migración las fronteras con Italia y Eslovenia.

El pasado 28 de junio, fecha en que Portugal flexibilizó la regularización de extranjeros sin documentos, los gobiernos de los Estados miembros de la UE debatían en Bruselas la polémica propuesta de implantar “plataformas regionales de desembarco”, a donde las personas rescatadas en el Mar Mediterráneo serían llevadas para ser separadas entre inmigrantes económicos y demandantes de asilo, susceptibles de ser aceptados.

En este pesado clima anti-inmigrante, la regularización portuguesa, aunque sólo beneficiará a 30 mil extranjeros, resulta un gesto muy simbólico de oposición política y realismo demográfico.

Portugal está gobernado desde 2015 por el Partido Socialista, en coalición con el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista y el Partido Ecologista de los Verdes, todos ellos a la izquierda de la centroizquierda. El gobierno de Lisboa representa una excepción al viraje de Europa hacia las políticas xenófobas de la derecha populista y la extrema derecha.

Desde entonces, y con toda discreción, el gobierno del socialista Antonio Costa ha conseguido recuperar el crecimiento económico, la confianza de los inversionistas y el gasto público.

El Ejecutivo portugués subió el salario mínimo y las pensiones y bajó la tasa de desempleo al mínimo nivel en la última década, 9.4%, un índice que llegó a alcanzar 16% en plena crisis económica, una de las más fuertes entre los Estados de la UE.

Portugal –que ha pasado del lugar 20 al 14 en la escala de prosperidad entre los 28 países que conforman el bloque comunitario– se ha convertido en una referencia de la izquierda europea.

La decisión de regularizar trabajadores en situación irregular proviene de un decreto gubernamental basado en “razones humanitarias”… pero también económicas.

Las 30 mil personas beneficiadas con la medida –la mayor parte procedentes de Nepal, China, Indonesia o Brasil que trabajan en el sector agrícola– casi corresponde a la misma cantidad de permisos de residencia que Portugal concedió a extranjeros legales provenientes de países fuera de la UE, que fue de 29 mil.

Esta última cifra significó una subida de 19% respecto a 2016 y fue la más grande en los últimos cinco años. La mayoría de los beneficiados –brasileños y nacionales de países asiáticos como Nepal, Pakistán o India– fueron aquellos que tienen un trabajo en Portugal, que se unieron a miembros de la familia que ya viven en el país, o quienes llegaron a hacer inversiones, investigación o a estudiar.

En 2016, el gobierno de Antonio Costa propuso que Portugal acogiera a 10 mil refugiados para “quitar presión” a otros países europeos y mostrar así un “ejemplo” de solidaridad, pero también esa acción tenía como propósito repoblar el interior del país.

Teresa Tito de Morais, presidenta del Consejo Portugués para los Refugiados, explica que la primera motivación de Portugal es ayudar a reconstruir su vida a los solicitantes de asilo, que huyen de la guerra, y las violaciones a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, de Morais reconoce que su país “necesita” igualmente recibir inmigrantes por razones económicas y financieras.

En una entrevista publicada en 2016 por la revista francesa Le Nouvel Observateur, la funcionaria comentó que, al principio, el Estado debe realizar una inversión en ellos para que se puedan valer por sí mismos: el aprendizaje del portugués, su formación profesional o el reconocimiento de sus competencias son acciones que caen en ese ámbito.

“Pero después –expuso– ellos serán un verdadero catalizador para el desarrollo del país. Serán los contribuyentes indispensables para alimentar nuestro sistema de seguridad social, que sufre desequilibrios demográficos por el hecho de que somos una población envejecida”.

De Morais puso en la mesa una estadística: en Portugal se calcula que hay 3 millones 600 mil jubilados. La población total es de poco más de 10 millones de habitantes. Y la fuerza laboral, que paga las pensiones, asciende a 5.7 millones de empleados.

De acuerdo con el portal Country Meters, Portugal muestra en lo que va de este año un decrecimiento poblacional de 23 mil 255 habitantes y una migración neta negativa de menos 13 mil 880.

Por eso de Morais afirmaba que, “a largo plazo, la llegada de 10 mil refugiados al mercado de trabajo les permitiría a estos contribuir a la estabilización de la reforma de las pensiones”.

A final de cuentas, la Comisión Europea le adjudicó a Portugal la recepción de 2 mil 951 refugiados provenientes de Grecia e Italia, y la de otros 191 que esperaban en centros de reasentamiento en Turquía.

La realidad es que por su situación geográfica –alejada de las rutas de entrada migratoria– y por la situación de penuria económica que atravesaba, Portugal no resultó tan atractivo para los refugiados y sólo había acogido a 32 en febrero de 2016.

Cuando en septiembre de 2017 se venció el plazo para cumplir con las cuotas asumidas por la mayoría de Estados socios de la UE, Portugal había acogido menos de la mitad del número asignado.

El semanario luso Expresso publicó recientemente que, según cálculos del gobierno, son necesarias 75 mil nuevas entradas anuales de inmigrantes para frenar la caída de la población general y activa del país.

Un estudio de la Fundación Manuel dos Santos, citado por la agencia española de noticias EFE, señala que, sin la llegada de inmigrantes, la población joven caería 44% y la población económicamente activa 40%, una catástrofe para las finanzas y el sistema de protección social de Portugal.

La regularización de trabajadores irregulares es un paso que tarde o temprano tendrán que plantearse los demás países europeos, también enfrentados a poblaciones envejecidas.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 4 de julio de 2018 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.