El gobierno italiano de ultraderecha negó el desembarco de 630 migrantes en sus costas –entre ellos a 100 menores de edad y siete mujeres embarazadas–, dejándolos durante dos días a la deriva, violando así las leyes marítimas internacionales, la Convención de Ginebra y la carta europea de derechos humanos, una acción que, de continuar, podría aumentar, una vez más, las muertes de refugiados en el Mediterráneo.

POR ÉMILIEN BRUNET / BRUSELAS, BÉLGICA

La algarabía de cientos de inmigrantes se percibe en la cubierta del Aquarius mientras se aproxima al puerto de Valencia, en España.

Son casi las once de la mañana del pasado 17 de junio. Hay cánticos, bailes y sonrisas; algunos se abrazan y lloran de alegría a bordo de esa embarcación gestionada por las organizaciones humanitarias francesas SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras.

Una gran pancarta escrita en español, italiano, inglés, francés y árabe los recibe. “Bienvenidas a vuestra casa”, se lee en femenino.

Desde la madrugada se había puesto en marcha un gran dispositivo del gobierno local bautizado como Operación Esperanza Mediterránea.

Más de 2 300 personas los esperaban en tierra. Voluntarios, personal médico, policías y traductores se ocuparon de los 630 inmigrantes que, incluyendo 100 niños y siete mujeres embarazadas, fueron rescatados el 9 de junio por el Aquarius cuando naufragaban en las aguas del Mediterráneo.

El primer inmigrante en desembarcar fue Jack, un joven de 29 años que huía de la guerra civil en Sudán del Sur.

La mayoría de ellos son originarios de países africanos como Sudán, Argelia, Eritrea y Nigeria, aunque también hay afganos y paquistaníes. Escapan de la miseria y la violencia; cada uno carga con un drama como historia.

Su paso por Libia, el último trecho de su travesía, los expuso a las extorsiones, las torturas y las violaciones de traficantes de seres humanos y de las propias autoridades.

Faltó después lanzarse al alta mar en una frágil embarcación, abarrotada de gente, con el elevado riesgo de nunca poder llegar a las costas italianas.

Para los pasajeros del Aquarius su odisea tuvo un desenlace relativamente afortunado.

El gobierno español les concedió un permiso de estancia legal “humanitario” de 45 días y podrán optar por regularizar su situación en España o en Francia, que ofreció acoger a quienes quieran residir en el país, opción que aceptó la mitad de ellos.

El episodio, en cambio, profundizó la división en la Unión Europea (UE).

La rotunda negativa del nuevo gobierno italiano de extrema derecha para que el Aquarius pudiera atracar en sus puertos, quedando dos días a la deriva antes de poder dirigirse a España, violó a la vista de todos las leyes marítimas internacionales, la convención de Ginebra y la carta europea de derechos humanos.

No obstante, esa decisión mostró la fuerza que ha ganado un grupo de Estados miembros (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Austria, principalmente) que, con una retórica xenófoba, pugna por el máximo endurecimiento de las políticas contra la llegada de refugiados e inmigrantes.

Los gobiernos francés y español, así como la Comisión Europea, defienden una gestión coordinada y más pragmática de la migración.

No obstante, su principal aliada, la canciller alemana Angela Merkel, enfrenta una rebelión interna encabezada por el ministro del Interior Horst Seehofer, cuyo partido amenaza con abandonar el gobierno y hacerla caer si no acepta sellar, como lo exigen, la entrada de inmigrantes.

El fascismo al poder

Algo estaba ya ocurriendo en la sociedad italiana cuando en los años 2000 abundaban las pintas callejeras con símbolos fascistas; cuando, a plena luz del día y a unas cuadras de la famosa y turística Plaza de España en Roma, era posible comprar en puestos ambulantes discos compactos con marchas nazis como si de frutas o legumbres se tratara.

Era la época en que el magnate de los medios y político populista de derecha Silvio Berlusconi escandalizaba con sus conflictos de interés y su vida loca, o por correr de la televisión pública a periodistas y comediantes incómodos.

Desde aquellos años la democracia italiana se fue degradando a tal punto que el pasado 1 de junio prestó juramento un gobierno formado por personajes cuyos duros discursos de extrema derecha hacen palidecer la figura de Berlusconi.

La llegada al poder del partido ultraderechista Liga Norte, en coalición con el populista Movimiento Cinco Estrellas, ha permitido hacer cosas tan chocantes como poner a una calle de la capital el nombre del histórico líder fascista Giorgio Almirante, seguidor de Benito Mussolini.

El nuevo gobierno italiano encabezado por el jurista Giuseppe Conte declaró la guerra a la inmigración. Quien encarna esa cruzada ultraderechista es el vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini.

Salvini prometió desde la campaña que su país “no va a convertirse en un campo de refugiados de Europa”, y en una visita ya en su función de gobierno al centro de retención del puerto de Pozzallo, donde se toman las huellas digitales de los recién llegados, advirtió que se había “acabado la fiesta” para los inmigrantes clandestinos, por lo que tenían que “hacer sus maletas”.

Salvini ha recriminado con cierta razón que la UE ha dejado solo a su país en el desafío migratorio.

Por ejemplo, sólo 25 % de 182 000 inmigrantes provenientes de Italia y Grecia, principalmente, fueron repartidos entre 23 de los 28 Estados miembros de la UE como se acordó en 2015. Únicamente Malta cumplió con la cuota que se comprometió a recibir.

Y el costoso operativo de salvamento y rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, el Mare Nostrum, que duró un año hasta octubre de 2014, fue absorbido por el gobierno italiano y debió finalizar porque no recibió fondos adicionales que Roma solicitó a los otros Estados socios.

Pero también es cierto que, debido a los polémicos acuerdos de la UE con países donde no se respetan los derechos humanos como Libia y Turquía, los flujos migratorios en el Mediterráneo con dirección a Italia y Grecia cayeron 60 % en 2017 con respecto al año anterior: de 511 000 llegadas pasaron a 204 000.

Esa cifra está muy lejana al 1.8 millones de personas que llegaron en total en 2015.

Más aún, la Organización Internacional de las Migraciones acaba de publicar que durante los primeros seis meses de 2018 ha llegado a costas europeas la mitad de refugiados que había llegado en junio de 2017, y apenas el equivalente a 18 % del mismo periodo en 2016.

Disminuyeron igualmente 44 % las solicitudes de asilo en promedio en la UE en 2017 en relación al año previo, y hasta 70 % en Alemania.

Solidaridad necesaria

El próximo 28 y 29 de junio los jefes de Estado y de gobierno de la UE discutirán en una cumbre en Bruselas una propuesta que ha indignado a los activistas de derechos humanos.

Donald Tusk, el presidente del Consejo de la UE propone a los Estados miembros crear “plataformas regionales de desembarque” fuera de la UE.

A esos centros de detención serían llevadas las personas rescatadas en el Mediterráneo para separarlas entre demandantes de asilo, susceptibles de ser admitidos en Europa, y aquellos migrantes económicos.

Tal propuesta está en línea con la visión de la ultraderecha europea, y desestima los esfuerzos a favor de establecer mecanismos para compartir entre Estados miembros la carga migratoria, y ofrecer la protección que confieren las leyes internacionales a los inmigrantes y solicitantes de asilo.

Pero mientras se debate, Salvini ya advirtió que no dejará entrar a sus puertos a los barcos de las ONG que, como el Aquarius, han anunciado que a pesar de las dificultades continuarán efectuando tareas de búsqueda y rescate en el Mediterráneo porque es su “deber” y mientras no exista una estructura europea que garantice la vida de quienes cruzan el Mediterráneo.

Y es que otras diez embarcaciones semejantes han dejado de operar debido a los obstáculos legales y prácticos que les impuso el anterior gobierno italiano y el libio, que delimitó sin un acuerdo internacional una zona costera a la que tienen prohibido ingresar.

Salvini, repitiendo un argumento de la ultraderecha europea, acusa que esas ONG colaboran con las redes del tráfico de seres humanos.

Lo cierto es que tales organizaciones entraron en acción después de que en 2015 se duplicaron las muertes de inmigrantes en el Mar Mediterráneo.

Lo anterior como resultado del término de la operación de búsqueda y rescate Mare Nostrum, que salvó a más de 100 000 personas, para ser sustituida por un dispositivo militar de menos recursos que se centra en la protección de fronteras (la Operación Tritón).

Gracias en gran parte a las actividades de esas ONG, la cifra de muertes en el Mediterráneo ha disminuido desde 2016.

Además esos barcos humanitarios actúan siempre en coordinación con el Centro de Rescates de Roma, un organismo del gobierno italiano que les indica a dónde deben dirigirse para socorrer embarcaciones en peligro.

Aquel sábado 9 de junio, el Aquarius había participado en dos acciones de rescate, una de ellas urgente porque el bote, sobrecargado, se había partido y unas 40 personas habían caído al agua y ya había oscurecido.

Las autoridades le pidieron al capitán del Aquarius ocuparse de los inmigrantes que transportaban tres guardacostas italianos y un barco de la marina mercante, con lo que de golpe había a bordo 400 personas adicionales.

En la prensa europea se opina que el cierre de los puertos italianos acabará por desmantelar las actividades humanitarias de rescate, ya que las costas francesas o españolas quedan muy lejos.

El resultado, se advierte, será terrible: el repunte de las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo, cuyo número asciende a más de 16 000 desde 2014.

Mientras tanto el Aquarius recién zarpó de Valencia y se espera que llegue entre el sábado 23 o domingo 24 de junio a una zona de búsqueda y rescate frente a las costas de Libia. SOS Mediterranée, reportó que durante el tiempo que estuvo fuera del mar se avistaron varias embarcaciones pequeñas en peligro.

*Este reportaje fue publicado el 24 de junio de 2018 en la revista CAMBIO. Aquí puedes leer el texto original.