BRUSELAS (proceso.com.mx).- “La política migratoria de Bélgica es una vergüenza. En Bélgica son mejor tratados los puercos que los migrantes”.

Duras, muy duras son las palabras de la periodista belga Myriam Berghe, a quien las autoridades de su país acusan de traficar en una asociación criminal con seres humanos, con la circunstancia agravante de haber puesto en peligro sus vidas.

En específico sus víctimas habrían sido 95 personas, entre ellas 12 menores de edad.

“Lo que sigue a la asociación criminal es la organización terrorista”, comenta a este columnista la acusada, quien podría recibir por ese presunto delito una sentencia de 5 a 10 años de cárcel y una multa de 38 mil euros (más de 900 mil pesos).

Berghe es una de las 40 mil personas que, a través de la Plataforma Ciudadana de Apoyo a los Refugiados, han ofrecido de buena voluntad sus hogares para alojar a los inmigrantes concentrados en el parque Maximilien de esta ciudad, la mayoría en espera de poder llegar a Reino Unido.

Frente al abandono del gobierno federal, en ese céntrico parque cientos de inmigrantes sobreviven gracias a la solidaridad ciudadana que de manera admirable se ha organizado para proveerlos de techo, alimentos, vestido, cuidado médico y otras necesidades básicas.

Otra periodista, Anouk Van Gestel, redactora en jefe de la edición belga de la revista Marie Claire y amiga de Berghe, es acusada de los mismos delitos. La misma acusación pesa sobre otras 10 personas, las cuales están encarceladas desde hace más de siete meses en espera de juicio.

Una acción policiaca tuvo lugar el 20 de octubre pasado. A las cinco de la mañana de esa fecha, un grupo de diez agentes federales se posicionó frente a la casa de Berghe con una orden de cateo.

“¡Policía judicial, abra!”, le gritaron. Ella preguntó el motivo de su visita, a lo que respondieron: “tráfico de seres humanos”.

Berghe se quedó fría: “No entendía nada. Mi cerebro dejó de funcionar. Desde hace tres años consagro mi vida a ayudar a la gente y me encuentro de pronto acusada por tráfico de seres humanos. Es infame”.

La periodista se implicó en la causa a favor de los inmigrantes a partir de su emotiva experiencia realizando reportajes sobre la llamada “Jungla de Calais”, un campamento provisional de refugiados en camino hacia Reino Unido al norte de Francia, el cual fue desmantelado por la policía en 2016.

Ese tipo de acusación no tiene precedente en Bélgica, donde la ley permite hasta ahora auxiliar a un inmigrante por causas “humanitarias” en un sentido amplio. Un fallo en contra de las periodistas establecerá jurisprudencia.

Tampoco había sido tan severa la política migratoria belga -ni la tensión social que ha provocado- como durante el periodo del ministro ultraderechista Theo Francken, que comenzó en 2014.

Sus medidas han sido avaladas por el gobierno federal de centro derecha a pesar de los escándalos que ha provocado y las consecuentes exigencias de la oposición y de los activistas de derechos humanos para que el xenófobo ministro de una vez por todas renuncie o sea retirado del cargo.

El abogado de Van Gestel, Alexis Deswaef, acusa que “este proceso muestra el disfuncionamiento del órgano judicial. Se criminaliza a todos; no se hace la distinción entre traficantes, migrantes y ciudadanos solidarios, lo que equivale a usar la justicia al servicio de la política migratoria”.

Y de la electoral, ya que el partido de Francken, la Nueva Alianza Flamenca (NVA por siglas en holandés), de corte separatista y antiinmigrante, pretende complacer a sus bases y ganar votantes de cara a las próximas elecciones comunales y provinciales de octubre próximo mostrándose intransigentes contra los migrantes y quienes los apoyan.

En ese contexto Berghe admite que hospedó a 55 inmigrantes en situación irregular y que algunos de ellos podían haber sido passeurs (coyotes).

-Para la policía usted cruzó una línea roja, se le comenta.

-Salté una línea amarilla. Eso yo lo he aceptado. Alojé a coyotes, pero ante todo alojé a seres humanos que tenían necesidad, que morían de frío y hambre y estaban desesperados en la calle. Es legítimo ayudar a esos chicos de quienes nadie se preocupa y que tienen la edad de mi hija. Tenía que hacerlo. Los coyotes forman parte de un sistema que hace que existan; yo no puse en pie ese sistema.

Va más allá en su visión del fenómeno:

“Lo que espero del juicio es poder clarificar la diferencia entre traficantes y coyotes. A los que están en el banquillo de los acusados no los conozco personalmente pero sí su perfil. Son chicos egipcios que luchan por su sobrevivencia desde hace años y que, en lugar de ir a robar bolsas o teléfonos en la calle, están en los estacionamientos donde abren y cierran las puertas de los camiones” que esconden migrantes para pasar a Reino Unido.

Prosigue: “A cambio piden una cobija, un par de tenis, una chamarra para el invierno o 200 o 300 euros. Son muchachitos perdidos y abandonados, que viven como ratas en la calle y que están atrapados en esa miseria. Muchos de ellos provocan a los policías esperando ser detenidos y así pasar algunos años en prisión para salir de su vida de mierda”.

La parte acusadora reprocha a Berghe haber retirado dinero de la agencia de transferencias financieras Western Union para un inmigrante clandestino, pero sobre todo presenta un hecho bastante polémico: una llamada en que Van Gestel consulta a Berghe sobre cómo hacer pasar a Inglaterra a un chico sudanés de 16 años al que alojaba, Moha, quien huyó de su país después de haber sufrido torturas atroces cuyas huellas corporales ha enseñado en televisión.

Las conversaciones de la periodista estaban siendo legalmente escuchadas por la policía.

Van Gestel ha reconocido que esa llamada fue un “error”. Berghe se justifica: “Es difícil pedirle a alguien que haga pasar a una persona. Pero yo le debo mucho a Anouk; es gracias a ella que yo soy periodista”.

Fue por esa razón personal que Berghe preguntó a Hassan, un egipcio de 28 años al que hospedó durante un año, si podía ayudar a Moha.Hassan, expone Berghe, sólo podía hablar con algunos coyotes egipcios, pero tampoco tenía ganas de involucrarse. Al final jamás se llevó a cabo una tentativa de cruzar la frontera, y Moha se encuentra actualmente en un centro de alojamiento de Bruselas.

“Fue una conversación telefónica que no derivó en nada concreto”, se defiende la periodista.

Lo que es evidente, en todo caso, es que el proceso ha estado plagado de anomalías que hacen afirmar a las acusadas que su juicio es de carácter político y que sirve para amenazar a la población que se solidariza con los refugiados.

Berghe narra que desde la visita de la policía a su domicilio no tuvo durante siete meses ninguna noticia. Nunca se entrevistó con un juez de instrucción. Fue hasta el 7 de mayo pasado por la noche, y en puente vacacional, que recibió la convocación para el juicio, que comenzaba siete días después, por lo que sólo pudo consultar a su abogado dos días antes de que eso ocurriera.

Luego, según el expediente de acusación, su actividad como coyote comenzó un día en que ella y Hassan estaban de vacaciones en casa de unas amigas de Berghe a 40 kilómetros de Montpellier, Francia.

Y es que el proceso se estaba llevando a cabo en un tribunal proclive a las tesis anti-inmigrantes y ubicado en la región belga de habla holandesa –de donde proviene el partido y el ministro de Inmigración– a pesar de que el francés es la lengua materna de 11 de las 12 personas inculpadas.

Berghe cuenta que en la primera audiencia en ese tribunal, el de Dendermonde, el traductor holandés-francés fue convocado una hora y media después de haber iniciado.

Para la segunda audiencia, la autoridad “olvidó” transportar de la prisión al tribunal a Hassan, que está en la misma prisión que otros siete detenidos que sí trasladaron, por lo que llegó tarde.

Lo más grave, sin embargo, es que la acusación reposa sobre aire: en la lista de las presuntas víctimas no hay ninguna que conozca Berghe, afirma ella, y no aparecen ni su nombre ni el de Hassan, por lo que lo primero que ha pedido su abogado al Ministerio Público es que establezca el vínculo entre su clienta y tales víctimas o, de lo contrario, que la exculpe.

El pasado 4 de junio se anunció que, como lo exigían las partes acusadas, el proceso se llevará finalmente a cabo en un tribunal francófono de Bruselas.

“Podemos ahora enfrentar un proceso más justo”, opina Berghe, y concluye: “Si el expediente no hubiera sido transferido a Bruselas, estábamos condenadas por adelantado”.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 9 de junio de 2018 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.