BRUSELAS, (apro).- El pasado 12 de diciembre en París, la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP-21) finalizó con un acuerdo jurídicamente vinculante en el que 195 países se comprometieron a lograr que el aumento de las temperaturas del planeta se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados.
*Este reportaje fue publicado el 17 de diciembre de 2015 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO. Aquí puedes leer el original.
El júbilo de los gobiernos y actores internacionales fue desbordante. Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que “la historia recordará este día”, puesto que “la conferencia es un éxito para los pueblos y el planeta”.
El presidente de Francia y anfitrión de la conferencia Francois Hollande agradeció a los gobiernos “por estar a la altura de lo que se esperaba” y estimó que “nunca será posible agradecer tanto a una conferencia” contra el calentamiento global.
La secretaria de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, Christiana Figueres, soltó que con el Acuerdo de París “cerramos con una nueva esperanza para el mundo”, y estalló: “¡Terminamos la COP celebrando!”.
La cobertura mediática caminó en la misma línea de regocijo y reportó un acuerdo climático “histórico”.
Por citar un ejemplo, un editorial del diario francés Le Monde calificó al de París como “un acuerdo histórico” por ser el primero de carácter “universal de lucha contra el calentamiento global”. Lo consideró un “éxito” del “equipo” dirigido “con delicadeza y tenacidad” por el ministro galo de Relaciones Exteriores Laurent Fabius.
Ya entrado en loas, el rotativo festejó “el éxito” del “método diplomático” del gobierno francés y se refirió a la UE como “motor del combate” contra el cambio climático que impulsó el acuerdo internacional alcanzado en la COP-21.
Sin embargo, los círculos ambientalistas no comparten ese alborozo e incluso aseguran que el acuerdo parisino conduce al planeta hacia una subida de temperatura superior a 3 grados centígrados.
Los investigadores del Centro Latino-Americano de Ecología Social (CLAES) Gerardo Hunty y Eduardo Gudynas consideran que el acuerdo de París fue recibido “con júbilo y optimismo bastante exagerado”.
Sostienen que el acuerdo de la COP-21 es uno de “poca eficacia climática” y que es engañosamente vinculante. Por un lado, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero será fijada por cada país y descansa en medidas voluntarias.
Para ellos, es “vago” un punto determinante del acuerdo: el que establece que el pico de las emisiones mundiales debe alcanzarse “tan pronto como sea posible” y que el balance entre los contaminantes emitidos y los eliminados debe ser de cero neto “en la segunda mitad de este siglo”.
El Panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) indica claramente que las emisiones deben llegar “a más tardar” a un pico en 2030 y bajar a cero neto “a más tardar” en 2060.
El otro supuesto gran logro de la COP-21 fue el de “movilizar” un financiamiento de 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a combatir los efectos climáticos. No obstante, los investigadores recuerdan que ese mismo compromiso ya había sido aprobado por la COP-16 de Cancún, en diciembre de 2010.
Consenso “sospechoso”
Hunty y Gudynas llaman la atención sobre el hecho de que el acuerdo fue considerado “un paso adelante” por los grandes países exportadores de petróleo como Arabia Saudita; que países industrializados como Estados Unidos o la UE lo hayan celebrado y lo vean como una oportunidad de nuevos negocios, o que China, que es el más grande contaminador planetario, no se haya quejado.
También los directivos de las grandes compañías trasnacionales –como Paul Polman, de Unilever–“aplaudieron” el acuerdo, lo mismo que los dirigentes del Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por lo tanto –subrayan los investigadores–, “si todos celebran, gobiernos de cualquier símbolo político, grandes y pequeños contaminadores, empresarios y otros grupos de poder; si todos ellos se felicitan: ¿se puede creer que ese acuerdo en realidad está poniendo un límite a la adicción petrolera?”.
Igualmente, la organización no gubernamental Friends of Earth señala que el acuerdo de París no tiene ningún sentido si los países ricos no cortan sus emisiones rápida y “drásticamente” y sólo lo aplazan.
“El tratado de París es uno a favor de los contaminadores y no de la gente. El apoyo de la UE para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados es falso si no se compromete a tomar acciones urgentes para alcanzar una eliminación total de las emisiones de gases contaminantes mucho antes de 2050”, afirma Susann Scherbarth, coordinadora de la campaña por “justicia climática” de Friends of the Earth-Europe.
La presidenta internacional de esa ONG Jagoda Munic acusó que, “en lugar de actuar con ambición y urgencia en París, nuestros gobiernos actuaron en la defensa de los intereses de los poderosos cabilderos y corporativos”.
Un informe de Corporate Europe Observatory (CEO), organización civil con sede en Bruselas que observa el cabildeo corporativo sobre las políticas de la UE, documentó en una serie de reportes la forma en que las empresas más contaminantes habían “capturado” las cumbres climáticas de la ONU para impedir las políticas de eliminación gradual de los combustibles fósiles.
En su lugar, las petroleras y otras grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero impusieron sus “soluciones” tecnológicas, más acordes con sus intereses económicos que con la lucha contra el calentamiento global, ya que les permite seguir contaminando (Proceso 2040).
Esa ONG explica que las empresas de combustibles fósiles empujan con mucho éxito para que el gas sea considerado por las autoridades europeas un energético “limpio” y que así pueda componer una buena parte de la oferta futura, como quedó asentado en los planes para la unión de la energía que presentó la Comisión Europea en febrero pasado.
Lo anterior, sin importar que diversos estudios científicos hayan probado que la fuga de metano durante su proceso de extracción es más dañina que la quema de carbón para la atmósfera.
Por otra parte, a pesar de que los automóviles son causantes de 12% de las emisiones en Europa, el cabildeo de sus fabricantes ha logrado desde los años 90 que las autoridades no impongan límites de contaminación obligatorios y que retrasen una y otra vez la introducción de nuevas normativas de emisiones, la más reciente hasta 2019 y no en 2017, como estaba previsto.
Pesimismo
Un nuevo reporte europeo nutre aún más el pesimismo al alertar que los derechos de los inversionistas en los acuerdos comerciales amenazan con sabotear las políticas contrarias a los negocios con combustibles fósiles.
Dicho reporte fue elaborado por la ONG alemana Power Shift, la holandesa Transnational Institute, la francesa Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs, y la mencionada CEO. En éste se advierte contra el régimen internacional de inversiones, basado en acuerdos entre países que “permiten a las empresas multinacionales demandar a los gobiernos si se considera que los cambios normativos adoptados por las autoridades públicas reducen sus ganancias, aunque se trate de normas para proteger el medio ambiente o para combatir el cambio climático”.
Se cita el ejemplo de la transnacional sueca Vatenfall que en 2009 y 2012 demandó a Alemania.
En el primer caso, la empresa pidió al gobierno de Berlín una indemnización de mil 400 millones de euros por haber impuesto restricciones ambientales a una de sus centrales eléctricas de carbón. El juicio se resolvió fuera de los tribunales luego de que Alemania aceptó relajar tal normativa.
En el segundo caso, la compañía sueca reclamó 4 mil 700 millones de euros por la pérdida de ganancias de dos de sus centrales de energía nuclear, afectadas por la decisión alemana de abandonar esa energía a raíz de la catástrofe de Fukushima.
Otro ejemplo: en 2012 la empresa canadiense Lone Pine Resources llevó a la justicia al gobierno de su país por haber adoptado una moratoria sobre el uso de la fractura hidráulica (fracking) para la exploración de petróleo y gas. La demanda, en la que la compañía reclama 110 millones de dólares, fue presentada en el marco de los derechos otorgados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Hasta finales de 2014 había registradas 608 controversias inversor-Estado en todo el mundo y de todo tipo, pero el número podría ser “muy superior” porque el sistema es muy opaco, dice el reporte. Los inversionistas ganan 60% de los casos en los que se adopta una decisión de fondo, pero en muchas ocasiones el Estado se retira del proceso.
Más preocupante para los activistas es que la industria de la energía está promoviendo el arbitraje internacional por los jugosos beneficios que representan tanto para los despachos de abogados especializados en esa materia como para las mismas compañías.
Hasta noviembre pasado, casi la mitad de todos los casos pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial –en el que se tramita la mayoría de las controversias inversor-Estado— estaba relacionada con la industria del petróleo, la minería, el gas o la energía eléctrica.
Por otro lado, en los dos últimos años han aumentado 30% las demandas relacionadas con la generación y suministro de energía, cuando en los años anteriores ese crecimiento fue de entre 5% y 13%.
Más aún, señalan las ONG europeas, las compañías contaminadoras o aquellas que invierten en sus proyectos están exigiendo derechos de gran alcance para sus negocios en dos importantes tratados comerciales: el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) –que ya fue firmado pero espera la aprobación de instituciones europeas–, y la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, también por sus siglas en inglés) – que está en negociación.
Dentro de la negociación del TTIP, la petrolera estadunidense Chevron se opone a que los países puedan mantener su derecho a emitir regulaciones, incluso excepcionalmente si se trata de que una política pública pueda ser eficiente.
También ha solicitado ampliar los privilegios corporativos a la llamada “fase previa al establecimiento” de una inversión –lo que no existe en las legislaciones de los Estados de la UE—, así como instituir una “cláusula de aplicabilidad general”. Tal disposición sometería todas las obligaciones asumidas por un Estado con respecto a una inversión al ámbito de aplicación del TTIP, “multiplicando así el riesgo de que se interpongan costosas demandas”, precisa el reporte de las ONG europeas.
Subraya que prácticamente todos los grupos de presión empresarial de ambas partes, energéticas incluidas, han presentado posiciones parecidas.
“Si las grandes empresas se salen con la suya, a los gobiernos les resultará prácticamente imposible adoptar las medidas necesarias para prevenir un calentamiento global catastrófico”, refiere el reporte.
Pone un ejemplo. Los expertos del IPCC calculan que para no superar en 2 grados centígrados la temperatura global total, el mundo únicamente puede emitir 565 gigatoneladas más de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero las reservas de las empresas en petróleo, gas y carbón representa el equivalente a un total de emisiones de 2 mil 795 gigatoneladas, es decir cinco veces más de lo que estableció el IPCC.
“Evitar que se exploten esos activos –por ejemplo mediante impuestos fuertes, obligando al cierre de plantas, o adoptando otras normas para la extracción, la venta o el comercio de combustibles sucios–, supondría una importante merma para las ganancias de las grandes empresas y podría dar lugar a que se responsabilizara a los gobiernos del incumplimiento de varias disposiciones de los acuerdos de comercio e inversión”, señala el reporte.