BRUSELAS (proceso.com.mx).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa solicitó hoy al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que los derechos humanos ocupen su lugar en las negociaciones que sostiene actualmente la Unión Europea (UE) con el gobierno mexicano para la “modernización” del acuerdo de libre comercio.

*Este artículo fue publicado el 26 de septiembre de 2016 en la agencia de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original➯

En una sesión de dicho subcomité, que coincidió con el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los integrantes del GIEI Francisco Cox y Claudia Paz y Paz también consideraron “bastante decepcionante” el nombramiento como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública de Tomás Zerón, inmediatamente después de renunciar como director de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de esclarecer la desaparición de los estudiantes.

Paz y Paz explicó a los eurodiputados las conclusiones a las que llegaron en sus informes y exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a dar seguimiento a las recomendaciones que planteó el GIEI.

Por su parte, Cox denunció las “limitaciones y obstáculos” que impuso el gobierno mexicano durante el segundo mandato del GIEI, a partir de enero de 2016, una vez que éste había desmontado la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual los normalistas habían sido incinerados en el basurero municipal de Cocula.

Cox acusó que, por ejemplo, el grupo no pudo interrogar las veces necesarias a los presuntos acusados, tampoco pudo entrevistar a los miembros del Ejército presentes durante las desapariciones y quienes tomaron fotografías y videos que no aparecen en los expedientes de la investigación, y que sólo dos semanas antes de finalizar su mandato obtuvieron 85 nuevas declaraciones ministeriales que no pudieron revisar por falta de tiempo.

El experto chileno expuso al Parlamento Europeo que la respuesta del gobierno peñanietista a los primeros hallazgos y recomendaciones sobre vías de investigación a seguir fue insistir en la verdad histórica de la PGR.

“Esperamos que al Mecanismo de Seguimiento (que puso en marcha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano) se le dé todo el acceso que nosotros vimos obstaculizado al final de nuestro mandato”, señaló Cox a Apro en una entrevista previa a su intervención en el Parlamento Europeo.

Dos integrantes del GIEI asistieron al Parlamento Europeo en marzo pasado para presentar su primer informe.

“El mandato del GIEI cesó –explicó Cox–. Hoy estamos en Bruselas por iniciativa propia y por invitación del Parlamento Europeo. En su momento no pudimos presentar el segundo informe y sentimos la responsabilidad de informar a la comunidad internacional cuáles fueron nuestras conclusiones, que fue lo que vimos, cuáles fueron los problemas que enfrentamos al tratar de dilucidar qué fue lo que pasó”.

Cox señaló que el gobierno mexicano mostraría voluntad política para seguir sus recomendaciones si, por citar un caso, aclarara qué pasó con las investigaciones de 17 personas (detenidas) que el GIEI pudo constatar que fueron sujetos de tortura, quiénes los torturaron y por qué. “Esas serían demostraciones claras de que hay voluntad de esclarecer el caso”, dijo.

Hasta cierto momento, expone el experto, “el Estado mexicano mostró cierta voluntad y luego simplemente nos cerraron las puertas. ¿Por qué? No entendemos porqué nos invitaron si al final no iban a seguir nuestras recomendaciones. Es muy extraño. Es como ir al doctor, que te dé el diagnóstico y la medicina y después no quieras tomarte ese medicamento”.

A pesar de que la PGR aseguró que hay voluntad para seguir las líneas de investigación que propone el GIEI, Cox afirma que en los últimos cinco meses no lo han demostrado. “Que no sólo hagan anuncios y que efectivamente hagan un seguimiento y se profundice en esas líneas de investigación”, apuntó Cox.

Aseguró que es indispensable entrevistar a los presuntos responsables, revisar las comunicaciones telefónicas de esa noche y profundizar en su análisis, así como identificar al llamado “Caminante”, quien habría coordinado la operación para desaparecer a los normalistas, y rastrear sus llamadas.

En la sesión del Subcomité de Derechos Humanos, el consejero jurídico de la embajada mexicana, Luis Elizondo, aseguró que el gobierno de Peña Nieto reconocía la aportación del GIEI en las investigaciones “de un caso tan complejo”, y que la colaboración con éste reflejaba “la apertura y compromiso” de México en esclarecer los hechos y reforzar los derechos humanos en el país.

Al leer un texto, Elizondo recordó de paso que México es “uno de los principales promotores” del sistema interamericano de derechos humanos, y prueba de ello, dijo, era una aportación financiera que había realizado hace tres semanas.

Como nunca antes se había visto en una sesión parecida, al final del evento una ciudadana mexicana presente en la sala le gritó “cobarde” y “cómplice” a Elizondo en el momento en que él se dirigía a la salida.

Por la mañana, antes de la presentación del GIEI, Amnistía Internacional y un grupo de mexicanos residentes en Bélgica realizó una acción de protesta en la Plaza de Luxemburgo, ubicada frente al Parlamento Europeo. “Dos años después, 43 estudiantes siguen desaparecidos en México”, decía una pancarta en inglés colocada en la parte alta de un monumento rodeado por 43 siluetas humanas con las fotografías de los jóvenes desparecidos pegadas.