BRUSELAS (apro).- Un mandatario exige que otros paguen por una división fronteriza que su país levantó para detener la inmigración.

Si bien lo primero que se viene a la mente es la figura de Donald Trump, no se trata del presidente estadunidense en relación con los mexicanos. No, quien sigue los vergonzosos pasos del huésped de la Casa Blanca es el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que el pasado 31 de agosto reclamó a los otros Estados socios de la Unión Europea (UE) una suma de 440 millones de euros, que corresponde a la mitad del precio estimado de la valla alambrada anti-refugiados que erigió en septiembre de 2015 a lo largo de 175 kilómetros de la frontera con Serbia.

A simple vista, el argumento del primer ministro húngaro en la carta que envió hace una semana al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, podría ser convincente para algunos, incluida la extrema derecha local, Jobbik, que aplaudió el reclamo: las instituciones de la UE en Bruselas tienen que “solidarizarse” con Hungría, que ha “protegido a Europa” de los “flujos de migrantes ilegales”.

Reprochándole a Juncker, quien se opuso a la instalación de esas vallas, Orbán escribe en su comunicación que, “desde el principio de la crisis migratoria, Hungría ha firmemente insistido sobre las leyes establecidas”, lo cual, planteó, “es el criterio básico de la solidaridad mutua”.

Y en un tono al límite de la diplomacia, Orbán remató asegurando que “no es una exageración decir que la seguridad de los ciudadanos europeos fue financiada por los contribuyentes húngaros”.

El problema de fondo es, en primer lugar, que Orbán se está mordiendo la lengua al querer dar lecciones de solidaridad. En diciembre de 2015, su gobierno interpuso una demanda ante la Corte Europea de Justicia… para no acoger a ninguno de los migrantes llegados a Grecia o Italia que le correspondía recibir a Hungría en el sistema de cuotas acordado por los países de la UE ese mismo año (menos de mil 300 sobre un total de 160 mil).

“La solidaridad es una calle de ida y vuelta. Y todos los Estados miembros deben estar listos para contribuir. Esto no es como un menú donde puedes elegir el plato”, fue lo que contestó al día siguiente del envío de la carta el vocero de la Comisión Europea, Alexander Winterstein.

Y rechazó la solicitud de Orbán, ya que, explicó, “la UE no financia la construcción de vallas o barreras en las fronteras exteriores”.

En lo que sí invierte la UE es en tecnología para vigilancia y equipos de gestión de fronteras, por lo que Winterstein prometió que se “evaluará” la solicitud de ayuda húngara.

De acuerdo con el portal de noticias Politico, la UE ya ha destinado más de 93 millones de euros a Hungría del fondo de asilo, migración e integración y del fondo de seguridad interna, más otros 6 millones de euros en fondos de emergencia en la materia.

Más aún, como lo recuerda el periódico húngaro Népszava, el gobierno “miente desvergonzadamente al afirmar que Bruselas no ha apoyado jamás a Hungría”. Y es que la UE, dice el rotativo, ha entregado al gobierno de Budapest un total de 900 millones de euros para la protección de las fronteras, más gastos operacionales.

Si Orbán aceptara los mil 294 migrantes de la cuota que le toca, insiste Népszava, su gobierno recibiría 6 mil euros por cada uno; es decir, más de 7 millones 700 mil euros, “una cantidad mucho más elevada que aquella destinada al rechazo de los migrantes”.

En segundo lugar, en el fondo está el agarrón que traen Orbán y la UE, en particular con la Comisión Europea, la institución que vigila el cumplimiento de las leyes comunes y el respeto a la democracia y al Estado de derecho por parte de los Estados miembros.

Desde que llegó al poder en 2010 (seis años después de la entrada de Hungría a la UE), Orbán impuso una agenda social ultraconservadora y nacionalista, e impulsó reformas de corte autoritario para debilitar a la oposición y obtener el control político de los medios públicos de comunicación y del Poder Judicial.

Hace apenas unos meses, Orbán –que al principio de su carrera fue un político progresista– promulgó leyes para acallar a las ONG críticas de su gobierno y para cerrar una prestigiosa universidad liberal en Budapest, sólo porque es financiada por su acérrimo enemigo, el millonario estadunidense de origen húngaro George Soros, de quien recibió de joven una beca para estudiar en el extranjero.

A pesar de las protestas masivas en la calle y las advertencias de las ONG defensoras de las garantías individuales en contra del régimen de Orbán –además de su acercamiento a Rusia–, durante años la Comisión Europea fue incapaz de tocar al primer ministro húngaro por el manto de protección que le tendieron eurodiputados y gobiernos de derecha, que acusaban cualquier ataque a Orbán de ser una conspiración de la izquierda.

Pero de tanto provocar, y debido al costo político cada vez mayor para algunos de sus aliados de ser tachados como defensores del “Trump europeo”, ese blindaje se cuarteó. Finalmente, este año la Comisión Europea arremetió contra Orbán y abrió varios “procedimientos de infracción” al Estado de derecho: en mayo por su reforma educativa que coarta la libertad universitaria y de establecimiento, en junio por su negativa a acoger inmigrantes, y en julio por su iniciativa para estigmatizar la actividad de las ONG financiadas con fondos extranjeros, que así tendrán que declararse legalmente en el futuro y rubricar sus textos.

La reacción de Orbán ha sido siempre satanizar a la UE –incluso a través de campañas y consultas populares muy agresivas como la que hace poco realizó con el tituló “Paremos a Bruselas”–, y colocar a Hungría y a él mismo como unas pobres víctimas que son atacadas porque buscan sacudirse el yugo de Bruselas.

El conocido periodista Gábor Bencsik, por ejemplo, expresó recientemente en el periódico de derecha Magyar Idok, fundado en 2015 para apoyar a Orbán, una defensa del régimen usando sus mismos argumentos con elementos xenofóbicos: “El gobierno se aplica en proteger a Europa de una ola migratoria que amenaza su cultura, pese a las incesantes políticas de Occidente. Los dirigentes de la UE se sirven de todos los medios posibles para defender su posición autodestructiva y aniquilar la resistencia húngara”.

En este contexto, los analistas independientes consideran que la exigencia de Orbán a la UE de pagar la mitad de la valla fronteriza con Serbia deriva de un ataque de cólera detonado por el rechazo del presidente francés Emmanuel Macron de visitar Hungría –y Polonia– durante su gira por países de Europa Central y del Este en agosto pasado. Pero también ha sido vista como una respuesta anticipada al fallo de la Corte Europea de Justicia de este miércoles 6, en el que desechó el recurso de Budapest contra la legalidad de las cuotas de inmigrantes, lo cual se había previsto desde finales de julio, cuando el abogado general de la Corte, Yves Bot, así lo propuso.

La tensión entre Bruselas y Budapest no parece tener un fin en el horizonte. Y menos si se toman en cuenta los sondeos electorales, que dan por amplio ganador al partido de Orbán, el Fidesz, con el apoyo del electorado de extrema derecha, en los comicios generales que tendrán lugar en 2018.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 6 de septiembre de 2017 en el portal de la revista PROCESO.Lee aquí el texto original➩