BRUSELAS (apro).- En repetidas ocasiones la Unión Europea (UE) ha expresado su “preocupación” en torno al tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como sobre la necesidad de “una investigación rápida y exhaustiva” para resolver el caso.

*Este reportaje fue publicado el 2 de octubre de 2015 en la sección Prisma Internacional del portal de la revista PROCESO. Lee aquí el texto original▶

Así lo planteó en febrero pasado el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Roland Schaefer, y luego, el pasado 1 de mayo, también lo planteó la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, quien además aseguró que el gobierno mexicano recibiría ayuda europea “para el esclarecimiento” del “terrible suceso”.

Anteriormente, el 12 de octubre de 2014, la delegación de la UE y las embajadas de sus Estados miembros en México publicaron una declaración en la que condenaron “los crímenes cometidos contra un grupo de estudiantes en México”, y expresaron “sus más sinceras condolencias a las familias y allegados de las víctimas”.

Sin embargo, cuando en febrero pasado el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó oficialmente que se emplearan recursos económicos del programa europeo de derechos humanos en México para brindar apoyo a las investigaciones y a las familias de los muchachos desaparecidos, la UE contestó con evasivas que no.

Apro obtuvo la correspondencia interna que sobre el asunto circuló entre instituciones europeas y que consiste en cuatro comunicaciones, al menos a las que tuvieron acceso los eurodiputados: una es la que envió la Subcomisión de Derechos Humanos al embajador de la UE en México, Andrew Standley, y otra de la Comisión de Asuntos Exteriores, también del Parlamento Europeo, a la comisaria europea de Cooperación Internacional, Neven Mimica; ambas con sus respectivas respuestas.

Las fechas en que éstas fueron expedidas (entre marzo y finales de mayo pasados) coinciden con el periodo en que dos secretarios mexicanos de Estado realizaron giras de trabajo en la UE: el 21 de abril el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, quien se entrevistó con Mogherini con el objetivo de “reforzar la asociación estratégica” entre ambas partes; y el 11 de mayo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien se reunió con la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, para avanzar en el actual proceso de ampliación del acuerdo comercial bilateral.

También en ese lapso de tiempo, el 16 de abril, los europeos se reunieron con funcionarios mexicanos en el llamado Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos.

Petición oficial

La petición para que la UE se solidarice económicamente con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y contribuya también con fondos a la solución del caso, se remonta al pasado 5 de febrero. Ese día, los padres de dos normalistas desaparecidos rindieron su testimonio en una sesión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a la que fueron invitados oficialmente.

En esa reunión Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Tizapa Legideño, y Bernabé Abraján Gaspar, padre de Adán Abraján de la Cruz, denunciaron las graves inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada en ese momento por Jesús Murillo Karam.

Una semana antes, el 27 de enero, el procurador había presentado su “verdad histórica” sobre los hechos: según el funcionario, los estudiantes habían sido asesinados por narcotraficantes de Guerreros Unidos y sus cadáveres calcinados en el basurero municipal de Cocula, tras lo cual fueron tiradas sus cenizas a un río en bolsas de plástico, versión que fue desestimada por el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Legideño y Abraján –quienes habían asistido días antes a la sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en Ginebra, Suiza, en la que se examinó y cuestionó duramente al gobierno mexicano–, expresaron su temor de que el caso fuera cerrado por el gobierno peñista.

Presente en la sesión del Parlamento Europeo, el embajador mexicano ante la UE, Juan José Gómez Camacho, aseguró categóricamente que las investigaciones continuarían.

En esas circunstancias los miembros del Subcomité de Derechos Humanos votaron a favor de que esa instancia solicitara a la Comisión Europea –el organismo que dispone de presupuesto para la defensa de los derechos humanos en México— que utilizara una parte de sus fondos (que ascendían a un millón de euros) para apoyar las investigaciones y a las familias de los normalistas desaparecidos.

Antes de finalizar ese encuentro y en presencia de Legideño y Abraján, la presidenta de tal subcomité, la eurodiputada española Elena Valenciano, giró órdenes para realizar el trámite de petición de apoyo financiero ante la Comisión Europea.

Para tal efecto, fueron redactadas dos comunicaciones internas: una fue dirigida al jefe de la delegación de la UE en México, el embajador Andrew Standley, y otra a la Comisaria de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, Neven Mimica.

En la primera de ellas –con fecha del 9 de marzo y número de registro EXPO-A-DROI D(2015)9673– Valenciano expone a Standley: “Le escribo en mi función de presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para solicitarle que parte de los fondos adjudicados a México bajo el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR, por sus siglas en inglés) sean apartados para proyectos relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y para proveer de apoyo a sus familias”.

Valenciano narró al embajador que Legideño y Abraján habían realizado “una emotiva súplica de justicia” en el Parlamento Europeo el 5 de febrero, y que en esa ocasión los eurodiputados habían acordado que las investigaciones debían permanecer abiertas “hasta que los hechos fueran esclarecidos y los culpables identificados”.

La presidenta del subcomité indicó a Standley que todavía había tiempo para otorgar recursos, ya que el programa de acción anual del EIDHR para el año 2015 aún no era adoptado. La delegación a su cargo, añadió Valenciano, tenía aún la oportunidad de aceptar propuestas para usar esos fondos, además de que podía utilizar aquellos que hubieran sobrado del programa de 2014.

La eurodiputada comentó que estaba “al tanto” de que las delegaciones de la UE “tienen la libertad de decidir las áreas prioritarias de sus convocatorias de propuestas locales para recibir fondos del EIDHR”. Y apuntó que la petición del Parlamento Europeo de otorgar apoyo a las investigaciones y a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa “amerita fuertemente ser incluida”.

La otra comunicación –número de registro DG EXPO D(2015)9679– fue enviada el 11 de marzo a la comisaria Mimica por el eurodiputado Elmar Brok, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, al cual está integrado el citado subcomité.

Recibieron una copia del documento la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y el representante especial para Derechos Humanos de la UE, Stavros Lambrinidis.

En esa comunicación –cuyo motivo es presentar comentarios al funcionamiento del programa de acción anual 2015 del EIDHR en el mundo— el Comité de Relaciones Exteriores vuelve a solicitar que ese financiamiento fuera destinado a proyectos ligados con la problemática de las “desapariciones forzadas” en México, y menciona como argumento el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Sin embargo, ninguna de las dos comunicaciones obtuvo respuesta positiva.

Evasivas

En su respuesta a Valenciano, fechada el 26 de mayo, Standley –quien dice “compartir la preocupación por lo sucedido en Iguala el 26 de septiembre de 2014”– nunca aceptó dar el apoyo solicitado. En cambio, el embajador menciona que la UE sostiene con México “una fuerte y madura relación basada en valores compartidos y una visión común en el campo de los derechos humanos”.

Standley manifestó: “Estamos en contacto regular (con las autoridades mexicanas) y trabajamos juntos para mejorar nuestro entendimiento mutuo acerca de situaciones específicas de derechos humanos en nuestras respectivas regiones”, y señaló que el “principal foro para abordar esas cuestiones” es el diálogo bilateral en la materia.

El más reciente de esos diálogos, recordó, había tenido lugar en la Ciudad de México el 16 de abril y fue copresidido por el mismo Lambrinidis, quien para ese día ya había recibido una copia con la petición de otorgar fondos al caso Ayotzinapa, al menos así se lo había comunicado el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo.

Extrañamente, Standley señaló en su respuesta que había recibido la solicitud de Valenciano (fechada a principios de marzo) hasta el 21 de abril y a través del servicio postal tradicional en México.

En aquel diálogo sobre derechos humanos con los mexicanos, relató el embajador de la UE, se “acordó” con el gobierno de Peña Nieto crear proyectos de prevención y erradicación de la tortura, de fortalecimiento del Mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas y, puntualizó Standley, de lucha contra la desaparición de personas, a través del desarrollo de mejores bases de datos y registros. Pero nada mencionó sobre Ayotzinapa.

Tampoco la comisaria Mimica tocó directamente la solicitud europarlamentaria en su respuesta del 29 de mayo. Se limitó a anunciar que “una parte de los montos del EIDHR en México serán comprometidos en acciones específicas para el monitoreo de las desapariciones forzadas en el país por parte de la sociedad civil”. Para ese propósito fue organizada a principios de febrero una primera “tormenta de ideas” para diseñar un “formato” e identificar “potenciales socios”, refirió la comisaria sin más precisiones.

Al principio de su carta, Mimica agradece a Brok “por la excelente relación que nuestras instituciones han construido en torno a la implementación del EIDHR. Nuestra cooperación constructiva –concluye– es fundamental para garantizar un alto nivel de entrega en el terreno”.