“El estremecedor caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala es un suceso espantoso que subraya la necesidad no sólo de que se lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva, sino de que se haga justicia y se acometan las oportunas reformas para combatir la impunidad en México”, contestó Mogherini, también vicepresidenta de la Comisión Europea, a una pregunta escrita de la eurodiputada española Lola Sánchez Caldentey, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea.

En realidad la eurodiputada Sánchez había presentado su pregunta desde el 28 de octubre último. En ella recuerda a Mogherini que “el pasado 26 de septiembre, cuerpos de seguridad municipales, en complicidad con elementos del crimen organizado que controlan la región de (el estado) de Guerrero, asesinaron a seis personas y secuestraron a 43 estudiantes” de Ayotzinapa.

Enseguida, Sánchez refiere que tal episodio es “un ejemplo más de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se producen en México”. En su carta denuncia que “la situación es grave debido a la inmovilidad de las autoridades federales para acabar con los nexos entre el poder político en sus distintos niveles de gobierno, las fuerzas del orden y el crimen organizado”.

Puntualiza que “el Estado mexicano ha sido condenado en diversas ocasiones por jueces internacionales por acción y omisión en la comisión de crímenes de lesa humanidad”, como “asesinato, cárcel, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, persecución de grupos o colectividades con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas y ataques contra defensores de derechos humanos”.

En ese sentido, la eurodiputada pregunta a Mogherini “por qué ha sido posible seguir renovando el Acuerdo Global de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la UE”, si éste encuentra fundamento “en principios democráticos” y en el “respeto a los derechos humanos”.

Respuesta tardía

Inusualmente, la jefa de la diplomacia comunitaria se tardó seis meses en dar una respuesta a esa pregunta escrita y la emitió hasta el pasado 1 de mayo.

Reconoció que el “trágico suceso” de Ayotzinapa “ha venido precedido de otros similares entre 2006 y 2012”. Y explica que “el hecho de que sigan ocurriendo pone de relieve los imponentes retos que el gobierno federal mexicano afronta en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad”.

Sin embargo, Mogherini resta responsabilidad al gobierno mexicano en los hechos de violencia y lo coloca como víctima del narcotráfico y de factores externos.

“En efecto –añade–, la violencia criminal en México es fruto del crimen organizado relacionado con la droga, consecuencia, a su vez, de la ubicación geográfica del país, por lo que existe al respecto una responsabilidad compartida”.

Mogherini dice a Sánchez Caldentey que la UE apoya la labor del gobierno de Enrique Peña Nieto “encaminada al esclarecimiento de este terrible suceso” y que mantendrá las ayudas al fortalecimiento de las instituciones del Estado y la defensa de los derechos humanos.

Después evoca el debate de urgencia y la resolución del Parlamento Europeo del 23 de octubre último, que, se jacta, respaldaban su punto de vista. Remarca que esa institución “condenó la situación en México”, al tiempo que “hizo un llamamiento por una intensificación de la cooperación entre la UE y México en los ámbitos del desarrollo institucional y los derechos humanos”.

Pero Mogherini no menciona que dicha resolución, que deslindó de responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa y de la violencia en general al Estado mexicano, no tuvo por esa razón el apoyo de dos grupos políticos del hemiciclo: el de los verdes y el de la Izquierda Unitaria, al que pertenece su interlocutora.

Finalmente, en su respuesta, Mogherini afirma que “la UE se felicita por el plan de lucha contra el crimen organizado anunciado por el presidente Peña Nieto a finales de 2014, plan que –opina– contempla medidas importantes, tales como la integración de mil 800 cuerpos de policía municipal en 32 cuerpos de policía estatal única”. Menciona también entre esas “medidas importantes” aquellas encaminadas “a combatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”, permitiendo –a su juicio– “que las instancias federales asuman el control de los consejos municipales”.

El pasado 8 de mayo el eurodiputado español Pablo Iglesias, del mismo partido que Sánchez Caldentey, envió a Mogherini el mismo tipo de cuestionamiento. Recuerda que el Relator Especial de la ONU Juan Méndez concluyó tras su misión a México que “la tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en el país y ocurren en un contexto de impunidad”.

Por lo tanto pregunta a Mogherini, quien aún tiene tiempo para responder, si la Comisión Europea “era consciente de que se estaban produciendo tales prácticas en México” y qué medidas adoptará la UE a este respecto en el marco del Acuerdo Global de 2000 y la Asociación Estratégica de 2008, los cuales establecen mecanismos “basados en el respeto indivisible de los derechos humanos”.

Visita presidencial

La respuesta de Mogherini a la eurodiputada Lola Sánchez se da unas semanas antes de que el presidente Peña viaje a Bruselas para asistir a la Cumbre México-UE el próximo 12 de junio, en el marco de la Segunda Cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Autoridades de México y la Comisión Europea –que administra el acuerdo bilateral a nombre de los 28 Estados socios de la UE– comenzaron en 2013 “reuniones exploratorias” para ampliar el alcance del tratado comercial.

Actualmente elaboran el llamado Estudio de Visión Conjunta, en donde cada parte plantea sus prioridades de liberalización y pone sobre la mesa sus ofrecimientos para ver si interesa a ambos comprometerse en una negociación formal.

La Comisión Europea se basará en ese documento para solicitar a los Estados nacionales de la UE que otorguen su mandato para que pueda renegociar el acuerdo con México.

No obstante, a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos en México, pero sobre todo después de los acontecimientos de Ayotzinapa, grupos políticos del Parlamento Europeo cuestionan la política de Bruselas de negociar beneficios comerciales mientras cierra los ojos a los abusos de autoridad de un gobierno como el mexicano.

El Grupo de los Verdes Europeos y al que pertenece la eurodiputada Sánchez Caldentey exigen que se cancelen las negociaciones, y los primeros incluso demandan un embargo de armas europeas y la intervención de la Corte Penal Internacional en México.

Desde que sucedieron los hechos de Ayotzinapa, Mogherini no se había expresado públicamente. Su antecesora, Catherine Ashton, tampoco se pronunció al respecto. En su lugar, y a un nivel diplomático más bajo, el 12 de octubre la misión de la UE emitió una declaración local en la que condenó lo sucedido.

En su momento, Mogherini también mandó a un subalterno, Roland Schaefer, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, a que respondiera los cuestionamientos enviados el 3 de noviembre pasado –dos días después de que ella entrara en funciones– por un grupo de ciudadanos mexicanos radicados en Bruselas.

En su carta, los mexicanos solicitaron que la modernización del acuerdo bilateral sea replanteada por la UE “hasta que la confianza del pueblo de México hacia sus autoridades sea restablecida”. Más aún, exigieron a la alta funcionaria que condenara los hechos de Iguala y que exigiera al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la intensificación de la búsqueda de los culpables materiales e intelectuales, además de que exhortaron a la UE “a actuar como un verdadero socio estratégico con el pueblo de México, salvaguardando la paz y el respeto a los derechos humanos” en el país.

Schaefer respondió en una misiva –la cual dio a conocer Apro en esas fechas– que “comparte la preocupación sobre el horrible caso de los estudiantes desaparecidos de México, el cual impactó a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional”. Este caso, agregó, “es un testimonio de los grandes desafíos que el gobierno federal mexicano está enfrentando en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad”.

El funcionario europeo aseguró que, “dada la gravedad de las circunstancias, la UE está siguiendo el asunto de manera muy estrecha, haciendo uso de todos los instrumentos que dispone”, pero también subrayó que la comunidad europea recibía con agrado “los esfuerzos del gobierno mexicano para clarificar este horrible incidente, y tiene pensado mantener su asistencia con México en áreas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos”.