BRUSELAS (apro).- Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) está solicitando a las autoridades de México y la Unión Europea (UE) que se le permita tener acceso como “observadores” a las reuniones anuales que ambos gobiernos realizan en materia de derechos humanos.

Esa petición fue una de las recomendaciones que plantearon 31 ONG participantes en el Seminario de la Sociedad Civil que antecedió al Sexto Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos México-UE, celebrado en Bruselas el 20 y 21 de junio pasado entre funcionarios gubernamentales de ambas partes.

Literalmente, tales ONG piden “garantizar el papel de la sociedad civil como observadora de futuros diálogos, (toda vez que) esta práctica se ha llevado a cabo en varios diálogos con terceros países como Moldavia (en 2016), así como en el innovador diálogo tripartito UE-Túnez-Sociedad civil”.

Suscriben lo anterior organizaciones nacionales e internacionales reconocidas y premiadas por su valiosa defensa de los derechos humanos en México, entre otras Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, FIAN Internacional, Freedom House, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International o la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México.

Su demanda es razonable: ese diálogo entre gobiernos se realiza a puerta cerrada y ambas partes sólo emiten al final un comunicado conjunto (pactado) que está lleno de generalidades, palabras cordiales acerca de lo bien que transcurrió el encuentro y la promesa de que se trabajará para mejorar la situación de las garantías individuales. Siendo un diálogo de absoluto interés público, éste carece de una mínima transparencia en su contenido, lo que impide la rendición de cuentas: las sociedades de México y Europa desconocen el tono y el fondo de esas discusiones, que la UE considera supuestamente una prioridad en su relación con México.

Lo anterior viene al caso porque el pasado 20 de junio dos corresponsales de medios mexicanos fueron impedidos de asistir al seminario que organizaron ONG para discutir y formular las recomendaciones que entregaría al día siguiente a los participantes gubernamentales del Sexto Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos México-UE. De hecho, este columnista fue expulsado de la sala del hotel donde se reunían tales ONG en presencia de representantes del gobierno mexicano y la UE, que sí fueron invitados.

Siguiendo instrucciones de Carola Hausotter, secretaria ejecutiva de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, dos jóvenes activistas se acercaron a este corresponsal para señalar que la prensa no había sido invitada y, en consecuencia, tenía que salir del lugar.

Afirmaron que así lo habían acordado con autoridades de la UE y México. Pero interrogadas al exterior de la sala de reunión, dos funcionarias lo negaron. La jefa de la cancillería de la embajada mexicana en Bruselas, Lorena Larios, comentó que ese era un evento organizado por las ONG y que eran ellas las que decidían a quién daban acceso, por lo que resultaba falso que los representantes del gobierno de México hubieran acordado prohibir la presencia de la prensa. En el mismo sentido respondió una funcionaria de la UE.

Desde mi punto de vista, las ONG deberían permitir a los periodistas el acceso a esas deliberaciones, al menos en aquellos momentos en los que interactúan con las autoridades. No sólo para cumplir un acto de coherencia con su propia exigencia de transparencia hacia el lado oficial, también para ajustarse a la función que reclama dentro de la relación México-UE: actuar como interlocutores de la sociedad civil frente a las autoridades.

Y otro elemento a tomar en cuenta: el mencionado seminario –en el que se aborda materia de interés público, y por tanto periodístico– se realiza en el marco del diálogo de alto nivel entre gobiernos; no es un acto interno de las organizaciones.

Hay que decir que mantener cerrados tales foros de evaluación en derechos humanos, tanto el de gobiernos como el de las ONG, no abona a la transparencia y sí a la reproducción de un sistema opaco, que camina en contrasentido al interés ciudadano y a su derecho a estar informado.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 13 de julio de 2016 en el portal de la revista PROCESO. Lee aquí el texto original▶