BRUSELAS (apro).- Maria Peszek es una popular cantante polaca que se distingue por abordar temas polémicos en sus discos.

En “Holocausto moderno”, canción de su álbum Karabin que salió el año pasado, Peszek canta sobre el ascenso del nacionalismo y el odio en Polonia:

“Hoy, hoy alguien me escribe en internet/

te acabaré, te joderé y te tiraré al excusado/

hueles a lesbiana, eres una escoria izquierdista/

eres una estúpida, perra, seguro te encontraré/

“En mi país de odio/

todo mundo odia a otro/

lo que Hitler y Stalin no jodieron/

nosotros lo destruimos, nosotros mismos lo arruinamos”.

Peszek ha recibido ataques de medios de derecha y amenazas en Internet debido a sus ideales liberales y a sus críticas al gobierno ultraconservador, antieuropeo y nacionalista del Partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco).

En el video de la canción, un joven apuesto y corpulento representa la seducción y el poder emergente de la extrema derecha, y un muro de fuego la confrontación interna entre polacos, según ha explicado su realizador, el conocido director de escena Przemyslaw Wojcieszek.

En lo que a él respecta, la televisión pública anuló recientemente una emisión ya programada que estaría consagrada a su obra de teatro “Himno Nacional”, que trata sobre la obsesión por el poder del fundador y presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Esa misma censura la han resentido igualmente otros artistas que han expresado su rebeldía contra el viraje ultracoservador y xenofóbico de su país.

Desde que llegó al poder, en octubre de 2015, el PiS no ha cesado de impulsar reformas de corte autoritario y una agenda social tradicionalista, que han terminado por movilizar al segmento de la población más progresista y favorable a la Unión Europea (UE), la cual, por su parte, amenaza desde entonces con sancionar esa deriva antidemocrática quitándole a Polonia su derecho de voto.

“La democracia en Polonia está amenazada. Las acciones del gobierno, su falta de respeto por la ley y las costumbres democráticas nos han forzado a expresar determinantemente nuestra oposición”, señala el manifiesto del Comité para la Defensa de la Democracia, una amplia organización civil que nació a finales de 2015, tras las primeras medidas autoritarias que tomó el PiS, y que incluso cuenta con una oficina en Bruselas.

En 2016, la organización obtuvo el Premio al Ciudadano Europeo que otorga el Parlamento Europeo por la defensa de los derechos fundamentales y la democracia.

Justicia en riesgo

El pasado 29 de julio, la Comisión Europea –la institución de la UE que supervisa el cumplimiento de los tratados comunitarios— abrió formalmente un “procedimiento de infracción” contra el gobierno polaco, por el paquete de reformas que instituyó para obtener el control del sistema judicial.

Como parte de éste, la Comisión Europea envió al gobierno de Varsovia una “Carta de notificación formal”, a cuyas preocupaciones contenidas en ella debe responder en menos de un mes.

Compuesto de cuatro reformas constitucionales, que aprobó el parlamento polaco, la iniciativa generó fuertes críticas de varios gobiernos de Europa y del de Estados Unidos, así como manifestaciones multitudinarias en el país. El gobierno del PiS argumenta que esas nuevas leyes son imprescindibles para detener la corrupción y la mala administración en los tribunales, cuyo marco institucional data de la época comunista del país.

Frente a la intensa presión social y diplomática, el presidente Andrzej Duda, del mismo partido del gobierno y su fiel aliado (apodado por sus críticos “la pluma del PiS”), sorpresivamente vetó dos de las reformas. La prensa europea publicó que previamente recibió las llamadas telefónicas de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Departamento de Estado estadunidense, además de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló con sus asesores.

Duda vetó una reforma muy controvertida, que permite al ministro de justicia nombrar y retirar jueces de la Suprema Corte, lo cual la Comisión Europea considera la “línea roja”. Vetó también otra que le otorga al régimen nuevos poderes sobre el Consejo Nacional de la Judicatura, que controla la profesión.

Además, reconoció públicamente que se había decidido a declinar su firma en esos casos porque tales modificaciones legales ponen al poder judicial bajo el control gubernamental.

El presidente, sin embargo, autorizó con su firma un par de reformas más, que van en la misma dirección: una confiere facultades al gobierno para designar a los jueces que presiden las cortes de apelación y de distrito, y otra mediante la cual el gobierno podrá nombrar a los jueces asistentes de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Procuraduría Pública.

La Comisión Europea abrió el “procedimiento de infracción” por estas dos últimas reformas, luego de que el 28 de julio fueron publicadas en el Diario Oficial de Polonia.

El gobierno de Varsovia no soportó el gesto de su incondicional y acusó a Duda de haber cometido “un grave error” al declinar su aprobación al conjunto de reformas. Avisó además que no abandonará las iniciativas vetadas.

La Comisión ha advertido al gobierno polaco que, si continúa con su propósito, a la institución no le quedará más remedio que activar el Artículo 7, un procedimiento en dos fases que evalúa el riesgo de amenaza al Estado de Derecho y que eventualmente puede llevar a la suspensión del derecho de voto de Polonia en el Consejo Europeo, el órgano vertebral de la UE donde los gobiernos de los países miembros toman decisiones colectivas.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha advertido que esa institución está “muy cerca de activar el Artículo 7”.

“Nuestra mano –dijo hace unos días– está aún extendida a las autoridades polacas para dialogar, pero el diálogo no detendrá a la Comisión de tomar cualquier medida que estime necesaria”.

No obstante, tal medida, que no tendría precedente, difícilmente puede ocurrir, no sólo por estar considerada una “bomba atómica” diplomática.

En la práctica, la Comisión Europea tendrá primero que concluir que existe en el caso polaco “un riesgo claro de seria violación a los principios de la UE”, y después convocar al Consejo Europeo –los Estados miembros– para convencerlos de activar el Artículo 7, que sólo podrá suceder si todos están de acuerdo.

En este punto se introduce un factor interno de la política polaca: el presidente del Consejo es el exprimer ministro de ese país, Donald Tusk, miembro de Plataforma Cívica, el partido de centroderecha que antecedió en el gobierno al PiS.

Es probable que Tusk, quien termina su mandato comunitario en 2019, busque competir en las elecciones del año siguiente en su país.

El presidente del Consejo ha sido muy cuidadoso de no parecer que aprovecha su cargo internacional para atacar por interés personal al gobierno de su propio país, incluso cuando éste lo ha acusado de “negligencia criminal” en un accidente aéreo ocurrido en Rusia en 2010 cuando él era primer ministro, y en el que murió el presidente polaco Lech Kaczynski, hermano de Jaroslaw. El gobierno de Varsovia también se opuso a que Tusk fuera reelecto en marzo pasado.

De cualquier forma, hay otro elemento más decisivo en esta disputa: el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un aliado de Varsovia, y sobre cuyo gobierno también pesan “procedimientos de infracción”, ya anunció que no apoyará un castigo contra Polonia, tachando los ataques como parte de una actitud “inquisidora” de Bruselas.

“Chantaje”

Al poco tiempo de haber ganado el gobierno y la mayoría de ambas cámaras a finales de 2015, el gobierno de la primera ministra, Beata Szydlo, propuso un cambio constitucional para poder nombrar directamente al director de la radio y la televisión públicas y también limitar el número de miembros independientes del consejo supervisor, lo que desató las protestas de las federaciones internacionales de periodistas.

Invalidó igualmente el nombramiento previo de cinco jueces del Tribunal Constitucional, y nombró a otros afines a su partido. Ese acto fue calificado como un “golpe de Estado” no sólo por la oposición local, sino incluso por el entonces presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz, y expresó fuertes críticas el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Szydlo consideró esas declaraciones “inaceptables” y, en el caso del eurodiputado alemán, exigió una disculpa.

Ambas medidas fueron aprobadas por el parlamento polaco y el presidente Duda, que en esa ocasión no escuchó las voces contrarias.

Por ese motivo la Comisión Europea decidió lanzar por primera vez en su historia un examen especial contra el régimen polaco, que derivó en la adopción de dos recomendaciones, una en julio y otra en diciembre de 2016.

Pero el gobierno de Varsovia hizo caso omiso y persistió en su línea dura cuando posteriormente se negó a acoger a los demandantes de asilo que le corresponde dentro del sistema de cuotas acordado por la UE para intentar gestionar la crisis de refugiados.

La semana pasada, la Comisión emitió una advertencia a Polonia: tiene un mes para comenzar a recibir a los refugiados o enfrentará acciones legales.

En ese sentido, el vicepresidente Timmermans se ha quejado de que las autoridades polacas no han disipado las preocupaciones que planteó en recomendaciones anteriores la Comisión Europea.

“Peor aún –afirmó- las autoridades han dado ahora pasos adicionales que agravan las preocupaciones acerca de la independencia judicial e incrementa significativamente la amenaza sistémica al Estado de derecho en Polonia”.

A las amenazas de Bruselas han seguido las de Varsovia. Rafal Bochenek, un portavoz del gobierno polaco, advirtió: “no aceptaremos ningún chantaje de ningún funcionario de la UE, especialmente si está basado en hechos falsos”. E insistió en que “todas las reformas presentadas por el parlamento están en línea con la constitución polaca y los principios democráticos”.

Peor aún, el líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, considerado el verdadero poder detrás del gobierno, amenazó responder con “una contraofensiva histórica”, una que involucraba “sumas colosales”.

Este miércoles 2 de agosto un diputado del PiS, Arkadiusz Mularczyk, anunció a la agencia de noticias polaca Pap que el gobierno prepara una demanda que solicitará reparaciones a Alemania por los daños causados en la Segunda Guerra Mundial. La petición, dijo, podría presentarse formalmente el próximo 11 de agosto.

El ministro polaco de Defensa, Antoni Macierewicz, declaró que así perderá validez la decisión de 1953 de no pedir tales reparaciones, ya que aquella emanó de un gobierno que entonces representaba a un “Estado marioneta soviético”.

Kaczynski llegó a manifestar en 2007, cuando era primer ministro, que su país debería tener más votos en el Consejo Europeo si se contaban los seis millones de polacos y polacos judíos que los nazis habían exterminado.

Actualización: El gobierno polaco no presentó ninguna demanda el 11 de agosto.

*Este reportaje fue publicado en la sección Prisma Internacional del portal de la revista PROCESO. Lee aquí el texto original➜