Una renegociación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea está en marcha desde hace meses, y en las reuniones entre los representantes de ambas partes, los europeos se quejan. Se quejan de que Estados Unidos o Canadá tienen más facilidades para aprovechar el mercado mexicano. Y se quejan de la invasión de productos chinos también. Europa quiere que sus mercancías no sean bloqueadas por aranceles o impuestos excesivos. Pero uno de los capítulos clave de la renegociación, el relativo al respeto de los derechos humanos como condición indispensable para negociar con el gobierno, finalmente queda supeditado, siempre, a los intereses comerciales.

BRUSELAS (Proceso).- La Unión Europea (UE) pretende alcanzar, en la renegociación de su Acuerdo Global con México –que está en marcha–, un nivel de apertura comercial y de protección de inversiones semejante o superior al que tienen Estados Unidos y Canadá en el mercado mexicano.

Así lo indica una versión desclasificada del Estudio de evaluación de impacto (Impact Assessment) sobre la “modernización” del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) entre México y la UE, mismo que entró en vigor en 2000. El documento –fechado el 16 de diciembre pasado y dirigido a personal interno– fue elaborado durante un año y medio por 18 departamentos de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

El estudio de 88 páginas –copia del cual tiene Proceso– está dividido en siete capítulos y varios anexos. Uno de sus objetivos es identificar los puntos del acuerdo que la UE debe negociar con el gobierno mexicano para desbloquear a su favor una mayor liberalización de su mercado. Explica que esas áreas de negociación ya fueron aceptadas por ambas partes tras haber realizado un ejercicio de exploración que resultó en el Reporte de visión conjunta (Joint Vision Report).

Así, el estudio indica que todavía hay 309 líneas tarifarias de productos europeos agrícolas y pesqueros que no han sido liberalizadas y a las que México les aplica tarifas muy altas, incluso bajo el régimen de “nación más favorecida” (125% a papas o azúcar fructosa; 60% a leche, crema, grasas y aceites animales y vegetales, o 45% al queso o huevos). Mientras tanto, los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos y Canadá reciben un trato totalmente abierto gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El documento también señala que la UE buscará que México deje de aplicar barreras técnicas a sus productos y adapte su marco regulatorio a los acuerdos en la materia, suscritos en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y así, por ejemplo, deje de rechazar las declaraciones de conformidad europeas expedidas a sus exportadores. Se insiste en que los productos estadunidenses son beneficiados por México con acuerdos de mutuo entendimiento.

Asimismo, el estudio reporta que en el actual acuerdo tampoco existe un capítulo detallado de sistemas sanitarios y fitosanitarios, generando requerimientos sumamente complicados –como inspecciones presenciales de cada rastro o la necesidad de precertificados– para exportar al país carnes, frutas y legumbres europeas. México, en cambio, reconoce sistemáticamente los certificados de Estados Unidos y Canadá.

Los europeos también quieren desmantelar las medidas de preferencia nacional, cuyo propósito es “proteger, favorecer o estimular a los operadores domésticos”. Señalan en su estudio que tales medidas “limitan los potenciales beneficios para las compañías de la UE de las reformas económicas y de una mayor liberalización del comercio en México”, y se quejan de las que existen en el sector petrolero, automotriz y eléctrico. Subrayan que aquellas “disuaden” sus inversiones. En total, la UE acumula en los últimos 16 años un monto de inversión en el país de 159 mil 720 millones de dólares.

Más aún, el estudio de impacto anota que el sector servicios genera 70% del producto interno bruto (PIB) de la UE y es una parte importante de su comercio internacional, pero que el acuerdo con México sólo contiene una cláusula general al respecto y que únicamente comprometen a las partes a no adoptar nuevas medidas discriminatorias. Lo mismo sucede en relación con los servicios financieros y el transporte marítimo internacional.­

Por otro lado, los europeos quieren tener acceso a todos los mercados públicos y no sólo a los de nivel federal, como lo marca el acuerdo. Lo anterior se debe a que México no es miembro ni observador del Acuerdo sobre los Mercados Públicos de la OMC, al que sí pertenece la UE, por lo que consideran “asimétrica” tal situación: las compañías mexicanas están autorizadas a acceder a las licitaciones europeas a todos niveles de gobierno, pero no al revés.

Inversiones protegidas

Los europeos muestran una gran ambición respecto al acceso y la protección de sus inversiones en el mercado mexicano. No aceptan que el actual acuerdo cubra sólo y parcialmente los pagos de inversiones en los campos de bienes raíces y la venta de valores, ni tampoco las restricciones al capital extranjero en la propiedad de servicios postales, transporte terrestre de pasajeros u oferta televisiva, así como de ciertos servicios portuarios, financieros y de transporte aéreo.

La UE pugna por “un alto nivel” de protección de sus inversiones, un área no cubierta por el acuerdo existente. En su lugar, México ha negociado Tratados Bilaterales de Inversión con 16 Estados socios de la UE, los cuales, según el documento, “difieren en sus niveles de ambición y no están en línea con las políticas de inversión de la UE”.

En cuanto al comercio de servicios, el documento afirma que la negociación “debe tener por objetivo una liberalización mayor que aquella comprometida por ambas partes dentro de la OMC”. Agrega que también debe cuadrar con los resultados esperados del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que negocian actualmente 23 países miembros de la OMC, entre ellos México, Estados Unidos y la UE, y el cual incluye la liberalización de la banca, el transporte y prácticamente cualquier servicio público.

“El acuerdo modernizado –expone el documento– debe tener una amplia cobertura sectorial, sin exclusiones de antemano del ámbito de las negociaciones” y “debe, por lo tanto, dar un nuevo acceso efectivo y económicamente significativo del mercado, mediante el fortalecimiento de la seguridad jurídica, reforzando los principios de liberalización y haciendo frente a las barreras de acceso al mercado y a las limitaciones sobre trato nacional en los sectores cubiertos”.

Tras 16 años de haber entrado en vigor, el acuerdo ha dado pobres resultados. El estudio plantea que el reporte de evaluación ex post (examen de los resultados reales del acuerdo tal como existe) elaborado para la Comisión Europea por una consultoría holandesa, concluyó que el impacto comercial del acuerdo ha sido “marginal” en la creación de “empleos formales”, “muy limitado” en el incremento de los salarios reales (0.02% en la UE y 0.35% en México), y “muy pequeño” en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como en la protección del medio ambiente (Proceso 2020).

Escenarios

En el estudio se efectúa la simulación de un escenario en el que ambos socios derriban la totalidad de las barreras comerciales entre ellos. El resultado es un “inmenso potencial de ganancias” al cuadruplicarse el comercio bilateral, el cual alcanzó 61 mil millones de dólares en 2015. Pero ese escenario, matiza el documento, es “simplemente teórico”, pues “siempre habrá diferencias en las regulaciones de ambos socios comerciales”.

Otros escenarios más realistas, proyectados hacia 2028, fueron diseñados tomando como variables tres sectores: agrícola, de servicios y de bienes manufacturados. En el escenario de una liberalización “ambiciosa”, el impacto en el crecimiento anual del PIB de México será de 0.4% (6 mil 400 millones de euros), y en el de la UE de 0.01% (mil 800 millones de euros). En el escenario conservador esos crecimientos son de 0.01% para México y 0.003% para la UE.

El análisis europeo puntualiza que en ambos escenarios México sale ganando más que la UE, y que la mayor parte de esos beneficios (80%) serían logrados si el gobierno mexicano decidiera no aplicar barreras no tarifarias al sector europeo de la manufactura.

La UE asegura que la falta de competencia causada por las barreras no tarifarias que aplica México provocan una reducción del flujo comercial y el alza de precios, que se traduce en una elevación de los costos de exportación de Europa a México, que oscila entre 8.4% y 236.3%.

Un aspecto interesante es que la UE plantea que decidió “modernizar” su acuerdo con México –lo cual se efectuará “a la máxima velocidad”, según afirmó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, el 23 de mayo pasado, durante su viaje a México–, a raíz de su preocupación por el rápido crecimiento de la presencia comercial china en el país.

El estudio menciona que la parte del comercio europeo en la economía mexicana pasó de representar 6.2% en 2000 a 8.2% en 2014, pero en ese mismo tiempo el comercio chino creció de 0.9% a 9.1% “y consiguió desplazar a la UE como segundo socio comercial en 2013”.

Otros competidores para Europa en el mercado mexicano son los países de la cuenca del Pacífico pertenecientes al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), cuyo objetivo –explica el estudio europeo– es ir más allá de la liberalización de bienes y servicios, y cubrirá campos como el de las barreras fronterizas, propiedad intelectual y mercados públicos.

“El TPP –alerta el estudio– podría resultar en una mayor pérdida de terreno en el mercado mexicano, notablemente frente a otros países del Pacífico.”

Derechos humanos

El respeto a los derechos humanos será mencionado –como ya lo está– en el apartado político del mismo acuerdo, afirma el documento de la UE.

No obstante, el tema seguirá siendo discutido fuera de ese campo entre el gobierno mexicano y sus pares europeos a través de los “diálogos de derechos humanos que sostienen desde mayo de 2010. Sólo serían incorporados en un capítulo nuevo del acuerdo renegociado aquellos derechos circunscritos al ámbito económico”.

El estudio expone: “A pesar del hecho de que los derechos humanos se abordarán en la parte política del acuerdo, los derechos laborales fundamentales representan un subconjunto de derechos humanos afectados por un marco de comercio e inversión modernizado y, por tanto, merecen una mención específica en el capítulo de ‘Comercio y desarrollo sostenible’”.

Prosigue: “El establecimiento en el capítulo político del respeto de los derechos humanos como un elemento esencial de todo el acuerdo es un elemento clave para asegurar el adecuado cumplimiento de los derechos humanos en el marco del futuro acuerdo”.

El artículo 1 del actual acuerdo bilateral (conocido como cláusula democrática) estipula que “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo”. Además, el artículo 39 establece una cooperación para la promoción de tales derechos.

Aunque el actual artículo 57 señala que el acuerdo tiene una duración “indefinida”, también prevé que puede dejar de aplicarse previa notificación de un Estado a otro, mientras que el artículo 58 indica que si una de las partes considera que la otra ha incumplido con sus obligaciones, entonces “podrá adoptar las medidas apropiadas” si no se encuentra una solución aceptable en un plazo no mayor de 30 días.

Por otro lado, el Diálogo Anual de Alto Nivel en Derechos Humanos tiene su origen en el Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica México-UE, un documento de orientaciones políticas bilaterales e internacionales firmado en mayo de 2010 y sin la vinculación jurídica que sí tiene el Acuerdo Global. Esos diálogos se efectúan a puerta cerrada y sólo informan a la opinión pública a través de comunicados conjuntos (autorizados por ambas partes).

El Estudio de evaluación de impacto no examina los efectos globales en México de tal dispositivo de protección de los derechos humanos, pero al analizar el de los derechos vinculados a las “medidas comerciales” del acuerdo, como los laborales y algunos sociales (salud o derechos indígenas), concluye que los efectos “no han sido significativos, y donde han sido identificados algunos impactos, éstos han sido positivos”.

*Este reportaje fue publicado el 10 de junio de 2016 en la revista PROCESO. Lee aquí el texto original➜