BRUSELAS (apro).- Este martes 2 de mayo, luego de una larga ronda de negociaciones que duró 12 horas, el ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, anunció que el país y sus acreedores alcanzaron un “acuerdo técnico preliminar” que permitirá desbloquear parte de la ayuda financiera que recibe Grecia y así poder liquidar pagos de la deuda.

Ese acuerdo preliminar fue apenas un primer paso para llegar a uno definitivo que cierre la segunda evaluación del programa de rescate. El gobierno griego explicó que el acuerdo –firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea, el Mecanismo de Estabilidad Europeo y el Banco Central Europeo–, contempla un recorte de pensiones, el incremento de impuestos y más privatizaciones, pero a cambio podrá otorgar subsidios a la vivienda, elevar el apoyo a los programas infantiles, algunas empresas públicas no serán vendidas y no habrá más despidos colectivos.

La crisis griega, que llevó al país al borde de la bancarrota y la salida de la Eurozona, se encuentra bajo un aparente control pero dista de una solución confiable. El FMI cree que la deuda griega es aun tan grande e insostenible que es necesario reducirla, no así los gobiernos de la Eurozona por razones electorales.

Los ciudadanos griegos, por su parte, continúan manifestándose contra las medidas de austeridad que siguen imponiéndose para su rescate económico y una nueva huelga general fue anunciada para el 17 de mayo, cinco días antes de que los ministros de finanzas de la Eurozona se reúnan en Bruselas para aprobar el citado acuerdo preliminar.

En ese contexto, viene al caso traer a la discusión un reporte publicado en febrero pasado por el think tank holandés Transnational Institute (TNI, por sus siglas en inglés) y cuyo título es: El negocio del rescate: ¿Quién se beneficia con los rescates bancarios?

Elaborado por Sol Trumbo Vila y Matthijs Peters, la investigación señala que, desde la crisis financiera de 2008, “los ciudadanos europeos se han ido acostumbrando a la idea de que se pueden utilizar fondos públicos para salvar de la quiebra a las instituciones financieras”.

Ofrecen datos que describen la dimensión desmesurada de esos rescates: entre 2008 y 2015, los Estados miembros de la Unión Europea (UE), con el apoyo de las instituciones comunitarias, gastaron 747 mil millones de euros en distintos tipo de rescates o planes de ayuda, además de que comprometieron otros mil 188 billones de euros en garantías sobre pasivos.

Hasta octubre pasado, exponen Trumbo Vila y Peters, “los contribuyentes europeos habían perdido para siempre 213 mil millones de euros como resultado de esos paquetes de rescate”. Para ubicarse, esa cifra es equivalente al Producto Interno Bruto de Finlandia y Luxemburgo juntos o a tres años y tres meses del gasto militar de Rusia.

Hay algo más: tales paquetes de rescate –detallan– conllevan otro “coste oculto: los honorarios astronómicos –cientos de millones de euros– que cobran los expertos financieros que asesoraron a los gobiernos y a las instituciones de la UE acerca de cómo rescatar a los bancos”.

Las Cuatro Grandes

¿Y cuáles son los corporativos internacionales que han diseñado los paquetes de rescate más importantes? EY o Ernst & Young, Deloitte, KPMG y PWC (anteriormente PriceWaterhouseCoopers), conocidas como Las Cuatro Grandes y que operan como “un oligopolio de facto”, refiere el reporte de TNI. En la UE acaparan 61% de la cuota de mercado, pero en países como España o Italia esa proporción alcanza 80%.

El reporte acusa que esas consultorías globales fueron las responsables “de confirmar a los inversores y a los organismos reguladores que los bancos de la UE eran estables”, pero a pesar de haber cometido evidentes “graves errores”, éstas “siguen dominando el mercado”.

El documento dice: “Antes de su rescate, los bancos quebrados eran auditados de forma sistemática por alguna de las Cuatro Grandes empresas de auditoría del mundo. En todos los casos, otra de las Cuatro Grandes asumió la auditoría del banco rescatado. Hasta junio de 2016, las Cuatro Grandes también proporcionaban a los clientes otro tipo de servicios, lo cual daba lugar a numerosos conflictos de interés que, hasta la fecha, han tenido escasas o nulas consecuencias jurídicas”.

Ejemplos de ese relevo cómplice: el rescate de Bankia en España costó al erario público al menos 16 mil millones de euros. La auditora antes del rescate fue Deloitte y después fue EY con asesoría de Lazard, una consultoría financiera de origen estadunidense que domina el mercado mundial de programas de privatización de empresas públicas.

En Holanda, el rescate de ABN AMRO dejó pérdidas de más de cinco mil millones de euros. La auditora anterior al rescate fue EY, el año del rescate fue Deloitte y posteriormente fue KPMG con asesoría de Lazard.

El rescate del Royal Bank of Scotland en Reino Unido tuvo como pérdidas previstas para el Estado 34 mil millones de euros. Deloitte fue la auditora antes y después del rescate y a partir de 2016 EY asumió esa tarea con la asesoría alemana de Rothschild. El salvamento del Irish Bank Resolution Corporation dejó pérdidas por más de 36 mil millones de euros y corrió a cargo de KPMG, que junto con EY también auditó al banco antes del rescate.

Un caso griego fue el rescate de Eurobank, en el que el Estado de ese país perdió 10 mil millones de euros. La casa auditora antes y después del rescate fue PriceWaterhouseCoopers, apoyada por Lazard.

El escándalo de Eurobank

Lo que sucedió con Eurobank, tal como lo narra el reporte holandés, es un escándalo.

En enero de 2015, el entonces ministro de Finanzas de Grecia, Yannis Varoufakis, estimaba que casi 90% del dinero del rescate se destinaba al pago de la deuda, de los intereses y a la reestructuración bancaria, mientras el 10% restante financiaba los costos operativos del Estado.

En gasto importante fue el rescate público de los bancos quebrados y casi se utilizaron 50 mil millones de euros directamente para recapitalizarlos y estabilizar el sector financiero. Para ello el gobierno griego nacionalizó una serie de bancos, entre ellos el Eurobank, del que adquirió 95% de su capital a un precio de 1.54 euros por acción, que significó el pago de cinco mil 800 millones de euros. En sólo dos meses, para recapitalizar al banco Grecia gastó 13 mil 300 millones de euros con préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

Tiempo después, con el asesoramiento financiero de Lazard y la aprobación del Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea, el gobierno griego lanzó una emisión de acciones de Eurobank para reunir más capital y para que éste recuperara su propiedad. Pero “a pesar del interés de los inversores” –expone el reporte–, el precio de las acciones se fijó 80% por debajo del precio que pagó Grecia y por debajo del valor que estaba cotizando en la Bolsa de Atenas.

Consecuencia: sólo ingresaron dos mil 800 millones de euros, los contribuyentes griegos y europeos perdieron más de 10 mil millones de euros en la operación, la participación del Estado griego en Eurobank se redujo a 35% y su capital cayó de 13 mil 300 millones de euros a únicamente dos mil millones de euros.

PWC, que era la auditora de Eurobank –relata TNI–, “no había advertido de ningún posible riesgo antes de que se necesitara el rescate”, pero hasta la publicación del informe seguía siendo la auditora del banco. Y no sólo fue un negocio redondo para PWC: según el reporte, a pesar de las pérdidas registradas por el paquete de rescate diseñado por Lezard, esa empresa ha conservado su papel de principal asesora del gobierno griego.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 3 de mayo de 2017 en el portal de la revista PROCESO.Lee aquí el texto original➜