Los países europeos hacen gala de un doble discurso. Por un lado, se conduelen de la tragedia y se solidarizan con la miserable situación de los migrantes que huyen de sus países y arriesgan la vida en su afán de llegar a zonas seguras; pero por otro lado, no los quieren recibir en sus territorios y ponen trabas, establecen cuotas… sólo quieren mantenerlos lejos. Pese a que la sangre nueva es indispensable para mantener en funcionamiento economías aquejadas del envejecimiento de su población trabajadora, el conservadurismo, el ultranacionalismo y el racismo se imponen en el Viejo Continente.

BRUSELAS (Proceso).- La población de los países de la Unión Europea (UE) envejece aceleradamente; por tanto, sus prósperas economías necesitan y necesitarán en las próximas décadas, que millones de nuevos trabajadores extranjeros ingresen a su mercado laboral para así poder sostener el actual ritmo de bienestar.

Paradójicamente, los discursos antiinmigrantes de los políticos europeos, azuzados por la llegada de numerosos refugiados, son cada vez más radicales y atractivos para una masa de votantes golpeada por la reciente crisis económica y a la cual le inquieta su futuro.

Los partidos políticos ultranacionalistas no proponen únicamente cerrar las fronteras a los inmigrantes. El Frente Nacional francés habla de quitarles los servicios sociales a los que tienen derecho una vez que se encuentran dentro del país. El líder de la extrema derecha holandesa, Geert Wilders, aboga por prohibir la entrada a los inmigrantes de credo musulmán, mientras que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, impulsa desde el poder una campaña islamofóbica y rechaza las cuotas simbólicas de acogida de refugiados, como lo han hecho otros gobiernos de esa región europea.

Ahuyentar la inmigración no resulta razonable frente a la lógica matemática y estadística. Ésta advierte que hay una apremiante necesidad de trabajadores foráneos que puedan llenar los cada vez mayores vacíos laborales.

De acuerdo con informes del Centro de Política de Migración (CPM, institución cofinanciada por la UE y con sede en Florencia), los actuales 28 Estados asociados al bloque regional se quedarán en sólo 20 años (entre 2015 y 2035) sin 40 millones de ciudadanos en edad de trabajar. De ellos, 32 millones son jóvenes de entre 20 y 34 años. Y si la cuenta se efectúa del año 2010 a 2050, la pérdida estimada de trabajadores se eleva a 87 millones, lo que representa nada menos que 27% de la fuerza laboral de la Unión Europea.

Atraer mano de obra internacional en el mediano y largo plazos “es una cuestión estratégica” para la UE, afirmó el CPM en su informe Explorando nuevos caminos legislativos para la migración laboral en la UE. Tal documento, elaborado en 2015 a solicitud del Parlamento Europeo, advierte que si no abren realmente su mercado de trabajo a los inmigrantes, los europeos no podrán remontar su sangría demográfica ni mantener su competitividad global o continuar un crecimiento económico sostenido, y mucho menos conservar sus sistemas de bienestar.

En otro informe del centro, titulado De refugiados a trabajadores, publicado en enero de 2016, el CPM señala que 83% de quienes buscan asilo en Europa tiene menos de 35 años, por lo que ellos pueden reducir la falta de trabajadores “al menos” durante las próximas dos décadas y media.

El economista español Iván Martin es profesor del CPM y uno de los principales coautores de ambos informes mencionados. En entrevista con Proceso expone el panorama: “En prácticamente todos los países de la UE existen sectores donde los trabajadores nacionales no cubren las necesidades del mercado laboral. Parece una paradoja, porque hay altos niveles de desempleo, pero lo que sucede es que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, ya sea por cualificaciones o por salario y condiciones de trabajo: los nacionales no quieren empleos mal pagados y sin buenas prestaciones sociales”.

Un asunto técnico

El experto, también consultor de varias instituciones europeas, tiene una larga trayectoria de investigación en la materia. En años recientes se desempeñó como investigador del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona y del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de Madrid.

Su diagnóstico es grave: “El problema actual de las políticas migratorias europeas es que parten de una base errónea, según la cual es posible aislar Europa. Se pone más énfasis en pretender parar los flujos migratorios. La UE padece de una falta de políticas que orienten, seleccionen, gestionen e integren tales flujos. La UE recibió en 2015 una ola de refugiados equivalente a 0.19% de su población y eso desencadenó una gigantesca crisis. Eso significa que, más que a una crisis de refugiados, estamos frente a una crisis europea de orden político y social”.

Tampoco deja espacio a las apreciaciones: “Europa debe aprender lo antes posible a normalizar la convivencia y la integración de las corrientes de refugiados y de inmigrantes que necesita y cuyo número, según todos los análisis, seguirá creciendo en el futuro. Aunque honradamente no percibo un escenario para que la UE o los gobiernos nacionales desarrollen esas políticas”.

Expone que la actual migración está resintiendo décadas de “una mala gestión política” del proceso de integración de las generaciones precedentes, que terminó causando un caldo de cultivo favorable a las actitudes populares de rechazo. Considera que será “muy difícil” que cambie la actitud social y de la clase política tan negativa a la migración.

Abunda en sus argumentos: “Es una cuestión que sólo se logrará con pedagogía social y será lento. El problema es que no hay ahora mismo en Europa un liderazgo que la encabece. Lo fue alguna vez la canciller alemana Angela Merkel, que se comprometió con la acogida de los refugiados y una política migratoria más abierta. Pero eso acabó cuando tuvo que retractarse porque el clima político no le favorecía”.

La política migratoria, explica, consiste en la regulación de dos elementos: la cantidad de migrantes que entran y cómo serán seleccionados. “Europa necesita trabajadores. Es una realidad técnica indiscutible. Es más discutido el tipo de trabajadores que necesita. Y necesitará calificados, pero también no calificados”.

Relata un caso emblemático que prueba lo anterior. En 2012, cuando el Partido Popular llegó al gobierno en España, una de las primeras medidas que tomó fue anular un programa de migración temporal con Marruecos para recoger fresas en el sur del país, en Huelva, el cual llegó a contar con 13 mil trabajadores anuales. El PP argumentó que había 5 millones de desempleados en España que exigían esos empleos.

El resultado, narra Martin, fue terrible: “Las autoridades se encontraron con que las fresas no se recogían porque ni siquiera los españoles desempleados, incluyendo muchos marroquíes instalados en España, estaban dispuestos a trabajar por 600 euros al mes recogiendo fresas durante nueve horas diarias. Preferían ganar 400 euros del seguro de desempleo sin trabajar. Puede parecer económicamente ilógico, pero tuvieron que restablecer rápidamente ese sistema y traer de la noche a la mañana a casi 5 mil trabajadores de Marruecos para que no se pudriera la fresa”.

La Comisión Europea elaboró en 2014 un reporte sobre las que llamó “ocupaciones de cuello de botella”; es decir, aquellas donde hay un exceso de la demanda. “Ocho de las 20 ocupaciones identificadas son consideradas altamente calificadas. Las otras 12 no. Se trata de conductores, enfermeras, empleados del sector servicios o trabajadores agrícolas e industriales. Observamos que hoy mismo el mercado laboral europeo ya tiene necesidad de mano de obra”, refiere Martin.

La lógica de los mercados

Confrontados a una fuerte competencia, los jóvenes europeos han sido empujados a pasar más tiempo estudiando y capacitándose. Ese fenómeno, alerta el CPM, provocará que en el futuro la demanda de esos empleos se desplome, en tanto que aquella de trabajos menos cualificados se elevará.

Esa situación ya afecta a los profesionistas europeos más capacitados: un tercio de ellos está ejerciendo trabajos que no corresponden con su nivel de estudios, sobre todo en Grecia, Lituania, España, Portugal, Irlanda e Italia, según un estudio del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

Este mismo centro precisa que únicamente Suecia, Austria, Alemania y Bélgica, países donde los índices de desempleo son inferiores que el resto, requieren “críticamente” trabajadores altamente calificados. Otros dos importantes mercados laborales, los de Francia y el Reino Unido, también los necesitan, pero a la par que aquellos con bajas calificaciones.

En cambio, los países del sur y del este europeo demandan mayoritariamente trabajadores con poca o mediana preparación. Rumania, Eslovaquia y Hungría están entre esos Estados afectados; y sin embargo, sus gobiernos han sido de los más reticentes a aceptar refugiados o inmigrantes económicos.

Aunque la UE carece de información precisa sobre el nivel de estudios de los refugiados, algunos datos disponibles de Eurostat –citados en los informes del CPM– arrojan que entre 30% y 40% de los demandantes de asilo cuentan con educación primaria y otro 50% con secundaria. Únicamente 15% fue a la universidad o cursó un grado superior. Un tercio de esa masa de sangre nueva laboral proviene de Siria, 14% de Afganistán y 10% de Irak.

El informe De refugiados a trabajadores, confirma: “El bajo perfil de conocimientos de los actuales refugiados y demandantes de asilo no debe ser un gran obstáculo para que accedan a los mercados europeos de trabajo, ya que la mayoría de los análisis y pronósticos indican que la vasta mayoría de escasez de oferta laboral está relacionada con ocupaciones de esta categoría”.

Pero los refugiados no son el único grupo migratorio con potencial para llenar las necesidades europeas de fuerza laboral. Cada año, los Estados de la UE entregan 450 mil permisos de residencia a estudiantes extranjeros y otros 650 mil a personas que entran a vivir con sus familiares ya legalmente instalados. Además, del millón 300 mil demandas de asilo que se solicitaron en 2015 a los países de la UE (adultos y menores de edad), 750 mil prosperaron.

Sin embargo, sólo 20% en promedio de esos permisos de residencia incluyen también la autorización para trabajar: muchos inmigrantes pueden vivir en Europa pero no buscar legalmente un salario.

El informe del CPM solicitado por el Parlamento Europeo es enfático al respecto: “Una porción significativa de aquellos migrantes que entran a la UE por razones que no son laborales terminan accediendo al mercado de trabajo europeo de una u otra forma. La UE no debe ignorar esos flujos, que contabilizan entre 65% y 75% de su totalidad”.

Martin completa la radiografía: “En términos de cantidad, la UE podría colmar sus necesidades de mano de obra y demográficas si todos los inmigrantes y refugiados que obtienen un permiso de residencia pudieran trabajar y llenaran las calificaciones necesarias, lo cual no se cumple. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico observa que los refugiados, demandantes de asilo y los beneficiarios de la reunificación familiar tardan hasta 20 años en incorporarse al mercado de trabajo en las mismas condiciones que los locales. Al cabo de 10 años la mitad de ellos no trabaja”.

Bajo su óptica, la UE comete un error al no facilitar que los estudiantes internacionales, “ya formados y socialmente integrados”, puedan quedarse a trabajar. Señala que también será necesario facilitar la contratación de trabajadores extranjeros, tal como lo hace Suecia, que expide automáticamente un permiso laboral a quien encuentra un empleo que cumpla con la ley, lo cual, sin embargo, no es suficiente para paliar el problema.

La situación es tal que en sus informes incluso se recomienda emitir visas de búsqueda de empleo, sistema que ha implementado Canadá, acota Martin.

Y señala que en el caso de los migrantes indocumentados hay margen en Europa para regularizar a quienes hayan obtenido una ocupación demandada por el mercado. Pone de ejemplo la regularización que efectuó en 2005 el gobierno español y que inyectó 800 mil trabajadores de golpe a la economía nacional.

–Los políticos populistas temen un efecto de llamada incontrolable si se favorece la inmigración, ¿es posible este escenario? –se le pregunta a Martin.

–No sólo eso. Hay que temer una avalancha de problemas sociales y de gasto público vinculados. Trabajo en países de África subsahariana. Acabo de estar en Kenia, Uganda, Nigeria, Costa de Marfil, Ghana, Mali y Senegal. La dinámica geográfica de esos países puede provocar que el millón de refugiados que llegó en 2015 se convierta fácilmente en 5 millones al año y crear una crisis más grave. Para evitarlo, la política de migración legal debe ser complementada con otras de seguridad de las fronteras y lucha contra la migración irregular.

“Pero como no hay mecanismos de migración legal, la UE está incentivando que la gente venga como refugiado o irregular y una vez dentro no quiera irse de ninguna manera.”

Este reportaje se publicó en la edición 2102 de la revista Proceso del 12 de febrero de 2017.Aquí el texto original➜