BRUSELAS (proceso.com.mx).- La Comisión Europea puso en marcha una estrategia contra las filtraciones de documentos internos, con el propósito de “evitar daños a la reputación” de esa institución, lo que ha generado el enojo del sindicato que defiende a los funcionarios que se verán afectados.
La estrategia –divulgada el pasado 30 de septiembre, aunque tres días antes fue filtrada a la prensa– consiste en una campaña de comunicación y de entrenamiento entre el personal, bautizada como “días de ética”. En esas campañas, quienes laboran en la Comisión Europea serán advertidos de las sanciones a las que se arriesgan si entregan documentos a periodistas o individuos externos.
Esos funcionarios también deberán firmar cada año una cláusula de confidencialidad, y quien se niegue a hacerlo no tendrá permiso para acceder a las computadoras institucionales.
“El principal objetivo de la estrategia anti-filtraciones es garantizar que información sensible y confidencial sea protegida apropiadamente, evitando daño político y a la reputación de la Comisión”, señaló Irene Souka, la responsable del área de Recursos Humanos, durante una reunión con los directores generales de esa institución, el pasado 22 de septiembre.
Cinco días después, una fuente que permanece en el anonimato informó de la existencia de tal estrategia y filtró al sitio de noticias con base en la capital belga, Euractiv, el contenido de la misma.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya había “deplorado fuertemente” las filtraciones a la prensa durante una reunión que sostuvo con el colegio de comisarios (su gabinete) el 13 de enero de 2015, de acuerdo con las minutas del encuentro que obtuvo Euractiv.
En ese caso concreto, Juncker se quejó de que hubieran circulado en la prensa documentos preparatorios del Programa de Trabajo de la Comisión Europea para ese año.
Más aún, el presidente Juncker calificó las fugas de información como “una conducta inaceptable”, y amenazó con que tomaría cartas en el asunto.
Según el más reciente informe de la Comisión Europea sobre el acceso a los documentos públicos, al que tiene derecho cualquier residente de la Unión Europea (UE), se concedió “pleno acceso” en 68% de las solicitudes y sólo fueron rechazadas 16%, la mayor parte de ellas para proteger la intimidad de las personas involucradas.
Sin embargo, un estudio de la organización Statewatch señala que entre 2001 –cuando entró en vigor la directiva sobre acceso a documentos– y 2012 sólo ingresaron al registro público poco más de 13 mil documentos de un total de 117 mil clasificados como “restringidos”. Además, agrega Statewatch, 60% de los documentos entran al registro una vez que ya fueron adoptados y no durante el proceso legislativo, como lo ordenan las leyes europeas.
Por ejemplo, el contenido de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la UE y Estados Unidos (TTPI, por sus siglas en inglés) únicamente pudo conocerlo la opinión pública a través de filtraciones.
Igualmente, las directivas de negociación de la UE con el gobierno mexicano para la modernización de su acuerdo comercial fueron divulgadas por este semanario como resultado de una filtración. Anteriormente, una solicitud de acceso fue rechazada por la UE por tratarse de un documento “restringido” (Proceso No. 2072).
“Hostigamiento moral”
La Federación del Servicio Civil Europeo (FFPE, por sus siglas en inglés), el sindicato que protege los intereses de los trabajadores de todas las instituciones de la UE, protestó contra la mencionada estrategia anti-filtraciones.
En una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Programación Financiera y Presupuestos, Kristalina Giorgieva –a la que tuvo acceso el portal Euractiv–, la FFPE advierte que la estrategia terminará “incitando un hostigamiento moral” entre los empleados de la institución. Los funcionarios, alerta, serán sujetos a “prácticas inquisitorias”.
El sindicato considera que las acciones de la estrategia están “mal adaptadas” y que son “contraproducentes” y “engañosamente perniciosas”.
Pero eso no es todo. Visto en detalle, el FFPE se queja de que el plan es “poco claro” sobre el tipo de información que cubrirá y los límites de la divulgación que prohíbe. Lo único que causará, avisa, es la aparición de “un clima envenenado de desconfianza en las instituciones” de la UE.
El 26 de septiembre, un día antes de que fuera filtrada la estrategia, el jefe de voceros de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, presumió que la misma era “protagonista de la transparencia”. Para probarlo, Schiras recordó que Juncker había decidido al principio de su mandato hacer públicas todas las reuniones que sostuvieran sus comisarios y directores generales con cabilderos.
Sin embargo, la gran mayoría de esos encuentros –que dominan en 80% los cabilderos de empresas– se efectúan con funcionarios de niveles más bajos de la UE, aseguran informes de organizaciones independientes como Transparencia Internacional.
Apenas el pasado 28 de septiembre, la Comisión Europea dio a conocer su propuesta para el nuevo registro público de cabilderos. Para decepción de muchos, ésta no prohíbe que los altos funcionarios se reúnan con cabilderos no registrados con la autoridad, ni vuelve obligatoria tal inscripción, que se mantiene voluntaria.
Al respecto, Nina Katzemich, de la organización alemana LobbyControl, cuestiona: “Más de 10 años después de que la Comisión Europea presentó un registro público de transparencia de cabilderos, aún falla en cumplir el elemento más importante: un acto legal que lo haga obligatorio a todos ellos”.
Casos
En los últimos meses, la Comisión Europea ha estado en el torbellino de escándalos políticos que han golpeado su liderazgo como institución simbólica de la voluntad de integración regional.
Su propio presidente fue protagonista en el llamado caso Luxleaks, las filtraciones de documentos con cientos de acuerdos cerrados entre el gobierno de Luxemburgo y empresas trasnacionales para evadir impuestos. En la época en que se negociaron tales acuerdos Juncker era primer ministro y ministro de Finanzas de ese ducado.
Los acuerdos, aunque legales, fueron duramente cuestionados no sólo por las autoridades fiscales europeas y el Parlamento Europeo, sino también por las organizaciones defensoras de la libertad de expresión cuando el gobierno luxemburgués decidió llevar a juicio a los dos ciudadanos franceses que denunciaron tales acuerdos –que en junio pasado fueron encontrados culpables– y al periodista que los divulgó.
Hasta ahora Juncker ha logrado esquivar las exigencias de que se apresure a proponer una ley que proteja legalmente en la UE a quienes filtren documentos de interés público.
Otra protagonista de un escándalo que dañó recientemente la imagen de la Comisión Europea es la excomisaria de Competencia y vicepresidenta de la institución, la holandesa Neelie Kroes.
En septiembre pasado, las filtraciones sobre cuentas bancarias opacas radicadas en las Bahamas sacaron a la luz pública que Kroes aparecía como directora de una sociedad de nombre Mint Holdings, creada para invertir en la petrolera estadunidense Enron antes de que finalmente quebrara. Kroes no declaró esa empresa offshore mientras fue comisaria de competencia entre 2004 y 2010, como lo dicta el código ético de la Comisión Europea.
La otrora llamada “dama de hierro holandesa”, por su estricta posición frente a las multinacionales cuando fue comisaria, primero negó la información y luego dijo que todo se debía a un “descuido administrativo”, pues no habían borrado su nombre, aun cuando ella no llegó a ocupar ese cargo.
Años antes, en 2004, el diario The Wall Street Journal reveló que Kroes tampoco había declarado que fue asesora de la empresa armamentista Lockheed Martin cuando ésta estaba ligada a la italiana Finmeccanica, que enfrentaba una investigación de la Comisión Europea.
En ese entonces Kroes se defendió de las acusaciones de conflicto de interés alegando que el código de ética no la obligaba a declarar esa asesoría porque se trataba de una consulta para un proyecto específico.
Desde mayo pasado, Kroes trabaja para la compañía de taxis Uber, a la que tanto respaldó cuando fue comisaria de competencia.
Expediente Barroso
El caso que más polémica ha despertado es el del expresidente de la Comisión Europea, Manuel Durao Barroso, quien hace meses aceptó el puesto de presidente no ejecutivo y consejero de Goldman Sachs International, la institución bancaria que ayudó a maquillar las cuentas del gobierno griego para que el país pudiera ingresar al mercado de la moneda única euro.
Grecia cayó en la bancarrota y provocó la terrible crisis financiera europea posterior a 2007 con la que debió lidiar Barroso.
La noticia acerca de su nuevo puesto generó tal ira en la opinión pública europea que el personal de las instituciones de la UE giró una petición para que se investigara si el expresidente de la Comisión Europea había actuado con integridad al aceptar el empleo en Goldman Sachs y para que se le retiraran las prestaciones correspondientes a su antiguo trabajo.
El pasado 6 de septiembre, la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, también instó a Juncker a tomar medidas en el caso, “aclarar la posición” de la Comisión al respecto y considerar evaluar el daño causado a la reputación de la misma.
Aunque Barroso respetó el tiempo de 18 meses para tomar su nuevo empleo, la ombudsman considera que lo sucedido orilla a la autoridad a estudiar mejor caso por caso y adaptar el código de conducta.
Pero hay más: el diario danés Politiken reveló la semana pasada que Barroso está recibiendo 7 mil euros de pre-pensión por haber sido presidente de la Comisión. También el rotativo portugués Publico divulgó, con base en documentos obtenidos por la ley de transparencia, que Barroso había sostenido reuniones con gente de Goldman Sachs mientras presidió la Comisión, las cuales no registró porque todavía no era obligatorio hacerlo.
En un correo electrónico del 30 de septiembre de 2013, el director general de ese banco, Lloyd Blankfein, agradeció a Barroso sus “productivas discusiones” y expresó que los altos directivos estaban encantados con sus “muy fructíferos encuentros”.
Barroso no reconoce nada de inmoral en su conducta y alega que, en este caso particular, verse con banqueros era parte de su trabajo como dirigente de la Comisión Europea.
*Este reportaje fue publicado el 8 de octubre de 2016 en la sección Prisma Internacional del portal de la revista PROCESO.
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