BRUSELAS (apro).- Quienes filtran documentos confidenciales de interés público deben ser tratados como delincuentes. Así lo ha considerado el Gran Ducado de Luxemburgo, apenas un mes después de que alguien filtrara a través de un periódico alemán y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) los llamados Papeles de Panamá: un volumen extraordinario de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca que registran la existencia de 214 mil entidades offshore que ocultan dinero en 21 paraísos fiscales.

Con esa postura, Luxemburgo ha decidido desafiar al amplio movimiento político y ciudadano global, particularmente fuerte en Europa, que exige la pronta elaboración de un marco jurídico que proteja a quienes por interés público realicen filtraciones de información, es decir a los informantes, también conocidos como “filtradores”, whistleblowers en inglés o, por su traducción del francés, “lanzadores de alerta” dada su función ética.

El pasado 3 de mayo, el fiscal del Estado luxemburgués David Lentz pidió una pena de un año y medio de prisión con libertad condicional y multa tanto para Antoine Deltour como para Raphaël Halet. Esos dos antiguos empleados franceses de la consultora PwC (PricewaterhouseCoopers) son juzgados por el tribunal correccional de Luxemburgo por haber extraído y entregado documentos secretos de la oficina local de la firma a un periodista también galo. Tal masa de documentos incluía 458 acuerdos fiscales de evasión de impuestos entre la autoridad de ese país y 350 trasnacionales.

Esos acuerdos tributarios, completamente legales en Luxemburgo pero inmorales en cualquier parte del mundo para muchos, fueron divulgados primero por el programa Cash Investigation de la televisión pública francesa en mayo de 2012, y luego otras tandas más por el ICIJ en noviembre y diciembre de 2014. Edouard Perrin, el periodista que recibió las filtraciones, está igualmente sentado en el banquillo de los acusados: la justicia luxemburguesa lo acusa de haber manipulado a Halet.

La naturaleza del proceso ha generado indignación: Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea, la institución de la Unión Europea (UE) que debe luchar contra la evasión fiscal empresarial, era a la vez primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo cuando se llevaron a cabo esos acuerdos.

No menos polémico ha sido el desarrollo del juicio, pues ha estado sesgado a favor de la parte acusatoria. Para empezar, la investigación del caso, que derivó en la acusación de los tres franceses, reposa casi por completo en la que realizó la propia PwC y que entregó a la policía tiempo después. Los abogados de la defensa acusan un elemento de “colusión” en ese hecho.

Durante el juicio, el comisario Roger Hayard calificó de “neutra y objetiva” la investigación interna de PwC y a Deltour de “anticapitalista”, conclusión a la que llegó tras leer su perfil de Facebook y porque el acusado estaba inscrito al hilo de noticias del diario electrónico francés Mediapart, que dirige, subrayó el policía, alguien que ha criticado las actividades financieras de Luxemburgo (Edwy Plenel, antiguo director del diario Le Monde).

–“No soy anticapitalista. Soy reformista y me identifico con el pensamiento de André Comte-Sponville”, contestó Deltour a pregunta de su abogado. El acusado se refería al filósofo humanista francés que en 2008 fue nombrado integrante del Comité Consultivo Nacional de Ética por el entonces presidente de derecha Nicolás Sarkozy.

En otra ocasión, el fiscal Lentz le pidió a Perrin que le explicara qué es un “periodista de investigación” y “cómo hace sus investigaciones”. Su intención era probar al tribunal que el reportero de Cash Investigation e ICIJ había organizado la fuga de información, acusación basada en el simple hecho de que él le pidió a Halet abrir una dirección de correo electrónico para la transmisión de los documentos.

–“No sé, para mí cualquier periodista investiga”, contestó Perrin.

Lentz insistió, ahora con un tono burlón:

–Cuando el señor Halet le informa que se encontró un tesoro, ¿usted se puso como un niño delante de una tienda de juguetes?”.

–“No –respondió Perrin–, soy extremadamente desconfiado”.

La fecha prevista para el fallo es el 29 de junio. Si no declara la inocencia de los tres inculpados y los condena, la justicia del país con el mayor producto interno bruto per cápita del continente y fundador de un proyecto de integración regional cimentado en los valores democráticos, la UE habrá menospreciado el derecho ciudadano a la información y el principio de la defensa del interés público sobre lo demás.

Lo que más preocupa a las organizaciones defensoras de los derechos civiles y el ejercicio periodístico es que el Parlamento Europeo acaba de votar a favor de una directiva que pareciera que quiere proteger los “secretos comerciales” contra eventuales fugas informativas y la acción de periodistas incómodos que las publiquen. La aprobaron 503 eurodiputados y apenas se opusieron 131. No importó que más de 530 mil ciudadanos firmaran una petición contra la directiva, ni que 54 ONG lanzaran un llamado común en el mismo sentido y tampoco la oposición de sindicatos, asociaciones periodísticas y abogados especializados en ese campo.

En 2010 un grupo de trasnacionales estadunidenses y europeas pidió a la Comisión Europea que propusiera una directiva que luchara contra el espionaje industrial y comercial entre empresas en la UE. Tres años más tarde fue presentada una primera propuesta… que se apoyó en las sugerencias de los abogados corporativos y que incluía a los periodistas y a los “filtradores” como potenciales amenazas.

De manera vaga, “secreto comercial” es definido en el texto como cualquier “savoir-faire (competencia) o informaciones” con “un valor comercial, efectivo o comercial”, y cuya “obtención, utilización o divulgación ilícita es susceptible de dañar los intereses de la persona que los controla”. Ya no se trataba de combatir la competencia desleal sino de asegurar legalmente la custodia de su información confidencial contra cualquier divulgación, como si fuera un asunto de propiedad intelectual.

Fue hasta finales de 2014, cuando el Consejo de los Estados miembros de la UE la adoptaron, que la sociedad civil descubrió esa directiva y se movilizó. Logró que el Parlamento Europeo la modificara, de manera que se excluyera a periodistas y “lanzadores de alerta”. Pero sólo se les protege de manera limitada. De acuerdo con la directiva, sólo podrán acogerse a esa exclusión si con su preceder “protegen el interés público general” y si revelan “una falta, una malversación o una actividad ilegal”. El problema es que quizás no caerían en esa categoría ciertas denuncias relativas a derechos humanos o a riesgos a la salud y al medio ambiente, advierten ONG.

¿Y quién decidiría la suerte de un inculpado? Un juez, según su criterio y caso por caso, lo que no despeja la incertidumbre. No existe la seguridad de que, por ejemplo, quien haya filtrado los Papeles de Panamá pudiera librar la cárcel. Con Julian Assange o Edward Snowden se evocó la seguridad nacional por sus revelaciones de carácter político; Europa está cerrando la pinza estableciendo un cuadro legal tramposo en el terreno “comercial” para conseguir el mismo objetivo: impedir y castigar las filtraciones. Un periodista de la cadena inglesa de noticias BBC le preguntó a la eurodiputada que llevó las negociaciones de la directiva en el Parlamento Europeo, Constance Le Grip, del grupo del Partido Popular Europeo, si ella podía garantizar que los periodistas y los “filtradores” estarían de ahora en adelante bien protegidos.

–“¡Yo no soy juez!”, respondió.

Petit Biscuit

La plataforma anónima de filtraciones MexicoLeaks, de la que forma parte Proceso, está nominada a los premios FRIDA 2016 para proyectos digitales de América Latina que promueven la democracia y las libertades en el ciberespacio. Hace casi una década el investigador Ernesto Villanueva escribió: “En México se desconocen no sólo la figura del whistleblower (informante) sino las ventajas que traería su incorporación en la normativa jurídica. Para llenar ese vacío ahora se recurre en nuestro país a las filtraciones anónimas de actos de corrupción que son por todos conocidas, animados sus filtradores en que, por ahora, es la única vía posible para denunciar un hecho o acto de corrupción”. Derecho a saber: balance y perspectivas cívicas. Los whistleblowers y el Estado de derecho en México. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 2007.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 18 de mayo de 2016 en el portal de la revista PROCESO. Aquí el texto original➜