Odia a los migrantes, ansía controlar al Poder Judicial y a los medios, construye un muro en su frontera… Se trata de Viktor Orbán, el ultraderechista primer ministro húngaro, cuya medida más reciente intenta acallar a todas las organizaciones no gubernamentales que buscan caminos democráticos para Hungría. Así, su recién aprobada ley sobre transparencia de las ONG trataría a las que reciben recursos del exterior como “agentes extranjeros”, tal como ya ocurre en Rusia, donde más de 30 de esas instancias han desaparecido.

BRUSELAS (Proceso).- Ondeando banderas húngaras o de la Unión Europea (UE), y con música electrónica de fondo, muchas personas, jóvenes en su mayoría, se reunieron el pasado 15 de abril en la Plaza de la Libertad, en Budapest, para protestar contra las nuevas disposiciones del gobierno conservador de Viktor Orbán, del partido Unión Cívica Húngara (Fidesz), las cuales pretenden amordazar a las ONG y a la conocida Universidad Centroeuropea, del millonario estadunidense George Soros.

“Hoy nos manifestamos contra la política de intimidación de Viktor Orbán. No nos callarán mientras los políticos continúen traspasando la línea roja”, exclamó Áron Lukács, integrante del Colectivo Aurora, organizador de la “manifestación musical”.

Fundado en 2014, el Colectivo Aurora está formado por ocho ONG que defienden el derecho a mejor educación, salud o servicios sociales, a la protección de las minorías étnicas, la población más vulnerable y la diversidad sexual o cultural, además de ofrecer talleres de arte popular o capacitación en materia de comunicación para las organizaciones no gubernamentales.

El colectivo gestiona con entusiasmo un centro comunitario localizado en un barrio multiétnico de la capital húngara.

Pero la nueva Ley sobre Transparencia de Organizaciones Financiadas desde el Extranjero, que presentó Orbán en diciembre de 2016 y se aprobó este martes 13 en el Parlamento Nacional, complicará su trabajo e incluso puede causar su disolución.

La nueva ley obliga a registrarse legalmente como “organización civil financiada desde el extranjero” a aquellas ONG que reciban de personas o entidades no húngaras, directa o indirectamente, al menos 25 mil dólares al año. Y tal adjetivo tendencioso deberá estar inscrito en todos los documentos que emitan los organismos afectados.

Como está indicado en su página de internet, Aurora es financiada por la Fundación Soros y la neoyorquina United Jewish Appeal-Federation.

“Las autoridades justifican la ley como un intento para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, cuando en realidad persiguen a las ONG que promueven el estado de derecho; la protección de los refugiados, migrantes y otros grupos marginalizados; que proveen servicios legales y sociales no otorgados debidamente por el Estado”, señaló Amnistía Internacional, cuya existencia en Hungría también peligra.

Entrevistado vía telefónica el pasado lunes 5, el vocero de Aurora, Daniel Mayer, dice a Proceso que la nueva legislación es una versión “aligerada” de la llamada “ley anti-ONG” que en 2012 introdujo en Rusia el presidente Vladimir Putin, y por medio de la cual las organizaciones rusas apoyadas por fondos del exterior son legalmente consideradas “agentes extranjeros”. Desde entonces, en ese país han cerrado más de 30 ONG.

Mayer afirma que el objetivo de Orbán es el mismo que el de Putin: “desacreditar a las ONG, ya que el gobierno trata de mostrar a la opinión pública húngara que no estamos siguiendo nuestras propias ideas o principios, y que somos marionetas de poderes extranjeros”.

El entrevistado comenta que los partidos de oposición al Fidesz “están totalmente desacreditados frente a la sociedad húngara y no son dignos de su confianza”.

Agrega: “Las ONG que defienden derechos humanos y luchan por más democracia sí son tomadas en serio por la gente, que cree y confía en ellas. Las ONG y la sociedad civil se convirtieron en fuertes críticos del gobierno de Orbán”.

“Estado mafioso”

Desde que llegó al poder en mayo de 2010, Orbán impulsó reformas constitucionales de corte autoritario dirigidas, por ejemplo, a ganar el control del aparato judicial o el de los medios públicos de comunicación.

Numerosas han sido las protestas masivas de una parte de la sociedad y las condenas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Unión Húngara por las Libertades Civiles o Amnistía Internacional.

Pese a las fuertes presiones, la UE –a la cual pertenece Hungría desde 2004– no había tomado represalias contra Orbán, debido en parte a que a éste lo protegen gobiernos y eurodiputados de derecha de otros Estados miembros.

Las provocaciones del primer ministro ultraconservador no cesan. A principios de abril pasado, el Parlamento aprobó una polémica ley propuesta por el gobierno, la de educación superior, que parece diseñada para empujar el cierre de la prestigiosa Universidad Centroeuropea de Budapest (Ceu).

Fundada por el millonario estadunidense de origen húngaro George Soros en 1991 –cuando cayó el régimen prosoviético–, la Ceu se ha convertido en un símbolo del pensamiento crítico y de los valores liberales en la región.

La universidad, registrada como una institución estadunidense, no cuenta, sin embargo, con una sede en Estados Unidos, requisito que exige la nueva ley de educación superior de Orbán para que pueda operar en Hungría.

Rectores de universidades como las de Columbia, Cambridge o Princeton; el exsecretario general de la ONU, Kofi Anan, y una larga lista de connotados científicos y académicos internacionales, e incluso el gobierno de Donald Trump –quien comparte con el primer ministro húngaro su aversión a Soros–, han exigido a Orbán que suspenda la ley por ser “discriminatoria y amenazar la libertad y la independencia académica”.

El pasado jueves 1, Soros acusó a Orbán de haber transformado a Hungría en un “Estado mafioso”.

Días antes, el 26 de abril, la Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra Hungría por existir una posible amenaza sistemática al estado de derecho. La ley infringe también los ordenamientos europeos de libertad de establecimiento y de prestación de servicios.

El caso puede ser juzgado por la Corte Europea de Justicia si el gobierno de Budapest no acuerda una solución con Estados Unidos, como se lo solicitó a Orbán la Comisión Europea, pero la Casa Blanca ya manifestó que no cuenta con autoridad ni tiene la intención de entrar en ninguna negociación sobre la operación de la Ceu.

Orbán se ha referido a Soros como un “enemigo del euro” y un “especulador que ha destruido las vidas de millones de europeos”, aunque a finales de los ochenta él mismo gozó de una beca del magnate.

El primer ministro húngaro también ha acusado a la UE de agarrarse de un “aspecto técnico legal” de la mencionada ley para castigarlo por su negativa a recibir refugiados y acudir a la Corte Europea de Justicia.

A ese respecto, el martes 13 la Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra Hungría por dicho rechazo a acatar el esquema comunitario de repartición de refugiados.

El 18 de mayo Orbán ya había recibido un duro revés cuando sus críticos en el Parlamento Europeo lograron que la institución aprobara (por 393 votos contra 221) una resolución que solicita activar el artículo 7 del Tratado de la UE, que suspendería los derechos de voto de Hungría en el Consejo Europeo (el órgano de decisión común de los Estados miembros). Tal medida, no obstante, nunca antes se ha concretado por su inviabilidad política.

Lo preocupante para Orbán es que su protección se resquebrajó: en su contra votó un tercio de los eurodiputados del grupo del Partido Popular Europeo, al cual está integrado el Fidesz. Lo defendieron españoles, italianos y alemanes (del partido de la canciller Angela Merkel), a quienes se unieron la extrema derecha (encabezada por la francesa Marine Le Pen) así como los nacionalistas británicos.

El Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo debe ahora redactar otra resolución que solicite la mencionada sanción y que tendrá que votarse en una próxima sesión plenaria.

Pendientes

Dos expedientes más persiguen a Orbán, quien desde hace años afirma que pretende convertir a Hungría en un “Estado no liberal” como Rusia, China o Turquía, donde “hay libertad” pero, acota, “con un enfoque especial nacionalista”.

La Comisión Europea examina la normativa establecida por el gobierno húngaro en febrero pasado –aprobada en marzo por el Parlamento– para detener por defecto a todo inmigrante sin papeles o demandante de asilo que llegue al país. Las ONG denuncian que los detenidos son encerrados en malas condiciones en campos ubicados en la frontera con Serbia y que pueden ser reenviados a ese país sin respetar su derecho a solicitar el asilo en Hungría.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados alertó que tal disposición “tendrá un impacto físico y psicológico terrible sobre hombres, mujeres y niños que ya han sufrido mucho”, y llamó a los demás países a suspender toda transferencia de demandantes de asilo a Hungría hasta que sus autoridades “ordenen sus prácticas y políticas con las leyes internacionales y de la UE”.

Alemania las suspendió el 11 de abril pasado. A Orbán pareció no importarle el descrédito internacional y dos semanas más tarde anunció el término de 155 kilómetros de valla fronteriza con Serbia.

La Comisión Europea estudia igualmente la legalidad de la consulta popular “Paremos a Bruselas”, que consiste en seis preguntas sobre supuestas imposiciones de la UE en materia de migración o economía y fueron estructuradas tendenciosamente para favorecer las controvertidas políticas de Orbán contra la acogida de refugiados y las ONG.

En abril o mayo de 2018 habrá elecciones legislativas en Hungría. Las más recientes encuestas dan ganador por tercera vez consecutiva (luego de 2010 y 2014) al Fidesz con entre 45 y 51% de los votos.

“No sabemos si la gente aguante saliendo a la calle, porque también podría aburrirse o desesperarse de que nada cambie”, apunta el vocero de Aurora.

El populismo, señala, “se extiende por toda Europa. La propaganda rusa está interesada en debilitar a las democracias del Este y en fortalecer a populistas como Orbán. Casi en todos los países europeos están lidiando con sus propios Viktor Orbán.

“Si toma decisiones duras en su contra”, expone el entrevistado, “la UE fortalecería a otros populistas en sus Estados miembros. Clamarían el fin de la democracia y muchos lo creerían. Esa es la tragedia: la UE está paralizada contra Orbán.

“Por eso”, concluye, “los propios húngaros tenemos que resolver nuestro problema: la UE puede asistirnos, pero no debemos contar con ella para tomar acciones, alzar nuestras voces y ponernos de pie”.

*Este reportaje se publicó en la edición 2120 de la revista Proceso del 18 de junio de 2017. Aquí el texto original➨