Aún no empiezan las negociaciones formales para concretar el Brexit y ya afloran las tensiones entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Varios temas son motivo de encono: un eventual acuerdo paralelo de acceso comercial al mercado único europeo, el control de la frontera de la República de Irlanda, los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y viceversa, y el pago, por parte de Londres, de los “compromisos económicos” que asumió como miembro del bloque y que pueden ascender a 60 mil millones de euros.
BRUSELAS (Proceso).- En junio pasado la mayoría de los británicos votó por la salida de su país de la Unión Europea (Brexit) bajo un fardo de promesas de los operadores de la campaña por el “sí”: el Reino Unido recuperaría su independencia y el control de su política migratoria, dejaría de pagar 440 millones de dólares de “injustas” contribuciones semanales a Bruselas y obtendría un acuerdo comercial tan favorable que podría mantener casi el mismo acceso que antes a los mercados de los otros 27 Estados miembros… y todo en un lapso de dos años.
Esas promesas se estrellaron contra la realidad: aunque las negociaciones entre ambas partes comienzan formalmente el mes próximo –después de las elecciones anticipadas del 8 de junio, a las cuales recientemente convocó la primera ministra Theresa May–, ya han surgido significativas fuentes de conflicto.
Esos diferendos amenazan con prolongar el proceso más allá de marzo de 2019, cuando finaliza el primer periodo de negociación, que puede ser extendido cuantas veces decidan las partes. Es más, existe la posibilidad de que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) terminen en pleito ante un tribunal internacional.
El encontronazo más fuerte sucedió apenas el pasado 26 de abril entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y May, quien lo invitó en esa fecha a cenar en su residencia oficial de Downing Street, junto con otros altos funcionarios, para discutir sobre las negociaciones.
El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung reveló el lunes 1 que May dejó “atónito” a Juncker cuando expresó que el acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos europeos en su país podía estar ya listo a finales de junio y que las negociaciones del divorcio podían tener lugar en bloques de cuatro días al mes y en secreto. Más aún, May pintó un Brexit “color de rosa” que pudiera calificarse de “exitoso” y aseguró que los británicos no están obligados legalmente a pagar “ni un centavo” a la UE por su retiro del bloque.
“Esto no es un club de golf, Theresa”, “el Brexit no puede ser considerado un éxito” o “estás subestimando la complejidad del acuerdo”, fueron algunas respuestas de Juncker, quien salió de esa reunión comentando que “entre más escuchaba a la primera ministra, más escéptico se volvía” en cuanto al buen resultado de las negociaciones.
Al otro día Juncker llamó por teléfono a la canciller alemana Angela Merkel. Le comentó que May “está viviendo en otra galaxia y está engañándose a sí misma”. Más tarde, Merkel declaró: “Un tercer país no puede gozar de los mismos derechos o ventajas que un Estado miembro. Al parecer hay algunas ilusiones en el Reino Unido, pero son una pérdida de tiempo”.
May acusó a los 27 países de la UE de unirse “para oponerse al Reino Unido”, por lo que, auguró, “las negociaciones serán duras”.
Enfoque “irreal”
Jean-Claude Juncker adelantó en febrero pasado que las negociaciones durarán seguramente “más de 24 meses” en vista de la complejidad del proceso.
Dos meses antes, cuando el embajador británico ante la UE, Ivan Rogers, realizó el mismo señalamiento que Juncker en un memorando –filtrado en la prensa británica–, el diplomático fue forzado a dimitir. En su carta de renuncia acusó a su gobierno de defender un planteamiento “irreal”.
Para comenzar, Londres y Bruselas disienten en un aspecto tan básico como la secuencia de las negociaciones: el gobierno de May se empeña en negociar al mismo tiempo un acuerdo de salida y otro de acceso comercial al mercado único europeo. Así lo expresó la primera ministra el 29 de marzo pasado al activar el procedimiento formal de separación (el artículo 50 del Tratado de Lisboa).
Pero los negociadores europeos, conscientes de que el mercado regional –tres veces más grande que el estadunidense– es el mayor destino para los exportadores británicos, se oponen categóricamente, posición que sostienen Merkel y el presidente francés, Francois Hollande.
El 31 de marzo pasado, durante la presentación del primer borrador de las directrices de negociación, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo (el organismo donde toman sus decisiones los jefes de Estado de la UE) aseguró que la hoja de ruta británica “no se realizará”. A menos, dijo, que previamente haya “suficientes avances” en las pláticas de salida.
Y así quedó estipulado, junto con otras duras condiciones, en las directrices de negociación aprobadas por el Consejo el pasado 29 de abril –tres días después de la cena en Londres–, las cuales, de ser necesario, serán sometidas a nuevas actualizaciones.
La UE condiciona cualquier discusión comercial al pago de los “compromisos económicos” que asumió el Reino Unido como Estado miembro, y que, por otro lado, se garanticen los derechos de sus respectivos ciudadanos que viven en el territorio de la contraparte.
Otro tema “prioritario” para los europeos es ponerse de acuerdo en cuál es la mejor manera de preservar la gestión de los 500 kilómetros de frontera –actualmente “blanda” gracias a los acuerdos de paz de 1998– entre Irlanda del Norte, que se separará también al formar parte del Reino Unido (aunque la mayoría de su población votó en contra), y la República de Irlanda, un Estado de la UE.
La cuestión fronteriza implica un rompecabezas logístico y mucho diálogo político entre el gobierno de Londres y el norirlandés para poder establecer una administración fronteriza que, además, se ajuste a las leyes de la UE. Los otros asuntos plantean un problema mayor al gobierno de May, que debe enfrentar las protestas a todos niveles de los simpatizantes del Brexit.
El caso es que los negociadores europeos han explicado que junto con sus pares británicos elegirán el método para calcular la factura de salida. Los primeros estiman que ésta oscila entre 40 y 60 mil millones de euros, monto equivalente a lo que costaría organizar cinco veces los Juegos Olímpicos de Londres, subrayó la revista The Economist.
Un estudio independiente del reconocido think tank británico Centre for European Reform arrojó que tal rango se extiende entre los 24 y los 73 mil millones de euros, dependiendo de cómo se hagan las cuentas.
Los políticos a favor de una salida terminante y ciertos medios de comunicación que apoyan el Brexit aseguran que el país no tiene la obligación legal de asumir esa deuda. Si esa fuera la ruta elegida, el Reino Unido podría abandonar unilateralmente su membresía a la UE, que entonces estaría facultada para demandar al Estado británico ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por no acatar la Convención de Viena sobre derechos de los tratados internacionales.
Adeudos
El Reino Unido aprobó junto con los otros 27 Estados miembros el marco presupuestal de la UE que abarca siete años y finaliza en 2020.
Los negociadores europeos exigen a Londres que finiquite el “saldo a liquidar” del periodo entero (lo que falta por pagar), además de lo que adeuda a los programas comunes de inversiones –incluso si se ejercen después de su salida–, los cuales son destinados en su mayor parte a fondos de ayuda para los países más pobres de la UE.
Adicionalmente, Londres tendría que dejar liquidada la contribución económica que le corresponde en el fondo de pensiones para funcionarios cuyos salarios son financiados con recursos propios de la UE, y que no solamente se ocupe de aquellos de nacionalidad británica.
May ha señalado que pugnará por un Brexit ordenado, pero también ha advertido que su país no piensa conceder “cantidades colosales”.
A principios de marzo pasado, May afirmó: “Me queda claro que cuando los británicos votaron el 23 de junio (de 2016) para dejar la UE, votaron para que no paguemos en el futuro fuertes sumas de dinero cada año a la UE”.
En ese contexto, la primera ministra es presionada por miembros de su partido, el Conservador, y de su propio gabinete –como el canciller de Hacienda, Philip Hammond– para que desconozca cualquier adeudo con la UE y, más aún, exija a Bruselas la devolución de 9 mil millones de euros depositados en el Banco Europeo de Inversiones.
Los europeos se consideran en tal posición de fuerza que incluso la Comisión Europea reclama a los británicos que asuman otros gastos, como los de viáticos y transporte de los negociadores de ambas partes y los relativos a la organización de los encuentros especiales que deben tener los líderes de la UE para tratar el Brexit.
Y Londres tendría que efectuar ese desembolso en euros, y no en libras esterlinas, para que sean los británicos quienes carguen con los riesgos ligados al tipo de cambio, según contiene un borrador que elaboró esa institución para presentarla al Consejo Europeo y al que tuvo acceso el sitio de noticias Político el 20 de abril pasado.
Otra dura negociación: mientras que Londres pretende suspender la libertad de circulación de personas, la UE no quiere que sus nacionales pierdan sus derechos actuales de pensión, de residencia permanente luego de vivir cinco años en el Reino Unido o de reagrupamiento familiar, conferidos todos ellos por las leyes comunitarias.
Y los negociadores europeos juzgan que “la única solución” para salvaguardar esos derechos es que el gobierno británico acepte la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia (CEJ) en esa materia.
En su lugar, el gobierno británico ha propuesto crear una corte bilateral especial o un sistema informal sin jueces, pero sus contrapartes han respondido que sólo considerarían “un esquema de disputas alternativo” si fuera equivalente a la CEJ.
Finanzas y terrorismo
Incluso después del divorcio, romper el cordón umbilical que enlaza la isla con las normativas que rigen al resto de los 27 países no será sencillo.
Los negociadores europeos prevén que un “acuerdo transicional” entre en vigor al día siguiente de la salida del Reino Unido y dure el tiempo en que se negocie un acuerdo comercial definitivo.
Pero una vez más, los europeos exigen que durante ese periodo el Reino Unido se sujete a las leyes de la UE y continúe pagando sus contribuciones y dejando entrar los productos europeos a su mercado sin tarifas aduaneras (lo mismo en sentido contrario).
Lo que más preocupa a Londres es que ese acuerdo temporal excluye, entre otros, el intercambio de servicios financieros, un sector estratégico para la economía nacional al aportar casi 7% de los impuestos laborales y otros beneficios políticos y financieros más.
Un estudio del centro de investigación Bruegel estima que de instaurarse restricciones de acceso a las plazas bursátiles europeas, más de 3 mil altos puestos y casi 2 billones de euros en activos de bancos de inversión estadunidenses se marcharían de Londres –actual capital financiera del continente– hacia otros países de la región como Francia o Alemania, que buscan atraerlos a ciudades como París o Frankfurt.
En una sorpresiva muestra de capacidad ofensiva en las negociaciones, el pasado 25 de abril el portal EUobserver informó que, aconsejados por sus asesores, los líderes de la UE agregaron a sus directrices de negociación la advertencia a Londres de que también podrían quedar excluidos sus servicios financieros de cualquier acuerdo comercial a negociar, si el Reino Unido no acepta respetar las regulaciones y la supervisión de la UE.
Tal movimiento representa un duro golpe para May, quien en su notificación para activar el Brexit el 29 de marzo pugnó por un “acuerdo de libre comercio ambicioso” que cubriera los servicios financieros.
Los británicos no están indefensos en la negociación: la UE ya los exhortó a no intentar negociar con cada uno de los Estados miembros para dividirlos, ni chantajearlos con retirar la cooperación en materia de seguridad y afectar su lucha contra el terrorismo si Londres no logra un acuerdo comercial satisfactorio, tal como lo advirtió May en su notificación del Brexit.
Bruselas tampoco descarta que el Reino Unido intente posicionarse ventajosamente frente a la UE con prácticas de dumping fiscal, social y medioambiental, algo que, de acuerdo con Tusk, “haría muy difíciles las negociaciones comerciales”.
Y es que para el presidente del Consejo Europeo, en las negociaciones “no habrá un enfoque sancionador contra Reino Unido… y no lo habrá porque el propio Brexit ya es lo suficientemente” duro para la isla.
*Este reportaje se publicó en la edición 2114 de la revista Proceso del 7 de mayo de 2017. Aquí el texto original➜