Ocurre con tanta frecuencia que mucha gente ya no le da importancia. No denuncia. No se queja. Ni siquiera hay cifras confiables al respecto. Es la tortura. Juan Méndez, relator de la ONU, investigó esta problemática en México el año pasado, recogió testimonios y este lunes 9 presentará su informe en Ginebra. Golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias, presión psicológica son, de acuerdo con el documento, instrumentos cotidianos de las autoridades para obtener confesiones o, peor aún, para intimidar a periodistas o activistas sociales. Y el Protocolo de Estambul sigue sin aplicarse en el país…
“La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención (‘retención’) previo a la presentación judicial.”
Los párrafos anteriores forman parte del reporte dedicado a México que este lunes 9 presentará en Ginebra, Suiza, Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y el cual se deriva de la visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
La presentación del documento –que incluye recomendaciones al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto– ocurrirá durante el vigesimoctavo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El reporte de 22 páginas –copia del cual obtuvo Proceso– abunda en cuestionamientos a las autoridades mexicanas por su ineficiencia en la prevención, investigación y sanción de la tortura, la cual es utilizada “para castigar a los detenidos y extraer confesiones o información incriminatoria”, se explica.
En el reporte se dice que es “dificultoso” conocer el número real de casos de tortura en el país, pues no hay un registro nacional y cada estado dispone de sus propios datos; además, muchos casos no se denuncian “por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”, señala.
De cualquier modo, el relator especial estima que el número de denuncias y quejas es “muy alto” y, por lo tanto, “preocupante”. Refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 11 mil 608 quejas por tortura y malos tratos entre 2006 y abril de 2014; la del Distrito Federal, 386 entre 2011 y febrero de 2014, y la sociedad civil informó de “más de 500 casos” documentados entre 2006 y el año pasado.
Se cita igualmente una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la cual arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.
“Consistentemente –indica Méndez–, un alarmante número de los detenidos entrevistados alegó haber sido víctima de torturas luego de su detención.”
En ese sentido, asegura que en el Centro de Investigaciones Federales, donde se lleva a las personas bajo arraigo –detenidas sin cargos penales, a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), durante 40 días que pueden ser prorrogables al doble–, “prácticamente todas las personas entrevistadas alegaron haber sufrido torturas y malos tratos previo al ingreso”.
Más aún, el gobierno de Peña Nieto informó al relator especial que 432 de las 534 personas arraigadas en 2013 fueron consignadas; pero el representante de la ONU “lamenta no haber recibido información sobre el estándar de prueba para solicitar un arraigo, ni tampoco sobre el universo de personas consignadas que recibieron una sentencia condenatoria firme”. Los datos que obtuvo por otros canales indican que sólo 3.2% de las 8 mil personas arraigadas desde 2008 habría recibido una condena.
Por todo lo anterior Méndez llama “enérgicamente al Estado (mexicano) a terminar con el arraigo inmediatamente”, pues plantea que es una figura legal que “viola el derecho de libertad personal, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”, además de que “expone al detenido a posibles torturas”.
Testimonios preocupantes
Durante su visita, el relator de la ONU pudo entrevistarse con víctimas de tortura. En su reporte habla de “inquietantes coincidencias entre los testimonios”: las personas denuncian haber sido detenidas por individuos vestidos de civil, a veces encapuchados, que conducen automóviles no identificados y no disponen de una orden judicial ni informan de los motivos de la detención.
Una vez detenidos, explica el documento de la ONU, hay golpes, insultos y amenazas, y las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: puñetazos, patadas y golpes con palos; toques eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca; desnudez forzada; suspensión corporal…
A veces –remata el reporte– “transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial”, y añade que “repetidamente las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato denigrante”.
El relator especial declara que conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas y otros en los cuales el maltrato acompañó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Asimismo expresa su preocupación por el uso de la tortura sexual, principalmente contra las mujeres, que incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en las partes íntimas y violación sexual reiterada y cometida por varios sujetos. La mayor parte de estos casos, dice el reporte, “no han sido investigados ni sancionados o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad”.
Méndez llama la atención sobre el hecho de que las víctimas de tortura y malos tratos suelen ser personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados, “lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardias de protección”. Pero también remarca que hay numerosos casos donde personas sin aparente vinculación con la investigación de delitos son detenidas, forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y, algunas veces, sentenciadas con base en esas declaraciones.
Otra tema que destaca el relator de la ONU –en el capítulo donde evalúa la situación– es el aumento de las denuncias por el abuso de la fuerza pública durante manifestaciones y contra periodistas o defensores de derechos humanos que, lamenta, no han sido objeto de investigaciones efectivas.
De manera general, la ONU considera que en México es “ilusorio” el derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de tortura y malos tratos, ya que en pocas ocasiones han sido compensadas, asistidas médica y psicológicamente o rehabilitadas en conformidad con los estándares internacionales.
Impunidad total
El relator especial dice haber constatado que las víctimas de tortura y malos tratos “no accedieron pronta y confidencialmente a una defensa adecuada desde la detención” y advierte que ello supone el incumplimiento con los estándares internacionales y la propia legislación nacional, además de que, en la práctica, los defensores de oficio no representan al acusado.
El relator de la ONU asegura que durante su visita a México también constató que el examen médico que se aplica a los detenidos “no se realiza de forma inmediata y es incompleto”, se lleva a cabo en presencia de los agentes policiacos o ministeriales que se encargaron de la detención, y los doctores examinadores no son independientes ni imparciales por ser funcionarios gubernamentales.
Otro capítulo sustancial del reporte se refiere a las investigaciones. Se asevera que el número de denuncias y los testimonios que recibió Méndez “no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos, y menos aún en condenas”, lo que a su juicio “es signo de una preocupante impunidad”.
Apuntó que el gobierno peñanietista informó que únicamente hubo cinco sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013, dos de las cuales quedaron firmes. En ese mismo lapso la CNDH recibió 11 mil 254 quejas y emitió 223 recomendaciones, ninguna de las cuales resultó en una sentencia penal.
“Esto indica que la impunidad abarca casos de tortura comprobados por las comisiones de derechos humanos. Salvo ejemplos aislados, tampoco hay investigaciones administrativas ni destituciones y muchos de los presuntos culpables continúan en sus funciones”, alerta la ONU, y subraya que a nivel estatal “impera similar impunidad”.
El reporte alude a “fallas estructurales” que hacen que los ministerios públicos sean reticentes a investigar las denuncias, desestimen a las víctimas para exculpar a los acusados, o el hecho de que los afectados deban denunciar el delito ante el mismo cuerpo de seguridad al que acusan de cometerlo o permitirlo.
Y expone un diagnóstico: “Hay una tendencia de los ministerios públicos, jueces y comisiones de derechos humanos a calificar conductas constitutivas de tortura con tipos penales de menos gravedad, como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público”.
En el documento se analiza la aplicación por parte de las autoridades mexicanas del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), una guía internacional sobre la materia, adoptada en 2000, pero que no es vinculante.
Su implementación en México se basa en un acuerdo con la PGR, el cual regula la actuación de sus servicios periciales en la correcta realización de los dictámenes médico-psicológicos para casos de tortura y maltrato. Los ministerios públicos estatales también gozan de competencia para aplicar el protocolo, al igual que las comisiones de derechos humanos.
Sin embargo, el reporte de la ONU sostiene que las procuradurías estatales no cuentan con personal médico capacitado, como tampoco las comisiones de derechos humanos de Chiapas, Baja California y de otros estados, que dependen de la asistencia de los 50 expertos de la CNDH.
La aplicación del protocolo en el país “suele ser tardía, incompleta y realizada por personal no capacitado” o por la autoridad acusada de la tortura, critica el reporte. No obstante, las “importantes deficiencias” observadas por Méndez no sólo tienen que ver con la práctica en sí de los exámenes médicos, sino también con la interpretación de éstos y la utilización de los resultados.
Explica que las autoridades de México creen que efectuando el examen médico del acuerdo con la PGR ya cumplieron con el protocolo, con lo cual terminan “legitimando investigaciones inadecuadas”.
El representante de la ONU observó que había casos donde el resultado negativo del examen médico se interpretó como ausencia de tortura, lo cual sirvió a ministerios públicos y jueces para decir que era innecesario iniciar averiguaciones.
“Eso contradice el espíritu del protocolo, que establece que las evidencias de tortura varían según la experiencia personal de cada víctima y el paso del tiempo, y llama a atender a elementos contextuales en la investigación”, refiere Méndez, quien espera “que estas consideraciones sean tenidas en cuenta en el proceso de revisión del acuerdo con México en relación al Protocolo de Estambul y que anunció el gobierno de Peña Nieto”.