En medio de ríspidas negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales, el Banco Central Europeo se extralimita en sus funciones técnicas y bloquea el acceso de este país a dinero fresco. Con ello se convierte en un actor político que en los hechos asesta un “golpe de Estado financiero” a la nación helénica, pues –en contra de la voluntad expresada por los griegos en las urnas– intenta doblar al nuevo gobierno de Alexis Tsipras para que se pliegue a las políticas de austeridad. El tiempo corre y los analistas vislumbran en el horizonte la eventual salida de Grecia de la eurozona.
Sin embargo, durante una reunión extraordinaria en Bruselas efectuada al día siguiente, los ministros de finanzas del Eurogrupo, encabezados por el alemán Wolfgang Schauble, permanecieron inflexibles: los créditos, dijeron una y otra vez, fluirán únicamente si Atenas sigue aplicando los recortes sociales, las privatizaciones y el resto de las medidas de austeridad que la llamada Troika –La Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– impuso desde 2010 para el rescate de la nación helénica.
Sin un acuerdo, a partir de la medianoche del próximo sábado 28 Grecia se quedaría sin la asistencia de emergencia y su sistema bancario se colapsaría, dejando al país en la bancarrota y en vías de una salida del euro.
El viernes 20, al filo de las nueve de la noche, los ministros de la zona euro acordaron con Grecia que las ayudas de emergencia se prolongarán cuatro meses más, pero a condición de que el gobierno de Tsipras presente este lunes 23 una lista de reformas prioritarias y que ésta sea examinada y aprobada por las instituciones de la Troika.
Más aún, Atenas se comprometió con el Eurogrupo a pagar en los plazos acordados a todos sus prestamistas, no adoptar medidas unilaterales que pongan en riesgo los objetivos fiscales ni la estabilidad económica y no tocar ninguno de los ajustes efectuados por anteriores gobiernos.
El gobierno de Atenas, cuya victoria electoral se debe a la promesa de acabar con tan estrictas disposiciones –que han terminado por sumir al país en una crisis económica y social cada vez más profunda– pretende renegociar los términos de la ayuda financiera –que seguirá necesitando en el futuro con un tercer paquete de asistencia–, sin que ello implique dar marcha atrás en ciertos temas: elevar el salario mínimo, evitar la privatización de la red eléctrica y aumentar las pensiones, considera George Pagoulatos, profesor de la Universidad de Atenas citado por el sitio independiente de noticias EuObserver.
Por otro lado, el primer ministro también prometió condonar la mitad de los impuestos de la población más empobrecida y enfocarse en la evasión fiscal de los más ricos, y ya anunció que reexaminará el proceso de privatización de 14 aeropuertos por un valor de mil 200 millones de euros.
Pero en muchas otras áreas se dispone de un amplio margen de negociación, coinciden los expertos.
“Opción nuclear”
El empecinamiento de las partes en negociación ha sido tal que nuevamente se comienza a plantear tanto en la prensa internacional como en los medios académicos la posibilidad de que Grecia abandone el euro, pero sin salir de su sistema monetario ni de la Unión Europea, lo cual no permite la ley comunitaria.
Un reporte del Instituto Jacques Delors, think tank promotor de la integración europea, formula un escenario en el cual Grecia pueda verse obligada a salir “de facto” del euro y establecer una moneda “paralela”. Eso ocurriría si el BCE, con la anuencia del Eurogrupo, decide que la única salida a la crisis es cortar a los bancos griegos la ayuda de emergencia de la que ahora dependen.
Esa salida, considerada la “opción nuclear”, también podría concretarse de manera negociada con el gobierno griego, con el fin de mantener cierta certidumbre legal en los mercados.
Asimismo, el instituto –con oficinas en París y Berlín– describe el posible caso de una “salida griega por accidente”, originada por una incontrolable y repentina fuga de capitales que orille a Atenas a introducir otra moneda.
En el reporte, publicado el lunes 16, ese escenario se configura en el supuesto de que ambas partes sigan inamovibles en sus posturas, y que al mismo tiempo el BCE y el Eurogrupo decidan endurecer sus amenazas.
El mismo día de la publicación del mencionado reporte, el banco de inversión Morgan Stanley calculó en 23% las posibilidades de que Grecia sea “empujado” a salir del euro y recomendó a sus clientes vender sus fondos en euros.
El viernes 20 el semanario alemán Der Spiegel aseguró que el BCE está llevando a cabo simulaciones sobre un hipotético caso de la salida de Grecia del euro, que incluyen escenarios de cómo afectaría a los demás países de la Eurozona. El FMI sostiene que una eventual salida griega del euro sería “manejable”, en virtud de que en los últimos años los países europeos han tomado las salvaguardas necesarias para evitar un posible contagio.
Y es que el castigo de los mercados al gobierno de Tsipras ha sido brutal: el banco JP Morgan estima que los primeros 15 días de su administración hubo una salida de capitales de 4 mil millones de euros, que ha continuado, mientras a lo largo del año precedente, como comparación, ese monto fue de 17 mil millones de euros.
La voluntad de golpear a Syriza (la coalición izquierdista gobernante) y luego al nuevo gobierno griego pasó por encima de la supuesta neutralidad que deben guardar algunas instituciones comunitarias.
El 11 de diciembre, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, instó a los griegos a no votar por “fuerzas extremistas”, refiriéndose directamente a Syriza. “Creo que los griegos, quienes tienen una vida muy difícil, saben muy bien lo que una mala elección significaría para Grecia y la zona euro”, dijo en Bruselas durante un debate con corresponsales de prensa y que transmitió la televisión pública austriaca.
Un día antes, la vocera de esa institución, Annika Breidthardt, tomó también partido y aseguró que la elección del excomisario Stavros Dimas a la presidencia griega podía eliminar la incertidumbre de los mercados respecto a la economía nacional. Dimas, único candidato al cargo a propuesta del entonces primer ministro conservador, Antonis Samarás, no tuvo el apoyo del Parlamento y eso abrió paso a las elecciones en las cuales triunfó Syriza.
Luego, tres días antes de los comicios del 25 de enero, el presidente del BCE, el italiano Mario Draghi, anunció que la institución compraría –a una escala sin precedentes (1.1 trillones de euros)– bonos gubernamentales de todos los países de la Eurozona, salvo de Chipre y… Grecia
Adelantándose a que los sondeos ya daban por un hecho la victoria de Syriza, Draghi indicó que esa exclusión podría levantarse únicamente si el nuevo gobierno conseguía cerrar un acuerdo con sus acreedores antes del sábado 28.
La organización no gubernamental Corporate Europe Observatory dijo que tal programa del BCE –de inyección masiva de capital o, en el argot financiero, “expansión cuantitativa”– tiene como objetivo luchar contra la deflación en la Eurozona y “en teoría”, precisa, “estimular a la economía europea en su totalidad.
“En el curso de la crisis, el BCE ha intervenido como un factor político con un arma inigualable en su arsenal: el poder de cerrar el acceso al capital, y la ha usado desvergonzadamente para empujar una agenda política, la de la austeridad”, señala la ONG en un informe publicado el 23 de enero y titulado El siniestro poder del BCE.
El BCE asestó otro golpe el miércoles 4, cuando Tsipras y su ministro de finanzas, Yanis Varoufakis, aún realizaban una primera ronda de visitas con líderes europeos para exponer sus planes de refinanciamiento de la deuda griega.
Ese día Varoufakis incluso había sostenido “discusiones exitosas” con Draghi durante una hora, según expuso él mismo a la prensa europea. Pocas horas después de aquel encuentro, el BCE anunció que había decidido privar a los bancos griegos de una fuente de financiamiento basada en compra de deuda, ya que, alegó el banco, “en este momento no es posible anticipar una conclusión positiva” del programa de rescate.
Sólo continuó el programa de emergencia de liquidez, que este miércoles 18 se vio obligado, ante el grave deterioro de la economía griega, a aumentar su provisión de 3 mil 300 millones a 68 mil 300 millones de euros.
El semanario francés Politis interpretó así la decisión del BCE: “Al anticipar el resultado de esas negociaciones, el BCE rebasa su papel –a la demanda expresa del Banco Central Alemán– y asume un protagonismo político muy alejado de su estatuto como institución ‘independiente’ que está inscrito en los tratados europeos”.
Dicha suspensión por parte del BCE, agregó la publicación el jueves 5, “es similar a un golpe de Estado financiero porque apunta, contra la voluntad expresada en las urnas, a intimidar al nuevo gobierno de Atenas, que ya no tendrá recursos para financiarse hasta finales de junio, lo que daba por hecho. El BCE quiere doblar a Atenas como logró antes la abdicación de Irlanda y Chipre”.
De inmediato el gobierno de Tsipras expresó en un comunicado de prensa que Grecia “no aceptaría ningún chantaje” y que, pese a la “presión” que significaba tal decisión del BCE, la liquidez de la banca nacional estaba “totalmente asegurada”.
Desencuentros
La primera reunión de negociación fue realizada el miércoles 11 en Bruselas. Fue un fracaso total.
Según varias crónicas de la prensa europea, el ministro griego se dirigió al Eurogrupo en un tono moralizante y justificó la necesidad de eliminar las medidas de austeridad ante la “crisis humanitaria” que éstas han acarreado a su país. Refirió también que la situación en la que vive el pueblo griego representa una “humillación” para éste y que aquella deriva en gran parte de los “errores cometidos por los acreedores” durante la crisis económica.
Pero el Eurogrupo se mostró inflexible a sus argumentos y algunos de los ministros hasta contraatacaron cuando, por ejemplo, evocó las pretensiones del nuevo gobierno griego de aumentar el salario mínimo a 750 euros mensuales.
Ese monto pasó de casi 900 euros a menos de 600 –y a 510 en el caso de los más jóvenes– como consecuencia de las condiciones impuestas por la Troika para conceder a Grecia el segundo paquete de rescate en 2011.
Así, el ministro de finanzas de Lituania, Rimantas Sadzius, respondió con sarcasmo a Varoufakis. Le dijo que había países de la eurozona donde el salario mínimo es inferior al griego y mencionó que en Lituania alcanza apenas 400 euros.
Durante ese encuentro, que duró siete horas, fueron redactados varios borradores para una declaración conjunta. En una de ellas se estipulaba: “Las autoridades griegas han acordado trabajar estrecha y constructivamente con las instituciones, con el fin de explorar las posibilidades para extender y concluir exitosamente el presente programa, tomando en cuenta los planes del nuevo gobierno” de Atenas.
El ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schauble, se retiró de la reunión porque dio por hecho que el gobierno griego había aprobado ese punto. Sin embargo Varoufakis recibió instrucciones de Atenas de no firmar el texto por ningún motivo. “Tal parece que no hablamos el mismo idioma”, se escucharon las quejas de algunos ministros cuando debieron abandonar la sala ante el bloqueo en las negociaciones, según reportó el diario económico galo Les Echos el lunes 16.
Con ese antecedente, ese fin de semana el jefe del gabinete económico del gobierno griego, Giorgios Houliakaris, se reunió con expertos de la Troika para estudiar técnicamente las propuestas de uno y otro lado y tratar de encontrar las bases de un eventual acuerdo.
La segunda ronda de negociaciones, el lunes 16, comenzó mal, pues la antecedió un intercambio mutuo de imputaciones.
El ministro griego de Finanzas bromeó con la capacidad intelectual de su homólogo alemán y una hora y media antes de empezar la reunión, Schauble declaró a una radiodifusora de su país lo siguiente: “Los siento por los griegos, pero eligieron un gobierno que en este momento se está comportando muy irresponsablemente”.
De las pláticas entre la Comisión Europea y el gobierno de Tsipras había resultado un principio de acuerdo, que Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, presentó antes de comenzar la reunión del Eurogrupo. En ese documento se otorgaba a Grecia una extensión de crédito de cuatro a seis meses y tiempo para continuar las negociaciones, contó Varoufakis.
Por la mañana, el ministro griego confirmó la aprobación de ese acuerdo e incluso Moscovici mostró optimismo al llegar a la cita con el Eurogrupo; declaró que la discusión sería complicada pero que “con capacidad y voluntad” de las partes se podía llegar a una solución.
Pero 15 minutos antes de sentarse a la mesa, el presidente del Eurogrupo, el ministro holandés de finanzas, Jeroen Dijsselbloem, puso a circular un borrador distinto al que el gobierno de Atenas había acordado con el comisario europeo.
En el nuevo borrador se insistía en que la condición para la entrega de los créditos a Grecia es que acepte extender el programa de austeridad medio año. Varoufakis lo rechazó aunque los ministros de Finanzas aseguraban que no había diferencia “de sustancia” entre ambos documentos.