BRUSELAS.- Luego de que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejó al descubierto la complicidad entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad, el Parlamento sueco decidió incluir el caso de México en su agenda.

El objetivo: Restringir las exportaciones de armas de Suecia a Estados donde se violan los derechos humanos.

El viernes 12 el Comité Parlamentario sobre Exportación de Armas escuchó a la eurodiputada sueca Bodil Ceballos, quien exhibió las cantidades vendidas y el número de licencias acordadas con México en los últimos siete años, planteando la necesidad de endurecer las leyes del país nórdico para impedir que con ellas se cometan crímenes en territorio mexicano donde, dijo, “no hay una división entre el crimen organizado y las autoridades”.

[signoff]Artículo publicado, como nota de apoyo, en la edición del 14 de diciembre de 2014 de la revista PROCESO[/signoff]

“Observando lo que pasa en México, sinceramente pensaba que no le vendíamos armas”, dice Ceballos a Proceso, en entrevista el miércoles 10. “Al revisar los datos noté que, por ejemplo, exportamos armas cortas que pueden caer en manos equivocadas; más cuando sabemos que en México la autoridad, el narcotráfico y las bandas criminales están tan coludidas. En Suecia debemos tener mucho cuidado con este tema”.

Desde 2007 hasta el año pasado Suecia le otorgó a México 17 licencias de venta de armamento por 147.2 millones de coronas suecas (unos 20 millones de dólares), según información del Parlamento sueco proporcionada a este corresponsal.

Dos de esas licencias fueron aprobadas en 2013 en categorías relacionadas con equipos de tiro, sistemas de “contramedidas” (contraespionaje y vigilancia) y “materiales energéticos” (composiciones explosivas o para propulsión).

Los contratos más jugosos (equivalentes a 58% del monto total entre 2007 y 2013) se efectuaron en los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón, cuando organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, e incluso instancias de la ONU, ya alertaban de la grave crisis de derechos humanos en el país y la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno.

Los datos disponibles señalan que Suecia ha exportado armas y aditamentos de categoría 1; es decir fusiles, pistolas y ametralladoras, así como silenciadores, montajes especiales de cañón, cargadores y visores.

Así el gobierno mexicano recibió “armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milímetros, otras armas de fuego y armas automáticas con calibre de 12.7 milímetros o inferior y sus accesorios”, así como armas de calibre superior a 20 milímetros, además de proyectores o generadores para humo, gases, material pirotécnico y accesorios.

Igualmente recibió piezas de artillería, obuses, cañones, morteros, lanzaproyectiles, lanzallamas y algunos tipos de rifles.

Los suecos vendieron también municiones, vehículos militares, buques de guerra y equipos navales relacionados, así como suministros blindados o de protección.

Miembro del grupo de los Verdes y de las comisiones de Libertades Civiles y Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, Ceballos es la representante de su partido en el Comité sobre Exportación de Armamento del Parlamento sueco.

Tal comité fue creado en 2012 tras el escándalo que estalló al saberse que Estocolmo había llegado a acuerdos militares secretos con el régimen dictatorial de Arabia Saudita –incluyendo la construcción de una fábrica de armas– poco después de la llamada Primavera Árabe, lo cual indignó a la sociedad sueca y orilló al ministro de Defensa a renunciar.

Democracia “de papel”

Ceballos también perteneció durante ocho años al Grupo Sobre Derechos Humanos del Parlamento, que llegó a transmitir cartas a autoridades mexicanas expresando su fuerte preocupación en relación con casos específicos de violaciones a las garantías individuales.

El 20 de junio de 2012, por ejemplo, envió una carta al entonces secretario de Gobernación Alejandro Poiré, donde le planteó el tema del asesinato de periodistas, citando entre otros el caso de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez.

–¿Su propósito es que Suecia deje de vender armamento al gobierno mexicano? –se le pregunta a Ceballos.

–El caso mexicano sirve en las deliberaciones de nuestro comité a la hora de definir qué es una democracia. Si vendemos armas a un país que las usa contra su población, estamos violando nuestra propia legislación nacional.

“Y es que mientras exista esta colusión entre autoridades mexicanas y narcotráfico, no podremos saber a dónde van a parar las armas y para qué son utilizadas. Entonces no deberíamos autorizar su venta.”

Señala que “no es suficiente ser una democracia en el papel”, como es el caso de México, “si ésta no se respeta en el terreno”.

Ceballos explica que la “misión” del Comité sobre Exportación de Armas es “hacer más difícil” ese comercio con países que no son democráticos, lo cual contradice la política exterior de su país, cuyo primer criterio para hacer negocios en esa materia es el respeto a los derechos humanos del país comprador.

El Comité sueco –que dispone de la facultad de control del comercio de armas– presentará en abril próximo una propuesta de nueva ley sobre exportación de armamento, que podría derivar en un embargo a México por no cumplir con los requisitos democráticos básicos.