No deja de sorprender el vigoroso activismo que imprime la diplomacia mexicana cuando se trata de maquillar el rostro del gobierno, en este caso el del Presidente Enrique Peña Nieto, en Europa. Nuestros embajadores son maestros de la contorsión discursiva, capaces de convertir la condena en solidaridad y la promesa siempre incumplida en esperanza eterna de un México mejor. Pocos como ellos para fabricar razonamientos tan retorcidos.
ESTRASBURGO, FRANCIA. El Parlamento Europeo discutió la semana pasada el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por la policía de Iguala el 26 de septiembre pasado. El 10 de octubre los verdes europeos habían ido más allá de la condena de los hechos. Publicaron una carta donde expusieron que lo sucedido en Iguala amerita que los negociadores de la Unión Europea (UE) y de México suspendan la modernización del Acuerdo Global, en vigor desde hace 14 años, hasta que el gobierno mexicano recupere el control de la seguridad en todo el territorio nacional y desmantele los cárteles de la droga.
Ninguna institución internacional (en este caso un partido regional europeo) se había atrevido a demandar la aplicación de sanciones contra México. Tampoco sugerir la responsabilidad del gobierno de Peña Nieto en los hechos de Ayotzinapa ni acusar el cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gestión y la de su antecesor Felipe Calderón. En el fondo, lo que los verdes europeos plantearon fue castigar prácticas sistemáticas del Estado mexicano contra los derechos humanos, que llevan años existiendo, y que violan sus obligaciones internacionales en la materia. Comenzando con la cláusula democrática del Acuerdo Global con la UE.
Cinco días después de la difusión de tal carta, el Parlamento Europeo decidió discutir el tema de los normalistas el 23 de octubre, durante su sesión plenaria y con carácter de “urgente”. Tras ello emitiría una resolución conjunta. Por la mañana, además, el embajador mexicano ante la UE, Juan José Gómez Camacho, compareció ante la delegación para México de la misma instancia de la UE.
Pongamos así las cosas: el gobierno mexicano corría el riesgo de que un documento, con una pesada carga política, condenara no solo la tragedia de Guerrero, sino también al Estado, abriéndose peligrosamente para éste una nueva fase en los cuestionamientos, más cercanos al ámbito de la justicia global, al de la Corte Penal Internacional de La Haya para crímenes de lesa humanidad.
El gobierno mexicano desplegó en el Parlamento Europeo una intensa campaña de cabildeo, la mayor que he constatado de su parte en los últimos 15 años. Sólo se le acerca la de 2007, cuando el presidente Felipe Calderón puso en marcha una potente operación diplomática contra la resolución sobre feminicidios que entonces había propuesto un joven y novel eurodiputado catalán: Raül Romeva (Lee aquí las notas sobre el tema).
En esa ocasión, la embajadora Sandra Fuentes-Beráin consiguió suavizar la resolución original (con la invaluable ayuda de los eurodiputados españoles del grupo del Partido Popular Europeo) y así proteger al gobierno calderonista de una condena directa del Parlamento Europeo. Y lo hizo de la misma forma que ahora Gómez Camacho con la adopción de una resolución conjunta (de socialdemócratas, populares, liberales y conservadores europeos) favorable a Peña Nieto, la cual excluyó las posiciones críticas de los verdes y de la izquierda no socialdemócrata.
Explico: el argumento de defensa de Fuentes-Bérain fue que los estados mexicanos son autónomos, con sistemas de justicia propios, por lo que el gobierno federal tenía dificultades para interferir. La base del discurso de Gómez Camacho fue una derivación del mismo principio de deslinde, colocando al gobierno de México como una víctima del crimen organizado. “A lado de la UE” México condenó los crímenes de Iguala, como si el gobierno mexicano estuviera observando un acto de barbarie ocurrido en otro país.
Sin proceso judicial y una condena de por medio, Gómez Camacho endosó la culpabilidad de la tragedia al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, personalizando en su figura el origen del mal. Describió el episodio de Ayotzinapa como si fuera un chispazo de violencia inhumana aislada.
Gómez Camacho disolvió y disolvió la responsabilidad del Estado hasta desaparecerla. Así lo hizo en las cartas que envió a los eurodiputados, en sus conversaciones con ellos y en su intervención en la delegación para México (Lee aquí la nota).
Bajo su razonamiento, fueron los delincuentes quienes usaron a las inmaculadas instituciones; como si no fueran hombres con responsabilidades públicas quienes las conforman; como si el alcalde y los policías de Iguala no hubieran sido nunca representantes del Estado mexicano (actuado en su nombre) sino malvados que mancillaron la pureza del sistema institucional (un concepto de institución que, por cierto, acompaña a los regímenes más autoritarios).
De esa forma, el embajador ofreció un argumento aceptable por los eurodiputados aliados, que lo adoptaron a su conveniencia para poder también defender –con un discurso de apoyo, cooperación y solidaridad con el país agraviado por el crimen organizado– los intereses económicos de sus gobiernos y empresas en México, principalmente de España.
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Transcripción de una parte de la intervención del embajador Gómez Camacho ante la delegación para México del Parlamento Europeo el jueves 23 por la mañana. Léase en un tono grave, pausado y enérgico, e imagínese los ojos de incredulidad y los gestos de desaprobación que ponían los jóvenes mexicanos presentes en la sala (unos 10), quienes se habían manifestado con otros más afuera del Parlamento Europeo de Estrasburgo.
Gómez Camacho:
“No hay nadie más, absolutamente nadie, más indignado, consternado, por lo que pasó en México en contra de estos 43 estudiantes, que nosotros. Apreciamos la solidaridad de todos, (…) como (la de) el Parlamento Europeo, pero no puede haber nadie más indignado que nosotros”.
“Sí, no hay forma que ningún país en el mundo que aspire al progreso, que aspire al bienestar, lo pueda hacer fuera del marco de la democracia y de los derechos humanos. Para México, desde hace muchos años, en el centro de nuestras aspiraciones sociales, de nosotros los mexicanos y de nuestras instituciones… la democracia y la protección de los derechos humanos están en el centro. ¿Nos falta mucho por hacer? Sí. Pero estamos trabajando”.
“Nuestras instituciones, los mexicanos, nuestra sociedad, con los grandes cambios que han experimentado en las últimas décadas… es precisamente esa gran convicción democrática, que no se quiebra, y una comprensión muy clara de parte del estado mexicano, de que la protección de los derechos humanos debe estar en el centro del proyecto de nuestro país. La impunidad, el crimen organizado, por supuesto, no pueden ser perseguidos y no pueden ser derrotados si no es en el marco de la ley, si no es en el Estado de derecho y si no es bajo la protección de los derechos humanos. El primer objetivo de la administración del presidente Peña Nieto, el tema número uno en su misión de gobierno y en la visión de país, el más importante es un México justo, uno donde todos los mexicanos vivamos bajo el amparo de la ley, en donde no haya diferencias…”.
Stop a la grabadora.
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En 2007, el consejero jurídico de la embajadora Fuentes-Beráin, Jorge Cícero, advirtió al eurodiputado Romeva que su resolución sobre los feminicidios no llegaría al pleno (ver aquí la nota). Se equivocó, pero su actitud de intimidación parece hoy un rasgo común en los diplomáticos mexicanos . Gómez Camacho confrontó severamente a los eurodiputados que se mostraron más críticos durante su comparecencia.
El siguiente es el intercambio de palabras entre la eurodiputada del partido español Unión Progreso y Democracia, Beatriz Becerra, agrupada en el grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa, y el embajador mexicano:
Becerra: “Embajador, ¿no considera que más allá de la lucha permanente contra la impunidad, y la también permanente reivindicación del Estado de derecho, (…) no le parece que ha habido un cambio cualitativo importante, en el sentido de que ya no se trata de esa complicidad conocida de las instituciones o de los representantes públicos, sino directamente de dar la orden? Cuando hablamos de aumentar lo institucional es importante, siempre y cuando se haga a través del Estado de derecho, pero cuando son las instituciones las que ya ejercen esa posición de asesinos, persecutores o directamente de masacradores (sic), estamos ante algo mucho más grave…”
Gómez Camacho (con tono de indignación y enojo): “Las instituciones, si entendí bien a la eurodiputada, como responsables de la comisión de los crímenes… Yo tengo que decir con mucho respeto, pero también con mucha contundencia. No. No. México es una nación democrática. Y Las instituciones mexicanas no están detrás del crimen. No son responsables del crimen…”
Becerra (voz nerviosa): “Me refería al ayuntamiento de Iguala…”
Gómez Camacho (interrumpe, se encima): “No, no, ni el ayuntamiento de Iguala…”
Becerra (intentando ser escuchada por el embajador): “Al alcalde de Iguala…”
Gómez Camacho (se impone): “Lo que tenemos con toda claridad… Le aprecio mucho la pregunta, pero no es lo mismo las instituciones que las personas. Y es una distinción muy delicada y muy importante. En el caso de Iguala está muy claro, y lo ha dicho el gobierno mexicano, (que) el alcalde, y su esposa, y miembros de las fuerzas públicas, coludidos con el crimen organizado, urdieron este crimen. Por supuesto que sí. Y esa es una desgracia lamentable. Es inaceptable, y el gobierno lo está persiguiendo. Pero no es, no son las instituciones mexicanas… al contrario, la muestra de institucionalidad mexicana, la muestra del Estado de derecho, la muestra de la democracia mexicana, es precisamente que el Estado está actuando, reaccionando de inmediato con contundencia frente a estos hechos”.
Luego del regaño del embajador, Becerra participó en el debate que siguió en el pleno europarlamentario. Dijo:
Iguala encarna todos los males que México quiere conjurar: la violencia, la impunidad y la corrupción, especialmente en las instituciones políticas. El Estado mexicano se tiene que redefinir ante el crimen, porque ha dado un pavoroso salto cuantitativo: ya no se trata sólo de complicidad de cargos y representantes públicos. En este caso, un alcalde es el responsable criminal, quien ha dado órdenes directas de persecución, matanza y secuestro. Y eso es gravísimo”.
Aun así, Becerra apoyó la resolución conjunta a modo para el gobierno peñanietista. Y su jefa de prensa insistía a este corresponsal: “Ojo, su línea no es contra Peña Nieto”.
Misión cumplida, embajador.
