ESTRASBURGO (apro).- Con 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo adoptó este jueves una resolución conjunta sobre las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, pero omitió cuestionar la responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El documento está firmado por cuatro de los siete grupos políticos del Parlamento Europeo: Alianza de Socialistas Progresistas y Demócratas (AS&D), Partido Popular Europeo (PPE) –que juntos representan 55% de los votos–, Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

[signoff]Nota publicada el 23 de octubre de 2014 en la Agencia PROCESO[/signoff]

La resolución conjunta, que consta de cuatro páginas y 11 puntos, “condena firmemente las inaceptables desapariciones forzadas y los crímenes de Iguala” y “expresa sus condolencias y apoyo a los familiares y amigos de las víctimas, así como al pueblo mexicano”, al que anima a continuar luchando por medios pacíficos “para defender la democracia y el Estado de derecho”.

El texto también “pide a las autoridades mexicanas que investiguen todos los crímenes, en particular el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas”, y que “adopten todas las medidas necesarias para actuar con rapidez y de modo transparente e imparcial, a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores de los crímenes”.

La resolución apoya además al gobierno mexicano “en su determinación de luchar contra el tráfico de droga organizado”, “respalda sus esfuerzos por colaborar con las organizaciones internacionales” y “acoge con satisfacción la determinación del presidente Peña Nieto para investigar y aclarar estos sucesos (los de Iguala) y para poner fin a la violencia relacionada con las bandas en México”.

Al considerar que el contenido general de la resolución conjunta presenta al gobierno mexicano como víctima del narcotráfico y que soslaya el contexto de crisis de derechos humanos que existe en el país desde hace tiempo, el grupo del Partido Verde Europeo (PVE) declinó firmar el documento, al igual que Izquierda Unitaria Europea (GUE), que juntos emitieron su propia resolución.

En ella, ambas fuerzas políticas respaldan que el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya examine los crímenes perpetrados en México, que se interrumpa el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE y que se suspendan los acuerdos de seguridad y la cooperación en armamento con México “hasta que se restablezca el Estado de derecho en todo el territorio mexicano”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México destacó en un comunicado de prensa el “reconocimiento” que la resolución europarlamentaria hace a los esfuerzos del gobierno federal por resolver el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. De igual manera, resalta que los eurodiputados reciben “con satisfacción la determinación del presidente Peña Nieto por investigar” los hechos, la “disposición” del gobierno para dar apoyo a los familiares de las víctimas, y por su colaboración con las instituciones internacionales.

El comunicado de la Cancillería hace referencia a la sesión de la delegación mexicana en el Parlamento Europeo en la que compareció el embajador ante la Unión Europea (UE), Juan José Gómez Camacho, previo a la adopción de la resolución conjunta.

El boletín oficial da cuenta de las acciones del gobierno en el caso Ayotzinapa, que el embajador expuso a los eurodiputados, pero no menciona los duros cuestionamientos que enfrentó y que llegaron a generar momentos de tensión durante la reunión, como cuando el eurolegislador Josep Maria Terricabras le dijo a Gómez Camacho que “contra la impunidad no valen sólo palabras bonitas”.

En la comparecencia del diplomático estuvo presente un grupo de 10 ciudadanos mexicanos que se manifestaron a las afueras del Parlamento Europeo, con pancartas que acusaban al gobierno de Peña Nieto de la impunidad y su complicidad con el crimen organizado.

Mientras el embajador hablaba, de vez en cuando los jóvenes hacían gestos de desaprobación y luego aplaudían las intervenciones críticas al gobierno peñista, algo prohibido por el reglamento interno, por lo que Becerril les pidió amablemente abstenerse de hacerlo.

El ingreso de los manifestantes a la reunión con el embajador –que fue posible por la intermediación del grupo del PVE– tomó por sorpresa al resto de los eurodiputados y al propio Gómez Camacho. Por una aparente mala comunicación, la presidenta de la delegación, Teresa Jiménez Becerril, presentó a los muchachos –residentes en Francia– como “familiares” y “compañeros” de los estudiantes de Ayotzinapa.

En sus intervenciones, los eurodiputados les daban la bienvenida y se ofrecían para lo que necesitaran. Alguno llegó hasta a agradecerles su “desplazamiento”. La confusión continuó y, antes de que la sesión plenaria votara la resolución conjunta sobre México, Becerril pidió la palabra y volvió a anunciar que entre ellos había parientes y compañeros de los normalistas desaparecidos. En ese momento los eurodiputados presentes les brindaron un inesperado aplauso.