BRUSELAS (apro).- En septiembre pasado el semanario suizo Die Wochenzeitung publicó una fotografía en la que aparecen diez hombres originarios de Bangladesh esperando a las puertas del edificio de la empresa Neosoft, en la ciudad suiza de Zurich.

[signoff]Artículo publicado el 17 de octubre de 2014 en la Agencia PROCESO[/signoff]

Dicha empresa suiza fabrica y comercializa un tipo de receptores portátiles que simulan ser antenas de telefonía móvil, pero que en realidad interceptan las redes de estas telecomunicaciones. De esa forma se identifica a los usuarios de celulares a través de su código de identidad internacional de abonado móvil (IMSI Catcher en inglés).

Así, las conversaciones telefónicas de toda una zona pueden ser escuchadas y guardadas por los espías a muchos metros de distancia, dependiendo de la potencia del equipo y el modelo del celular.

Esta tecnología de vigilancia es usada por las agencias de inteligencia para combatir al crimen o monitorear las comunicaciones durante marchas o manifestaciones (en Suiza, la policía federal la utiliza desde 2007, señaló el semanario), pero también puede servir para espiar y reprimir a los ciudadanos.

Por esa razón, es que el equipo en Suiza requiere una licencia de exportación.

El grupo de personas de la fotografía arriba mencionada –y la cual fue captada a las 17:30 horas del viernes 29 de agosto–, sube a una furgoneta de color gris oscuro con matrícula local que los conduce a un hotel cercano, en donde ellos se habían registrado desde el 22 de agosto como huéspedes de Neosoft.

En otra imagen publicada por el semanario –tomada a las 18:58 horas de aquel mismo día de agosto–, se observa a algunas de esas personas sentadas confortablemente alrededor de una mesa en el vestíbulo del hotel: están enviando mensajes desde sus teléfonos, precisa el medio. Llevan documentos con el logotipo de Neosoft, se puede apreciar en otra instantánea capturada a las 20:40. Cuando todos están otra vez reunidos en el vestíbulo, abordan varios taxis y se van.

La publicación afirma que esos individuos son miembros del Batallón de Acción Rápida (BAR), una fuerza paramilitar de la policía de Bangladesh que carga con un negro historial en graves violaciones de los derechos humanos.

El semanario recuerda que Human Rights Watch (HWR) y Amnistía Internacional (AI) acusan a ese “escuadrón de la muerte”, compuesto de militares y policías, de haber cometido desde su creación en 2004 más de 700 ejecuciones extrajudiciales y haber secuestrado a numerosos activistas de oposición, advirtiendo que en este momento esa unidad especial “está fuera de control”.

En un hecho reciente se les acusa de haber asesinado a siete personas durante una operación para ejecutar a un político. Fueron detenidos tres de sus oficiales.

En ese mismo mes, Privacy International (PI), una organización con sede en Londres que defiende el derecho a la privacidad de los ciudadanos, reveló que, desde principios de año, el BAR pretendía adquirir tecnología de espionaje IMSI Catcher de una compañía suiza, pero PI no sabía de cuál.

En esa ocasión la organización británica hizo público un documento de la licitación en el que el BAR notificaba algunos requerimientos. Entre ellos se estipulaba que el equipo tenía que ser capaz de utilizarse en un auto en movimiento y, además, que 10 de sus funcionarios especializados en la administración de sistemas recibieran entrenamiento en el lugar de fabricación del equipo durante 10 días hábiles.

La licitación –abierta para firmas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Unión Europea, Australia y Suiza– estaba fechada el 13 de diciembre de 2013 y las ofertas tenían que ser presentadas a más tardar el 12 de febrero siguiente, mientras que la entrega del equipo tenía que realizarse 30 días después de la fecha de la apertura de la carta de crédito, además de que los ingenieros de la empresa ganadora visitarían Bangladesh en marzo de 2014.

Un investigador de PI, Edin Omanovic, declaró en el reportaje que, según “información fidedigna” que su organización había recibido, los hombres de las fotografías publicadas por Die Wochenzeitung formaban parte de una delegación del BAR que había viajado a Suiza para beneficiarse de tal entrenamiento.

El periódico suizo-alemán St.Galler Tagblatt publicó en julio de 2013 que Neosoft había presentado a las autoridades una solicitud de exportación de tecnología de vigilancia, y PI había expresado posteriormente sus sospechas de que esa firma había ganado la licitación lanzada por el BAR para el equipo de espionaje.

No obstante, cuestionado por el citado semanario, Jürgen Böhler, el jefe de controles de exportación de productos de doble uso en la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (Seco) –que es la dependencia responsable de la gestión de las aduanas del país–, dijo que al parecer la compañía Neosoft no había realizado tal solicitud y que, por tanto, el requisito de la autorización habría sido violado, en cuyo caso la Seco tendría que notificar al fiscal federal.

Ejemplo suizo

Así sucedió. En su edición del 11 de septiembre, el Die Wochenzeitung informó que la Seco había confirmado que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal contra Neosoft.

El semanario recordó que un “socio de negocios” de Neosoft había declarado por teléfono, bajo anonimato, que los hombres que aparecían en las calles de Zurich en las fotografías publicadas días antes sí eran integrantes del BAR.

Por si quedara alguna duda, la cadena de televisión suiza RTS transmitió imágenes exclusivas filmadas durante una feria en la primavera de 2014, en donde se observa a empleados de Neosoft usando el mismo vehículo utilitario que abordó la delegación bengalí en agosto.

Tan sólo en los últimos dos años, empresas suizas han exportado 34 equipos de vigilancia IMSI por un valor total de casi 20 millones de dólares. Además de Neosoft, otras empresas del ramo con oficinas en el país helvético son Elaman GmbH y Gamma Group, ambas de origen alemán y asentadas en Munich. La autoridad suiza considera confidencial y privada la información sobre cuáles son los países destinatarios de sus receptores espías

La portavoz del gobierno suizo, Marie Avet, había declarado al St. Galler Tagblatt, el 28 de febrero pasado, que las fabricantes locales de tecnologías de vigilancia, incluyendo las de programas malignos de espionaje y de monitoreo de Internet, habían dejado de intentar exportar sus productos ante la posición más estricta del gobierno.

“Aunque esta noticia es claramente bienvenida, eso también significa que tales compañías buscarán otros países desde los cuales puedan exportar”, señaló entonces el mencionado investigador del IP, Edin Omanovic, en un artículo publicado en el portal de su organización el 5 de marzo último. Y estimó que uno de los más grandes desafíos en la materia es la necesidad de regular a las compañías que venden estas tecnologías de espionaje y que operan en cadenas internacionales de abastecimiento en múltiples jurisdicciones.

Una de las compañías de las que se tuvo confirmación que exporta desde Suiza esa clase de equipos a países autoritarios es Gamma Group, conocida por ser la desarrolladora del programa espía FynFisher, que permite tomar control de un dispositivo móvil o una computadora y dar acceso a los datos del usuario o a la manipulación remota del micrófono o la cámara del aparato.

Luego de enterarse en septiembre de 2013 que Gamma Group había solicitado licencias de exportación en Suiza, PI escribió a 70 legisladores locales para que no las autorizaran en el caso de ir a países con problemas de derechos humanos, como sería el caso de Turkmenistán.

Gamma International, una de sus compañías con sede en Reino Unido, vendió ilegalmente a través de un intermediario (la compañía Obses) el programa FynFisher (o SpyFisher) al anterior gobierno de Felipe Calderón, según reveló una investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá. El programa fue detectado a mediados del año pasado en los servidores de las compañías Iusacell PCS y Uninet SA de CV, una filial de Telmex, y se estaba usando para monitorear comunicaciones de usuarios privados y corporativos.

En septiembre del año pasado, las organizaciones mexicanas ContingenteMX y Propuesta Cívica divulgaron que el programa maligno era usado “extensivamente” al menos por la Secretaría de Seguridad Pública (disuelta en enero de 2013), la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Estado Mayor Presidencial (EMP).

También detallaron que había sido adquirido por la PGR durante la gestión de Marisela Morales (hoy cónsul en Milán, Italia) y que había sido revendido por Obses a más del doble de su precio de mercado.

Un alto ejecutivo de Gamma International, Carlos Gandini, visitó México del 14 al 17 de febrero de 2013, y posteriormente, del 23 al 26 de abril, Martin Muench, desarrollador del programa en Munich, Alemania.

Pero México también adquirió equipos IMSI Catcher a través de la compañía Datong, que los fabrica en Reino Unido. Su portal de Internet afirma que sus productos con esa tecnología “son usados en los más activos y desafiantes teatros internacionales de operación”, y cita a México, además de Bangladesh, Indonesia, Tailandia o Malasia.

“Al tomar acción para revisar el alto riesgo que representan para los derechos humanos las tecnologías de vigilancia, Suiza ha dado un paso importante que debe ser visto como ejemplo para otros países”, opina Omanovic.

Precisa que ahora el país debe desarrollar “activamente” una política que rechace sistemáticamente las licencias destinadas a Estados donde existan preocupaciones en materia de derechos humanos, además de compartir información y negar permisos en conjunto con los países de la Unión Europea, a la que no pertenece Suiza.