BRUSELAS, (apro).- Organizaciones no gubernamentales de México y Europa presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya un informe que documenta presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Baja California por agentes de seguridad y militares durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, por lo que solicitan al organismo internacional que proceda a un examen preliminar de los hechos.

Nota del día publicada el 12 de septiembre de 2014 por la Agencia PROCESO

Las informaciones, que fueron entregadas hoy por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), “demuestran que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI”, señalan los demandantes en un comunicado.

Subrayan que el contenido de su informe (conocido como “comunicación” en el argot de la CPI) “fundamenta el carácter sistemático y generalizado” de los crímenes como parte de una “política gubernamental implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de presentar avances y logros en la lucha contra el crimen organizado”.

En los casos que recoge la comunicación, y que suman unas 100 víctimas, “ningún alto mando militar o policial ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos por los crímenes cometidos contra los civiles, incluidos actos de tortura”.

El presidente de la FIDH, Karim Lahidji, estimó que “la CPI es competente para evaluar estos crímenes y, ante la prevalencia de impunidad de los más altos responsables por estos crímenes, proceder a una investigación”.

Esta nueva comunicación se añade a una anterior que presentó la FIDH en octubre de 2012, así como a otras dos de las que se ha tenido conocimiento públicamente: la que entregó el abogado Netzaí Sandoval el 25 de noviembre de 2011 –donde documentó 470 casos de presuntos crímenes de lesa humanidad y de cuya responsabilidad acusó a Felipe Calderón, al secretario de Defensa y al de Seguridad Pública, Guillermo Galván Galván y Genaro García Luna, respectivamente, así como al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán–, y la que entregó el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el 29 de noviembre de 2012, en la que también apunta como culpable de crímenes de guerra al ahora expresidente Calderón.

La Fiscalía de la CPI, a cargo de la abogada Fatou Bensuda (quien reemplazó en junio de 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo), continuará con el análisis de la situación en México, el cual debe determinar si los crímenes denunciados son veraces y, en ese caso, si fueron cometidos de manera “sistemática” y “generalizada” por las autoridades. Si así fuera, la CPI sólo podría abrir una “investigación preliminar” si concluye además que la justicia mexicana no está actuando por falta de voluntad o incapacidad contra los perpetradores.

El objetivo del examen preliminar es recabar más información, oral o escrita, proveniente del gobierno, ONG y otras fuentes, incluyendo las hemerográficas. En caso de que la fiscalía encuentre fundamentos suficientes, sólo entonces solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares que autorice la apertura de una investigación y, si es necesario posteriormente, girar órdenes de detención o de comparecencia internacional de los implicados.

En febrero pasado, cuando la FIDH había comenzado a recopilar los casos de su informe, este corresponsal preguntó a Jimena Reyes, encargada para Latinoamérica del secretariado internacional de la FIDH, si su organización había decidido entregar una nueva comunicación porque el expediente mexicano no era aún lo suficientemente robusto en la CPI.

Reyes, quien ha participado en la redacción de 12 comunicaciones sobre Colombia, respondió:
“Puede ser que la Fiscalía no tenga todos los elementos todavía. Nos lanzamos (a realizar una nueva comunicación) porque no entendemos la razón por la que la Fiscalía no ha actuado todavía en México. No entendemos. La Fiscalía no es una entidad que sea muy transparente con las ONG; tiene su política y no sé si tiene mucha o poca información del caso. Lo que sabemos es que no ha actuado. De ahí deducimos que, o no tienen suficiente información o hay un problema.

–¿Qué problema?
“Podría haber falta de voluntad de la Fiscalía para actuar”, dice Reyes.