BRUSELAS (apro).-Los periodistas daneses Nils Mulvad y Kjeld Hansen publicaron el 21 de octubre de 2010 un extenso artículo en el portal de Internet Abenhedstinget (Transparencia Parlamentaria) titulado: “Niños en Loegstoer presentaron abscesos y úlceras durante 8 años”.

Artículo publicado el 11 de julio de 2014 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO

Los periodistas se referían a los casos de dos pequeños de esa localidad danesa infectados con una agresiva bacteria, la staphylococcus aureus, resistente a la meticilina (conocida por sus siglas SARM), que causa daños en la piel, las vías respiratorias y el sistema urinario. Esa bacteria había sido propagada por cerdos criados en las numerosas granjas del país y más personas habrían sido contagiadas. Mulvad y Hansen acusaban a las autoridades danesas de haber perdido el control de la situación al ocultar la información sobre esa amenaza sanitaria.

El artículo relata que en 1997 dos pequeños de un jardín de niños habían tenido que ir a ver al doctor: uno, por una inflamación en un dedo de la mano; el otro, por la aparición de varios abscesos en los glúteos, algunos del tamaño de una pelota de tenis. Ambos estaban infectados con un estafilococo (bacteria) resistente.

En el artículo, los periodistas precisan la ubicación del kínder — información que la autoridad había mantenido en secreto–, pero también publicaron una lista de 12 granjas porcinas infectadas con la bacteria y que el gobierno quería ocultar.

El Consejo Nacional de Salud de Dinamarca notificó a la policía del material periodístico, y se les imputó cargos criminales a los dos periodistas por supuesta violación a la Ley de Protección de Datos, que prohíbe la publicación de información secreta que afecte la salud pública, delito castigado con multa o más de seis meses de cárcel.

El pasado 22 de mayo, un juez del tribunal de distrito de Aarhus encontró que Mulvad y Hansen sí violaron la ley y los sentenció a cada uno al pago de 2 mil 500 coronas danesas (455 dólares).

De acuerdo con el fallo, la identificación de las personas en riesgo de contagio era muy sencilla y no hacía falta, en nombre del interés público, que la sociedad danesa conociera acerca de la infección en los criaderos porcinos ni el número de enfermos. La protección de la salud de los posibles infectados, concluyó el juez, es superior al interés público en este caso.

Según explicó Mulvad al rotativo danés Göteborg Posten, el juez señala en su veredicto que él y Hansen habían dicho que no era necesario para su reportaje mencionar la identidad de las personas infectadas, y que entonces extrapoló esa declaración al asegurar que ellos también habían admitido que tampoco era requerido indicar el nombre de las granjas contaminadas.

“Es una cita incorrecta. El propósito del reportaje fue identificar los criaderos como potenciales lugares de infección. Si el fallo se sostiene, ello será muy triste para la libertad de expresión en Dinamarca”, precisó Mulvad a dicho periódico.

El abogado de ambos sentenciados, Tyge Trier, declaró que el veredicto es ejemplo de una política gubernamental que prefiere “matar al mensajero” antes que admitir un problema de ineficiencia.

Incompetencia exhibida

Mulvad es profesor de la Escuela de Periodismo de Dinamarca y cofundador de la organización Global Investigative Journalism Network (GIJN) y del centro Investigative Reporting Denmark, así como del sitio especializado de Internet Farmsubsidy.org. Dirige una compañía de investigación y análisis de datos, Kaas & Mulvad, y fue director ejecutivo del Danish International Center for Analytical Reporting. En 2006 fue declarado periodista europeo del año por los miembros del GIJN.

Por su parte, el periodista Kjeld Hansen es fundador de la consultoría ecologista BæreDygtighed y uno de los escritores más importantes de su país que aborda temáticas medioambientales. Su libro La tierra perdida ganó en 2008 un premio de la Asociación Danesa de Escritores.

En su artículo del 21 de octubre de 2010, los periodistas daneses aportan datos y hechos que exhiben la incompetencia de las autoridades sanitarias. Relatan que luego del brote de SARM en el jardín de niños en 1997, se creó una unidad especial en el Hospital de Aalborg, donde se atendieron hasta 2006 los casos de 56 niños y adultos. Durante esos años el gobierno ocultó el nombre del jardín de niños y su localización, por lo que ningún medio de comunicación estaba al tanto del peligroso brote de la enfermedad, que sólo se pudo conocer luego de que la agencia danesa involucrada en el tratamiento de la bacteria –el Statens Serum Institute (SSI)– publicó su experiencia en una revista médica, pero sin develar aún el nombre del kínder y dónde se ubicaba.

Desde 2006, las autoridades sabían que los puercos infectados por el consumo excesivo de antibióticos transmitían la bacteria al ser humano. En julio de 2010 el ministro de la Alimentación, Henrik Hoegh, envió incluso una carta de advertencia a mil 249 granjas porcinas en riesgo (de un total de 9 mil 608 que hay en el país), expresando que estimaba inaceptable el consumo abusivo de antibióticos en la industria. La carta y el listado de destinatarios fueron publicados por Abenhedstinget.

Preocupado por la situación, en 2008 el sindicato de productores porcinos pagó al SSI 40 mil dólares para que realizara una evaluación sobre las potenciales personas de la industria en riesgo de contagio. Los resultados indicaron que 3% de los examinados estaban infectados por sus actividades en la producción porcina.

Los periodistas exponen que esos datos no fueron publicados por ser propiedad del sindicato y tampoco fueron utilizados para planes de prevención. Por si fuera poco, se dejó que cada participante infectado decidiera si se examinaba o no a sus familiares o amigos cercanos.

Apelación

A lo largo del reportaje –en donde entrevistan a médicos implicados en el tema– se detalla la manera en que fue mal gestionado el estudio del SSI, que al privilegiar el anonimato absoluto no permitió identificar las granjas o áreas de infección, y se detalla cómo se ha expuesto la salud de funcionarios municipales y supervisores sanitarios al no conocer el peligro. Se menciona el caso de un paciente de SARM hospitalizado que contaminó a otros cuatro pacientes y a cinco trabajadores del nosocomio. En ese caso no fue posible identificar la fuente de contagio porque el campesino no quería que sus cerdos fueran estudiados y no proporcionó ninguna información.

Los periodistas –que acusan a las autoridades de haber creado con sus métodos una estigmatización de las víctimas de la bacteria comparable a las del SIDA en los años ochenta, por lo que no querían ser identificados– refieren en su reportaje que las cinco oficinas regionales de salud del país les negaron igual número de solicitudes de acceso a los nombres y direcciones de las agroempresas infectadas y a la información sobre el estado del combate a la bacteria en las mismas.

La oficina de Zeland les respondió que no existía esa información en sus bancos de datos.

“La evidencia sugiere que la política de secrecía que el Consejo de Salud ha sostenido desde 2006 ha creado una situación donde la lucha contra la bacteria se está saliendo de control”, acusan los periodistas, quienes después citan a Birgitte Korsager, responsable de infecciones del Hospital Aalborg, quien estimó que hay 280 granjas porcinas que deben ser descontaminadas si la cifra de 3% de infectados del estudio del SSI de 2008 es correcta.

Un artículo de Staffan Dahllof publicado por Investigative Reporting Denmark –el centro fundado por Mulvad– señaló el 3 de junio pasado que desde 2012 han muerto cuatro daneses infectados con SARM, y que el número de personas que contrajeron la enfermedad –según la SSI– aumentó de 12 a 643 entre 2007 y 2012, mientras que la cantidad de cerdos portadores de la bacteria se ha incrementado de 13% del total en 2009 a 88% en 2013.

Mulvad y Hansen decidieron apelar una parte del fallo, aquella relacionada con el nivel de anonimato requerido en su reportaje de 2010, esperando que así la corte acepte finalmente que la información publicada es legal, declaró el primero de ellos a Dahllof.

Mulvad explicó también que no está de acuerdo con la totalidad del fallo y está convencido de que era necesario divulgar el nombre de las granjas afectadas y relatar las ineficiencias de la autoridad para frenar el avance de la bacteria. Sin embargo, tras consultar a expertos en la materia, él y Hansen decidieron conservar en Internet toda la información sobre las empresas infectadas y eliminar el número –que también divulgaron en la versión original– de las personas enfermas en ellas, “que podría ser considerado material sin suficiente cobijo de anonimato”.

El pasado 6 de junio, posterior al fallo, el ombudsman del pueblo danés, Jorgen Steen Sorensen, emitió su fallo final sobre la solicitud de acceso a la lista completa de granjas infectadas, que introdujo Hansen en 2012 y la cual le fue negada por el gobierno. El ombudsman declaró que no existía argumento legal que permitiera a las autoridades seguir manteniendo en secreto esa información, por lo que debía entregarla al periodista. El ministro de Agricultura, Dan Jorgensen, aseguró que así lo haría.

El ministro acaba de presentar un plan de cinco puntos para contener la expansión del SARM porcino en el país, pero no incluye la identificación de las granjas contaminadas, a pesar de que los expertos señalan que ese es el tema central para atajar el problema, lamenta Mulvad.