En Europa no ha bastado con deportar a personas procedentes de África, América Latina o de países árabes, ahora la xenofobia llega al extremo de expulsar a ciudadanos pobres de naciones que pertenecen a la misma Unión Europea. Destaca en esa práctica Bélgica, Estado que, paradójicamente, es sede de las instituciones del bloque comunitario. Su argumento: estos migrantes se han convertido en una excesiva “carga social”. En el fondo, la crisis económica por la que atraviesan los países de este continente ha hecho pedazos la solidaridad regional.
BRUSELAS.- El 7 de abril de 2010, el ciudadano francés Wilfrid Kpignet Songo se presentó en una comuna de la capital belga –equivalente a una delegación en el Distrito Federal– para tramitar un permiso de residencia como “demandante de empleo”. La empresa en la que trabajaba en París había cerrado, por lo que decidió mudarse a Bruselas para probar suerte.
Pensaba que con la nacionalidad de un Estado asociado a la Unión Europea (UE) podía instalarse libremente en esta ciudad, mayoritariamente francófona y vecina de Francia, y buscar un trabajo sin dar cuentas a nadie, confesó a la televisión pública gala el 25 de enero.
Entonces se inscribió en la oficina de empleo de Bruselas y respondió a varias ofertas de trabajo, documentación que entregó a la comuna para probar sus deseos de salir adelante. Meses después, el 9 de septiembre, obtuvo la carta de identidad que certificó su registro temporal en Bélgica como solicitante extranjero de trabajo. Desde junio había comenzado a recibir una ayuda a la integración social de 700 euros al mes (aproximadamente 12 mil pesos) por parte del Estado belga, lo que duró un año.
El francés, con poco más de 50 años de edad, consiguió finalmente un puesto de profesor universitario y empezó a cotizar en la seguridad social belga. Sin embargo, a finales del año pasado fue citado en la comuna. Ahí, un funcionario le retuvo su tarjeta de identidad y le entregó una carta cuyo contenido lo dejó atónito: en ella se le ordenó abandonar el territorio belga en los 30 días siguientes por ser una “carga excesiva” al sistema de seguridad social del país. Si no obedecía, se exponía “a ser conducido a la frontera y ser detenido”.
Quienes reciben una carta de expulsión son eliminados de los registros administrativos belgas, por lo que quedan atrapados en una situación de clandestinidad, sin acceso a la protección del Estado belga y en condiciones de extrema vulnerabilidad social, que incluso les impide utilizar servicios básicos como tener una cuenta de banco en Bélgica.
Mientras que hace una década la deportación de ciudadanos con pasaporte de la UE era excepcional en este país, la crisis económica por la que atraviesan en mayor o menor medida los países europeos ha hecho pedazos la solidaridad regional.
Así, el año pasado el gobierno belga expidió órdenes de expulsión a casi 3 mil europeos comunitarios, amparándose en una controvertida interpretación de la Directiva relativa a los derechos de los ciudadanos de la UE y sus familias de circular y residir libremente sobre territorio de los Estados miembros , promulgada el 30 de abril de 2004.
Dicha reglamentación estipula vagamente que “los beneficiarios del derecho de residencia no podrán ser expulsados mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida”, lo que deja un amplio margen de libertad para imponer limitaciones.
Expulsiones récord
Contrario al discurso de la UE, que promueve la movilidad de los trabajadores europeos, los ciudadanos comunitarios que quieren quedarse más de tres meses en otro país de la UE (estancia larga) deben demostrar –como cualquier otro extranjero– que están estudiando, que cuentan con un trabajo o que están buscándolo, que disponen de medios suficientes para mantenerse y pueden solventar un seguro de salud, o que un familiar que cumple esas condiciones se hará cargo de su manutención.
Trece de los 28 países que conforman la UE (entre ellos Francia y Alemania) practican las expulsiones de europeos. Sin embargo, su número ha crecido exponencialmente en Bélgica desde 2011, cuando fueron fusionadas las bases de datos de demandantes de empleo y de ayudas sociales –lo que facilitó la identificación de los expulsables– y fue nombrada la popular política liberal Maggie De Block al frente de la nueva súper secretaría de Asilo y Migración, Integración Social y Lucha contra la Pobreza, ello como parte de un acuerdo que permitió la formación del actual gobierno del socialista Elio Di Rupo a cambio del endurecimiento de la política de extranjería.
Bélgica emitió en 2010 apenas 343 expulsiones de europeos comunitarios, pero en 2011 esa cantidad se triplicó y llegó a 989, mientras que al año siguiente se disparó a 2 mil 407.
Las estadísticas de la Oficina de Extranjería indican que este país rompió su récord en 2013 al alcanzar la cifra de 2 mil 712 expulsiones. Los más afectados fueron ciudadanos búlgaros (816 casos), rumanos (393), españoles (323), holandeses (305), italianos (265) y franceses (176). Citando también fuentes oficiales, el periódico español El País afirmó en su edición del pasado 12 de enero que el número de expulsados en 2013 fue de 4 mil 812, en tanto que la diputada ecologista belga Zoé Génot aseguró el 21 de enero que fueron 5 mil 571.
Esta política cada vez más dura contra europeos en dificultades económicas contrasta con los esfuerzos de Bélgica por atraer con facilidades fiscales a los más acaudalados, entre ellos los franceses que han estado huyendo del impuesto a la riqueza impulsado por el gobierno socialista, como es el caso del actor Gérard Depardieu, que en diciembre de 2012 se instaló formalmente en un pueblito de nombre Nechin que lo declaró “ciudadano de honor” en agosto pasado.
El 26 de marzo último, la vocera de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernould, afirmó que el país no está aplicando la ley de manera más estricta; simplemente, explicó, se trata de un mayor control en la situación de los migrantes comunitarios. Y advirtió que es “imposible” que su sistema social, que apenas puede satisfacer las necesidades de la población belga, también se haga cargo de asimilar parte de la ciudadanía europea.
Aunque la Comisión Europea ha confirmado que las órdenes de dejar el territorio por razones económicas se efectúan dentro del marco de la legislación europea, el pasado 25 de noviembre hizo público un estudio en el que se concluye que “los ciudadanos de otros países de la UE no recurren más a las prestaciones sociales que los nacionales del país de acogida”.
Pauperización europea
“Este tipo de medidas sólo está fomentando el engrosamiento de un nuevo segmento social de extranjeros europeos empobrecidos”, señala Iván Salazar, asistente social de la Asociación Hispano-Belga, una organización sin fines de lucro que brinda asesoría a personas que enfrentan problemas laborales o migratorios. Cada vez son más numerosos los europeos comunitarios que recibe Salazar; la mayoría tiene entre 25 y 40 años y hay de todo, desde estudiantes hasta pequeños empresarios, inclusive amas de casa y profesionistas.
En entrevista con Proceso, Salazar señala que por su oficina han pasado portugueses, españoles, italianos o franceses con un denominador común: la crisis y el desempleo en sus países de origen los trajo a Bélgica, uno de los Estados de la región con mejor desempeño económico.
Refiere que las expulsiones de extranjeros han tenido lugar desde que llegó a Bélgica hace 20 años. “Lo que causa hoy escándalo –plantea– es que se trata de ciudadanos de la UE. La secretaria De Block tiene razón cuando afirma que las expulsiones son totalmente legales; no así cuando se habla de sus consecuencias éticas y morales”.
En teoría, explica Salazar, un extranjero que recibe una orden de partida del país puede interponer un recurso ante un tribunal, pero en la práctica la mayoría decide retornar a su país o irse a otro de la UE, pues, a diferencia de los migrantes no europeos, la orden de expulsión sólo compete a Bélgica. Abunda: “Sin las ayudas sociales, esta gente no tiene con qué comer o con qué pagar la renta; el propietario de su vivienda los puede echar a la calle, así que mejor deciden irse. Ninguno de los casos que conozco ha sido expulsado físicamente por la policía”.
Entrevistado el pasado 28 de marzo, el asistente social narra al corresponsal la historia de Dolores Cañizal, una española de 66 años que en enero regresó a Marbella con sus hijos y a quien él asesoró. La mujer llegó a Bélgica en marzo de 2012, luego de haberse quedado desempleada en su tierra y haber sido animada por un amigo suyo que ya vivía en el país.
Cañizal consiguió un contrato como afanadora y obtuvo su permiso de residencia. Se jubiló después de un año de cotizar y pagar impuestos. Recibió una mensualidad de 980 euros hasta noviembre pasado, cuando se le suspendió sin previo aviso. En diciembre se le comunicó que debía partir por representar una carga al régimen de prestaciones sociales.
Salazar comenta que la mujer únicamente aceptó dar su testimonio a la televisión belga –divulgado el 25 de enero– cuando ya había decidido irse del país. Y es que, asegura, las medidas contra los migrantes comunitarios han tenido un efecto perverso: puesto que el riesgo de ser expulsado aumentó considerablemente al hacer uso de subsidios sociales, muchos europeos comunitarios prefieren trabajar por muy poco dinero y sin garantías sociales antes que acudir a la protección del Estado belga.
Salazar relata que dos muchachas europeas con estudios profesionales llegaron a su oficina para quejarse de que trabajaban siete horas lavando platos y su empleador sólo reconocía legalmente tres, además de que no tenían horarios fijos. “Les dije que levantaran una denuncia contra él, pero se negaron de manera rotunda: me dijeron que si lo hacían las iban a correr y no tendrían con qué vivir y pagar la renta. La gente sabe que es explotada pero no tiene alternativa”, lamenta.
En Bélgica hay 300 mil personas que cobran sin declararlo al Estado, de acuerdo con datos oficiales.
Excesos legales
En medio de este panorama, hay un aspecto más grave: beneficiarse de la seguridad belga no es la única razón por la que un extranjero puede ser sujeto a una deportación. Así lo muestra el caso del holandés Willem Groenewegen, conocido por ser el traductor al inglés de renombrados poetas de su país, como Rutger Kopland o Ilja Leonard Pfeijffer, y de Bélgica, como Leonard Nolens.
Según relató el diario el 20 de febrero, a principios de 2013 el traductor literario de 42 años se instaló en un estudio en Amberes, una dinámica urbe cultural a 45 kilómetros al norte de Bruselas, en una región donde se habla el neerlandés.
Ahí, un año antes, Groenewegen había vivido en casa de un amigo suyo; quedó encantado con el ambiente de la ciudad y estableció contactos con posibles clientes. Le atrajeron igualmente los precios de los alquileres, mucho más baratos que en Ámsterdam, la capital holandesa en donde residía y desarrolló su propia agencia de traducción.
Cuando Groenewegen fue a inscribirse a la comuna para obtener su permiso de residencia –lo que según sus amigos holandeses con más tiempo habitando en Bélgica era una simple formalidad– se le exigieron documentos con los que probara su solvencia económica. Presentó estados de cuenta bancarios, su membresía en la cámara de comercio, su registro de inscripción en Holanda y muchos comprobantes más, que, sin embargo, no sirvieron de nada… El 19 de agosto de 2013 se le comunicó que debía salir del país, debido a que no disponía de “ingresos suficientes” para poderse quedar.
El ciudadano holandés jamás había recurrido a las ayudas sociales belgas, pero las autoridades migratorias consideraron por anticipado que eso terminaría ocurriendo y le ordenaron irse de Bélgica.
Una parte de la clase política belga defiende la política de mano dura de la secretaria De Block, pues advierte acerca del peligro colectivo que implica seguir exprimiendo las arcas de la seguridad social. En cambio, otros líderes políticos cuestionan los excesos que a su juicio se están cometiendo.
El 21 de enero último, durante la comparecencia de la secretaria ante la Cámara de Representantes, la mencionada diputada verde Zoé Génot expuso: “En Francia hay ciudadanos belgas que no disponen de medios suficientes para mantenerse y que, si bien no se benefician de todas las ayudas sociales, tampoco han recibido la orden de dejar el territorio francés. En cambio, en Bélgica la situación se degenera. Después de deportar personas anotadas en las ayudas sociales, hicimos lo mismo con algunas categorías de individuos beneficiados de las ayudas de desempleo. Para acabar, se convoca a personas que trabajan y se les ordena dejar el territorio”.
La diputada mencionó el caso de una joven italiana que, aun cuando disponía de recursos y tenía planeado comprar una casa para ella y su hijo, recibió la orden de expulsión. También citó el caso de una artista francesa que incluso había ganado una beca de las autoridades francófonas al considerarla una promesa artística. Con todo, igualmente fue deportada. En su respuesta, De Block no aceptó que el gobierno belga esté incurriendo en un error o en excesos.