La delegación de la Unión Europea en México “condenó firmemente” el asesinato en Veracruz del fotoreportero Gregorio Jiménez, e hizo “un llamamiento a las autoridades competentes a hacer todo lo posible para esclarecer los hechos, identificar, arrestar y juzgar a las personas responsables”.
El pronunciamiento es positivo, pero sólo en la medida en que su ausencia hubiera marcado una ominosa pasividad de parte de la diplomacia europea que dirige la británica Catherine Ashton desde Bruselas.
Explico: el problema de la Unión Europea (como gobierno comunitario) no es que no condene hechos de barbarie como el del secuestro, tortura y homicidio de Gregorio Jiménez, que además representa un duro ataque contra la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión en México, país que, por cierto, en plena guerra antidrogas y crisis de derechos humanos fue declarado por la Unión Europea “socio estratégico”. Pero, decía, no es eso. Lo que plantea una contradicción es que, aún frente a una rápida degradación de los derechos humanos en el país, la Unión Europea no ha pasado realmente más allá de las palabras de preocupación.
Para empezar, llama la atención que la condena de la Unión Europea al asesinato de Jiménez está presentada como una “declaración local” emitida por su delegación en México; no es de puño y letra de la señora Ashton ni enviada desde la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en la capital belga, lo que, me parece, le hubiera conferido mayor peso político.
[pullquote]Artículo de opinión publicado el 20 de febrero de 2014 en el sitio Cuadernosdobleraya.com dentro de una serie semanal en memoria de Gregorio Jiménez, fotoperiodista mexicano asesinado en el estado mexicano de Veracruz[/pullquote]Desde 2001 sigo en Bruselas la relación bilateral. A pesar de que ella se finca oficialmente en el respeto a los derechos humanos (lo estipula el acuerdo en su primer artículo), el rampante ascenso de la violencia y la represión, particularmente contra defensores y periodistas, no corresponde con la moderación con que continúa reaccionando la Unión Europea, incluso llegando a defender a las autoridades mexicanas.
Así, durante los primeros años posteriores a 2001, los funcionarios europeos argumentaban que las violaciones a los derechos humanos en México “no eran sistemáticas ni cometidas por las fuerzas del Estado” (sic). Luego, cuando ya era evidente que eso sí sucedía, empezaron a declarar que consideraban positivo que las autoridades mexicanas fueran ya capaces de identificar casos como esos para poderlos sancionar. Eso fue lo que respondió una vez la ex comisaria de Exteriores, la austriaca Benita Ferrero-Waldner.
Uno de los funcionarios de la unidad para México, con quien hablé una ocasión de manera informal, llegó a confesar que los reportes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el país no le parecían totalmente creíbles.
Actualmente, la Unión Europea asegura que, “aunque no es una tarea fácil”, el gobierno mexicano está “comprometido” en respetar los derechos humanos. Fue lo que dijo Ashton durante su visita al país en febrero de 2012, ocasión en que se encontró con el presidente Felipe Calderón y su gabinete, además de dar una plática a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual, según algunos asistentes, los periodistas presentes fueron invitados a salir.
En su breve comunicado de condena al asesinato de Gregorio Jiménez, la Unión Europea remarca que “confía” en la actuación de la justicia mexicana. Es lenguaje diplomático, de acuerdo, pero que termina desanimando después de tanta impunidad de un lado y tanta condescendencia del otro.
La Unión Europea asegura que su enfoque estratégico ha logrado institucionalizar un diálogo permanente y de alto nivel con México en materia de derechos humanos. Hay que aclarar que estas reuniones se efectúan a puerta cerrada, y la opinión pública se entera de muy poco leyendo el comunicado conjunto que se publica posteriormente. Cuando haciendo uso de la ley europea de acceso a la información he solicitado documentación más precisa acerca del tema –acompañado por la organización no gubernamental Access Info Europe–, la Unión Europea siempre la ha negado, pues, alega, hacerlo dañaría sus relaciones de confianza con el gobierno mexicano.
No obstante, visto el dramático saldo mexicano en el rubro de los derechos humanos y la protección a periodistas, justamente desde que entró en vigor en 2000 el acuerdo bilateral, me temo que esos diálogos, y en general la actual política europea, caracterizada por su bajo perfil, no están reportando resultados tangibles sobre el terreno. Tan sólo en lo que respecta a las víctimas de la prensa, según el conteo de la organización Artículo 19 ya van 75 periodistas asesinados en México en los últimos 14 años, y tan sólo 10 de ellos han ocurrido en Veracruz en los últimos dos años.
Pueden caer en lo anecdótico, pero hay acciones que desgastan la credibilidad de la diplomacia europea: ¿Cómo creer en la condena de la Unión Europea por el asesinato de Gregorio Jiménez cuando el 8 de junio de 2012, ni siquiera dos meses después del asesinato en Veracruz de mi compañera de Proceso, Regina Martínez, el embajador de Alemania, Edwin Duckwitz, fue a “estrechar lazos” y a firmar el convenio del club alemán de yate, todo sonrisas, con el gobernador Javier Duarte? Dos semanas antes, el 23 de mayo, la jefa de la delegación de la Unión Europea en México, Anne-Marie Coninsx, recibió a Duarte en la representación del DF para que hablara del atractivo económico de su estado ante 18 embajadores europeos.
O ¿cómo comprender la condena de la Unión Europea cuando Coninsx decide aplaudir, felicitar y guiñar el ojo en seña de aprobación al diplomático mexicano que venía de presumir las medidas que el gobierno de Felipe Calderón había implementado para supuestamente proteger, entre otros, a los periodistas amenazados? Eso ocurrió el 14 de junio de 2011 durante una sesión pública de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Y podría seguir con esa lista.
En enero de 2012, la propia Ashton reconoció que la política exterior de derechos humanos de la Unión Europea tenía que ser “más activa, más coherente y más eficiente”. Un acto de coherencia, por ejemplo, fue su viaje a Kiev, la capital de Ucrania, donde se encontró con los opositores al régimen proruso en sus propios campamentos de la Plaza Maidan. No pretendo comparar las situaciones, pero ¿sería mucho imaginar que un día la señora Ashton, o quien la suceda en el máximo puesto de la diplomacia comunitaria, se reúna públicamente en México con las víctimas de la violencia, con los periodistas y los defensores de derechos humanos amenazados, o con los líderes sociales y políticos opositores a gobernadores como Duarte, por ejemplo? Sería un gesto de gran simbolismo político, que ayudaría a dar contenido a las palabras de condena de la Unión Europea.
Mientras no lleguen esas señales diplomáticas fuertes de su parte, o mientras siga brindando su respaldo a la política antidroga del gobierno mexicano, que precisamente abrió la puerta grande a todos los demonios de la violencia que ahora condena, temo que los pronunciamientos de la Unión Europea no dejarán de ser palabras huecas para las autoridades de México.