BRUSELAS (apro).- La industria armamentista europea ha logrado desarrollar, sigilosamente y con financiamiento público, programas para la fabricación y utilización en la Unión Europea (UE) de drones –vehículos no tripulados–, y ahora su objetivo es cabildear un marco legal que garantice cielos abiertos para el despliegue de este tipo de tecnología de vigilancia, una vez que, además, la región firmó acuerdos de cooperación en la materia con Estados Unidos.

“La UE está subsidiando a los fabricantes europeos de drones, comprando conocimiento de sus contrapartes israelíes y creando un clima regulatorio favorable, pues cree que, además de que pueden realizar algunas tareas potencialmente muy útiles, los vehículos aéreos no tripulados (UAV’s, por su siglas en inglés) representan una innovación y una oportunidad”, señala un reporte conjunto de la organización no gubernamental británica Statewatch y la holandesa Transnacional Institute (TNI), titulado Eurodrones incorporated y presentado a principios de febrero.

“(La fabricación de esos vehículos) está siendo claramente impulsada por las advertencias y amenazas de la industria en el sentido de que Europa ‘se quedará atrás’ si no financia su investigación, desarrollo e implementación. (Y) muchos Estados miembros de la UE han adoptado ese enfoque”, afirma el reporte elaborado por los expertos Ben Hayes, Chris Jones y Eric Töpfer.

[pullquote align=”right”]Artículo publicado el 14 de febrero de 2014 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO[/pullquote]

La investigación –cuya copia obtuvo Apro– encontró que, desde finales de los noventa, cuando comenzó a explorarse el uso de esos vehículos, la UE ha destinado al menos 500 millones de euros al desarrollo y la promoción de drones, a lo que hay que agregar, subraya, las “inversiones sustanciales” aportadas por sus Estados miembros.

Sin embargo, a pesar de que se trata de montos considerables extraídos de los presupuestos oficiales, y del efecto sobre los derechos humanos de los ciudadanos, el reporte acusa que, “salvo por algunos cautelosos comunicados de la Comisión Europea, muy poca información ha sido revelada al público acerca del alcance y amplitud de las actividades de la UE al respecto”.

Los fabricantes de drones prefieren llamarlos “vehículos de pilotaje remoto” (RPV’s) o “sistemas aéreos pilotados a distancia” (RPAS), ya que –explican los expertos de Statewatch y TNI– así pretenden evitar que sus productos sean asociados con los ataques de drones y los asesinatos extrajudiciales cometidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Ejército estadunidense en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, como parte de un programa de seguridad que aceleró la administración del presidente Barak Obama, indican.

Producción sigilosa

Al menos 16 de los 27 países de la UE que cubre el estudio (faltó Croacia, que se unió el pasado 1 de julio) ya poseen drones para propósitos militares de combate y reconocimiento, y no militares para tareas de vigilancia y detección de objetivos, revela el reporte. Señala también que 21 Estados del bloque han diseñado, desarrollado y producido más de 400 diferentes sistemas de vehículos aéreos no tripulados, citando la información que el 12 de julio de 2011 proporcionó a la Comisión Europea el holandés Peter van Blyenburgh, presidente de Unmanned Vehicle System International (UVS International), una organización de cabildeo de la industria.

No sólo la Comisión Europea –la institución de la UE que ejecuta las políticas comunes a los 28 Estados asociados— ha subsidiado desde hace mucho tiempo la investigación, el desarrollo y la cooperación internacional entre fabricantes de drones.

El reporte revela que la Agencia Europea de Defensa (EDA) promocionó entre 2005 y 2011 el desarrollo de drones civiles y militares a través de 39 proyectos que en total recibieron fondos por 190 millones de euros, en su mayor parte (105 millones) para la manufactura de vehículos aéreos, pero también para modelos acuáticos y terrestres (26 y 47 millones respectivamente) y, remarca, esa tendencia de financiamiento sigue a la alza.

Su objetivo, afirma el reporte, es desarrollar la tecnología y los estándares regulatorios que favorezcan la producción de drones militares de todo tipo y conducir la inserción de drones en el espacio aéreo civil, para lo cual la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea ya trabajan con la Agencia Europea de Seguridad Aérea y Eurocontrol.

La Comisión Europea anunció en 2012 que se encargaría de coordinar la introducción de drones en el espacio civil aéreo europeo, y en junio pasado fijó para 2028 la “completa integración de drones en el espacio comercial aéreo”, refiere el documento de las ONG, enfatizando que, en su discurso, la institución ha insistido en que garantizará que el cielo europeo será usado de manera responsable y efectiva.

Statewatch y TNI exponen que las grandes fabricantes de drones, que durante más de diez años han cabildeado para obtener un marco regulatorio que permita vender y usar sus drones civiles, impusieron a la autoridad una agenda que les ofrece la oportunidad de complementar con aplicaciones civiles el grueso de sus negocios, que proviene de sus productos de uso militar.

“Puesto que la tecnología es ‘interoperable’, lo que significa que drones militares y civiles compartirán mucha de la infraestructura que necesitan para volar, el apoyo a las compañías que desarrollan drones civiles beneficiará inevitablemente la fabricación de aquellos de uso militar”, explican las ONG en su reporte.

La falta de transparencia en las operaciones de la EDA dificultan la identificación de las empresas que ha beneficiado, se queja el reporte, que, no obstante, presenta entre ellas a las francesas Thales y Sagem (el líder europeo en sistemas de navegación inercial), la italiana Selex (subsidiaria de Finmecanicca) y la European Aeronautic Defense and Space (EADS), la más importante en el segmento de la aviación y el espacio y la segunda mayor fabricante de armamento de Europa, conformada por el grupo Aérospatiale-Matra de Francia; Dornier y DaimlerChrysler Aerospace de Alemania, y Construcciones Aeronáuticas de España.

En junio del año pasado, la compañía gala Dassault Aviation se alió con EADS y Finmecanicca, sus competidoras en el mercado europeo de drones de altitud media (9 mil metros de altitud) y largo alcance (200 kilómetros), conocidos como MALE por su sigla en inglés, y juntas llamaron a los gobiernos de la UE a lanzar un programa europeo para el desarrollo de un solo modelo de su tipo. Ello con el objetivo de “prevenir mayores compras de drones armados Predator de fabricación estadunidense”.

El proyecto recibió el apoyo de la UE y, el 15 de octubre, la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad del bloque, Catherine Ashton, también vicepresidenta de la Comisión Europea y jefa de la EDA, precisó que éste podría recibir una contribución del programa Horizon 2020 y se crearían alianzas de negocios entre la Comisión Europea, la EDA, los Estados miembros y la industria para el desarrollo de la tecnología drone.

Los ministros de Defensa de la UE aprobaron el proyecto en diciembre último y será puesto en marcha por Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia, España y Holanda, país que lo dirigirá.

Argumentos engañosos

La Agencia Espacial Europea también financia y gestiona la infraestructura de satélites y comunicaciones que usan los drones para volar, continúa el documento, el cual resalta que Frontex, la agencia fronteriza comunitaria, está dispuesta a desplegar drones de vigilancia a lo largo de los límites de la UE con el objetivo de impedir la llegada de inmigrantes y refugiados.

Esa agencia fronteriza ha organizado eventos y talleres en países como Finlandia, Polonia, Grecia, Francia y Bulgaria en los que las compañías de defensa y seguridad son invitadas a exponer los beneficios que ofrecen drones, dirigibles y “aviones opcionalmente pilotados” en la vigilancia de las fronteras, señala el reporte, precisando que Frontex incluso paga a las empresas los gastos de esas presentaciones.

Un reportaje de la agencia de noticias Inter Press Service, publicado el 11 de enero de 2013, reveló que Frontex había desembolsado 30 mil euros en los viáticos de los representantes de Lockheed Martin, FAST Protect AG, FLIR Systems, y otras compañías que habían mostrado sus drones y sistemas en un evento realizado en Francia días antes, refiere el reporte. Citando como fuente un segundo reportaje de esa agencia, esta vez del 9 de enero de 2013, el reporte agrega que en otro evento, celebrado en Aktio, Grecia, el pago de los gastos asumidos por Frontex varió entre 10 mil y 198 mil euros por compañía.

En un taller anterior, llevado a cabo en abril de 2012 en Bulgaria, asistieron, entre otros representantes de organismos europeos, autoridades fronterizas del país anfitrión, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania y España. Un alto funcionario de Frontex, Zdravko Kolev, escribió sobre ese encuentro en el sitio de Internet de UAS Vision, el cual, comenta el reporte, se presenta como “un foro global para la comunidad de los sistemas de vehículos aéreos no tripulados”:

“Esta tecnología (los drones) es del interés particular de Frontex y de los Estados miembros de la UE para poder mejorar la capacidad de detección y seguimiento de embarcaciones pequeñas e innavegables, que están siendo usadas regularmente por la migración ilegal y el crimen trasnacional, como el tráfico de drogas”.

“El uso de esos botes –prosigue el alto funcionario— ha multiplicado las muertes de migrantes ahogados mientras intentan alcanzar las costas de la UE. Los sistemas de vehículos pilotados a distancia ofrecen un gran potencial para mejorar la capacidad de vigilancia aérea y poder salvar más vidas”.

Kolev, aclara el reporte, fue galardonado una ocasión con el premio Catherine Fargeon de UVS International, la plataforma de cabildeo de la industria.

El reporte especifica que el argumento humanitario sirve de base a quienes interesa el desplazamiento de drones en las fronteras de la UE, y más aún, precisa, después de la muerte de cientos de inmigrantes en las costas de Lampedussa a principios de octubre del año pasado.

Sin embargo, el reporte de Statewatch y TNI puntualiza que ese argumento es engañoso, ya que, explica, bajo la legislación del programa de vigilancia fronteriza Eurosur, los barcos de los Estados miembros o de Frontex no tienen la obligación de iniciar una operación de búsqueda o salvamento de embarcaciones en peligro de naufragar. Y los países europeos mediterráneos, agrega el reporte, se han resistido a incorporar a la ley cualquier cláusula que los obligue a ello.

El reporte cita a la eurodiputada alemana Franziska Keller, quien en declaraciones al Global Post publicadas el 20 de julio de 2012 afirmó: “Los drones son muy caros y no ayudan. Incluso si un drone detecta una embarcación de fortuna, no puede hacer nada. Lo que se necesita es gente que esté ahí, y tener un drone no garantiza eso”.