BRUSELAS, (apro).- Tras una fuerte campaña de cabildeo ante las instituciones de la Unión Europea (UE), la trasnacional mexicana de sustancias químicas Mexichem, junto con otras empresas del sector, evitó que se prohibieran totalmente en esa región los gases de flúor (gases F) que producen para equipamientos de refrigeración y calefacción, y que son causantes del calentamiento global.
Estudios oficiales de la UE advierten que los gases F (90% hidrofluorocarburos o HFC) tienen un potencial de impacto mucho mayor que el dióxido de carbono (CO2) sobre el cambio climático, además de que sus emisiones están creciendo enormemente, tanto que en 2050 podrían representar 20% del total de los gases de efecto invernadero si no se toman acciones que las frenen.
Mexichem es el mayor abastecedor de fluorita y productor de ácido fluorídrico del mundo, componentes que sirven para la fabricación de refrigerantes a base de HFC. La empresa mexicana presume en su página de Internet que produce “gases refrigerantes” en Europa, América y Asia.
Como lo informó Apro, en mayo de 2012 Mexichem adquirió la holandesa Wavin, con lo que amplió sus negocios a 17 países más de la comunidad europea: Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Italia, Hungría y Rumania, además de Reino Unido, donde había comprado la empresa Ineos Flúor en 2010.
El 24 de octubre de 2011 Mexichem inscribió a un cabildero con sueldo de la empresa en el registro voluntario de “representantes de intereses” de la Comisión Europea. Ahí, la trasnacional mexicana declaró que sus actividades de cabildeo estaban enfocadas a “la revisión de la regulación de los gases F” en curso.
La compañía del empresario Juan Pablo del Valle –con oficinas centrales en el Estado de México– está asociada a las federaciones industriales de cabildeo más poderosas de Bruselas: la Federación Europea de la Industria Química (CEFIC por su sigla en inglés) y la Asociación Europea para la Energía y el Medio Ambiente (EPEE, también por sus siglas en inglés), que dominan trasnacionales estadunidenses y japonesas.
Cabe recordar que el año pasado, Mexichem consiguió la repentina desincorporación de la mitad del complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, para constituir como socio dominante la compañía Petroquímica Mexicana de Vinilo, que monopolizará en el país la producción de ese componente industrial (Proceso número 1923).
Acuerdo “decepcionante”
En ese contexto de desarrollo de las operaciones europeas del consorcio mexicano, el pasado 16 de diciembre el Parlamento Europeo y el Consejo (donde toman decisiones los gobiernos de los 28 Estados miembros de la UE) acordaron introducir un límite en el consumo de gases F, con el objetivo de alcanzar una reducción de 79% en 2030.
“Estoy orgulloso de nuestra industria, que ha demostrado su compromiso progresista y que siempre ha apoyado las normas medioambientales ambiciosas sobre gases F bajo un esquema de límite y reducción gradual”, señaló ese mismo día en un comunicado Andrea Voigt, el director general de la EPEE.
“La industria de los sistemas de calefacción, enfriamiento, refrigeración y las bombas de calor, representados por EPEE, da la bienvenida a las nuevas reglas”, agregó Voigt, para luego subrayar que sus compañías tenían ahora la certidumbre regulatoria que garantizaría sus negocios a largo plazo.
El acuerdo incluye la prohibición para dar servicio y mantenimiento a los equipos actuales con gases F con el objetivo de promover soluciones alternativas, lo mismo que la creación de un sistema de rastreo para mejorar la vigilancia de aquellos otros que son importados a la UE.
Las nuevas reglas –que están sujetas todavía a la aprobación formal del Parlamento Europeo y el Consejo, y que entrarían en vigor en 2015– fijan igualmente límites de consumo a los sistemas más grandes de refrigeración y de pequeños sistemas fragmentados de aire acondicionado, a través de la instauración de un índice de Potencial de Calentamiento Global.
EPEE reconoció que únicamente aceptó tales restricciones porque éstas fueron necesarias para que se pudiera lograr un acuerdo político con las autoridades, pero que la asociación “aún sostiene que no son requeridas más prohibiciones para alcanzar las metas climáticas”.
Sin embargo, para la organización no gubernamental Corporate Europe Observatory (CEO) ese acuerdo simplemente es “decepcionante”, pues considera que es el resultado “de un típico caso de estudio de cómo una campaña de lobby concertada por una industria contaminante puede debilitar una legislación que necesita de forma desesperada luchar contra la crisis del cambio climático”.
En un informe publicado el 17 de diciembre, la ONG acusa que las empresas asociadas a EPEE, como Mexichem, Daikin, Mitsubishi, Honeywell o DuPont, empezaron desde hace dos años a cabildear fuertemente para retrasar el proceso legislativo y suavizar las propuestas de reglamentación que apuntaban al uso de alternativas naturales a los gases F que ellas producen y cuyas patentes poseen.
CEO narra que lo primero que hicieron las empresas socias de la EPEE fue diluir al máximo la primera propuesta de reglamentación que hace un año presentó la Comisión Europea, y en la cual –según el borrador de ese texto, que fue filtrado– se contemplaban prohibiciones sobre la refrigeración comercial e industrial, sectores en los que existen alternativas viables a los gases F en el mercado.
No obstante, la propuesta de la Comisión Europea finalmente no incluyó una prohibición completa de los gases F y sí una eliminación gradual, que mantiene “mucho más de lo necesario” el dominio en el mercado de las grandes multinacionales que los producen –y que promueven el uso de los HFC de mediano impacto–, en detrimento de los refrigerantes naturales, menos dañinos, pero que son comercializados por pequeñas empresas europeas.
Poderío corporativo
En junio pasado, el Parlamento Europeo planteó una propuesta que puso a temblar a la industria: prohibir totalmente los HFC en 2020 en un proceso de eliminación más rápido que el propuesto por la Comisión Europea, es decir la reducción de 21% de casi todos los HFC en los próximos siete años.
Tras ello, la industria del gas F, ayudada por la firma de cabildeo y relaciones públicas Grayling –que se encarga de manejar el secretariado de la EPEE–, cambió de estrategia. En un movimiento habitual en este tipo de campañas, comenzaron a aparecer estudios técnicos favorables a los intereses de las empresas de EPEE, que, basado en ellos, advertía que las prohibiciones generarían costos extraordinarios y muy pocos beneficios medioambientales.
Uno de los estudios más citados por EPEE, elaborado por la consultoría SKM Enviros, estimaba esos costos en 71 mil millones de dólares de 2020 a 2029, y de nueve mil millones de dólares anuales a partir de 2030. Ese estudio, comenta CEO, nunca fue entregado a las autoridades de la UE y, por lo tanto, jamás pudo ser examinada su metodología.
La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo comenzaron entonces una difícil fase de diálogo tripartita. Lo que hizo la industria fue convencer a los gobiernos del sur de Europa de que la prohibición total de los gases F representaría para ellos un peso financiero más alto que en el resto de Europa, lo cual, según un estudio de la ONG británica Environmental Investigation Agency, es falso.
España fue uno de los países que más se opuso a la prohibición, lo cual atribuye CEO al activo trabajo de cabildeo de la eurodiputada española Cristina Gutiérrez Cortines, miembro del Partido Popular Europeo, quien incluso acusó a su compañero de partido, el húngaro Erik Bánki –que llevaba el tema–, de no defender los intereses de la industria de los gases F ni las economías de los países del sur europeo.
El caso es que no se llegó a ningún acuerdo después de tres reuniones entre las instituciones. Una posibilidad era continuar con una segunda lectura de la normativa dentro de dos años, luego de las elecciones europarlamentarias de 2014. Otra opción fue convocar a una nueva reunión, la de diciembre, y forzar un compromiso. La industria vio en ese escenario una mayor oportunidad para tirar las prohibiciones, o al menos debilitarlas en aras de alcanzar un acuerdo, por lo que presionó su realización.
“Las expectativas de la industria fueron parcialmente cumplidas. El compromiso de último minuto (del 16 de diciembre) es un triste ejemplo de cómo el poder corporativo socava las políticas de la UE”, señaló CEO, añadiendo que “las propuestas de prohibición del Parlamento Europeo terminaron siendo diluidas y fueron introducidos vacíos legales, pese a que el acuerdo prohíbe el uso de HFC en nuevos equipos de refrigeración comercial en 2022”.
La ONG puntualiza: “Sustancias muy peligrosas, para las que existen alternativas seguras, pero que no dejan muchos beneficios a la poderosa industria de los gases F, continúan siendo arrojadas a la atmósfera con autorización, justo en el momento en que la crisis climática es tan aguda que no podemos permitirnos hacerlo”.