BRUSELAS (apro).- Violaciones a los derechos humanos, financiamiento de grupos armados irregulares y utilización de prácticas de soborno son algunas de las acusaciones que diversas organizaciones no gubernamentales internacionales han documentado contra empresas petroleras trasnacionales que operan en países con altos índices de corrupción y violencia.
Uno de esos países es Nigeria, que ocupa el sitio 140 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2013 que elabora Transparencia Internacional; México es el 106.
[pullquote align=”right”]Artículo publicado el 20 de diciembre de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO, en el contexto de la reforma energética mexicana[/pullquote]“Las compañías petroleras como Shell y Chevron han financiado grupos armados en la volátil región del Delta del Níger al menos desde 2003, y pagado ‘protección’ a otros grupos hostiles durante décadas”, afirma la organización británica Platform en un reporte titulado Alimentando la violencia: empresas petroleras y grupos armados en Nigeria.
Elaborado por el investigador Ben Amunwa y financiado por la Unión Europea, el reporte –publicado en agosto de 2012– se basa principalmente en información de cables diplomáticos emitidos por la embajada estadunidense en Nigeria y revelados por Wikileaks, a los que tuvo acceso Platform, una ONG sin ánimos de lucro y con sede en Londres.
El reporte, de 15 páginas y cuya copia obtuvo Apro, explica que los grupos armados tribales que existen en la región –creados a partir de la llegada de las petroleras internacionales en los años noventa– cortaron más de un cuarto de la producción petrolera del país en 2006, por lo que las compañías y el gobierno nigeriano han tratado de pacificarlos ofreciéndoles pagos o contratos.
Tales prácticas, sin embargo, han azuzado el conflicto en la región, cuyo saldo se estima en más de mil muertos por año, precisa Platform.
Las compañías han prometido que cesarían esos pagos ilegales, lo cual no ha sucedido, denuncia el reporte, y peor aún, acusa, los antiguos líderes combatientes han sido “premiados” a través de lucrativos contratos de millones de dólares con el gobierno y las petroleras. Las autoridades nigerianas tenían planeado dedicar entre 405 y 450 millones de dólares a un programa de amnistía para combatientes, un monto superior al que destina el país en educación básica, observa Platform.
Ben Amunwa y Platform han producido diversos reportes –investigados sobre el terreno– en los que se documenta la participación de las compañías petroleras en los conflictos armados y en la grave violación de derechos humanos en Nigeria.
En un reporte de octubre de 2011, cuyo título es Counting the cost: corporations and human rights abuses in the Niger Delta, Platform y otras organizaciones no gubernamentales internacionales –Centre for Environment, Human Rights and Development; Friends of the Earth Netherlands/Milieudefensie; Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria; Social Action, Spinwatch y Stakeholder Democracy Network— repasan ocho casos cometidos por la División Este de Shell en el Delta del Níger.
Ese reporte concluyó que las relaciones tan cercanas de Shell con el ejército de Nigeria “exponía a la empresa a acusaciones de complicidad en el sistemático asesinato y tortura de residentes locales”; advertía de los “pagos regulares” de la petrolera a grupos armados, y sostenía que el “pobre compromiso social” de Shell proveía “el catalizador” para mayores perturbaciones, como sucedió en agosto de 2011 con un incidente que cortó una tercera parte de la producción diaria de petróleo de la compañía.
Alertó igualmente que, “debido a la ausencia de una correcta supervisión y controles, los contratistas de Shell, incluyendo a multinacionales como Halliburton, Daewoo y Saipem, han repetido muchos de los errores de Shell”.
Financieros de la violencia
Las estadunidenses Chevron y ExxonMobil, la italiana ENI, la francesa Total, la china Addax Petroleum, así como la compañía petrolera nacional nigeriana (NNPC, por sus siglas en inglés) participan en la explotación de los recursos energéticos del país.
Sin embargo, la petrolera anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell tiene una posición dominante desde 1937, lo cual se traduce en que 12% de su producción global de crudo provenga de Nigeria. La firma, asevera la ONG, prevé invertir en los próximos años 40 mil millones de dólares en proyectos de explotación de bloques petroleros en aguas profundas del país.
Platform asegura en su reporte Alimentando la violencia… que la multinacional anglo-neerlandesa ha atizado varios conflictos armados en Nigeria al financiar grupos de combatientes a cambio de protección.
El reporte narra el caso de la implicación de Shell y Chevron en la crisis del conflicto de Okerenkoko, al sur de la provincia de Warri, que ocurrió en un contexto de elecciones nacionales.
El documento indica que en un cable diplomático –filtrado por Wikileaks y fechado el 17 de abril de 2003– el entonces embajador estadunidense Harold F. Jeter informó a Washington que unos 300 jóvenes combatientes de la etnia ijaw estaban “armados con nuevos rifles de asalto y lanzagranadas propulsadas por cohete, además de estar auxiliados por una flota de lanchas rápidas”. El embajador advertía que todo indicaba que los sujetos poseían “armas sofisticadas, incluyendo proyectiles de artillería perforante”.
La ciudad de Warri había sido el epicentro de conflictos políticos y étnicos entre grupos de las étnias ijaw, urhobo e itsekiri y de éstas contra las fuerzas gubernamentales, quienes se enfrentaban por el control del mercado negro del crudo sustraído ilegalmente, refiere el reporte.
Ese conflicto resultó en el desplazamiento de miles de personas y en el asesinato de 500 más, según Amnistía Internacional, cita el reporte.
“Los cables de la embajada estadunidense –se lee en el documento– sugieren que Shell y Chevron, los principales operadores en el área, establecieron pagos regulares, contratos y arreglos financieros con los milicianos ijaw locales”.
Dicho cable del embajador Jeter dice: “Muchos de esos jóvenes ijaw están recibiendo pagos directos de las compañías petroleras para que se abstengan de cometer actos de vandalismo contra las instalaciones o para que dejen de amenazar a su personal. Erogado bajo la forma de apoyo a guardia comunitaria o a un programa de vigilancia, el promedio de esos pagos equivalía a 300 dólares mensuales”.
Platform asegura que ese dinero era en esa época suficiente para proporcionar a cada combatiente “armas de calidad” y provisiones para mantenerse durante semanas. Ese sistema de pagos, menciona la organización, tiene tiempo funcionando, y prueba de ello, sostiene, es un cable que el 30 de agosto de 2004 envió el embajador Jeter a su sucesor, John Campbell:
“Las petroleras –comunicó Jeter—han vertido dinero en poblados o clanes escogidos para comprar protección o aplacar a las poblaciones locales. En tres décadas ese dinero ha servido para acumular armas en las manos de los habitantes del Delta”.
En el pueblo Rumuekpe, por donde circula una de las mayores arterias de las operaciones de Shell en la parte este, la compañía concedió contratos por un valor de 57 mil dólares a bandas armadas que peleaban por el control de la zona. El pueblo fue destruido y hubo al menos 60 personas asesinadas.
El monto exacto de tales pagos es incierto, reconoce Platform. No obstante, de acuerdo con un documento interno de Shell sobre su presupuesto de seguridad, filtrado a la ONG, se conoce que en 2008 la empresa desembolsó 127 millones de dólares en el rubro de seguridad “Otros”, lo que representó 37% de sus costos totales en esa materia.
Precisa que, en Nigeria, en 2009 Shell destinó 65 millones de dólares a las fuerzas de seguridad gubernamentales y 75 millones más a “otros” costos de seguridad. Las cifras anteriores, acota, no incluyen 200 millones de dólares que dedicó la petrolera a fondos de “desarrollo comunitario” que, subraya el escrito, fueron distribuidos entre grupos armados que amenazaban las operaciones de la firma.
Negocios sucios
Las petroleras trasnacionales también han establecido en Nigeria “contactos regulares” con dirigentes de bandas armadas y con políticos corruptos.
En el reporte de Platform se menciona “la estrecha relación de negocios” que mantuvo Chevron con el comandante Tom Polo, uno de los principales líderes del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, por sus siglas en inglés). De esa manera la empresa estadunidense pudo seguir operando su planta de gas en Escravos durante un intenso periodo de confrontaciones armadas entre el ejército nigeriano y los rebeldes.
El MEND había lanzado desde 2006 una ola de ataques contra el personal y la infraestructura de la compañía. La base de Tom Polo (Camp Five) estaba localizada sobre la ruta fluvial de abastecimiento de la planta de Shell. Según un cable diplomático estadunidense del 8 de febrero de 2008 –revelado también por Wikileaks—empleados de Chevron “tenían contactos sobre asuntos de seguridad con insurgentes vía teléfono y mensajes de texto”.
Tal cable agrega que “Chevron admite que mantiene contactos regulares con la organización de Tom Polo, hasta el punto de llamar a los rebeldes antes de que los convoyes de suministros pasen por sus campos para asegurarse que la situación es lo suficientemente estable para que aquellos arriben intactos a Escravos”.
Y no sólo eso: los trabajadores de Chevron eran albergados a lo largo de la Riviera en numerosas viviendas montadas sobre embarcaciones, una de las cuales, según constataron “oficiales estadunidenses” durante una visita, tenía “visiblemente inscrito el nombre ‘Tom Polo Limited’”. Cuando preguntaron a la petrolera la procedencia del navío, Chevron declaró, según el cable del 8 de febrero de 2008, que la empresa “no tenía mucha opción, ya que además de sus actividades combatientes, Tom Polo era un hombre de negocios local y que su casa flotante había pasado el mismo proceso de investigación que las otras compañías”.
Joris Ibori, un exgobernador del estado de Delta, también rentaba a Chevron cuantiosas viviendas flotantes en Escravos. En ese momento, Ibori enfrentaba más de 100 cargos de corrupción en Nigeria. En abril de 2012, fue sentenciado a 13 años de prisión en una corte de Londres por un fraude de 50 millones de libras (alrededor de 80 millones de dólares).
“Los vínculos empresariales entre Chevron y Tom Polo demuestran la más extensa privatización de las organizaciones armadas en Nigeria. Falta de gobernabilidad y prácticas corporativas perjudiciales han fomentado el ascenso de poderosos líderes combatientes y grupos armados, y han recompensado la violencia”, alerta el reporte británico.