BRUSELAS (apro).- Mientras que el gobierno mexicano se vanagloria con la creación en 2012 del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas —tal como lo hizo el pasado 23 de octubre durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza—, la Unión Europea (UE) decidió financiar un ambicioso proyecto paralelo para proteger la vida de tales activistas y atraer la atención internacional y mediática sobre la situación de riesgo que viven en el país a causa de la ineptitud de las autoridades.
Artículo publicado el 1 de noviembre de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO
[/pullquote]El Proyecto de protección de los defensores de derechos humanos a través de su capacitación y visibilidad tiene una duración de tres años y un costo total de 921 mil 49 euros. La UE aporta 90% de ese monto (828 mil 944 euros), el más cuantioso que concede a un proyecto en su género en México, y el cual procede del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, un mecanismo de la agencia de desarrollo y cooperación EuropeAid instaurado en 2006.La instauración del proyecto está a cargo de un consorcio integrado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Conexx-Europe, un organismo independiente de investigación y desarrollo asociado a la Universidad Libre de Bruselas, y Brigadas Internacionales de Paz-Reino Unido (PBI-UK por sus siglas en inglés), una organización que otorga protección física y apoyo a defensores que actúan en zonas de represión y conflicto.
Daniel Joloy, director del área internacional de la CMDPDH, comenta a Apro: “La existencia de este proyecto exhibe la magnitud del problema que se está viviendo en México en materia de derechos humanos, la cual no han querido reconocer las autoridades: en el sexenio del presidente Felipe Calderón hubo más de 70 defensores asesinados, y en el de Enrique Peña Nieto van seis o siete casos, el último de ellos el de Rocío Mesino en el estado de Guerrero (el pasado 19 de octubre)”.
Sin avances
Joloy acusa que la problemática que enfrentan los defensores de derechos humanos en México no sólo no cambió con la llegada del gobierno priista, sino que se agravó. “El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas —explica—, es un paso importante que dimos desde la sociedad civil para alcanzar una ley y su aplicación final; sin embargo, la situación en el terreno continúa siendo de mucha gravedad y las medidas del mecanismo no han sido aplicadas de forma adecuada para garantizar la seguridad y protección de los defensores”.
El proyecto —que será presentado en el Parlamento Europeo este 5 de noviembre en un evento apoyado por la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, la eurodiputada alemana verde Barbara Lochbihler—, proporcionará capacitación a 40 defensores en el Distrito Federal y los estados de Guerrero, Oaxaca y Baja California. Entre ellos, el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes; la indígena Silvia Pérez, coordinadora de la organización Mujeres Indígenas por Ciarena; Irina Leyesvska Echeverría, defensora de los derechos del colectivo transgénero, y Claudia Centeno, defensora del medio ambiente en Xochimilco.
El folleto en el que las organizaciones del consorcio presentarán el proyecto en el Parlamento Europeo plantea que, “en los últimos años, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, organizaciones civiles internacionales y organizaciones nacionales de derechos humanos han denunciado el incremento de asesinatos, amenazas, hostigamientos e incidentes de seguridad que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos en México”.
Axel García, quien coordina el proyecto en la CMDPDH, comenta a este corresponsal que “el objetivo es brindar a los defensores mexicanos herramientas de capacitación en materia de autoprotección y visibilidad”, y menciona, como también lo hace el citado folleto, que se realizarán actividades de “incidencia” (cabildeo), “documentación legal y compilación de testimonios de vidas”, de tal forma que los defensores de derechos humanos amenazados puedan “identificar, prevenir y atender incidentes de seguridad, además de que aprendan a promover su labor”.
Los elementos más relevantes de las capacitaciones serán compartidos con defensores de derechos humanos “en riesgo de todo el mundo”, y “se divulgarán los logros obtenidos a una audiencia internacional”, añade el folleto de presentación, y precisa que serán organizados talleres de protección y acompañamiento; cursos de capacitación por Internet; talleres de documentación jurídica y de testimonios de vida; talleres para una mejor interacción con la prensa, además de que se prevé la elaboración de una base de datos propia sobre ataques a defensores de derechos humanos en el país.
Cabildeo internacional
El financiamiento europeo –que incluye el costo de todas las actividades y gastos que genere el proyecto—será utilizado también para sostener las tareas de representación en Bruselas (sede de las instituciones de la UE), las de difusión de los casos de defensores en peligro, y las de organización de una visita a México en 2014 de una misión de observación civil.
El historiador y activista francés Thibaut Lejeune, coordinador de Conexx-Europe, adelanta que tal misión, que incluirá a especialistas universitarios, contará con la presencia del diplomático y poeta español Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Uneco) y actual presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, que él fundó.
“Esa visita a México –explica Lejeune a Apro— tiene un doble propósito: que el mundo académico adquiera una base empírica sobre el terreno y que, a su vez, las organizaciones no gubernamentales dispongan de más teoría e información científica (en materia de defensa de los derechos humanos)”.
Añade que Conexx-Europe también apoyará el trabajo de “incidencia” ante las instituciones de la UE y los países miembros, así como la difusión del proyecto en la sociedad civil europea.
Axel García agrega que el proyecto pretende fortalecer las acciones que han implementado en México la Delegación de la UE y las representaciones diplomáticas acreditadas de sus países socios. A través de las Directrices de la UE sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la UE acordó en 2010 un plan local que consiste en la creación de cinco “grupos de trabajo” de las embajadas de los Estados miembros, los cuales dan seguimiento a los casos individuales de defensores —separados por regiones geográficas— y que actúan bajo la coordinación de la Delegación de la UE como el “punto focal”.
Joloy refiere que el proyecto “busca analizar cómo se están implementando tales directivas y cómo se pueden reforzar”, y menciona que bajo su amparo se han podido organizar misiones en las cuales los diplomáticos europeos se han encontrado con activistas en riesgo. Desde 2010, la UE ha realizado visitas de campo a los estados de Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Chihuahua (la capital y Ciudad Juárez), indica en su página de internet la delegación de la UE en México.
Esas visitas, advierte Joloy, “han conseguido levantar el perfil (político) de esos activistas en sus estados, ya que la UE les ha procurado un respaldo institucional fuerte, lo que les ha permitido tener cierta protección en contextos muy locales”.
Prosigue: “Este proyecto servirá para explorar áreas donde la UE puede contribuir, aún más de lo que ya ha hecho, para garantizar la protección de los defensores, tomando en cuenta el panorama de gran riesgo y vulnerabilidad que enfrentamos en México: un contexto de militarización, apertura a empresas trasnacionales que vulneran el territorio de pueblos indígenas, y donde no hay condiciones para que los defensores realicen su trabajo en plena seguridad”.
El primer caso que dentro del proyecto se presentará en Bruselas es el de la veterana defensora zapoteca de derechos humanos Silvia Pérez, quien participará como oradora en el acto del Parlamento Europeo y sostendrá encuentros con eurodiputados, funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior y organizaciones no gubernamentales.
Pérez, acosada por brindar asesoría y acompañamiento a casos de violación y asesinato de mujeres y niñas indígenas, tuvo que huir de su estado en enero pasado, luego de que el 17 de ese mes un grupo de hombres armados rodearan la vivienda donde vivían ella y su hijo para después escapar ante la presencia de varios vecinos. En ese momento, ella estaba ya integrada al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y gozaba de medidas cautelares, las cuales no se habían implementado hasta este 30 de octubre.
Los funcionarios del mecanismo ni siquiera le han proporcionado una ayuda para su alimentación. “Necesito recursos para sobrevivir. No tengo para una renta o para comer. Me están obligando a regresar (a mi comunidad)”, relata Pérez.
—¿Regresaría aún con el riesgo que supone para su vida?, se le pregunta.
—Pues sí. ¿A dónde más puedo ir?
El proyecto asegura un apoyo económico a Pérez hasta diciembre, pero podría analizarse su prolongación, comenta Axel García.