BRUSELAS (apro).- Mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto se dice comprometido en la protección de los derechos humanos en México, la diplomacia mexicana presenta como logro un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuestionado duramente por activistas, al considerarlo regresivo en la materia.
Nota publicada el 24 de octubre de 2013 por la Agencia PROCESO
[/pullquote]Así lo expone una comunicación oficial —en la que figura el membrete de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el escudo nacional— que dirigió el embajador mexicano en Suecia, Jorge Lomónaco, a Felicitas Bergström, responsable de información y promoción de la oficina del organismo de derechos humanos Amnistía Internacional en aquel país.La misiva lleva estampada la firma del embajador y está fechada en Estocolmo el 20 de septiembre último, es decir, casi un mes antes del segundo Examen Periódico Universal al que fue sujeto México en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza.
El contenido de la carta se refiere a la resolución de una contradicción de tesis que emitió la SCJN el 3 de septiembre pasado, en la que decidió, con 10 votos a favor y uno en contra (el del ministro José Ramón Cossío), que “los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al artículo primero constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional”.
Sin embargo, el fallo también establece que “cuando haya una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional”, con lo cual, acusan numerosas organizaciones no gubernamentales, como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, “se da plena vigencia” a figuras violatorias de los tratados internacionales, como son el arraigo, los cateos o la prisión preventiva forzosa.
La organización británica Amnistía Internacional también denunció que la sentencia de la SCJN había “socavado el ímpetu” para que las autoridades implementaran la reforma constitucional de junio de 2011, la cual reconoció las obligaciones de México con los tratados internacionales de derechos humanos que, en opinión de Amnistía, suponía “el principal avance en los últimos cuatro años en esa materia en el país”.
No obstante, en su misiva a Bergström, el embajador Lomónaco primero se ufana: “Tengo el agrado de informarle que, el 3 de septiembre de 2013, la Suprema Corte de la Nación resolvió que los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana son jerárquicamente iguales a aquellos otorgados por los tratados internacionales de derechos humanos, y también determinó que todas las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son legalmente vinculantes para el Estado mexicano”.
Prosigue: “Esta decisión fortalece la reforma de derechos humanos de 2011, ampliando el marco constitucional de derechos humanos y garantizando aquellos derechos no derogables ya contenidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los cuales México forma parte”.
Y finaliza triunfante: “En este sentido, la decisión de la Suprema Corte de Justicia representa un importante paso para la armonización de la ley internacional con el sistema legal mexicano”.