BRUSELAS (apro).- Debido a problemas jurídicos internos en la Unión Europea (UE), pero también a que el gobierno mexicano no ofrece suficientes garantías para una correcta protección de datos confidenciales, el Comité de Justicia y de Asuntos Internos del Parlamento Europeo rechazó dar su consentimiento para que la agencia europea de policía, Europol, negocie con México un acuerdo de cooperación que contempla el intercambio de información sobre el crimen organizado y los grupos anarquistas que operan en ese país.
[pullquote align=”right”]Artículo publicado el 18 de octubre de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO
[/pullquote]El proyecto de reporte, votado el jueves 17, obtuvo 42 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. Su ponente fue el eurodiputado Philip Claeys, del partido belga de extrema derecha Vlaams Belang y no inscrito en ninguna de las bancadas del Parlamento Europeo.Con ese resultado, los europarlamentarios se oponen a una propuesta que presentó el 10 de diciembre pasado el Consejo de la Unión Europea (UE), órgano de decisión de sus Estados miembros.
Previamente, el 4 de octubre de 2012, el Consejo de Administración de la Europol (que conforman altos representantes de los gobiernos de los países asociados) decidió recomendar al Consejo de la UE que añadiera cuatro países –México, Brasil, Georgia y Emiratos Árabes Unidos– a la lista de terceros Estados y organizaciones con los que la agencia policiaca puede celebrar acuerdos (Proceso No. 1903).
Esa recomendación incluyó una justificación detallada del “interés operativo” que representa para Europol celebrar un acuerdo de colaboración con los mexicanos, en el que enuncia la lucha contra el crimen organizado y contra ciertos grupos anarquistas radicales afines a la lucha de sus pares europeos.
Datos en riesgo
Entrevistado por Proceso al final de la votación, el eurodiputado Claeys explicó que el convenio de colaboración que se propone entre Europol y México conlleva un problema legislativo en la UE, ya que, bajo el nuevo marco jurídico que propone la Comisión Europea, el Parlamento Europeo debe aprobar el acuerdo policiaco con los mexicanos y no sólo ser consultado.
Claeys confirma que México es uno de los países cuyo sistema de protección de datos no es lo suficientemente seguro para que Europol pueda intercambiar información confidencial. México, afirmó, goza ya de varios acuerdos bilaterales con la UE, como es el caso en comercio, pero –lamentó– no dispone del mismo nivel que existe en los países europeos en materia de resguardo de datos personales.
“Quienes me apoyaron en la elaboración del reporte revisaron la situación prevaleciente en México en ese rubro. Es obvio el riesgo al que nos exponemos al intercambiar información sensible con México. Además, en este momento la protección de datos es un tema muy delicado a nivel internacional, y en el Parlamento Europeo estamos muy conscientes de ello”, explicó, sin dar más precisiones.
Para Claeys, la aprobación por unanimidad que obtuvo su reporte refleja que esa inquietud proviene de “todo el espectro político” europarlamentario.
“En el fondo, agregó, (este acuerdo) implica un problema de derechos civiles. Si no somos serios, los dañados serán los ciudadanos, tanto mexicanos como europeos”, pues datos privados que los conciernen podrían ser utilizados de manera equivocada, refirió.
El reporte
Para fundamentar su rechazo a la negociación de un acuerdo con México y los otros países citados, el reporte del Comité de Justicia y de Asuntos Internos del Parlamento Europeo expone que el procedimiento legislativo utilizado por el Consejo es incorrecto “desde el punto de vista jurídico”.
El 27 de marzo pasado, explica, la Comisión Europea propuso un nuevo reglamento para Europol, “en el cual se modifican las disposiciones y el procedimiento para celebrar acuerdos con terceros Estados y organizaciones”.
De esa manera, plantea, el Consejo requiere obligatoriamente de la aprobación del Parlamento Europeo (procedimiento de codecisión) y no únicamente de su opinión (procedimiento de consulta) para que Europol pueda negociar un acuerdo con México. Así lo afirmó, se recuerda, el propio servicio jurídico del Parlamento Europeo en un dictamen emitido el 19 de junio último.
Si esa razón no bastara, el reporte advierte que en caso de que el Consejo adopte de cualquier forma su decisión, el Parlamento Europeo pide al Director y al Consejo de Administración de Europol (que), debido a la “preocupación” que despierta el nivel de protección de datos en los países con los que se proponen acuerdos operativos, se abstengan de iniciar todo tipo de negociación hasta que el nuevo reglamento de la agencia europea de policía entre en vigor.
Las únicas enmiendas presentadas al documento de Claeys –y retiradas posteriormente– fueron autoría del eurodiputado austriaco Josef Weidenholzer, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Ellas no contradecían el rechazo a la negociación de un acuerdo con México y otros países y, por el contrario, subrayaban “la imposibilidad (de tales naciones) de garantizar el respeto del derecho fundamental a la protección de datos personales”.
Weidenholzer propuso al Parlamento Europeo remarcar que cualquier intercambio de datos de carácter personal con terceros Estados “debe ofrecer las más estrictas garantías de seguridad en materia de protección de la vida privada y los derechos fundamentales”, así como apoyar la aplicación, en los Estados con los que se negocia acuerdos, de “normas comparables, en materia de protección de datos, a las que se aplican en la UE”.