Un informe al Parlamento Europeo confirma el fracaso de la guerra calderonista contra el narcotráfico que trajo consigo decenas de miles de muertos y desplazados. Esta política, señala el documento, exacerbó la violencia y la expandió hacia otras áreas geográficas, al tiempo que marcó la pauta para la diversificación de las actividades criminales, como el robo, la extorsión y los secuestros. Según el análisis, el presidente Enrique Peña Nieto tiene pocas opciones para instrumentar un cambio radical en la estrategia antinarco, que, dice, está viciada de origen.
(Artículo publicado en la edición del 16 de junio de 2013 de la revista PROCESO)
BRUSELAS.- Un informe elaborado por los servicios de análisis del Parlamento Europeo concluye que el presidente Enrique Peña Nieto continuará con la misma estrategia de combate al narcotráfico que su antecesor Felipe Calderón, la cual, afirma, “no logró bajar significativamente los niveles de violencia” y, al contrario, en ocasiones hasta la “exacerbó” o generó sólo “el desplazamiento de las actividades criminales a nuevas áreas geográficas”.
El informe de 36 páginas y de difusión restringida titulado Mexico Country Briefing 2013, actualizado hasta el 17 de abril último, remarca: “Existen fuertes presiones sobre Peña Nieto y su gobierno para que abata los niveles de violencia y contenga de alguna manera el poder de los cárteles de la droga y del crimen organizado… Dado que el nuevo presidente se ha comprometido personalmente a continuar una lucha implacable contra los cárteles del narcotráfico, en parte para disipar las preocupaciones de algunos sectores en el sentido de que el nuevo gobierno del PRI intentaría buscar un arreglo con los cárteles, es improbable un cambio radical en las políticas impulsadas por el gobierno de Calderón”.
El despliegue de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico “continuará en el corto y mediano plazos, en particular porque existen pocas alternativas realistas e inmediatas a la participación militar”, analiza, y añade que el propio Peña Nieto ha declarado que el Ejército sería retirado sólo de manera gradual.
Elaborado por Jesper Tvevad, experto en Latinoamérica del Departamento Político de la Dirección General de Políticas Externas del Parlamento Europeo, el informe –una copia del cual obtuvo Proceso– fue solicitado por la Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, el órgano de contacto legislativo entre ambas partes.
Aunque este tipo de informe no fija una postura institucional, puesto que no es discutido y votado por los eurodiputados, su importancia radica en que refleja una preocupación europea sobre México y en que su contenido puede influir en la toma de decisiones de esa institución.
Pese a que el informe de Tvevad se plantea como un análisis global del estado económico, político y diplomático en que se halla el país, por lo que su parte medular se ocupa de la manera en que llegó Peña Nieto a la Presidencia y cuál es la actual repartición del poder, el balance sobre el sexenio de Calderón en materia de narcotráfico, seguridad y derechos humanos merece un capítulo entero.
“Con frecuencia, el exitoso combate de algunos cárteles creó más espacio para las actividades de otros grupos del narcotráfico o intensificó la pugna entre cárteles por el control de los mercados locales de drogas y las rutas de distribución”, indica Tvevad.
Saldo negro
El informe, al que preceden otros dos elaborados en noviembre de 2011 y julio de 2012 por el mismo analista, desde un principio expresa la preocupación de que “la violencia relacionada con el narcotráfico escaló dramáticamente durante la presidencia de Calderón y se convirtió en una amenaza cada vez más grave para la seguridad”.
En el diagnóstico que hace el documento sobre la estrategia de Calderón –y que ya se puede encontrar en un informe anterior–, el especialista asegura que, “además de los costos económicos y humanos, también dejó serias consecuencias políticas y sociales”.
Resalta que una de ellas fue que “el enorme poder corruptor del tráfico de drogas” se convirtió “en una amenaza al funcionamiento del sistema judicial y de otras instituciones del Estado, incluyendo a las fuerzas de seguridad”, por lo que en los últimos años “cientos de policías, jueces, funcionarios de alto nivel y políticos locales fueron arrestados y acusados de colaborar con los cárteles de la droga.
“De los aproximadamente 500 mil policías (que hay en México), únicamente 35 mil pertenecen a la Policía Federal. El resto forma parte de las policías estatales y municipales, que son consideradas más propensas a la corrupción y a la colaboración con los cárteles de la droga”, apunta el informe.
Y añade: “Ha habido campañas para purgar y procesar agentes locales, pero con frecuencia los arrestos no terminan en un juicio. Las acciones para ‘limpiar’ a la policía sólo han tenido un éxito parcial, y de acuerdo con funcionarios de alto nivel a comienzos de noviembre pasado dos terceras partes de los policías fueron sometidos a pruebas de confiabilidad. De los 50 mil policías que no las pasaron, sólo a 10 mil se les separó de la institución”, acota.
El experto también alude al fortalecimiento de la Policía Federal que emprendió Calderón en su sexenio, sin que con ello lograra impedir la infiltración del crimen organizado en esa corporación.
Más aún, y considerando el rechazo europeo al uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública, el informe señala: “El despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las drogas, tanto del Ejército como de la Marina, tradicionalmente vistas como instituciones menos afectadas por la corrupción, las expone a un riesgo creciente”. Asimismo, destaca que la infiltración del narcotráfico en los órganos procuradores de justicia, incluyendo a la Procuraduría General de la República (PGR), “está impidiendo la persecución de los narcotraficantes”.
El especialista hace notar a los eurodiputados que en 2010, 3 mil 200 policías federales reprobaron los exámenes de control de confianza. Asimismo, enfatiza que en medio del “clima generalizado de inseguridad y ausencia de estado de derecho” que heredó Calderón, se dispararon otros delitos, como secuestro, extorsión y robo armado.
Las estadísticas del gobierno mexicano, integradas en el informe, sugieren que las cifras de muertes relacionadas con la guerra contra el narcotráfico “llegó a un pico” y que éstas incluso bajaron 14% entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 respecto del mismo período previo. No obstante, Tvevad asegura que, “de cualquier modo, las tendencias son inciertas”.
Refiere que, según “una fuente no oficial”, mil 25 personas fueron asesinadas en marzo pasado en acciones relacionadas con el crimen organizado, lo que muestra un incremento frente a las muertes de ese tipo registradas en los primeros dos meses de 2013.
Plantea a los 754 miembros del Parlamento Europeo –en donde la mayoría de los conservadores ha sido muy cuidadosa para no condenar las políticas de Calderón contra el tráfico de drogas– que la infiltración de los cárteles en las instituciones públicas puede extenderse a las campañas electorales para la compra de cargos políticos.
“El poder local de los cárteles de la droga y de los grupos del crimen organizado ha alcanzado tal fuerza en varias áreas que algunos analistas observan una situación donde la autoridad real la ejercen esas organizaciones, muchas de las cuales incluso proveen a la población de servicios públicos”, analiza, por lo que después añade que “un desafío mayor” para México será impedir que el narcotráfico pueda financiar campañas electorales.
Algunos logros
El informe recuerda también a los eurodiputados que la violencia desatada durante la guerra de Calderón contra las drogas afectó las actividades económicas y el flujo de inversiones en las zonas más golpeadas, incuso tratándose de las más ricas del país, como el estado de Nuevo León y su capital Monterrey.
“En esas áreas –dice el reporte– el surgimiento de la violencia de las drogas se acompañó del cierre de muchos pequeños negocios y del aumento de los índices de desempleo. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en 2011 aproximadamente 160 mil negocios concluyeron sus operaciones por motivos ligados a los altos niveles de criminalidad.
“De acuerdo con representantes de la banca privada, México habría dejado de recibir 4 mil millones de dólares de inversiones extranjeras en 2010. Ello corresponde a 20% del total del flujo de tales inversiones en ese año”, precisa Tvevad.
Pese a que el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) asegura que hay 140 mil personas en esa condición desde 2007, otras fuentes no oficiales fijan esa cifra en 1 millón 600 mil personas. Detalla que ese fenómeno se observa principalmente en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
Según Tvevad los movimientos “se realizan casi todos de forma individual, son graduales y con frecuencia obedecen a otros factores. Como no se lleva un registro es difícil evaluar la verdadera dimensión del problema”.
Respecto a la violación sistemática de los derechos humanos que estalló con la guerra contra el narcotráfico –y que desde hace años denuncian las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales–, el informe insiste en que el despliegue masivo de las fuerzas de seguridad bajo el mandato de Calderón para confrontar a los cárteles, “particularmente el despliegue de las Fuerzas Armadas”, ha originado numerosas acusaciones de violaciones a tales derechos y de abusos contra la población civil, “incluyendo torturas, violación sexual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales”.
El informe reconoce las reformas que promovió el gobierno de Calderón en materia de derechos humanos y las que plantea impulsar el Pacto por México –por ejemplo, para garantizar los derechos de los inmigrantes–, e incluso resalta el hecho de que las organizaciones no gubernamentales recibieron con agrado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 2011 declaró inconstitucional la jurisdicción militar, y otro de ese mismo tribunal que obligó a juzgar en el fuero civil a un soldado que en 2009 asesinó a una persona en un retén del estado de Guerrero.
No obstante, las violaciones a los derechos humanos por la militarización del combate contra el tráfico de drogas constituyen un punto preocupante del informe: “De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), entre 2007 y abril de 2012, la Fiscalía Militar abrió casi 5 mil investigaciones por casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército, pero sólo 38 personas fueron sentenciadas”, señala el reporte.
Para documentar a los diputados del Parlamento Europeo, el informe reitera que HRW reporta desde diciembre de 2006 la implicación de las fuerzas de seguridad en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 asesinatos extrajudiciales, en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en diciembre de 2012 que había recibido más de 34 mil quejas de diversas formas de abusos cometidos por agentes del Estado desde 2005.
“En relación con la tortura, la CNDH señala que el problema se ha incrementado ‘exponencialmente’, ya que en 2011 recibió 2 mil 40 quejas de tortura y tratos inhumanos, frente a una sola en 2005”.
Para concluir, plantea que los organismos defensores de derechos humanos acusan que las violaciones a tales derechos “no son investigadas o procesadas frecuentemente”.