BRUSELAS (apro).- A pesar de que los países que dominan el mercado de la energía eólica han establecido recomendaciones para facilitar que sus empresas obtengan el “consentimiento social” a ese tipo de proyectos, incluyendo la consulta a las comunidades locales y su participación en la toma de decisiones, éstas han sido ignoradas en el caso de México, donde se han instalado sin contar con la voluntad de los pobladores.

(Artículo publicado el 7 de junio de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El pasado 21 de marzo, Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunció en el Parlamento Europeo que a las comunidades afectadas por la instalación de proyectos eólicos en esa región no se les invitó a “un proceso de consulta previa, libre e informada” por parte de las empresas extranjeras que los implementan.

Por otro lado, en declaraciones a la reportera de Proceso Jesusa Cervantes, publicadas el pasado 26 de abril en la agencia Apro, el comunero Jesús García Sosa acusó de lo mismo a las empresas que instalan el Parque Eólico de San Dionisio del Mar, ubicado en la zona del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, planeado para convertirse en el más grande de América Latina con 132 turbinas eólicas distribuidas en un área de mil 643 hectáreas.

El proyecto es desarrollado por la compañía española Mareña Renovables en consorcio con el fondo de pensión holandés PGGM; el fabricante danés de turbinas eólicas Vestas; la generadora japonesa de electricidad Mitsubishi Corporation; el fondo de infraestructura australiano Macquarie, y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pese a que un tribunal de Oaxaca ordenó la suspensión del proyecto, los habitantes acusan que continúan los trabajos de ese y de otro parque eólico contiguo, el de Santa María del Mar.

En 2004, el consorcio español Preneal (que traspasó el proyecto a Mareña Renovables) realizó una junta con los comuneros y les pidió firmar en una lista de asistencia, que después usó la compañía para probar que el parque eólico había sido autorizado por la comunidad.

El parque eólico comprende la isla Pueblo Viejo y la isla Tileme, un lugar sagrado para el pueblo huave ahí establecido, y está rodeado por dos lagunas y el Océano Pacífico, por lo que los habitantes temen afectaciones irreversibles a la pesca y a la biodiversidad.

Los pobladores supieron de la existencia de dicho contrato hasta 2012, al igual que de un pago de 20 millones de pesos efectuado por las trasnacionales al presidente municipal Miguel López Castellanos, quien primero aceptó haber recibido sólo 2 millones de pesos.

El 11 de septiembre pasado, el jefe de infraestructura de PGGM, Henk Huizing, declaró al diario holandés De Volkskrant que las negociaciones se habían conducido “limpiamente” y que “no tenían responsabilidad” en las disputas posteriores en torno a la repartición del dinero.

La danesa Vestas asegura lo mismo y realiza operaciones de comunicación.

Un reportero del diario Noticias viajó al parque eólico danés de Hvide Sande, acompañado de empleados de comunicación de la empresa. El 24 de febrero último publicó, bajo el subtítulo “En el istmo traban el desarrollo; Dinamarca lo impulsa”, que en Oaxaca “personas ajenas a San Dionisio del Mar rechazan la instalación de un parque eólico”, mientras que, “en este espectacular destino de playa, fuente próspera de pesca y de descanso para miles de turistas anualmente, opera una batería de aerogeneradores a escasos cien metros de las aguas marinas”.

La actuación de las empresas eólicas contrasta con las recomendaciones elaboradas por funcionarios, expertos y representantes empresariales de España, Holanda, Dinamarca, Japón y Australia, como parte del Acuerdo de Implementación para la Cooperación en la Investigación, Desarrollo y Despliegue de los Sistemas Eólicos (IEA Wind, su abreviatura en inglés), el cual opera en el marco de la Agencia Internacional de la Energía (IEA también por sus siglas en inglés), cuya sede está en París.

Pertenecen igualmente a IEA Wind otras naciones líderes del mercado eólico: Estados Unidos, Alemania, Austria, Canadá, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido. Así mismo, están afiliadas la Asociación China de Energía Eólica, la Comisión Europea y la Asociación Europea de la Energía Eólica, que agrupa a las firmas del ramo más grandes de la región y cuyo vicepresidente, Íñigo Sabater Eizaguirre, ocupa el mismo puesto en el Departamento de Relaciones Gubernamentales de la oficina española de la danesa Vestas.

México es el único país no desarrollado que participa en la IEA Wind, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, un centro científico que depende de la Secretaría de Energía y cuyo director ejecutivo es Julián Adame Miranda.

Contradicciones

Fundada en 1974, IEA Wind se constituye como “un vehículo para que los Estados miembros intercambien información sobre la planeación y la ejecución de proyectos eólicos a gran escala nacional, y emprendan programas de cooperación en investigación y desarrollo” a través de grupos de trabajo llamados Tasks (tareas).

El denominado Task 28 es el grupo que recomienda las acciones que pueden facilitar la “aceptación social de los proyectos tanto en su planeación como en su construcción y operación”, ya que, reconoce, su “despliegue sólo puede ocurrir cuando el público y las autoridades aceptan la tecnología (eólica)”.

En un reporte fechado en enero pasado el Task 28 reconoce que, “en varias instancias, proyectos específicos enfrentan una virulenta oposición a nivel local o regional”. Sin embargo, admite, el avance tecnológico y el aumento de las instalaciones eólicas “empuja al uso de maquinaria más grande”, por lo que “no es de esperarse que decline el impacto de la industria sobre los paisajes y las comunidades que hospedan los proyectos”.

Por esa razón, el reporte de 41 páginas —y cuya copia obtuvo Apro—enumera una serie de “recomendaciones de buenas prácticas” que plantea “un mínimo nivel de esfuerzo para llevar a cabo proyectos eólicos socialmente responsables”. Se menciona:

“Evitar (la construcción de parques) en sitios con un alto potencial de conflicto, como por ejemplo cerca de viviendas o en áreas protegidas por motivos medioambientales o de vista;

“—Anticipar y minimizar los potenciales impactos adversos del proyecto; por ejemplo, seleccionando un modelo de turbina apropiado o adaptándose a la naturaleza del lugar, tal como las rutas migratorias de las aves, y

“—Maximizar los beneficios para las comunidades locales, mediante una distribución igualitaria de los impactos positivos y adversos del proyecto, para lo cual pueden ser de utilidad los esfuerzos (de los inversionistas y autoridades) para apoyar la base fiscal local (con el pago de impuestos) y el uso de bienes y servicios locales”.

El reporte se estructura en cinco aspectos que deben tomarse en consideración, entre otros el relativo al “bienestar y la calidad de vida”, que aborda temas relacionados con la evaluación del paisaje y los ecosistemas, los precios justos del valor de la propiedad de los terrenos donde se construyen los proyectos, así como las preocupaciones en torno a los efectos en la salud, como es el estrés relacionado con el ruido que generan las turbinas.

En el informe hay también recomendaciones sobre “consulta y participación”, debido a que “la manera en que las decisiones son tomadas y la percepción de cómo son tomadas, tiene un impacto crucial en la aceptación social”, resume, para después señalar que las partes implicadas en la toma de decisiones “deben ser tomadas en cuenta”, dotadas con “información apropiada” y “tratadas con respeto”.

Entre otras recomendaciones al respecto, se exponen las siguientes:

“—Inclusión y armonía: Deben proveerse oportunidades para que cada persona o interesado que pudiera ser afectado por el despliegue de energía eólica se involucre en el proyecto y, donde sea necesario, tomar medidas proactivas que garanticen que esas opiniones alimentarán el proceso de toma de decisiones.

“—Transparencia y coherencia: Todas las partes interesadas deben actuar en forma abierta y coherente, manteniendo los principios de libre acceso a la información y claridad en la comunicación.

“—Oportunidades abiertas para el diálogo: La habilidad de las diferentes partes para involucrarse en el debate sobre la energía eólica no debe estar limitada a puntos específicos del proceso de toma de decisiones. Las oportunidades de diálogo deben ser provistas tan pronto como sea posible y deben ser mantenidas a lo largo de todo el proceso”.

En su elaboración colaboraron funcionarios del Ministerio de Cambio Climático y Energía de Dinamarca y de la agencia de apoyo a iniciativas sustentables en mercados emergentes del Ministerio de Economía de Holanda, cuyos grupos eólicos en México actúan de manera cuestionable.

Expertos gubernamentales y privados de esos dos países europeos, de España —cuyas compañías eólicas tienen fuertes intereses en México—, Canadá, Finlandia, Alemania, Irlanda, Japón, Suiza, Estados Unidos, Italia y Suecia, todos ellos miembros de IEA Wind, se reunieron en la localidad suiza de Biel, del 14 al 16 de junio de 2012. El motivo de su encuentro fue, precisamente, evaluar, “de manera crítica”, el trabajo que desde 2008 viene realizando el Task 28.