PORTO (apro).- Un payaso callejero saluda a los niños sobre la céntrica calle Santa Catarina de esta ciudad, la segunda más grande de Portugal con 260 mil habitantes. A cambio de una moneda, les ofrece figuras hechas con globos en forma de salchicha.
A uno le pregunta, en un correcto francés, qué figura prefiere. El pequeño le responde que una motocicleta. El simpático payaso, sobreactuando, hace una cara de enorme preocupación; le dice que no le conviene escoger eso.
–Contamina mucho, ¡y la gasolina, ay ay ay, está carísima!
El niño le contesta que viene de Bruselas cuando el artista se lo pregunta, mientras el globo azul que éste manipula comienza a tomar la forma de una espada de pirata.
–Uy, yo tengo un amigo cocinero que se fue allá —comenta–. Consiguió trabajo en un comedor de la Unión Europea y ahora, já (alza sus manos para ponerlas detrás de su cabeza), se la pasa muy bien…
La grave crisis económica que atraviesa Portugal se cuela hasta en la conversación más fútil.
(Artículo publicado el 19 de abril de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)
El viernes 5 el Tribunal Constitucional de Portugal declaró ilegal un paquete de medidas destinadas a reducir los gastos públicos.
Luego de tres años de recesión y dos huelgas generales, tal sentencia complicó todavía más la situación económica que debe gestionar el gobierno de derecha del primer ministro Pedro Passos Coelho, quien ya contaba con esas medidas para seguir cumpliendo con las condiciones de austeridad dictadas por la Comisión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) –la llamada Troika– para rescatar al país de la bancarrota mediante un préstamo de 78 mil millones de euros que le concedió en 2011.
El fallo del Tribunal Constitucional obliga al gobierno a devolver el diferencial que corresponde al alza en los subsidios de desempleo y de enfermedad, y deberá también pagar el treceavo mes de salario a los funcionarios y a los jubilados, que serían recortados.
Lo anterior significa que el gobierno no ahorrará los mil 300 millones de euros que preveía, por lo que será incapaz de bajar el déficit público de 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 a 5.5% al término de este año, como lo prometió a la Troika.
El gobierno portugués tendrá que idear nuevas medidas que compensen los recortes evaporados con la sentencia judicial.
En todo caso, la Confederación General de Trabajadores Portugueses y el Partido Socialista acusan que la política de austeridad implementada desde 2011 sólo ha provocado una caída de 7 puntos del PIB, un alza de los impuestos de 40% y una tasa de desempleo histórica de 17%.
A principios de la semana pasada, la Troika –que supervisa las cuentas públicas de Portugal y condiciona los sucesivos pagos del préstamo–, autorizó que Portugal devuelva el dinero en 7 años y no en 5, como estaba previsto, ya que entre 2015 y 2017 debe pagar montos importantes de deuda.
Huellas de la crisis
Cualquier extranjero que visita ciudades como Porto o Lisboa puede percibir, con un mínimo de observación, los efectos de la crisis.
En las principales áreas comerciales de Porto se ven muchos negocios que cerraron por falta de clientes y cuyos locales ahora están en renta; lo mismo pasa con los espacios de oficinas en las zonas administrativas. En la Plaza de la Batalla hay un montón de personas desempleadas; la mendicidad es mayor que en otros países europeos. Edificios centenarios derruidos y en mal estado se acumulan en el centro de la ciudad. Algunos son rescatados mediante un programa que se llama Viva Porto, que parece un esfuerzo de antemano acotado frente a la extensa cantidad de inmuebles en abandono y cuya antigua belleza aún puede imaginarse.
El enojo ciudadano se puede ver en los muros, paredes y donde haya un lugar para colocar un mensaje de protesta contra la clase dirigente portuguesa y europea.
En las calles de Porto y Braga abundan los carteles que anuncian manifestaciones contra las medidas de austeridad, las cuales han tenido una amplitud nunca antes vista desde aquellas de 1974 que ayudaron a la caída de la dictadura militar.
Otros afiches atacan a la UE y a las instituciones financieras que han negociado con el gobierno portugués el rescate financiero: “No a la Troika”, se lee en muchos de ellos.
En Braga, la tercera ciudad más grande del país (110 mil habitantes), algunas pintas elaboradas con plantilla muestran el rostro de la canciller alemana Angela Merkel haciendo el saludo nazi. Al igual que en Grecia, muchos portugueses repudian a la dirigente alemana por promover a nivel europeo estrictos recortes a los presupuestos públicos de los países en problemas financieros.
Cada día parece que los portugueses se levantan con una nueva mala noticia. El 15 de abril el rotativo Jornal de Notícias informó que las empresas públicas que administran la actividad de los metros de Lisboa y Porto habían acumulado casi 2 mil millones de dólares en pérdidas en seguros de cobertura de riesgos financieros mal gestionados.
Tres días antes, el periódico Público reportó que, de acuerdo con el Instituto de Turismo de Portugal, la crisis europea causaría más daños a ese sector en 2013, ya que los países emisores de turistas, como España, Reino Unido y Alemania, están siendo afectados igualmente por las políticas de austeridad.
Un día antes, el semanario Visao publicó que, a pesar de que Portugal es un destino de “sol y mar”, las tasas de ocupación hotelera apenas alcanzaban 40% y los precios en el sector continuaban cayendo a pique, por lo que existía una tendencia a la quiebra de la industria turística nacional.
Una nota de Público señalaba que el gobierno estudia el aumento en la edad de jubilación de 65 a 67 años, y que el costo del agua subirá en un tercio de los municipios del país, pues la empresa pública Águas de Portugal arrastra una deuda acumulada de 3 mil millones de euros.
El 9 de abril, el ministro de Finanzas, Vitor Gaspar, prohibió cualquier tipo de gastos en los ministerios, a menos de que existiera una autorización expresa. Sólo se pueden hacer gastos de personal, los gastos corrientes de servicios como electricidad o agua, y los gastos de procesos judiciales.
El Diário de Noticias publicó que hay inspectores de salud y de finanzas que se rehúsan a trabajar porque no tienen dinero para pagar la gasolina de sus automóviles o no saben si lo recuperarán en caso de adelantarlo. Otros funcionarios tienen que llevar su propio papel higiénico a sus lugares de trabajo.
El 12 de abril, el Jornal de Notícias anunció que este año el gobierno recortará 600 millones de euros en áreas de seguridad social, salud, educación y en empresas estatales.
En ese mismo diario un reportaje aborda el problema que enfrentan las escuelas en materia de alimentación y salud emocional de sus alumnos a causa de la crisis. Hay sólo un psicólogo por cada 2 mil estudiantes. Joana Topa, una de esas psicólogas, narra que hay muchachos que se desmayan en las clases de educación física por falta de alimento; alumnos que en pleno invierno sólo visten una playera o que deben encargarse de sus hermanos más chicos porque sus padres emigraron a otro país para buscar trabajo. Hay alumnos que, además, tienen que lidiar con padres desesperados por no tener empleo y que han intentado suicidarse.
En otro ejemplo de la profunda gravedad de la crisis que golpea al país, ese diario reportó que la provincia de Tras-os-Montes, en el norte de Portugal, recibió sólo 242 ofertas de trabajo para más de 21 mil desempleados. En otra provincia, Mesao Frio, la tasa de desempleo alcanza 27%.
El diario expone el caso de Gorete y Bruno Guedes, ambos de 33 años y padres de dos niños de uno y nueve años. Bruno, dedicado a la construcción, fue despedido por su empleador porque no había trabajo. A ella no le renovaron el contrato en su empresa. Viven con el seguro de desempleo de Bruno y un subsidio de inserción de la mujer ella, que suman 750 euros al mes. Han intentado conseguir trabajo y están inscritos en la oficina de empleo. Nunca han sido contactados para entrevistas.