BRUSELAS (apro).- Al menos desde 2007 los dirigentes de la Unión Europea (UE) estaban al tanto de que el sector bancario de Chipre estaba acumulando peligrosamente enormes montos de capital –una parte de origen ruso– y que ello suponía un fuerte riesgo de colapso en caso de una crisis, ya que su economía no podría cubrir tales inversiones, como finalmente ocurrió.

(Artículo publicado el 5 de abril de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El sistema bancario chipriota es considerado por organismos independientes un paraíso fiscal: sus bancos se enriquecieron en menos de dos décadas ofreciendo altas tasas de interés, bajos impuestos y una regulación doméstica laxa.

La organización internacional Tax Justice Network publicó en octubre de 2011 un reporte donde situó a la banca chipriota en el lugar número 20 de las menos transparentes del mundo.

La organización, con base en Reino Unido, advirtió que las leyes de Chipre no eran adecuadas para limitar el secreto bancario, razón por la que, por ejemplo, no podía hallarse información sobre la propiedad de las cuentas en los registros oficiales; además, acusó, el país sólo cumplía “parcialmente” con los estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de dinero. Sus bancos colapsaron y debieron permanecer cerrados diez días –hasta que reabrieron el jueves 28 de marzo– para impedir una fuga masiva de capitales.

Al borde de la bancarrota, ese pequeño país isleño, de sólo 800 mil habitantes, se unió a otros países europeos que han solicitado rescate financiero, reavivando la crisis que atraviesa la moneda única, el euro –adoptado hasta ahora por 17 Estados de la UE (la llamada Eurozona)–, y la propia UE como proyecto común.

Luego de duras negociaciones, el 25 de marzo último Chipre acordó un préstamo de emergencia de 10 mil millones de euros con la UE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa cantidad equivale a 60% de su producto interno bruto (PIB).

A cambio, el país debe aplicar un severo plan de recortes a su sector público que incluye privatizaciones, aparte de un alza en los impuestos a las empresas, la realización de auditorías contra el lavado de dinero y la reestructuración de sus dos bancos más grandes.

Las cuentas inferiores a 100 mil euros depositadas en el segundo banco del país, el Laiki Bank, serán trasladadas al Banco de Chipre, el principal. Las cuentas superiores a esa cantidad tendrán que asumir pérdidas con la inminente liquidación del Laiki Bank, en tanto que aquellas del Banco de Chipre serán afectadas con drásticas reducciones en forma de impuestos.

Este plan deberá ser rápidamente aprobado por varios parlamentos nacionales, de manera que pueda entregarse una primera parte del préstamo a principios de mayo y que Chipre cumpla con sus obligaciones financieras. En caso contrario, el país tendrá que declararse en quiebra, advierten los expertos en la materia.

Sylviane Delcuve, analista senior del banco belga BNPParibás Fortis, estima en la página de Internet del mismo banco que la ayuda adjudicada a Chipre se traducirá en una nueva alza de su deuda pública, que crecerá a 100% de su PIB. Este, señala, “es un nivel muy elevado para un país tan pequeño, con una economía en plena crisis y obligada a reajustarse sobre actividades distintas al sector bancario”.

La analista pronostica que “cuando se tome verdaderamente la medida de la cura de adelgazamiento que Chipre tendrá que efectuar, se volverá a hablar de que la deuda pública chipriota no puede sostenerse”.

Oídos sordos

La crisis de Chipre no debería causar sorpresa a las autoridades financieras de la UE: por lo menos desde 2007 sabían sobre la riesgosa situación en que se encontraba Chipre.

Un año antes de que la isla se uniera a la Unión Económica y Monetaria, y así adoptara el euro como moneda nacional, el propio BCE alertó sobre el riesgo financiero que pendía sobre ella.

Antes de ser admitido a la Eurozona, Chipre debía cumplir con los llamados criterios de convergencia para poder aproximar su economía a las de los otros países con la moneda única.

En mayo de 2007, el BCE presentó un reporte sobre el estado de avance de esos criterios en el caso de Chipre. Tal reporte fue elaborado a petición de las autoridades locales y transmitido al Consejo de la UE, es decir, a los gobiernos nacionales que componen esa comunidad de naciones europeas para que tomara una decisión sobre el ingreso del país a la Eurozona (ya pertenecía a la UE desde 2004).

El análisis reportó el caudal de capital que estaba ingresando al sistema bancario chipriota: “Gran parte del financiamiento de los déficits combinados de las cuentas de capital y corriente de los últimos dos años han provenido también de las entradas de capital en forma de ‘otras inversiones’, incluyendo depósitos no-residentes y préstamos”, advierte el BCE.

La institución alertó sobre “otras entradas de inversión”, que, señaló, equivalían a un “considerable” 11.3% del PIB chipriota en 2006. Dado que esa captación de capital excedía ya los déficits de sus cuentas corriente y de capital entre 2004 y 2006, el reporte constataba que Chipre estaba experimentado una “acumulación de reservas de recursos”.

Sólo los depósitos extranjeros alcanzaron casi 20 mil millones de euros en septiembre de 2011, un monto ya superior a la economía del país (de aproximadamente 18 mil millones de euros), según datos del BCE. Apenas dos años antes, en septiembre de 2009 –cuando había estallado ya la crisis islandesa, provocada por el mismo motivo: el crecimiento desmedido de los activos bancarios– ese ingreso de capital exterior había sido de 13 mil 500 millones de euros.

La Comisión Europea –otra institución ejecutiva de la UE— presentó su propio reporte económico sobre Chipre el 16 de mayo de 2007. Su conclusión: el país cumplía en “un alto grado” con los criterios económicos de convergencia (inflación, déficit público y tasas de interés), por lo que estaba listo para adoptar el euro.

Eso sucedió el 1 de enero de 2008, tras la aprobación –basada en ambos reportes– de los gobiernos de la UE.

Un analista de la consultoría New Europe Corporate Advisory, Yasen Iliev, opinó en el sitio de noticias Euobserver que el BCE tenía conocimiento de que estaban entrando fuertes cantidades de dinero ruso a la isla. “Técnicamente es imposible no darse cuenta”, dijo. Señaló que se había preferido guardar silencio al respecto sólo para preservar los intereses políticos de la UE, que se inclinaban por el ingreso de Chipre a la moneda común a cualquier precio.

El analista consideró que el sector bancario de Chipre había alcanzado ya un tamaño “demasiado grande”. Y aseguró que “los desequilibrios en los componentes del PIB chipriota eran tan obvios que cualquier estudiante en macroeconomía se hubiera percatado de que allí había una bomba de tiempo”.

Lección islandesa

No es la primera ocasión en la actual crisis que el sistema financiero de un país europeo está al borde de la bancarrota por la captación indiscriminada de capitales extranjeros.

Poco después de que Chipre adoptó el euro, Islandia (que no es miembro de la UE ni del euro) e Irlanda (que sí lo es en ambos casos) solicitaron el apoyo internacional y el de la UE para salvar a sus bancos.

En 2008, los activos bancarios islandeses representaban mil% (diez veces más) de su PIB, y los irlandeses 400% del suyo, razón por la que fueron incapaces de garantizarlos cuando su plataforma de bancos se desfondó.

En una reunión con la prensa el 4 de septiembre de 2009 en Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reconoció que el rescate de la banca irlandesa había absorbido en ese momento hasta 15% de las reservas del BCE; la riqueza que generaba Irlanda apenas equivalía a 1% del PIB de la UE.

“Si Irlanda no hubiera sido miembro de la UE y de la zona euro, estaría enfrentado una bancarrota como Islandia”, expresó Barroso aliviado.

A pesar de la lección islandesa, Chipre –cuya economía representa 0.2% del PIB de la UE– continuó operando como un paraíso fiscal hasta alcanzar un pico de inversiones extranjeras en septiembre de 2011 muy superiores a su PIB nacional.

En junio de 2012 –tres meses después de la reestructuración de la enorme deuda griega, y desatadas las crisis de endeudamiento de España, Portugal, Italia y otros países europeos–, el gobierno de Nicosia pidió ayuda para recapitalizar sus bancos.

Lo hizo en ese momento porque temía no poder refinanciarse después a tasas aceptables, explica la citada analista de BNPParibás Fortis, Sylviane Delcuve.

Y expone: “Las necesidades de refinanciamiento fueron evaluadas a 17 mil millones de euros, que representan cerca de 100% del PIB nacional. Algo jamás visto en Europa. Esa suma se repartiría así: 10 mil millones para recapitalizar los bancos y el resto para financiar el sector público”.

La periodista islandesa Kolfinna Baldvinsdóttir –que fue funcionaria de información en la Comisión Europea— remarca que son “sorprendentes” las similitudes que existen entre la crisis bancaria de Chipre y la que hundió a Islandia hace casi cinco años.

“Ambas islas desearon convertirse en santuarios de los súper ricos. Ambas ofrecieron altas tasas de interés y una regulación laxa. Ambas experimentaron un crecimiento canceroso de sus sistemas bancarios: el de Islandia alcanzó hasta diez veces el PIB del país en seis años; el de Chipre fue más modesto: creció ocho veces el PIB nacional en 15 años”, apuntó la periodista islandesa el 26 de marzo último en el sitio de noticias Euractiv.

Baldvinsdóttir continúa con las semejanzas: “Ambos países tienen conexiones con la mafia rusa. Con los cuantiosos beneficios amasados con el negocio del alcohol en la década de los noventa en San Petersburgo, Rusia, los oligarcas islandeses compraron los entonces recién privatizados bancos de Islandia. Asimismo, por muchos años los bancos chipriotas han sido un santuario para los oligarcas rusos, a quienes les ofrecía tanto secrecía como generosas tasas de interés”.

Refiere que, sin embargo, la gestión de la crisis ha sido distinta. Los bancos islandeses, explica, no fueron salvados y quebraron; sus acreedores, la mayoría bancos alemanes, asumieron las pérdidas.

Los depósitos de ahorros y préstamos sin pagar fueron retirados de los bancos que cerraron y vendidos a precios de remate a fondos estadunidenses de inversión de alto riesgo (hedge funds), a los que se impidió sacar beneficios abusivos: el gobierno islandés adquirió parte de tales activos e impuso un control de los capitales para evitar una nueva devaluación, tal como se lo exigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de otorgarle un préstamo de rescate.

De esa forma, añade Baldvinsdóttir, los fondos de alto riesgo no pudieron reclamar el valor total de los pagos –que compraron mucho más baratos– sin antes negociar con el gobierno, ni convertir sus activos en moneda local a euros o dólares; además, se les obligó a reinvertir su capital local en Islandia o, de otra manera, buscar una excepción a los controles, que los penaliza con drásticos impuestos.

Aun así, remarca, la población islandesa sigue pagando muy caro tal crisis.