BRUSELAS (apro).- Los países que, como México, presentan altos niveles de corrupción, son también aquellos donde existen mayores violaciones a los derechos humanos y cuyos culpables rara vez son castigados.

(Artículo publicado el 29 de marzo de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

“Sin embargo, hay una tendencia en la Unión Europea (UE) a cerrar los ojos frente a tales violaciones cuando están en juego importantes negocios”, señala la eurodiputada portuguesa Ana Gomes, ponente de un informe en curso de elaboración sobre el vínculo que existe entre la corrupción y la violación de los derechos humanos en países fuera de la UE.

En el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, publicado en diciembre pasado, México aparece en el lugar 105 de 176 países calificados. A nivel regional, sólo nueve de los 31 países calificados obtuvieron peores resultados que México.

La eurodiputada Gomes pertenece al grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo y forma parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Subcomisión de Derechos Humanos y de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero.

En entrevista con Apro, Gomes señala que su planteamiento apunta a que las cuestiones de corrupción no pueden ser tratadas sólo en relación a su costo económico y de forma desvinculada con los derechos humanos.

“La corrupción –dice– impacta de todas las maneras posibles en el respeto a los derechos humanos”.

Menciona que el pasado 28 de febrero organizó una audiencia en el Parlamento Europeo sobre el tema. En ese acto se dio cuenta del caso de una compra de armas del gobierno de Sudáfrica, suscrita en 1999, a varios países europeos como Suecia, Gran Bretaña o Alemania, con un costo de aproximadamente 7 mil 500 millones de dólares actuales.

A pesar de su compromiso de reducir su fuerza militar tras la caída del régimen de segregación racial (Apartheid), el gobierno del país adquirió 26 jets de combate Saab/BAE Gripen, 24 jets de entrenamiento BAE Hawk, 30 helicópteros ligeros Augusta A109M, cuatro corbetas fabricadas por un consorcio alemán constituido por las firmas Thyssenkrupp, Thales y Africa Defense System, y tres submarinos tipo 209 de otro consorcio encabezado por la alemana Ferrostaal.

Durante los procesos de adjudicación las compañías ganadoras habrían pagado sobornos por un monto de 300 millones de dólares, de acuerdo con varias investigaciones, entre las que sobresale la del centro especializado en armamentismo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

La eurodiputada indica que en esa audiencia se mencionaron otros casos en Angola y en Guinea Ecuatorial, “países donde no hay cuentas públicas transparentes y donde sus cuantiosos recursos naturales sirven para enriquecer a la nueva oligarquía y no en beneficio del Estado”.

Agrega:

“En Angola esta élite se mantiene con el financiamiento del petróleo, de los diamantes y de otros negocios corruptos en los que están involucrados altos cargos militares y miembros del gobierno. Hay desplazamientos forzados de comunidades, bajo el pretexto de que se les proveerá de mejores viviendas y condiciones de salud, para que luego unos cuantos se apropien de esos terrenos con el propósito de venderlos en el mercado de la explotación inmobiliaria. Eso constituye una violación a los derechos humanos de esos pueblos”.

Mecanismos

La corrupción a pequeña escala también atenta contra los derechos humanos, remarca la eurodiputada portuguesa. Refiere:

“Es el caso de profesores, funcionarios, policías o jueces que, para sobrevivir, exigen un pago a padres y ciudadanos que solicitan el acceso a servicios públicos: la inscripción del niño en la escuela, dar atención a un expediente en los tribunales…”.

Asegura que para eliminar la corrupción a pequeña escala primero hay que acabar con aquella que se da a los niveles más altos del gobierno, la empresa y el sistema financiero.

Subraya que también son víctimas de la corrupción aquellos que tienen el coraje de denunciarla: los periodistas, los defensores de derechos humanos, sindicalistas o activistas medioambientales.

“Esto es muy visible en México. Son ellos los primeros en ser víctimas de torturas, de detenciones, de encarcelamiento, de desapariciones forzadas o de asesinatos”, opina la eurodiputada portuguesa.

–En México la corrupción está estrechamente ligada al crimen organizado–, le comenta este corresponsal.

–La criminalidad organizada fomenta y vive de la corrupción. El problema en México es que se involucró al Ejército en la lucha contra las drogas sin garantizar al mismo tiempo que los miembros de las fuerzas armadas infiltrados por estas redes organizadas de crimen y de corrupción serían juzgados de manera ejemplar.

“Esto no puede suceder si se les procesa bajo una jurisdicción militar. El hecho de que no sean castigados los militares implicados en actos de corrupción o de violaciones a los derechos humanos, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, es extremamente pernicioso”.

–Ello no ha impedido que la UE continúe “estrechando”, según la palabra que usan sus propios funcionarios, sus relaciones comerciales con México…

–No tenemos los mismos niveles de violaciones de derechos humanos tan aparatosos como en México,  pero en el origen de la actual crisis europea está la corrupción y la criminalidad organizada, que dejamos instalarse en los sistemas financieros. No hay que sorprendernos que en las relaciones de la UE con el resto del mundo, la cuestión de los derechos humanos y la corrupción no sea la prioridad.

A la eurodiputada se le cuestiona si la UE cuenta con los mecanismos legales idóneos para evitar que sus empresas participen en actos de corrupción en otros países.

Gomes responde que el bloque comunitario se está dotando de ellos. Explica que existen los mecanismos que resultan de los marcos internacionales, como la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dicha convención entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. También se le conoce como Convención de Mérida, pues en esa ciudad mexicana se realizó la conferencia donde se abrió oficialmente a la comunidad internacional el proceso para su firma.

La eurodiputada precisa que la UE cuenta además con sus propios mecanismos legales.

“En mi país –dice Gomes– hay investigaciones judiciales en torno a actos de violación de derechos humanos que fueron cometidos en la zona diamantífera de Angola por generales y empresas ligadas a ellos. En esos actos también están involucrados asociados portugueses”.

Puntualiza:

“Ese procedimiento se está realizando con base en las facultades que otorga la Constitución de Portugal a la fiscalía nacional para que investigue violaciones a los derechos humanos donde se cometan”.

Reitera que existen los mecanismos jurídicos para denunciar en Europa a las empresas que incurren en abusos contra los derechos humanos, pero que el problema consiste en que las autoridades judiciales de la UE no los utilizan correctamente. Por eso Gomes plantea que se deben impulsar igualmente los mecanismos de denuncia pública, que previamente permitan la identificación de las empresas involucradas en actos de sobornos.

Expone un caso. “Actualmente existe una grave situación de violaciones a los derechos humanos en República Democrática del Congo, en particular contra las mujeres, cuya violación es utilizada como un arma de guerra y de intimidación contra la población”.

Prosigue:

“El ejército está involucrado, pero también grupos de milicias que están al servicio de empresas multinacionales, incluyendo europeas. Desde hace mucho tiempo estoy pidiendo que se identifique a esas compañías. Pero hay reticencias para hacerlo, incluso de la Comisión Europea, pues se teme que se pongan en riesgo los intereses económicos de la UE. Sin embargo, esos intereses no pueden defenderse a costa de violaciones a los derechos humanos”.

Recursos legales

Se le menciona que algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el marco de la responsabilidad corporativa llevan tiempo empujando la posibilidad de que las víctimas de violaciones a los derechos humanos o laborales de otros países cometidas por empresas europeas puedan interponer acusaciones en tribunales europeos. Gomes responde que ese escenario es posible, pero primero –aclara– deben agotarse los procesos judiciales en el país de infracción.

Va más allá: “En Portugal cualquier persona lo puede hacer amparada por la Constitución del país. Por ejemplo, sin importar su nacionalidad, cualquiera que haya sido víctima de detención forzada, secuestro o tortura en el marco de los llamados vuelos de la CIA (que transportaron ilegalmente a la prisión de Guantánamo a ciudadanos no estadunidenses sospechosos de terrorismo, usando aeropuertos europeos), puede hacerlo en Portugal si en el traslado atravesó su territorio. Puede acusar al Estado portugués o a personas de esa nacionalidad implicadas en la violación de sus derechos humanos”.

Se le pregunta si un ciudadano mexicano, victima en México de una violación de sus derechos humanos por parte de una empresa europea, puede acudir a los tribunales del país de origen de esa compañía.

En este caso, analiza Gomes, “cualquier persona de cualquier nacionalidad puede interponer una demanda en cualquier país europeo contra una empresa, persona u organización que haya violado sus derechos humanos, e incluso contra el mismo Estado”.

No obstante, precisa, “no se dan mucho estas demandas por su dificultad. Generalmente las víctimas no cuentan con capacidad económica para enfrentar un juicio parecido o no conocen los recursos jurídicos. Incluso con el apoyo de una organización civil no es tan fácil”.

Refiere que ella ha ofrecido su apoyo a nuevas víctimas de los citados vuelos de la CIA, siempre y cuando haya existido una intervención portuguesa.

“A pesar de que este es un tema donde hay mucha presencia de organizaciones y grupos de abogados de Europa y Estados Unidos, no ha sido fácil encontrar a las víctimas”, lamenta Gomes, aunque insiste que “cualquier asociación mexicana puede abrir un proceso contra una empresa europea en Alemania, España, Portugal o cualquier país europeo, aunque, advierte, va a exigir recursos económicos y sinergias de asociaciones del país en causa”.

A la eurodiputada se le expone el caso de la venta a México de fusiles de asalto por parte de una empresa alemana, Heckler & Koch, que están usando policías de estados mexicanos donde, según el propio gobierno alemán, se están violando derechos humanos, por lo cual impuso un embargo de armas.

–¿Las víctimas mexicanas de esas armas pueden recurrir a la justicia alemana para demandar a la compañía alemana que las vendió?

–Sólo si se puede demostrar el nexo entre la venta y las violaciones de los derechos humanos; hay que probar que la empresa sabía que sus armas iban a ser utilizadas por fuerzas de seguridad que no tienen ninguna contemplación por los derechos humanos.

Detalla:

“En materia de exportación de armas, la UE emitió una posición común al respecto, la cual es jurídicamente vinculante. Yo fui una de las personas que luchó en el Parlamento Europeo para que el Código de ética sobre exportación de armas de la UE, que era de cumplimiento voluntario, se transformara en 2009 en una posición común que obliga a todos los Estados miembros de la UE a verificar que, cuando exporte u otorgue licencias de venta de armas, éstas no vayan a países o entidades responsables de violaciones a los derechos humanos o involucrados en conflictos”.

Remata:

“Esta posición común puede servir de fundamento jurídico para quien sea víctima de la utilización de esas armas y así acusar la responsabilidad de la empresa alemana y, eventualmente, del propio Estado alemán que permitió esta exportación de armas sabiendo que fue a estados violatorios de los derechos humanos”.