BRUSELAS (apro).- La dura crisis económica que golpea a los países europeos ha favorecido el crecimiento electoral de las opciones nacionalistas de extrema derecha, aquellas que responsabilizan de todos los males a la población extranjera, contra la que aplican medidas de control y expulsión ahí donde llegan a gobernar.

Así sucedió el pasado 25 de febrero, cuando el consistorio (consejo comunal) de la ciudad belga de Amberes –gobernada desde enero pasado por el partido separatista de derecha Nueva Alianza Flamenca (NVA, por sus siglas en neerlandés)– aprobó el reglamento que introduce el pago de una contribución diferenciada y elevada a los extranjeros que tramiten su carta de identidad en la administración local.

La disposición amenaza uno de los logros más tangibles de la integración europea: la libertad de circulación en la Unión Europea (UE).

Después de un largo debate del consistorio, la medida se impuso por 34 votos a favor contra 19, gracias a la mayoría con la que cuenta la NVA, que fue únicamente respaldada por el partido ultraderechista, xenófobo y separatista Interés Flamenco (Vlaams Belang en neerlandés).

De tal forma, los residentes extranjeros, que antes pagaban por el trámite para obtener su cédula de identidad un monto de 17 euros (283 pesos), ahora deberán desembolsar cada uno 250 euros (unos 4 mil pesos).

Ese trámite es obligatorio para cualquier extranjero que se establece legalmente en cualquier país europeo. Lo más inquietante es que otras localidades de Flandes como Gante o Malines se han manifestado a favor de la iniciativa de Amberes, y en abril próximo los dirigentes de 13 ciudades de la región discutirán acerca de la conveniencia de extender su implantación.

Reino Unido también analiza la posibilidad de instaurar una cartilla de identificación para extranjeros europeos y no europeos instalados después de tres meses, la cual tendría un costo de 64 euros.

La nueva reglamentación en Amberes prevé ciertas excepciones: los estudiantes, los nacionales de países de la UE instalados en el país desde hace muchos años y quienes hayan obtenido el asilo político; todos ellos continuarán pagando 17 euros por su cédula de identidad.

Días antes, el 8 de febrero, ese aumento fue autorizado por el Colegio de burgomaestres de la ciudad. Tal medida fue una iniciativa del alcalde, Bart De Wever, quien también preside la NVA, el partido más votado en Flandes, la región norte de Bélgica donde se habla el neerlandés.

Según De Wever, el nuevo costo está justificado, ya que gestionar el expediente de un ciudadano no belga requiere más trabajo por parte del personal comunal. De acuerdo con el alcalde, su ciudad realiza el mayor número de solicitudes de registro de extranjeros dentro de Bélgica, 11 mil en 2012.

El político argumenta que el costo real de cada expediente se eleva a 330 euros. Eso se debe, dice, a que hay que rentar o comprar un inmueble adaptado a las necesidades de espacio, pagar los gastos administrativos, los controles de residencia y por la entrega de los documentos.

El mismo 8 de febrero –en declaraciones al diario belga L´Echo– Liesbeth Homans, la consejera municipal de la NVA, explicó que en otros países las tarifas de registro de extranjeros las fija una ley general nacional, pero que en Bélgica esa prerrogativa es facultad de las autoridades de las ciudades y las comunas, por lo que el aumento no rompe con la legalidad en ese sentido.

Precisó que en Francia y en Holanda el mismo trámite cuesta 260 y 950 euros, respectivamente.

Racismo

No obstante, Filip Dewinter –dirigente de Interés Flamenco y miembro de la Cámara de Representantes belga– aportó una explicación diferente: la explosión en la tarifa de inscripción comunal de los extranjeros tiene por único objetivo evitar que los migrantes kurdos, marroquíes o turcos se instalen en Amberes con sus familias, lo que permite la legislación de la Unión Europea (UE) en el caso de aquellos que se encuentran en situación legal dentro del territorio belga.

“Lo que sucede –indicó Dewinter– es que las autoridades de Amberes no quieren decirlo para que no se les acuse de racistas”.

Continuó: “En realidad esta ley está dirigida a los extranjeros no europeos que vienen sin ningún tipo de ingreso: refugiados, inmigrantes del norte de África que no tienen dinero, el tipo de gente que no queremos aquí, el tipo de gente que no puede pagar 250 euros por cada persona que ellos quieren traer: sus hijos, sus padres”.

Y remató: “Se trata de una gota de agua en el mar, pero toda medida que garantice que menos extranjeros vengan a esta ciudad es una buena medida”.

El presidente de la Liga de los derechos del Hombre de Bélgica, Jos Vander Velpen, advirtió que tal medida “sólo puede avivar los reflejos xenófobos y que Amberes puede prescindir de eso”, por lo que esa organización analiza interponer una queja contra el cambio de cobro.

Otras ciudades flamencas simpatizantes del alza de tarifa basan su apoyo en los efectos colaterales de su aplicación en Amberes: si no la replican, los alcaldes de las vecinas Gante y Malines temen la salida masiva de inmigrantes de Amberes para evadir la nueva reglamentación instalándose en sus ciudades.

En todo caso, la medida ganó el rechazo inmediato de la oposición, que la considera “pura y simplemente discriminatoria”. El 26 de febrero, las secciones locales del Partido Socialista-Diferente (SPA, por sus siglas en neerlandés) y del Partido Ecologista (Groen, en neerlandés) introdujeron un recurso legal ante la gobernadora de la provincia de Amberes, Cathy Berx.

Ambos partidos flamencos exigen la suspensión o anulación de tal contribución extraordinaria a los extranjeros, ya que la consideran ilegal: advierten que viola las leyes belgas y de la UE. Sus respectivos dirigentes en el consistorio de Amberes, Yasmine Kherbache y Meyrem Almaci, acusan a su homóloga del NVA, Liesbeth Homans, de no haber respondido a ninguna de las preguntas que le plantearon sobre el cobro, además de que rechazan el argumento según el cual la existencia de disposiciones similares en Francia y Holanda permiten su aplicación en una ciudad de Bélgica.

Freya Pyrins, también consejera comunal del Partido Ecologista, opinó que la nueva tarifa es “un impuesto de expulsión, un dispositivo contra los extranjeros para echarlos de Amberes”. Subrayó que es responsabilidad de la autoridad comunal cubrir la mayor parte de los gastos ligados al servicio público, por lo que se pregunta por qué el alza en un servicio brindado a los extranjeros y no en otros que se ofrecen a la población en general.

Por su parte, Kherbache asegura que existen numerosas objeciones jurídicas a dicho reglamento. Explicó que una ley nacional de 1968 establece que no debe existir distinción alguna entre belgas y no belgas para tal retribución.

Otra fuerza política opositora en Amberes, el Partido de los Trabajadores de Bélgica (Pvda, por sus siglas en neerlandés), también reaccionó legalmente contra la decisión de la NVA, pero decidió hacerlo a través de un proceso ante el Consejo de Estado. La consejera comunal de ese partido, Mie Branders, basa su demanda en un fallo que data de 1987, que prohibió a la comuna de Ixelles, localizada en la capital, Bruselas, introducir una contribución del mismo tipo.

La Comisión Europea no ha querido tomar una posición clara sobre el tema, a pesar de que goza de competencias en materia de circulación de personas.

Sin embargo, cuando los funcionarios de esa institución han sido cuestionados al respecto, éstos recuerdan que la Directiva 2004/38/EC sobre libertad de movimiento estipula que “todos los documentos vinculados a la residencia de los ciudadanos de la UE deben ser entregados gratuitamente o por un costo que no exceda aquel que se le impone a los residentes nacionales”.

Esta regla se aplica a los miembros de las familias de los ciudadanos europeos, incluso si éstos no cuentan con nacionalidad europea.

El gobierno de Amberes, a través de su vocero, Philippe Beynaerts, asegura que no hay ningún impedimento jurídico. Su razonamiento es el siguiente: la tarifa violaría las leyes de la UE solamente si ésta discriminara entre distintas nacionalidades extranjeras, y no es el caso. El costo, señala, subió tanto para ciudadanos de los otros países de la UE como para aquellos de países terceros. Un sueco y un marroquí, por ejemplo, están sujetos a la misma tarifa de inscripción.

“Estamos bastante seguros de que es legal”, comentó a la prensa europea.

La ministra belga del Interior, Joelle Milquet, dijo en un principio que se oponía al cambio de tarifa, pero después aceptó su legalidad: el año pasado la Corte Europea de Justicia sentó precedente en un caso similar en Holanda, remarcó.