BRUSELAS (apro).- El 16 de julio de 2011 el diario belga Le Soir publicó una primera plana singular: cubriendo la mitad de la hoja, aparecía una pantalla de computadora portátil con la página de inicio de Google Bélgica; en el espacio del motor de búsqueda estaba escrito: “los diarios francófonos belgas censurados”.

Un día antes, el buscador más popular de internet había eliminado las referencias de diarios belgas como Le Soir, La Libre Belgique o La Dernière Heure.

(Artículo publicado el 11 de enero de 2013 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El 5 de mayo anterior, la Corte de Apelación de Bruselas ordenó a la compañía estadunidense suprimir “de los sitios Google.be y Google.com” todos los artículos, fotografías y gráficas de los periódicos belgas en francés y alemán representados por Copiepresse, el organismo en donde aquellos defienden colectivamente sus derechos de autor.

La sentencia de la corte belga incluía el retiro de ese material periodístico de los “vínculos cache” (la memoria de acceso rápido a páginas específicas de internet) “visibles sobre Google web y del servicio de Google Noticias”.

El grupo de rotativos belgas reclamaba a Google el pago de las correspondientes regalías, ante cuya negativa interpuso una demanda judicial en 2006.

Google –cuya sede se encuentra en Mountain View, California—retiró, en efecto, la información de su servicio belga de noticias (como lo exigía la parte demandante). No obstante, también decidió desaparecer de su motor de búsqueda toda referencia a los títulos representados por Copiepresse.

Google alegó que la resolución de la Corte no era lo suficientemente precisa y se vio forzado a interpretar de manera amplia el fallo del juez para no correr el riesgo de ser objeto de una penalidad económica.

El 18 de julio, en una entrevista con el diario francés La Tribune, la secretaria general de Copiepresse, Margaret Boribon, calificó la acción de Google como un “abuso de posición dominante”. Consideró que la justificación aludida por la contraparte era “deshonesta” y que  Google estaba practicando “un método de retorsión”, pues “no digería la decisión de la justicia belga” en su contra.

La situación fue restablecida unos días después, el lunes 18 de julio, pero sólo después de que Copiepresse ofreció al corporativo estadunidense la garantía de que no sería multado si los contenidos de sus publicaciones eran tomados en cuenta en los resultados del buscador belga de Google.

El episodio sólo exhibió la importante necesidad publicitaria de la prensa belga en los recursos técnicos y la penetración de Google en el mercado cibernético. Entre 20% y 45% de la audiencia de los rotativos nacionales proviene de aquel motor de búsqueda.

El pasado 13 de diciembre, Copiepresse anunció que, tras seis años de batalla judicial, había concluido un acuerdo con la firma californiana.

Según el boletín de prensa distribuido ese día, el gigante de internet se compromete a comprar anuncios a los editores belgas, que a su vez aceptan adquirir o mejorar los servicios publicitarios que propone Google. Tal es el caso de la compra de “palabras clave” del servicio AdWords de Google, lo cual, asegura el comunicado, permitirá a los rotativos belgas estar mejor posicionados en los resultados de su buscador y así atraer más lectores.

El acuerdo señala también, en términos generales, que los editores belgas comprarán servicios publicitarios de AdSense y AdExchange, que, “con la colaboración de Google”, podrán generar más recursos vía suscripciones y sistemas de pago.

David contra Goliat

Sin embargo, ese convenio significa una humillante derrota para Copiepresse.

A pesar de que en tres ocasiones la justicia nacional le concedió la razón, y que sus notas y fotografías aparecerán otra vez en el hilo informativo de Google Noticias –lo que supone un potencial ascenso en sus ingresos publicitarios– el organismo de prensa no obtendrá compensación alguna en concepto de derechos de autor, la causa principal del litigio.

En mayo de 2008 Copiepresse exigió legalmente el pago de una compensación de 49.1 millones de euros por las pérdidas ocasionadas el tiempo en que sus artículos permanecieron en la página de Google Noticias sin la autorización de sus autores y gratuitos. El monto de las pérdidas alcanzaría 100 millones de euros sumando los gastos judiciales.

Según datos de ese mismo organismo, y que constan en el fallo, Google genera ingresos locales por 13 millones de euros diarios.

En aquel momento, el director de redacción del diario Le Soir, Philippe Laloux, calificó como “robo de contenidos” el modo de operación de Google Noticias, mediante el cual archiva las informaciones sin autorización de los periódicos y las sitúa junto a los anuncios administrados por uno de sus servicios publicitarios, Google Ads, de donde la empresa estadunidense obtiene sus ingresos.

El poderío económico y tecnológico de Google fue tan patente como la enorme impotencia con que lo enfrentaron la justicia y la prensa belga que, como en todo el mundo, atraviesa una caída de ventas.

En una rueda de prensa, François Le Hodey, el presidente de la Asociación de Periódicos Francófonos belgas –miembro de Copiepresse– reconoció que, tras hacer cálculos sobre cuánto costaría seguir con el proceso judicial, concluyeron que lo más conveniente era llegar a un acuerdo con Google.

“Sabíamos que sería inútil esperar un acuerdo sobre un concepto de remuneración de nuestros contenidos con Google”, se sinceró Le Hodey, quien es también directivo del Grupo Multimedia IPM, que edita, entre otras publicaciones, el cotidiano La Libre Belgique.

El contencioso belga ha sido seguido con mucha atención en Europa desde que estalló en 2006.

En enero de ese año, la compañía californiana lanzó en Bélgica el servicio Google Noticias, donde se presentan sin costo artículos de actualidad recogidos de medios de prensa locales, cada uno con un enlace externo (hyperlink) que dirige al internauta a la fuente original si así lo desea.

Copiepresse –así como la Sociedad de Derechos de Autor de los Periodistas (SAJ, por sus siglas en francés) y otras asociaciones de autores implicadas– solicitaron explicaciones al corporativo, pero Google no respondió.

Dos meses después, los quejosos interpusieron una demanda judicial en la que exigían que Google Noticias dejara de utilizar las informaciones de sus periódicos asociados (acción de cesación).

Los miembros de Copiepresse alegan en la querella que Google Noticias pone en peligro la venta electrónica de sus artículos de prensa y, a corto plazo, la calidad de los mismos; afirman que las casas editoriales “corren el riesgo de no contar con los recursos suficientes para remunerar correctamente a sus periodistas”.

La primera audiencia tuvo lugar el 29 de agosto de 2006, pero la compañía estadunidense ni siquiera envió abogados. Una semana más tarde, el 5 de septiembre, el Tribunal de Primera Instancia condenó a Google, en ausencia, a retirar los referidos materiales informativos. Así mismo, le ordenó publicar la sentencia completa y sin comentarios en su página de inicio (homepage) en Bélgica y en la de Google Noticias durante cinco días. De lo contrario sería multado con un millón de euros por cada día de retraso.

La sentencia –a la que tuvo acceso Apro– explica que la empresa estadunidense “debe escrutar en los servidores web de la prensa escrita y extraer los artículos para copiarlos y/o hacer resúmenes automáticos”; lo anterior sin tomar en consideración que tales productos periodísticos están protegidos por derechos de autor.

El experto nombrado por el tribunal, Luc Golvers, determinó que, “por la manera en que son presentados los artículos de prensa y la interactividad que existe entre el visitante y el sitio web de Google Noticias”, este servicio no puede considerarse un “motor de búsqueda” sino un simple “portal de información” sujeto a las leyes de propiedad intelectual, expone el fallo.

Por tanto, concluye el tribunal, “las actividades de Google News y la utilización de vínculos cache de Google constituyen una notable violación a las leyes relativas a los derechos de autor y derechos vecinos (1994) y sobre las bases de datos (1998)”.

Más aún, precisa que, “la forma en la que actualmente opera Google News, causa a los editores de la prensa diaria la pérdida de control de sus sitios web y sus contenidos”, además de que “esquiva” las inserciones publicitarias de las que obtienen importantes ingresos los cotidianos afectados.

Dos semanas después del veredicto, el 19 de septiembre, Google se inconformó con la decisión del juez; argumentó que no había sido notificado de las imputaciones en su contra, por lo que se fijó un nuevo juicio.

El 13 de febrero de 2007 el presidente del mismo tribunal confirmó la decisión de la primera juez, aunque redujo las sanciones económicas a 25 mil euros por día de incumplimiento.

Para esa fecha, tras una negociación por separado con Google, el organismo que defiende los derechos de autor de fotógrafos y otros creadores audiovisuales (SOFAM, por sus siglas en francés), así como la Sociedad Civil de Autores Multimedia (Scam), se habían ya desistido de la acusación.

Google apeló la decisión, que fue ratificada el 5 de mayo de 2011.

“Licencia de difusión”

Pese al resultado adverso para la prensa belga, los grandes medios periodísticos de Francia y Alemania, entre otros países, no cejan en sus esfuerzos por obtener una remuneración por el uso de sus materiales en los servicios de Google, Bing y otros buscadores en internet.

Los medios informativos más modernos, como aquellos que han nacido en internet o sólo se encuentran en formato electrónico, se oponen a las acciones contra Google: lo consideran un aliado en sus estrategias de difusión.

Además, sitios de información como los franceses Rue89 y Mediapart advierten que esas medidas sólo provocarán que los grandes grupos de prensa aumenten su dependencia económica de Google, dañando gravemente su independencia. No obstante, el pasado 29 de agosto el gobierno alemán de Angela Merkel adoptó un proyecto de ley que “obliga a los motores de búsqueda a pagar comisiones a los sitios de información”. El proyecto  también fue aprobado por el Parlamento de ese país el 30 de noviembre.

Esta ley –promovida por los poderosos grupos editoriales alemanes Axel Springer y Bertelsmann–, otorga a las editoriales de prensa de ese país el “derecho exclusivo” de “hacer accesibles públicamente en internet contenidos de prensa para fines comerciales”.

Ello supone que empresas como Google tendrían que pagar una “licencia de difusión” para publicar titulares, resúmenes o enlaces determinados a un portal que aparezca en su página de resultados del buscador.

No se espera que el proyecto sea sometido a su aprobación definitiva esta legislación, que termina en septiembre de este año.

De cualquier forma, el 27 de noviembre pasado Google lanzó en Alemania una extensa campaña titulada “Defiende tu red. Sigue encontrando lo que buscas”, en la que invita a los ciudadanos a dirigirse por correo electrónico o vía telefónica a sus diputados para manifestarse contra la llamada “Tasa Google”.

El presidente de Google en Alemania, Stefan Tweraser, advierte que la ley “obstaculizaría una función básica de internet: buscar y encontrar”. Agrega que su aplicación acarreará una reducción en la oferta de informaciones y elevará los costos publicitarios para las empresas, además de que implica frenar la innovación en internet.

En Francia un proyecto de ley inspirado en el alemán podría presentarse en los próximos meses. Los editores galos acusan que Google genera en el país mil 200 millones de euros anuales sólo en publicidad, es decir seis veces más que los sitios de la prensa francesa en su conjunto.

Medios escritos como Le Figaro, Les Echos o Le Nouvel Observateur solicitan al gobierno socialista de François Hollande crear un nuevo “derecho vecino” (una extensión del derecho de autor) que establezca una remuneración por sus materiales difundidos en internet. La medida es respaldada por la ministra de Cultura, Aurélie Filippetti.

Para remunerar estos derechos, en Francia las discotecas efectúan un pago de 1.65% de sus ingresos, las radiodifusoras 5% (incluyendo sus rentas publicitarias) y las televisoras 2%.

En octubre pasado, Google amenazó al gobierno galo de aplicar la misma medida que en Bélgica: sacar como referencia en su buscador a las publicaciones del país.

En un tono severo, la advertencia fue considerada por los editores galos como “inadmisible”, mientras que la ministra Filippetti advirtió a su vez a Google que así “no se trataba a un gobierno electo democráticamente”.

En ese momento, el 18 de octubre pasado, la ministra se encontraba en Berlín discutiendo con su homólogo el proyecto alemán de “tasa Google” adoptado por el gobierno de Merkel, con la perspectiva de empujar ambos países una ley parecida a nivel de la Unión Europea (UE).