BRUSELAS (apro).- Por segundo año consecutivo, México fue el segundo país de América Latina donde secometió el mayor número de homicidios contra periodistas, colocándose en los niveles de inseguridad existentes en Colombia y en Haití, denuncia la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en su informe 2005, que será presentado este lunes 23.

(Artículo publicado el 23 de enero de 2006 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

En un año que rompió récord internacional de periodistas muertos –89 asesinados y 61 accidentados–, México es uno de los países de la región latinoamericana que más preocupa a la FIP. La razón: en los últimos dos años del gobierno de Vicente Fox existió un franco aumento del peligro para los profesionales de la información.

La FIP –la organización de periodistas más grande del mundo: cuenta con medio millón de agremiados en cien países–, señala en su informe: “El triángulo mortal que forman México, Colombia y Haití, registró nuevamente, como en 2004, el mayor número de víctimas de la violencia”.

El organismo afirma que, “sobre todo en México, el narcotráfico continúa su acción criminal, la mayoría de las veces en forma impune”, por lo que recomienda a los periodistas mexicanos “entrenarse como si fueran a Irak” cuando se trate de darle cobertura a esos temas en las zonas fronterizas.

Del total de 14 periodistas latinoamericanos que perdieron la vida en 2005, “a manos de aquellos que ven en el ejercicio periodístico crítico, de denuncia o investigación, al principal enemigo de sus abusos, corruptelas o actuaciones al margen de la legalidad”, tres eran mexicanos: Dolores Guadalupe García Escamilla, Alfredo Jiménez Mota y Raúl Gibb Guerrero.

García Escamilla, reportera policiaca de la estación radial Stereo 91 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, murió el 16 de abril del 2005 a causa de las nueve heridas de bala que le ocasionó un sicario frente a la emisora, media hora después de que transmitió una nota sobre el homicidio de un abogado defensor de la localidad.

El informe señala que en días previos, García Escamilla recibió amenazas a través de la frecuencia de radio de la policía de Nuevo Laredo. Más aún: en enero de ese año su automóvil fue incendiado en forma premeditada.

Jiménez Mota –de 25 años– también investigaba temas relacionados con el narcotráfico para el diario El Imparcial, de Sonora. El 2 de abril desapareció de su casa de Hermosillo después de avisar por teléfono a un colega del periódico que iría a ver a uno de sus “contactos” quien, según subrayó Jiménez Mota, “estaba muy nervioso”.

Dos hermanas del periodista declararon públicamente que habían sido secuestradas por traficantes de drogas, y que durante su cautiverio habían escuchado que Jiménez Mota “estaba muerto”, luego de haber sido “torturado, quemado y luego enterrado”.

Días después de la desaparición de Jiménez Mota, el 8 de abril, Raúl Gibb Guerrero, propietario y director del diario La Opinión, de Poza Rica, Veracruz, fue asesinado de cuatro balazos mientras conducía rumbo a su casa. Las autoridades creen que el empresario de 53 años fue asesinado por sus artículos sobre el cártel del Golfo, aunque también su medio venía advirtiendo de la creciente inseguridad en el estado.

“En los últimos dos años hemos estado muy preocupados de la situación en México, donde encontramos muchos problemas”, declara Robert Shaw, el responsable del área de derechos humanos y de la oficina para América Latina de la FIP, cuya sede está en Bruselas.

Shaw señala una de sus principales inquietudes: ante su ineficacia, las autoridades mexicanas estén promoviendo el uso de armas para la “autodefensa” de los periodistas que trabajan en las zonas fronterizas más peligrosas del norte de México. Afirma que ello sucedió a partir del asesinato del periodista del semanario “Zeta”, Francisco Javier Ortiz Franco, ocurrido en Tijuana, Baja California, el 22 de junio de 2004.

“Esa medida la implementaron en Colombia y Filipinas, y probó ser una respuesta totalmente inadecuada, porque no soluciona el problema de fondo. En todo caso, las autoridades mexicanas están desplazando así su responsabilidad de garantizar la seguridad a sus ciudadanos”, lamenta Shaw en entrevista con Apro.

A pesar que la violencia ejercida contra los periodistas representa uno de los más evidentes atentados contra la libertad de expresión, cuya defensa es responsabilidad del gobierno de Vicente Fox, el tema no es mencionado por las autoridades de la Unión Europea (UE) en sus reuniones con México, aunque exista una cláusula democrática bilateral.

En ese sentido, la FIP aboga por la urgente introducción del tema en la agenda de las relaciones entre la UE y México. Igualmente, pide que la UE exija con firmeza al gobierno mexicano poner freno a los asesinatos de periodistas en su territorio, así como esclarecer los que se han cometido, pues –asegura en su informe– se está creando “un ambiente de inseguridad generalizado en la prensa mexicana, que es muy peligroso para la salud democrática del país”.

Shaw anota que los ataques contra la prensa en México “son una realidad que existe y no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, como tampoco a desaparecer a los cárteles de las drogas”. Por eso, llama a los directores de los medios de comunicación mexicanos “a ser más responsables en ámbitos de inseguridad y zonas de alto riesgo, como Tijuana y otras ciudades fronterizas con Estados Unidos”.

Subraya que los reporteros que trabajan en dichas partes de México, o que siguen sistemáticamente historias que conlleven peligro, deberían ser “obligados” por los directivos a recibir entrenamiento “bajo el mismo principio por el que se prepara a los corresponsales que van a Irak”.

Menciona que, como lo han hecho otras organizaciones gremiales, en 2003 la FIP publicó su “Manual de seguridad para periodistas en zonas de conflicto”.

“Eso es lo que podemos hacer nosotros por el momento. A largo plazo es el gobierno mexicano el que debe acabar con el tráfico de droga”, manifiesta Shaw.

–Este año hay elecciones en México y sube la tensión política, ¿teme la organización por la seguridad de los periodistas?

–Por supuesto. En 2004 la reportera nicaragüense María José Bravo murió a manos de un político desesperado por su derrota electoral. En Haití también ha habido ataques y amenazas por las elecciones, lo mismo en la Europa excomunista y en Asia. Hay un periodo de tensión nacional y cobertura mediática fuera de lo común. Es cuando salen a la luz situaciones de corrupción y manipulación política, y los periodistas quedan en el ojo del huracán, expuestos al peligro.

Añade: “Estamos por concluir un manual con nuestras recomendaciones para darle una mejor cobertura a las elecciones, y cómo podemos ayudar en cuestiones de seguridad a los periodistas que las cubran. Para ello estamos trabajando con nuestro afiliado mexicano, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP). Tendremos lista la guía en dos meses”.