BRUSELAS (apro).- El testimonio del ecologista mexicano Felipe Arreaga en el Parlamento Europeo, sobre la persecución oficial de que ha sido objeto por la defensa de los bosques de su comunidad, ha renovado los cuestionamientos de miembros de esa institución en torno a la situación de los derechos humanos en México, y la condescendencia de la Unión Europea (UE).

(Artículo publicado el 21 de noviembre de 2005 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

(Felipe Arreaga perdió la vida el 16 de septiembre de 2009 en un accidente vial)

“Nuestra evaluación es que las autoridades mexicanas han violado un derecho básico: el derecho a realizar una actividad cívica y política como la de Arreaga”, comenta el eurodiputado de Izquierda Unida, el portugués Pedro Guerreiro.

El activista mexicano solicitó y recibió el apoyo político de 41 diputados del partido Izquierda Unida y Verdes Nórdicos, frente a las amenazas de muerte que ha recibido de un cacique de su región en la sierra de Petatlán, en Guerrero. Ello tras haber sido absuelto del delito de homicidio el pasado 15 de septiembre.

“Arreaga cuenta con nuestra solidaridad. Vamos a seguir muy de cerca su caso y, en la medida de nuestras posibilidades, lo respaldaremos contra quienes lo amenacen por sus actividades medioambientales”, declaró a Apro el eurodiputado francés Francis Wurtz, que preside el mencionado grupo político.

El pasado 10 de noviembre, Arreaga fue invitado a exponer su caso durante una reunión especial de ese grupo, compuesto por legisladores de República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Chipre, Holanda, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

Desde el estrado acusó a Bernardino Bautista Valle: “Dijo que si no me quedaba en la cárcel, él iba a arreglar las cosas a su manera, y en Guerrero sabemos lo que eso significa”.

El temor no es infundado. El pasado 19 de mayo, Albertano Peñalosa fue emboscado por desconocidos mientras volvía a su casa acompañado de sus cuatro hijos. En el ataque murió él y dos de sus hijos, de 9 y 20 años, y hasta la fecha los responsables siguen libres. Peñalosa era uno de los señalados por Bautista Valle de haber matado a su vástago.

Arreaga fue encarcelado el 3 de noviembre de 2004 por el homicidio de Abel Bautista Guillén, hijo de Bautista Valle. Éste fue un importante aliado de la multinacional maderera Boise Cascade, a cuya actividad se opuso Arreaga y su comunidad, debido a que la excesiva explotación de los bosques estaba causando un irreparable daño ecológico en la región (los manantiales se estaban secando, por ejemplo).

Las movilizaciones lograron el retiro de la empresa en 1998, lo cual, señala Arreaga, desató la persecución oficial en contra suya y la de sus simpatizantes.

Ese mismo año, y en circunstancias aún por aclarar, él y otros 14 campesinos de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OESP) fueron acusados por la Procuraduría local por el asesinato de Bautista Guillén. Arreaga huyó a “la montaña” para reaparecer en 2001.

Durante ese tiempo, el encarcelamiento de sus compañeros Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera llamó la atención de los organismos defensores de derechos humanos. Arrestados y torturados por militares para que confesaran delitos de narcotráfico y contra la ley de armas, Amnistía Internacional (AI), por ejemplo, los adoptó como “presos de conciencia”, como lo haría más tarde con Arreaga.

Ante el desprestigio internacional, el presidente Vicente Fox ordenó la liberación de Montiel y Cabrera en 2001.

Cuando Arreaga regresó a su comunidad tenía la idea de abandonar la causa, cuenta su esposa Celsa Valdovinos, quien encabeza una asociación de 60 mujeres ecologistas. “Pero cuando nos dimos cuenta, ya estábamos otra vez metidos”.

Las órdenes de aprehensión se reactivaron, Arreaga fue arrestado e ingresado a la prisión de Zihuatanejo, donde pasó diez meses y medio viviendo en condiciones infrahumanas, que suponen graves violaciones a las garantías individuales por parte de las autoridades carcelarias mexicanas:

“No tenía agua para beber y menos para bañarme. Éramos 18 prisioneros en una celda de 2 por 4 metros. Pasé 22 noches sin poder dormir, ya que no tenía una cama y me acostaba en el piso del baño. Fueron diez meses que para mí fueron como 10 años; fueron muy duros, sentí que me iba a morir”, expresó a los eurodiputados.

Para el eurodiputado alemán Tobías Pflüger, el caso de Arreaga pone en evidencia los discursos oficiales, tanto de México como de la Unión Europea, en materia de derechos humanos, y cuestiona una vez más la utilidad de la cláusula democrática contenida en el acuerdo bilateral de 2000. Dice a Apro: “El caso de Felipe es importante para nosotros por su contexto: en estados mexicanos como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la situación es muy grave. Lo que pasa con Arreaga es sólo un ejemplo, una parte de un problema más grande que existe en México”.

Comandado por su agrupación partidista, Pflüger realizó en marzo pasado un viaje de observación a los mencionados estados mexicanos. El 22 de ese mes, el penal le permitió visitar a Arreaga. Lo vio tan mal de salud –sufría una lumbalgia severa— que luchó hasta que se le hospitalizara de urgencia, lo cual aceptaron las autoridades, apostándole una guardia armada y esposándolo en cama.

Las conclusiones de su periplo las dio a conocer Pflüger a sus correligionarios el 23 de junio, en un reporte al que tuvo acceso Apro. La principal: “México no está cumpliendo con los acuerdos internacionales suscritos con la UE, que establecen como obligación que los Estados mantengan un respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Una semana después, en una carta dirigida al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, una treintena de eurodiputados, tanto del partido de Pflüger como del Grupo de los Verdes –cuarta y tercera fuerzas políticas, respectivamente–, solicitaron “limitar la actuación de las Fuerzas Armadas, ya que, como se ha podido constatar en los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el Ejército está involucrado en redes de complicidad con quienes ejercen el poder en la región”.

La Comisión Europea es la institución que sigue la situación de los derechos humanos en México y la que tiene en sus manos la ejecución de sanciones en caso de incumplimiento. La política que sostiene el organismo con México parte del convencimiento de que en el país las violaciones a las garantías individuales no son “graves ni sistemáticas”, y tampoco las cometen entes estatales.

“La Comisión no toma en cuenta que hay estados en México, como Guerrero, donde sí se violan los derechos básicos de manera grave y sistemática. Ver el panorama general diluye la realidad”, opina el eurolegislador alemán.

Acompañado por una delegación de la Iniciativa de Copenhague para América Central y México –una ONG de cabildeo con sede en Bruselas–, Arreaga se entrevistó un día antes de su participación en el Parlamento con un funcionario de la Comisión, Giovanni de Girolamo, a quien contó las razones por las que su vida corre peligro.

“Lo escuchamos y tomamos nota”, se limitó a responder un portavoz de la institución cuando Apro quiso saber si se había expresado algún compromiso, por mínimo que fuera, con la causa del mexicano.

En un reciente documento, las dos agrupaciones del Parlamento Europeo antes mencionadas critican que “el nudo de las relaciones con México parece estar ligado sólo al libre comercio, y no a la observancia de los derechos humanos”. Los feminicidios de Ciudad Juárez, las torturas cometidas por la policía contra jóvenes que se manifestaban en Guadalajara, o el caso de la muerte de la abogada Digna Ochoa y la protección de los defensores de los derechos humanos en México, han sido temas por los que miembros del recinto legislativo comunitario han demandado una posición a la Comisión Europea y medidas concretas. Su respuesta siempre apunta a la “confianza” en el gobierno foxista.